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Licencia de conducir profesional en la Provincia de Buenos Aires: quejas por un trámite que pasó de $ 20.000 a $ 250.000

• El cambio impacta en más de 680.000 choferes.
• El factor que encarece el trámite y los vínculos con la política.

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Convocan a marchar al Congreso el día en que el Gobierno busque aprobar con los aliados la venta de tierra a extranjeros

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera.

Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.

Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.

El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:

“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.

El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.

En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).

El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.

“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind.

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales

La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.

“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.

De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.

En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.

Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.

El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.

En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.

Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes.

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?

El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.

En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.

A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.

Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.

Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.

Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.

En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.

“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”.

Cómo impacta en la Argentina el nuevo esquema global de aranceles que impuso Estados Unidos

Con la entrada en vigencia este viernes del nuevo paquete arancelario que Estados Unidos aplicó a 60 socios comerciales, Argentina quedó ubicada en el escalón más favorable del esquema: una tasa general del 10%, la menor entre todos los países alcanzados por la medida. La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y confirma, en los hechos, los términos que ya se habían pactado en febrero entre Buenos Aires y Washington.

La resolución de la USTR se sustenta formalmente en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que le permite a Washington sancionar a países por prácticas comerciales consideradas “injustificadas, irrazonables o discriminatorias”. En este caso, la investigación —iniciada en marzo por orden directa del presidente Donald Trump y que incluyó dos rondas de audiencias públicas y más de 2.100 comentarios— apuntó a la falta de mecanismos efectivos contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. “Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo el representante comercial Jamieson Greer al oficializar la medida.

Según el documento publicado por la USTR, el 10% rige para las economías que ya prohíben la importación de bienes de trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o aplican un régimen parcial con ese efecto. En ese grupo, además de Argentina, quedaron Canadá, México, India, Indonesia, Reino Unido, Bangladesh, Guatemala, Honduras y Pakistán, entre otros. El resto de los socios comerciales de Estados Unidos —que en conjunto representan el 99,4% de sus importaciones— recibió una tasa del 12,5%, mientras que la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza obtuvieron un tratamiento diferenciado según el producto.

Un funcionario del gobierno nacional consultado por elDiarioAR explicó en off el trasfondo de la medida para el caso argentino: “Lo que se oficializó restituye los términos arancelarios acordados entre Argentina y Estados Unidos en febrero bajo el ARTI. Es decir, se establece un arancel general de 10% —el más bajo entre todos los países— y las 1.675 posiciones arancelarias que estaban exentas están acá al 0%. De hecho hay 537 más”. La referencia es al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés) que el canciller Pablo Quirno y Greer firmaron el 5 de febrero pasado, y que había quedado en un limbo tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal buena parte de los aranceles “recíprocos” dispuestos por Trump.

Ese acuerdo bilateral de febrero ya establecía la eliminación de aranceles para 1.675 posiciones de origen argentino, lo que habilitaría la reactivación de exportaciones por unos US$1.013 millones. A esa base se sumó ahora, con la resolución de esta semana, la eliminación de aranceles para otras 221 posiciones —que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos— y una reducción al 2% para 20 posiciones adicionales, la mayoría autopartes.

También se mantiene la cuota de exportación de carne bovina de 100.000 toneladas para este año —20.000 del cupo tradicional más 80.000 que Trump le anunció a Javier Milei durante un almuerzo en la Casa Blanca—, lo que podría sumar unos 800 millones de dólares en exportaciones del sector. El acero y el aluminio argentinos, en cambio, quedan al margen de estos beneficios: seguirán pagando el arancel del 50% que Washington aplica a esos productos por motivos que califica de estratégicos.

El esquema alcanzado por Argentina no despeja, sin embargo, otros frentes abiertos en la relación bilateral que forman parte del mismo paquete de compromisos asumidos en el ARTI. El Congreso todavía no aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), que el acuerdo con Washington fijaba como plazo el 30 de abril pasado.

El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y un dictamen favorable en Diputados desde el 12 de mayo, pero su tratamiento en el recinto quedó demorado por diferencias en torno a los cambios que se le quieren introducir.

En paralelo, sigue pendiente la discusión sobre la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, que endurecería la protección de patentes sobre semillas y variedades vegetales en favor de las grandes empresas del agronegocio, un punto que ya generó el rechazo de organizaciones de productores y que el propio Gobierno avanzó parcialmente por vía de resoluciones del Ministerio de Desregulación, sin pasar aún por el Congreso.

La cercanía política entre Milei y Trump le permitió a la Argentina esquivar un trato más gravoso que sí recibieron otros socios comerciales de Estados Unidos. “Esa amistad y cercanía a nivel presidencial hizo la diferencia. La figura de Milei a nivel internacional es extraordinaria en cómo captó la atención y difundió su modelo, y eso generó tracción en Estados Unidos”, dijo días atrás en una entrevista a elDiarioAR el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El paquete completo del acuerdo bilateral muestra que la negociación con Washington no se agota en el capítulo arancelario y que buena parte de sus consecuencias internas recién empiezan a discutirse.

MC

Nuevos aranceles de Trump: críticas en Brasil, inquietud en Chile y negociación en México

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, decisión que sustenta en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Esta medida, que entró en vigor este viernes, a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington y profundiza la guerra comercial desatada con varios países como Brasil.

Brasil acusa a EE.UU. de utilizar el trabajo forzoso como excusa

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país sudamericano en la última semana tras al gravamen del 25% que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas “desleales”.

Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), los nuevos aranceles elevarán hasta el 37,5% la carga acumulada sobre las exportaciones del país sudamericano,

Gobierno de México asegura que esquiva los nuevos aranceles

Por su parte, el Gobierno de México aseguró que evitó la aplicación de los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves la Secretaría de Economía.

Pese a que México está incluido en la lista, la Secretaría detalló que alrededor de un 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10% de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

“Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

Chile dice que negociará con EE.UU.

El Gobierno de Chile señaló que el país sudamericano “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y que “negociará” con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles por supuestamente no combatir el trabajo infantil.

En ese contexto, la Cancillería chilena agregó que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida al afectar “la competitividad” de las exportaciones nacionales y generar “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.

Milei respaldará en Brasil a Flávio Bolsonaro y regresará para inaugurar una Rural en plena disputa por su conducción

Javier Milei volverá a repartir su agenda entre la construcción de una nueva derecha regional y los frentes políticos que empiezan a abrirse puertas adentro de su propio gobierno. Este viernes por la noche partirá rumbo a San Pablo para participar del Congreso del Partido Liberal, donde respaldará públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre en Brasil. Apenas unas horas después regresará a Buenos Aires para encabezar la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, un acto que la Casa Rosada decidió reprogramar para compatibilizar ambas actividades y garantizar la presencia del mandatario.

La secuencia resume dos de las prioridades políticas que Milei busca sostener en simultáneo. Por un lado, su intento de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha latinoamericana. Por el otro, la necesidad de preservar su relación con uno de los sectores económicos y sociales más cercanos al oficialismo, en momentos en que la disputa por la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a exhibir diferencias que ya no se limitan a la vida interna de la entidad.

El viaje a Brasil tendrá un contenido político explícito. Milei compartirá escenario con el hijo de Jair Bolsonaro, heredero de la estructura partidaria y del capital electoral construido por su padre, en un gesto de apoyo directo a su campaña presidencial. No se tratará simplemente de una participación protocolar en un congreso partidario: el Presidente argentino llegará a San Pablo para acompañar la consagración del senador como candidato del Partido Liberal y volverá a intervenir, esta vez sin matices, en la política interna del principal socio comercial de la Argentina.

La apuesta tiene además una dimensión personal. El vínculo de Milei con los Bolsonaro se consolidó durante los últimos años a través de sucesivos encuentros en foros conservadores, especialmente en las distintas ediciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) convertida en una suerte de espacio natural de socialización para la nueva derecha global. En ese circuito, el mandatario argentino encontró interlocutores dispuestos a celebrar su programa económico y su discurso contra la izquierda, mientras él ofrecía a cambio el prestigio internacional de un presidente en ejercicio.

Milei también pretendía aprovechar su paso por Brasil para viajar a Brasilia y encontrarse con Bolsonaro padre. El plan había sido anticipado por el propio Presidente, pero terminó chocando con las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario brasileño. Un nuevo fallo del Supremo Tribunal Federal endureció las condiciones de su prisión domiciliaria y bloqueó la posibilidad de que recibiera la visita del jefe de Estado argentino.

Pero la escala brasileña será apenas el primer tramo de una agenda internacional mucho más amplia. El propio Presidente adelantó que, una vez concluida la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, volverá a salir del país para asistir el 28 de julio a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori en Perú. La presencia de Milei en Lima tendrá un fuerte contenido político: la líder de Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, forma parte del universo de dirigentes con los que el mandatario argentino busca consolidar una red de alianzas de la nueva derecha latinoamericana.

La gira continuará luego en Colombia, donde Milei participará de la asunción de Abelardo de la Espriella, y tendría además una escala en Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Según explicó el propio jefe de Estado, aprovechará ese encuentro para avanzar en la firma de nuevos acuerdos bilaterales. Más que una sucesión de ceremonias protocolares, el recorrido refleja una estrategia de política exterior que mantiene una relación cada vez más distante con los gobiernos progresistas del continente.

Esa lógica volvió a quedar expuesta semanas atrás, cuando Milei recibió a Flávio Bolsonaro en la Quinta de Olivos mientras Luiz Inácio Lula da Silva encabezaba en Paraguay una nueva cumbre del Mercosur. La ausencia del mandatario argentino no pasó inadvertida entre sus pares, pero en la Casa Rosada privilegiaron la fotografía con el senador brasileño.

Interna en la Sociedad Rural

El regreso al país tras el viaje fugaz a Brasil, sin embargo, depositará a Milei en una escena menos cómoda. El domingo encabezará la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, una ceremonia tradicionalmente favorable para los gobiernos identificados con el campo, pero que este año llega atravesada por una disputa de poder que empezó a proyectarse sobre el propio oficialismo.

La presencia del libertario obligó a modificar el cronograma previsto originalmente. La Casa Rosada incorporó la actividad a la agenda oficial y acordó postergar la apertura para que Milei pudiera regresar a tiempo desde San Pablo. La decisión confirma el valor político que el Gobierno le asigna a la relación con el sector agropecuario, pero también coloca al mandatario en el centro de una campaña interna que hasta hace pocas semanas se desarrollaba con relativa discreción dentro de la SRA.

La entidad renovará sus autoridades el próximo 9 de septiembre. El actual presidente, Nicolás Pino, buscará continuar al frente de la institución, mientras Marcos Pereda y Santos Zuberbühler competirán desde la lista Renovación con Unidad. Lo que parecía una discusión estrictamente corporativa comenzó a cambiar de escala cuando Patricia Bullrich recorrió la exposición junto a los candidatos opositores, posó para fotografías, se mostró afectuosa con ambos y participó de un video que luego fue difundido por la propia agrupación.

Aunque la senadora buscó preservar cierta ambigüedad, el propio Pereda confirmó que mantiene una relación de larga data con Bullrich y que el encuentro existió. “Patricia es una persona que, más allá de sus cargos políticos, tiene una relación histórica y hasta familiar con nosotros”, sostuvo en una entrevista con Perfil. Sin embargo, evitó adjudicarle un respaldo explícito a su candidatura. “Tiene la necesidad de mantenerse neutral. Es una situación de una gremial del campo que tiene su propia interna y no creo que esté tomando ninguna postura”, afirmó.

El gesto, sin embargo, no pasó inadvertido. Karina Milei mantiene una relación de estrecha cercanía con Pino y, dentro de la entidad, dan por hecho que la Casa Rosada observa con buenos ojos su continuidad. La secretaria general de la Presidencia fue construyendo durante estos años de gobierno libertario un vínculo directo con el dirigente ruralista, que se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del Gobierno dentro del sector agropecuario. La aparición de Bullrich junto a sus adversarios fue leída, por eso, como algo más que una recorrida casual.

PL/MC