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Noticias de Chubut

Santiago Caputo tiene a un espía de la SIDE como custodia personal, pese a que no es funcionario del Gobierno

El martes pasado, cuando el Gobierno comenzaba a ensayar una respuesta al golpe en las elecciones bonaerenses, Santiago Caputo se bajó en la explanada de la Casa Rosada desde una camioneta Toyota SW4 negra –cuya patente termina con 99 MZ– y un hombre con saco gris le abrió la puerta. El domingo, dos días antes, el asesor presidencial protagonizó una escena similar en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: se bajó del mismo vehículo y fue acompañado por la misma persona para entrar, cuando caía la tarde, al salón Vonharv de Gonnet. Acompañante y camioneta se vieron también en otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Javier Milei bajo la luz de los medios de comunicación: en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–. La secuencia no tendría importancia pública salvo por un detalle revelador: quien acompaña al estratega es un agente de espionaje. Conclusión: pese a que no es funcionario nacional, Santiago Caputo tiene como custodio a un espía de la SIDE.

La ley de inteligencia resguarda la identidad de los agentes, por esa razó elDiarioAR no publica ni la imagen y su nombre. Pero su identidad fue cotejada y confirmada por al menos tres fuentes distintas vinculadas tanto a la Secretaría de Inteligencia del Estado como a la Bicameral de Inteligencia del Congreso, integrada por diputados y senadores. Este medio consultó a voceros en la agencia pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas al respecto.

El hecho de que Caputo se mueva con un custodio de la SIDE sí llamó la atención a especialistas y opositores consultados por este medio. Por un lado, como ya se dijo, el asesor no es funcionario. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia.

El ex socio de la consultora Move Group tiene un contrato con el Gobierno: su vínculo como “Consultor II” es con la Secretaría General de la Presidencia, que depende de Karina Milei, bajo el marco del Decreto N° 1109/17. Tiene una remuneración equivalente a 3.750 URS (unidad retributiva de servicios), según detalló un informe de Guillermo Francos al Congreso. Esa suma corresponde actualmente a unos $3.100.000 mensuales.

La SIDE está encabezada por Sergio Neiffert, quien está secundado por Diego Kravetz. Ambos fueron ubicados allí por Caputo, luego de que se desplazó de la Casa Rosada a Nicolás Posse, que había puesto como interventor-jefe de los espías al abogado Silvestre Sívori antes de dar de baja la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El beneficio de tener custodia de la SIDE corona para Caputo su fuerte apuesta y obsesión por el espionaje: siempre tuvo interés en los servicios de inteligencia, al punto que en 2007, antes de ingresar a la facultad de Ciencias Sociales de la UBA para estudiar Ciencia Política, cursó tres años de Ingeniería en Informática en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Según publicó la revista Anfibia, el sueño del asesor “era trabajar en la Secretaría de Inteligencia, pero se frustró cuando el agente que lo estaba reclutando le dijo que ese mundo ‘era una mierda’, que ‘no había laburo real’ y que ‘eran todos unos ñoquis’”.

La SIDE de Caputo ya acumula otros escándalos. El año pasado el Congreso vetó en una decisión histórica una asignación de $100.000 millones en materia de fondos reservados para espionaje. Y recientemente se reveló un informe interno con seguimientos a referentes políticos, sindicalistas y también grupos de jubilados, algo prohibido por ley.

“Para ser parte de la SIDE tenés que estar formalmente incorporado, ser parte de la estructura de inteligencia. No puede ser que un personaje externo tenga incidencia en la inteligencia nacional, y mucho menos que la maneje como parece ser este caso”, cuestionó un miembro de la Bicameral de Inteligencia del Congreso. Ese cuerpo está presidido por el senador radical Martín Lousteau y secundado por el diputado peronista Leopoldo Moreau. “Es absurdo incorporar al Servicio de Inteligencia a personas que no tienen responsabilidades funcionales”, agregó la voz legislativa consultada.

“La SIDE no está para ser guardaespaldas de funcionarios. Su función no es proteger a una persona, sino proteger la seguridad nacional. En determinadas situaciones podrían proteger a alguien si lleva consigo una información o algo que puede poner en riesgo la seguridad nacional. Pero acá la pregunta sería: ¿por qué Santiago Caputo tiene que ser un protegido, además de que no es funcionario? ¿Qué cosas sabe o maneja que tiene que tener a un agente de la SIDE custodiándolo?”, planteó uno de los especialistas en la materia. 

Se desconoce con qué argumento oficial el asesor tendría guardaespaldas. El Presidente, por caso, está protegido por Casa Militar, y los funcionarios –ministros y secretarios– por la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Patricia Bullrich. Una fuente al tanto de las responsabilidades de la PF bullrichista aseguró que nunca tuvo instrucciones para proteger a Caputo.

En el decreto 1311/2015 –la Doctrina de Inteligencia Nacional aún vigente pese al cambio de AFI a SIDE– se establece que está prohibido que los servicios de inteligencia asuman funciones de seguridad interior, represión, custodia o policía, que corresponden a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas según la ley. Expertos especularon con que podría haber una resolución “secreta” que habilite darle protección a personas ajenas a la institución, decisiones que son más difíciles de rastrear.

El uso de un custodio personal para Caputo significa para la SIDE destinar recursos humanos pero también económicos que deberían cubrirse a través del erario público. El vehículo tiene chofer y tendría que afrontar gastos de viáticos, combustible y eventuales hospedajes. “La guita para custodias y seguimientos sale de los fondos reservados”, recogió este medio.

En mayo pasado el Gobierno reasignó $25.250 millones al presupuesto de la SIDE, de los cuales $8 mil millones corresponden a fondos reservados, cuyo uso específico no se hace público. Fue la tercera ampliación presupuestaria para el organismo en la gestión mileísta y el total para ese entonces ascendió a $80 mil millones, con casi el 20% destinado a fondos reservados, según detalló el sitio Chequeado. Dichas partidas se hicieron a través de una decisión administrativa firmada por el Jefe de Gabinete, que no requiere revisión del Congreso –como el DNU que se volteó el año pasado–.

elDiarioAR no pudo precisar si la camioneta en la que se mueve Caputo también pertenece a la flota de la SIDE, aunque una fuente interna aseguró que se la ha visto en el garaje del organismo, muy cerca de la sede central y a metros de la Casa Rosada. Está registrada en Avellaneda, hasta hace pocos meses se vendía por internet en Caleta Oliva y tendría multas de más de $500.000. 

“Tanto con el auto como con la custodia en principio parece verificarse una malversación de caudales públicos, salvo que una disposición secreta del Presidente haya ordenado a la SIDE darle un auto y custodia para su seguridad, aunque en realidad es comodidad”, aguijoneó un legislador opositor. “Si no sos de la Casa no podrías tener custodia, pero no es raro que tengan algunas personas vinculadas políticamente con la SIDE”, contrastó una fuente que conoce por dentro el edificio de 25 de Mayo 11, aunque evitó dar más detalles.

Regulado o no, habilitado o no, en las distintas escenas que registró elDiarioAR en el último año se lo vio al asesor preferido de Milei con el mismo agente, cuyos movimientos son ineludiblemente de custodio: abre y cierra las puertas de vehículos con técnicas de operativos de seguridad, y en un video hasta se lo ve con un equipo de comunicación en las orejas. Santiago Caputo, sin ser funcionario público, se mueve a diario con los privilegios que da el poder.

MC

Allanan propiedades de Spagnuolo y encuentran 80 mil dólares en una caja de seguridad

80 mil dólares en una caja de seguridad. Ese fue el resultado que dejaron una serie de procedimientos ordenados por el el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuyo principal eslabón es su ex titular, Diego Spagnuolo.

Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina— y el exfuncionario. Además, el fiscal pidió información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como los datos de una caja de seguridad vinculada a Spagnuolo, en la que encontraron 80.000 dólares. La fiscalía –que mantiene el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre–, entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

Pero esa no fue la única novedad del día. La defensa de Spagnuolo sufrió un reves con la renuncia de todos sus abogados, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.

Con información de NA

Tras perder la elección, Milei cerró 32 centros que ayudan a jóvenes a dejar las drogas

Después de que Axel Kicillof le ganara por paliza las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratificó la continuidad de su plan de ajuste. Y una prueba de ello fue que esta semana le tocó nada menos que al organismo encargado de prevenir y accionar contra las adicciones a las drogas, la Sedronar, que cerró una treintena de centros destinados a cumplir, justamente, ese objetivo.

Mientras el consumo problemático crece en los barrios y el comercio ilegal de estupefacientes gana terreno, el Gobierno eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos claves gestionados por la Sedronar y organizaciones sociales. El argumento oficial fue que presentaban “irregularidades”, pero desde los territorios lo niegan rotundamente y denuncian un vaciamiento deliberado. La motosierra mileítica le tocó a los centros que buscan alejar a los jóvenes de la droga.

El personal de la Sedronar alertó que cerrar las CAAC es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo en contextos vulnerables. “Empezaron con los que están conveniados con organizaciones sociales. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos, porque realmente funciona”, explicó Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo. En diálogo con elDiarioAR, aseguró que el recorte se concentra en los dispositivos ligados a los movimientos sociales, no a las iglesias.

Este jueves, varias organizaciones realizaron una movilización frente al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, bajo el lema “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Lugones asumió el 27 de septiembre de 2024, hace ya casi un año, en reemplazo de otro Mario, Russo, cuya única política pública para prevenir el dengue en el verano del año pasado, fue no usar pantalones cortos porque los mosquitos pican mucho en los tobillos.

A Lugones casi no se lo escuchó públicamente en estos once meses de gestión, pese a la magnitud de los recortes en su área. Sólo por mencionar uno: en recursos y personal clave en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

Desde la Secretaría, que ahora depende de ese ministerio, justificaron la baja de los centros con un informe de auditoría interna. Argumentaron que las unidades cerradas no contaban con equipos profesionales completos, ni con suficiente frecuencia de atención. Sin embargo, trabajadores y usuarios aseguran que la evaluación fue arbitraria. En algunos casos, ni siquiera se realizó presencialmente. En los barrios, según personal de la Sedronar consultados por este medio, también desmienten categóricamente que el dispositivo funcionara mal. Al contrario, lo valoran especialmente como una forma de rescatar a tantos jóvenes a los que el propio Estado no les da oportunidades y terminan consumiendo drogas y metiéndose en el negocio ilegal de la venta, con el riesgo cierto de morir jóvenes, por sobredosis o por ajustes de cuentas.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y datos oficiales recientes del Ministerio de Salud porteño señalan que el consumo problemático de sustancias en barrios vulnerables aumentó un 15% en el último año, estrechamente vinculado a la pobreza, la violencia y la exclusión social, un desafío que exige respuestas integrales y colaborativas.

elDiarioAR ya publicó meses atrás que desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Sedronar, que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Además del cierre de los centros, como se denunció esta semana, desde el organismo buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

La problemática ya generó en junio pasado que una fuerte reacción de la Iglesia, que mantienen una red de centros barriales para acompañar a personas con problemas de consumo conocidos como Hogares de Cristo. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, denunció en su momento la Conferencia Episcopal.

Críticas al nuevo recorte de Milei

Desde la provincia de Santa Fe, la diputada Varinia Drisun advirtió que el cierre de las CAAC representa un “golpe mortal a las políticas públicas de salud”. Sostuvo que el abordaje de los consumos problemáticos exige equipos formados, estables y bien remunerados. “El recurso humano es la principal tecnología con la que contamos, y hoy está siendo atacado y reducido”, señaló.

Drisun remarcó que sin un sistema de salud robusto no puede haber una estrategia seria para el acompañamiento de los consumos. “El Gobierno nacional no solo continua debilitando al personal de la Sedronar sino que desfinancia el sistema de salud, además de la falta de un plan nacional de salud. Sin sistema de salud no hay salud mental, y sin salud mental no hay abordaje posible del consumo problemático”, aseguró.

El abordaje de los consumos problemáticos requiere equipos formados, capacitados y comprometidos, con estabilidad laboral y salarios dignos. El recurso humano es la principal tecnología que tenemos y hoy está siendo atacado y reducido

Varinia Drisun — médica y diputada provincial de Santa Fe del Partido Sociaslista

Destacó además que en Santa Fe existe una política activa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que sostiene el trabajo territorial a través de Aprecod [Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones], que articula y financia instituciones que atienden esta problemática en conjunto al sistema publico de salud santafesino. “A pesar del contexto nacional, los equipos interdisciplinarios de salud siguen atendiendo en centros de salud, hospitales generales y hospitales especializados, en el marco del plan provicial de salud mental con presupuesto y decisión política”, explicó.

Drisun enfatizó “la precarización histórica de la Sedronar con sus trabajadores”, a la vez que “al Estado siempre le costó hacerse cargo de la atención de los consumos, delegando muchas veces la atención en organizaciones sociales”. Ahora —continuó Drisun—, el Gobierno no solo continúa debilitando al personal de la Sedronar, sino que también avanza en el desmantelamiento del Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En los barrios, el cierre de las casas comunitarias se siente como una traición: donde antes había un lugar para hablar, comer, hacer un taller o simplemente ser escuchado, ahora queda un portón cerrado. La motosierra achica el Estado y también las esperanzas.

JJD/MC

Un ex fiscal de Entre Ríos fue denunciado por abuso sexual de una menor mientras trabajaba como chofer de una aplicación

La trayectoria de Federico Uriburu, ex fiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, es un espejo incómodo para el Poder Judicial entrerriano. Su nombre vuelve a ocupar titulares por las peores razones: fue denunciado por abuso sexual y por privación ilegítima de la libertad de menores de 16 años a quienes trasladaba como chofer de aplicación. Pero el caso, más que un episodio aislado, revela un patrón de violencia y manipulación sostenido durante años y tolerado por una justicia que hasta ahora, demoró en actuar.

Un mecanismo de acoso y manipulación

El episodio que reactivó las alarmas ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025. Uriburu, que había salido a trabajar después de haber festejado su cumpleaños 45, contactó a las menores mediante la apliación y así trasladó a las menores. Pero no respetó el recorrido que ellas le habían indicado y en su lugar inició un itinerario marcado por la manipulación y el hostigamiento: ofreció alcohol, insistió en que bebieran y llegó incluso a obligar a una de ellas a que condujera el vehículo, lo que derivó en un choque en pleno centro de Paraná.

Detrás de la fachada de simpatía y confianza, las adolescentes reconocieron un patrón clásico de grooming: mensajes previos cargados de cercanía artificial, insistencia en encuentros fuera de la aplicación, intentos de control psicológico y, finalmente, la manipulación directa en una situación de vulnerabilidad. “No les digas nada a tus padres”, les advirtió tras el accidente, en una frase que condensa la lógica de sometimiento y amenaza velada.

Antecedentes de un funcionario violento

La denuncia actual no sorprende a quienes siguieron su carrera. Uriburu ingresó al Poder Judicial en 2002, alcanzó notoriedad en 2014 al ordenar el allanamiento de un convento de Carmelitas Descalzas luego de que una investigación periodística revelara tormentos por parte de las monjas. Pronto comenzó a acumular denuncias que mostraban la otra cara de su ejercicio del poder.

En 2020 fue acusado de hostigar y acosar a una mujer en un bar de Nogoyá, hecho que derivó en un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Ese mismo año dejó libre a un imputado por abuso infantil al no solicitar la prórroga de su prisión domiciliaria. En Rosario del Tala, en 2023, una trabajadora judicial denunció que Uriburu ejercía violencia psicológica y sexual, amparándose en sus vínculos con altas figuras del Poder Judicial. El manto de protección le permitió ser derivado de un juzgado a otro, aun cuando en cada uno de ellos tuvo agresiones y denuncias por abuso y hostigamiento, lo que derivó en que el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) le indicara al Ministerio Público Fiscal tomar una decisión al respecto, en el marco del sumario en su contra por “conducta incompatible con el cargo”. Uriburu renunció y de ese modo evitó una sanción formal, aunque siguió cobrando parte de su salario como empleado administrativo. 

¿Un caso individual o un síntoma institucional?

La pregunta que deja el derrotero de Uriburu excede su figura: ¿cómo es posible que un funcionario denunciado reiteradamente por acoso, violencia de género y abuso sexual continuara en funciones o dentro del Poder Judicial durante más de dos décadas? ¿Por qué se habilitó que tras la renuncia siguiera percibiendo su salario como empleado administrativo? ¿Por qué no se tomaron otras medidas o sanciones que pudieran prevenir otros casos como el que ahora se denuncia?

Las posibles respuestas deben pensarse en el marco de una realidad que, como plantea Rita Segato, históricamente los crímenes contra las mujeres parecen ser “crímenes menores”, algo que profundizo en el libro de igual nombre y donde analizo el rol de la justicia ante el femicidio de Micaela García: violencias reducidas al ámbito privado, doméstico o consideradas de menor gravedad frente a otros delitos. Esa mirada hace que las víctimas no sean consideradas, se las invisibiliza, se las deja sin protección, lo que garantiza la impunidad de los agresores

Las adolescentes lograron escapar del auto aquella madrugada tras el siniestro pero el episodio pudo haber tenido consecuencias irreversibles. El choque interrumpió el plan del ex fiscal, que desplegaba el mismo patrón de hostigamiento con que había marcado su paso por los tribunales.

La justicia entrerriana tiene ahora la responsabilidad de procesar con celeridad estas denuncias, pero también de revisar hacia adentro los mecanismos que durante años permitieron que un funcionario con poder de acusación se convirtiera en un lobo suelto, primero en los pasillos de tribunales y ahora en las calles.

El abrazo del oso de Trump a la extrema derecha de Brasil acelera el fin del clan Bolsonaro

Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista, las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar, una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) .

La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro, que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña, encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump, la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump:“Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro, una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”.

¿Brasil, capital Washington?

The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense. Jack Nicas, corresponsal en Brasil del diario neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano.

Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo, insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria.

El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Tribunal Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. A parte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar.

La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de Whatsapp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros).

El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas

A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino.

Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado.

Bye bye, Eduardo

La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado.

El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido: hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubái brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca.

El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas.

Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.