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Noticias de Chubut
“No hay necesidad de cambiar ahora”: Caputo justificó la salida de Lavagna y la continuidad del viejo IPC
El ministro de Economía admitió que el dato de inflación actualizado podía dar un número distinto y decidió postergar su implementación sin fecha.
El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo buscó este lunes bajarle dramatismo a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, pero en el mismo movimiento dejó expuesta la tensión de fondo: el Gobierno no quiere tocar ahora el índice con el que se mide la inflación, aun cuando el propio organismo venía trabajando en una actualización metodológica.
En una entrevista con Radio Rivadavia, Caputo confirmó que el Instituto seguirá utilizando el IPC actual —basado en patrones de consumo de hace más de 20 años— y que el nuevo indicador impulsado por Lavagna quedará en pausa “hasta que el proceso de deflación esté consolidado”. La frase no fue casual: en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal capital político del oficialismo, cualquier modificación técnica corre el riesgo de abrir una zona de especulación pública sobre el dato.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da prácticamente lo mismo”, sostuvo el ministro de Economía, y agregó un elemento clave: según sus cálculos, en enero el índice nuevo habría dado “un punto más abajo”. Es decir, el Gobierno admite que el cambio podría alterar el número final, aunque insiste en que no se trata de una manipulación sino de una cuestión de timing político. “Nos parece razonable no dar lugar a la especulación”, remarcó en otro tramo de la entrevista.
En ese marco, Caputo confirmó también que la salida de Lavagna fue producto de un “mutuo acuerdo” y en “buenos términos”, una fórmula clásica para evitar leer la renuncia como una crisis interna. Pero la decisión de congelar el nuevo IPC funciona como trasfondo inevitable: Lavagna se va justo cuando el Gobierno decide postergar indefinidamente la actualización del índice que él mismo había impulsado.
El ministro anunció además que Pedro Lines, actual director técnico del organismo, quedará al frente del INDEC. Lo defendió con una descripción que apunta directamente al trauma histórico del instituto: “Es un funcionario intachable, de primera línea. Se fue cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de [el exsecretario de Comercio Guillermo] Moreno”.
PL/CRM
La salida de Lavagna del INDEC: un informe del Banco Central anticipó más inflación y ATE alerta por "manipulación"
El viernes el BCRA advirtió que la nueva metodología dará mayor peso a tarifas y servicios. Desde el gremio estatal denunciaron riesgos de desmanejo de los datos y reclamaron un organismo estadístico independiente.
La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC no ocurrió en el vacío. Su salida se produjo a días de que el organismo publique por primera vez la inflación con una nueva metodología, en un contexto en el que el propio Banco Central había advertido —en un informe oficial previo— que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) le dará mayor peso a los servicios, las tarifas y los alquileres, rubros que lideraron las subas de precios en los últimos años.
La entidad monetario reconoció implícitamente en un documento público que si el nuevo IPC se aplicaba antes, hubiera dado más inflación. Sobre todo en los últimos dos años, cuando fue más fuerte el ajuste libertario en servicios y tarifas. Por algo el Gobierno demoró en aplicar la nueva metodología.
El dato está en el Informe de Política Monetaria (IPOM) del cuarto trimestre de 2025, publicado el viernes. El BCRA explica allí que el INDEC “comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, basado en una actualización de la canasta y de los ponderadores para reflejar cambios en los hábitos de consumo de los hogares.
Según detalla el documento, el índice vigente estaba construido con ponderaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, actualizadas en 2016, mientras que el nuevo IPC se apoya en la ENGHo 2017–2018, lo que introduce cambios relevantes en la estructura del indicador.
En las páginas 58 a 61 del informe, el Banco Central señala que con la nueva metodología “los servicios ganan peso relativo frente a los bienes” y precisa que rubros como “Alquiler de la vivienda y gastos conexos” y los servicios públicos pasan a tener una incidencia mayor en el índice general. El propio BCRA advierte que, bajo esta estructura, las actualizaciones de tarifas, los mecanismos de indexación de alquileres y la dinámica salarial tienden a impactar más en la inflación medida.
Aunque el informe no realiza una simulación retrospectiva oficial, el reconocimiento técnico del Central dejó planteado un punto sensible: en un contexto de fuertes subas de servicios regulados, el nuevo IPC hubiera mostrado ya en la gestión mileísta registros de inflación más elevados. Ese diagnóstico quedó plasmado antes de que el INDEC publicara el primer dato con la nueva canasta.
Es en ese marco que se produjo la salida de Lavagna. La renuncia del director del INDEC se dio a días de que el Gobierno publique un nuevo índice de inflación, agendado para el próximo martes 10 de febrero, luego de meses de trabajo técnico y con el cambio metodológico ya anunciado oficialmente, que ya tenía casi año de demora. El timing de la decisión reforzó las lecturas políticas y gremiales sobre el futuro del organismo.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado, el secretario general Rodolfo Aguiar fue explícito. En un comunicado difundido tras conocerse la renuncia, sostuvo que “no es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC se dé justo a ocho días de la implementación del nuevo IPC”, en un contexto de “siete meses de constante suba de la inflación”.
Aguiar fue más allá y advirtió que “no deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos”, al tiempo que afirmó que “los trabajadores no nos vamos a prestar para ningún manoseo de las estadísticas” y reclamó un “INDEC independiente de los gobiernos y los partidos políticos”.
El dato de inflación es una de las marcas de la gestión de Javier Milei, aunque no deja de generar polémica. En diciembre el índice de precios al consumidor aumentó 2,8%, complentado para todo 2025 un incremento del 31,5%. La estadística fue 86% menos al acumulado 2024 (dio 117,8%) y el más bajo de los últimos ocho años, pero el escenario futuro es menos optimista que el esperado por los libertarios. Tras el 2,8% de diciembre, el ministro Luis Caputo anticipó hoy un 2,5% para enero 2026, lo que podría significar un piso hacia adelante como anticipó el BCRA debido a la nueva ponderación en la canasta de precios.
MC
Marco Lavagna renunció al INDEC, a días de que el Gobierno publique un nuevo índice de inflación
La renuncia del funcionario se conoció en la antesala de la publicación de un nuevo dato inflacionario, con cambios metodológicos clave en la canasta y los ponderadores.
Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), justo cuando está por conocerse un nuevo índice de inflación que el gobierno de Javier Milei demoró casi un año. Lavagna llevaba más de seis años al frente del organismo, cargo que había asumido en diciembre de 2019, durante la administración de Alberto Fernández y de la mano de Sergio Massa.
Su dimisión salta a la vista no solo por el perfil técnico del puesto, sino porque llega cuando el INDEC estaba por dar un paso metodológico importante en la medición de la inflación. Desde enero de este año el organismo estaba aplicando una nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en una canasta actualizada de bienes y servicios y en la Encuesta de Gastos de los Hogares más reciente, que debía reflejarse por primera vez en los datos oficiales publicados esta semana.
Ese ajuste técnico en el IPC —que modifica ponderadores y estructura de la canasta para medir la inflación de forma más precisa— había generado atención y debate entre economistas y actores políticos, porque podía influir en cómo se interpreten las tendencias de precios en un año de fuerte foco público en la inflación. Este lunes más temprano el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación de enero podría ser de 2,5%.
La actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.
La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE INDEC y su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Desde el sindicato exigieron, una vez más, un “INDEC independiente del poder político”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.
MC
La CGT discutirá el viernes la posibilidad de convocar a un paro por la reforma laboral
Habrá reunión del Consejo Directivo a días de la votación en la Cámara alta. UOM, ATE y otros sindicatos preparan dos marchas en las provincias. El sindicalismo clasista exige un paro nacional.
La CGT aún calcula sus próximos movimientos por la reforma laboral: el viernes reunirá a su Consejo Directivo y se discutirá la posibilidad de convocar a un paro general, supo elDiarioAR de fuentes internas en la central obrera. Mientras tanto, los gremios más duros avanzan con convocatorias propias y empiezan a marcarle la cancha a una conducción cegetista a la que acusan de tibieza frente a un proyecto que consideran regresivo.
“Se va a plantear pero no sé si estarán las condiciones para llegar al paro”, comentó un voz involucrada en las conversaciones interna de la CGT. La convocatoria del CD es para el viernes próximo a las 11. Cuando este medio preguntó los motivos de la duda para llamar a una huelga, la respuesta fue: “Las posturas divididas. Gremios grandes más acuerdistas y los chicos más combativos”.
Antes de eso, uno de los principales focos de la ofensiva gremial más dura será Córdoba. El jueves está prevista una movilización en el microcentro de la capital provincial, cerca de la sede del gobierno local, encabezada por la UOM y ATE, entre otros sindicatos, contra la reforma laboral. Buscan exigirle a Martín Llaryora que rechace la propuesta libertaria, en medio de la negociación de la Casa Rosada con las provincias, que piden que no haya cambios en el impuesto a las Ganancias. La jornada incluirá marchas, caravanas y un acto central.
La convocatoria termina de definirse este lunes por la tarde en una reunión en la sede porteña de la UOM, que a nivel nacional conduce Abel Furlán. El armado sindical incluye a aceiteros, aeronáuticos y otros gremios industriales y estatales. Desde el sector metalúrgico apuestan a que la protesta funcione como una señal política hacia la CGT para escalar el conflicto si el Congreso avanza con la reforma.
La protesta en Córdoba tendrá un fuerte anclaje provincial pero con proyección nacional. “Nos hemos comprometido a un plan de acción hacia las provincias”, adelantó a elDiarioAR Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Además del frente sindical, este medio supo que participará de la movilización la diputada nacional Natalia de la Sota, posicionada por fuera de la estructura del schiarettismo cordobés. En la provincia, además, los gremios mantienen un conflicto abierto con Llaryora por la reforma previsional sancionada a fines de 2025, que incluye una suba de los aportes jubilatorios.
Tras la protesta en Córdoba, el frente sindical tiene previsto movilizarse la semana próxima en Rosario, Santa Fe. El destinatario será el gobernador Maximiliano Pullaro, en una protesta agendada para el día 10, apenas 24 horas antes de que el Senado se siente a votar el proyecto, según el cronograma impulsado por Patricia Bullrich.
En paralelo, este lunes se activa otra línea de confrontación desde los sectores más combativos. La Coordinadora Sindical Clasista, junto a organizaciones de izquierda, movimientos piqueteros, sectores de jubilados y gremios disidentes, convocó a un plenario en Parque Lezama para exigirle a la CGT un paro nacional contra lo que definen sin rodeos como una “reforma laboral esclavista”. El objetivo es organizar presión desde abajo y reforzar la presencia en la calle durante los días clave del debate parlamentario.
“La burocracia sindical está dejando pasar una reforma desastrosa para la clase trabajadora, luego de dos años de parálisis frente a miles de despidos, cierres de fábricas y ataques a los trabajadores”, denunció Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. El plenario contará con la participación de gremios como SUTNA, la UF Seccional Oeste, ADEMyS, ATE Garrahan, trabajadores de Morvillo y el Polo Obrero, entre otros.
Además de un paro activo el 11 de febrero, los organizadores plantean la consigna de “rodear el Congreso” durante la sesión. En ese sentido, Romina Del Plá, docente, dirigente de la lista Multicolor y diputada nacional por el FIT-U, advirtió que “estamos a escasos días del tratamiento de un proyecto que barre con un siglo de derechos obreros y la CGT no tiene convocada ninguna medida de acción directa”. Y agregó: “La apuesta a presionar a los gobernadores es una trampa, porque su único interés es la coparticipación. Están dispuestos a que pase el núcleo de la flexibilización laboral”.
Con la votación en el Senado cada vez más cerca, el escenario sindical se fragmenta pero también se acelera. Mientras la CGT evalúa tiempos políticos y mantiene canales de diálogo abiertos con el Gobierno y los gobernadores, los sectores más duros buscan imponer una dinámica de hechos consumados en la calle, con movilizaciones que se suceden y una presión creciente para forzar una definición.
MC
Maturano ratificó el paro ferroviario por 24 horas para este jueves
El gremio La Fraternidad confirmó la medida en reclamo de mayor seguridad operativa y mejoras salariales. Advirtió sobre el deterioro de vías y formaciones y no descartó nuevas protestas para marzo.
El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó que el próximo jueves habrá un paro de trenes en todo el país ante lo que definió como una “falta de seguridad” en el sistema ferroviario, vinculada al estado de las vías y de las formaciones.
En declaraciones radiales, el dirigente señaló que la protesta se extenderá durante 24 horas y apuntó también contra la política salarial del Gobierno. Según afirmó, el gremio sufrió un fuerte deterioro de los ingresos luego de que se frenaran las negociaciones paritarias.
Maturano sostuvo que el sector perdió entre 50% y 60% del poder adquisitivo en el último año y anticipó que, una vez finalizada la conciliación obligatoria vigente, evaluarán nuevas medidas. En ese sentido, advirtió que podrían convocar a otro paro en marzo, cuando se normalice la actividad laboral y escolar.
Advertencias por el estado del sistema
El líder sindical remarcó que la infraestructura ferroviaria atraviesa una situación crítica. Aseguró que “todas las vías están mal” y que esa condición obliga a reducir la velocidad de circulación, mientras que los trenes de cargas —según indicó— registran descarrilamientos con frecuencia.
Maturano también sugirió que el deterioro del sistema podría incidir en eventuales procesos de concesión, al reducir el valor de los activos ferroviarios. “Una concesión es más barata cuando los interesados ponen las reglas”, planteó.
La confirmación del paro anticipa una nueva jornada de conflicto en el transporte público y suma presión sobre el Gobierno en un frente sensible, con impacto directo en millones de pasajeros del área metropolitana y otros centros urbanos.
Con información de NA