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“Sanar”, “soltar”, “atraer abundancia”: el negocio de las terapias sin título ni matrícula

Si escuchás palabras como “soltar”, “sanar” o “atraer abundancia”, tocá tu bolsillo. Podés estar siendo víctima de estafa y abuso psicológico, advierten los profesionales. Alimentadas por la crisis socioeconómica y la extendida consigna del “amor propio”, crecen las terapias alternativas en medio de una emergencia en salud mental sin precedentes. Los guías espirituales ofrecen soluciones rápidas para problemas complejos que ignoran y están ocasionando severos daños psíquicos en pacientes que mejoran un tiempo y vuelven a caer, o desarrollan cuadros psicóticos.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Plata contó a elDiarioAR el caso de una paciente con un cuadro de depresión “delicado” que llegó recientemente a la institución en busca de ayuda. Ana Inés –nombre ficticio para preservar su identidad– es una abogada platense de mediana edad que comenzó a deteriorarse después de dos años de tratamiento “alternativo”. Había llegado a una “psicóloga social” por recomendación de una amiga, que le había prometido resultados rápidos, una propuesta atractiva frente a tratamientos convencionales que pueden ser largos y costosos. Cada vez que faltaba a una sesión, la terapeuta apelaba a la culpa para convencerla de que continuara pagando. Cuando Ana Inés le contó su episodio más grave —un abuso intrafamiliar—, la terapeuta le indicó que cortara el vínculo con toda su familia. Con el tiempo, quedó aislada de su entorno y llegó a la institución atravesando un cuadro depresivo severo.

“Hemos visto casos de personas que se separan de sus parejas, pierden trabajos, se alejan de sus familiares o llegan a situaciones extremas difíciles de reparar”, dijo a elDiarioAR Andrés Di Prinzio, presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito XI, con sede en La Plata. Llegan a estos casos por denuncias de los afectados y por un rastreo que empezó a arrojar páginas web donde personas sin título se presentan como psicólogos, con matrículas inventadas. El punto de inflexión, señala, fue la pandemia.

Pero ahora, con la emergencia en salud mental, crisis socioeconómica y la poca disponibilidad de psicólogos, el aumento de casos, advierten, es exponencial. “La gente entonces termina yendo al primero que se le ocurre, al primer pseudo-terapeuta por ahí”, advirtió al diario Río Negro Guido Beltrami, presidente del Colegio de Psicólogos de la Zona Andina de Río Negro.

Rápido, caro y sin garantía

Si bien no hay un registro de quienes ofrecen estas terapias alternativas, sí está medido el hueco por el que crecen. Las internaciones por salud mental en el sistema público subieron 42% desde 2023 y las consultas ambulatorias 23% en el último año, según el 2º Informe Federal de Salud Mental que coordinó la Universidad Nacional de Lanús y se presentó en el Senado el 28 de agosto. El estudio fue realizado sobre 14 jurisdicciones donde vive el 70% del país.

Además, la mitad de las personas que hoy no están en tratamiento dice que lo necesita, y el 43,44% señala lo económico como principal obstáculo, según el relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA. Enfrente espera una oferta instalada a fuerza de marketing, que tampoco es barata –una sesión de registros akáshicos o una constelación individual arrancan en 65.000 pesos y trepan hasta 133.000, más del doble que el arancel mínimo sugerido para una consulta con matrícula, fijado en 29.940 pesos– pero que ofrece resultados inmediatos.

Todas buscan aliviar rápido y la mayoría termina en “culpabilizar al sujeto de ese sufrimiento y hacerlo responsable”, explicó Ana Clara Cañabate, presidenta del Colegio de Psicólogos de Alto Valle Este. “Se funda en la lógica de que hay que tener voluntad para encontrar la salida por sí mismo. Somos seres sociales y necesitamos un sostén”, advirtió. El alivio, además, dura poco porque toman solo el sesgo de la sugestión, y “nadie está más ávido de que lo sugestionen que quien está sufriendo”, señala Di Prinzio.

Hace años que estas prácticas dejaron de ser marginales. Siete de cada diez argentinos hicieron al menos una durante el último año —reiki, registros akáshicos, limpieza energética del hogar con sahumerios, carta astral—, contra cinco de cada diez en 2022, según un estudio de la consultora Voices!. Quienes ya las hacían pasaron de combinar dos a tres. El antropólogo del Conicet Nicolás Viotti las ubica dentro de un mismo movimiento. Explica que la astrología, el tarot y “el amplio y complejo mundo postpsicológico” delimitan “una zona de la cultura contemporánea que está reconfigurando las separaciones convencionales entre cuerpo, mente y espíritu”, escribió en Nueva Sociedad. El antropólogo observa un hecho social con “revelevancia social abrumadora”, aunque las miradas convencionales quieran encontrar “solo una colección de prácticas dispersas, pseudociencias, eclecticismo o una religiosidad soft”.

El problema, sin embargo, no es la práctica sino quién la ejerce. Hay psicólogos matriculados que usan la meditación o la respiración, aclaró Di Prinzio. “Pero no es lo mismo que lo implemente una persona que no cuenta con un marco regulatorio. Estas terapias no tienen ni colegio ni marco”. Sin código de ética ni secreto profesional, tampoco hay dónde reclamar. “Alguien puede convencer a una persona de que transfiera una propiedad porque así se va a curar”, ejemplificó.

La ley protege el título, no la práctica

Presentarse como psicólogo sin serlo es un delito penal, pero la palabra “terapeuta” no está reservada a nadie. “La oferta es confusa porque se utiliza la palabra terapeuta o psicólogo espiritual, psicólogo social, y no es verdaderamente un profesional habilitado”, explicó Beltrami. Para formarse como constelador, según la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, no hacen falta requisitos académicos previos, ni siquiera el secundario. Argentina tampoco tiene ley de terapias complementarias: se presentaron tres proyectos desde 2018 y ninguno se votó.

Por eso, cuando llegan a la Justicia, estos casos llegan con otro nombre. En Mercedes, Corrientes, un allanamiento por ejercicio ilegal de la psicología terminó en junio con tres años de prisión en suspenso. “Basta con presentarse públicamente como profesional de la salud sin contar con la debida titulación”, explicó el fiscal Adrián Casarrubia. En Santa Fe imputaron a una falsa psicóloga que atendía desde 2019 con un diploma apócrifo. En Esquel, el Colegio de Chubut denunció a una mujer que atendió al menos a diecisiete pacientes en un centro de terapias alternativas. Decía tener un curso en Psicología Corporal. “Nada tiene que ver con la disciplina de la psicología, pero tiende a confundir”, señaló el procurador Ismael Cerda.

A su vez, el Estado está bajando drásticamente el presupuesto en Salud Mental. La ley obliga a destinar el 10% de la cartera de Salud y este año la inversión llega al 1,42%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. La única línea del Ministerio de Salud destinada a implementar esa ley quedó con 48 millones de pesos, un 91,6% menos que en 2025. Autoridades de catorce provincias advirtieron en el Senado que debieron “asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con apoyo de Nación”. La reforma que el Gobierno impulsa allí elimina el piso del 10%.

La pareja de Ana Inés la convenció de abandonar las sesiones con la “psicóloga social”. Ella llegó al Colegio para preguntar si las constelaciones familiares eran una práctica de la psicología, pidió una entrevista presencial y ahí contó los dos años completos, el aislamiento, la culpa. Llegó muy deteriorada en su salud mental.

El Colegio no pudo hacer mucho. La mujer que la atendía trabajaba de manera virtual. Le ofrecieron contención, un profesional matriculado y asesoramiento jurídico para ir a la Justicia. “No podemos obligarla. Es una persona adulta y tiene que decidir hacerlo”, dijo Di Prinzio.

LN/MG

La investigación a Cerimedo en Chile: “Queremos saber la ruta del dinero; si hubo financiamiento extranjero”

“Vamos a investigar si se generó una confabulación con bots e inteligencia artificial en las elecciones chilenas”. Con ese objetivo el diputado chileno José Montalva explicó a elDiarioAR el impacto del caso de Fernando Cerimedo en el vecino país: esta semana se creó en el vecino país una comisión investigadora sobre el paso del exasesor de Javier Milei en los procesos electorales desde 2020 hasta el año pasado. Cerimedo participó en las campañas del rechazo a los plebiscitos constitucionales y hay sospechas de que también operó en el armado electoral de José Antonio Kast, que tiene en su gabinete a funcionarios que estuvieron en el equipo del mileísta.

Montalva tiene 40 años, es abogado, milita en el PPD (centroizquierda) y llegó como diputado independiente por el Distrito 23 (La Araucanía) tras haber sido gobernador de Cautín con Michelle Bachelet y delegado presidencial regional con Gabriel Boric. Es el impulsor de la comisión investigadora por el caso Cerimedo, que la Cámara de Diputados aprobó el 2 de septiembre con 69 votos a favor y el rechazo en bloque de la derecha, tras haber fracasado un día antes por falta de quórum. En esta entrevista telefónica con elDiarioAR, Montalva da detalles sobre qué busca establecer la comisión sobre, por ejemplo, la ruta del dinero que sostuvo al asesor argentino y su cercanía con Kast, que ya reconoció haberlo conocido. Sobre el final, cuestionó con dureza el paso de Milei por Chile esta semana, desde su elogio a Pinochet a la disputa en torno al Estrecho de Magallanes.

—¿Cuál es el significado de esta comisión investigadora sobre el caso Cerimedo?

—La comisión investigadora es una herramienta que tiene la Cámara de Diputados de Chile para poder fiscalizar actos del gobierno y con ello citar a distintas instituciones, también a personas que puedan entregar antecedentes sobre un caso particular. Vamos a poder investigar si el Estado tuvo o no conocimiento y cuál fue el alcance en Chile del señor Cerimedo y si se se generó una confabulación, por medio de tecnología, bots, granja de bots y también inteligencia artificial, para el poder interferir en la opinión pública en procesos electorales que tuvimos desde el 2020 hasta el 2025. Queremos saber cuál es la ruta del dinero, quién financió, si hubo o no financiamiento chileno o extranjero, con qué intereses, y también si hubo interferencia en la opinión pública en momentos tan importantes como una elección.

—Hay fotos y videos de que Cerimedo estuvo en Chile durante los procesos de los plebiscitos, trabajando en la campaña del Rechazo. ¿Cuál habría sido su rol?

—Hay muchos antecedentes de que efectivamente el señor Cerimedo habría tenido una empresa que entregó servicio a quienes trabajaban en la campaña del Rechazo en Chile, también a ciertas campañas ligadas a la ultraderecha en Chile. Pero todos esos son antecedentes que vamos a tener que investigar para poder acreditarlo hoy día; sin duda que son hechos relevantes que vamos a tener que analizar, investigar y, en definitiva, poder tener una mirada común y no solamente trascendidos.

—¿Cerimedo trabajó también en la campaña de Kast?

—Eso es lo que vamos a tener que dilucidar mediante una investigación, porque lo que nosotros investigamos son hechos que hasta el momento no los tenemos. Hay antecedentes que señalan esta conexión con ciertas personas, a su vez ligadas tanto a la campaña del Rechazo como a la del candidato que salió electo presidente . Yo no puedo dar ninguno de esos hechos como acreditado, sino que se tienen que investigar.

—Cuatro funcionarios de Kast fueron identificados como parte de los equipos de trabajo de Cerimedo.

—Hay mucha información que ha sido puesta sobre la mesa por distintos estudios periodísticos, y vamos a tener que analizar cada uno de ellos, y cómo se relaciona con las facultades que tiene la Comisión de poder fiscalizar hechos, o más bien el comportamiento que tuvo el Estado frente a esta situación.

—¿Cómo es el paso a paso de la comisión? ¿Tiene la potestad de llamar a indagatoria o es vinculante si un citado no participa?

—La Contraloría en Chile ya ha sido bastante clara en la materia: quienes son parte del gobierno y de los servicios que son fiscalizables por esta comisión investigadora sí están obligados a acudir. Ahora, si una persona es distinta al gobierno —porque esto tiene como fin fiscalizar las acciones del gobierno y del Estado— y por ende es ajena a aquello, obviamente no tiene la obligación, pero si una persona está, por ejemplo, en el Gobierno o en el Estado o en una institución del Estado, sí.

—¿Es consciente de que el caso tiene cierto impacto regional? Cerimedo es argentino, está detenido en Bolivia, ahora aparecieron fotos en Perú...

—Los Estados, frente a antecedentes de esta gravedad, no pueden mirar para el lado y deben hacer funcionar su institucionalidad. La democracia hay que cuidarla, y en el mundo los países que vivimos en democracia somos minoría: solamente un 46% vive en democracia. Entonces tenemos que ser muy celosos del cuidado de la democracia, y eso equivale también a cuidar los espacios digitales. Nuestros procesos electorales son análogos, no se han hecho cargo de la capacidad que tienen hoy día las tecnologías de afectar procesos democráticos. Esto ya ha sido confirmado por estudios académicos de la Universidad de Oxford. Con esto no quiero decir que los bots o la inteligencia artificial voten, pero sí influyen en la opinión pública de la realidad que se hacen los que sí votan.

—¿La comisión podría pedir información a la Argentina?

—Yo no descarto nada todavía. La comisión, si bien se ha creado, todavía falta elegir a los miembros, que debieran representar todo el espectro político. En las próximas semanas ya vamos a tener antecedentes de quiénes van a ser los miembros y las decisiones que vayan tomando, entre otras, a quiénes van a citar.

—¿Cuál es el cronograma? ¿Cuánto dura y tiene que terminar en un informe?

—Tiene 60 días de funcionamiento desde que se hace la primera sesión de la comisión; se puede prorrogar, pero ese es el plazo. Yo creo que en las próximas semanas comenzará, porque primero hay que elegir a los miembros y, ya elegidos, se hace la primera sesión, y desde esa sesión se cuentan los 60 días. Tras ese plazo, tiene que emitir un informe con una conclusión.

—Cambiando de tema: el jueves estuvo el presidente Milei en Chile, en el Foro de Madrid de la ultraderecha. Fue muy discutido que Kast participara de ese evento. ¿Cómo vio esa participación, en un contexto de discusión sobre el Estrecho de Magallanes?

—Nosotros tenemos una situación no resuelta con Argentina respecto a que existe un decreto que pone en duda tratados internacionales sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. Y cuando vemos un presidente que tiene tanta afinidad política con el presidente Milei, nosotros hubiésemos esperado que se llevara a cabo la derogación de ese decreto, porque así lo dijo el mismo presidente de Chile en algún momento. Y no contento con eso, viene Milei y trata a la mitad de los chilenos como “izquierdistas mugrosos”. No sé en Argentina, pero nosotros en Chile no estamos acostumbrados a la discusión política, mucho menos a la diplomacia faltando el respeto. Entendemos que cada país es soberano y libre, y no somos quiénes para ir a cuestionar y mucho menos insultar o denigrar a una parte del país solo por el hecho de no pensar igual al presidente que está circunstancialmente ejerciendo el cargo.

—¿Considera que fue una falta de respeto lo que hizo Milei en esta visita?

—Milei acostumbra, por estrategia, a no hacerse cargo de los problemas que realmente le preocupan a la gente, como la desigualdad, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la seguridad. Él prefiere desviar la atención hacia una disputa sin fin que a lo único que le sirve es a la casta política, porque la gente no vive de las discusiones que tienen los políticos, la gente vive de mejorar sus condiciones de vida, y en ese sentido Milei no es un ejemplo para nada de mejorar el estándar de vida de las personas.

—Por último: ahora en Argentina hubo un anuncio sobre Malvinas por cadena nacional, y en Chile se supo que se abrió un canal de comercio con Malvinas, además de investigaciones recientes sobre que el gobierno chileno, en su momento, apoyó a Inglaterra en la guerra. ¿Cómo ve esa situación en general?

—Chile es muy respetuoso de la política exterior, en el sentido de que estamos convencidos de que la política exterior primero se hace con respeto y, segundo, se intenta lograr que dos países que son hermanos puedan tener un trabajo en común para mejorar la calidad de vida de ambos pueblos. Dicho eso, yo siempre he preferido que la política de Estado la lleve a cabo el Ejecutivo; yo soy parte de un poder distinto, que es el Legislativo, y no me gusta entrometerme en temas que se deben coordinar en conjunto. Como no tengo el detalle de lo que usted me señala, preferiría abstenerme.

MC

Ida Holz, Go, niños y Tove Ditlevsen

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

Diciembre de 2001: cuando el cuerpo estaba en la calle

Nos pareció bien ir un viernes por la noche al cine a ver un documental sobre Diciembre del 2001 en la República Argentina. La película también se llama así, Diciembre, y es del director Lucas Gallo, quien también dirigió otro documental que se llama 1982, sobre los reveses de un país que no estaba ni remotamente preparado para llevar adelante una guerra y sin embargo. La función fue en la terraza de Arthaus, ya que la sala de proyección de este Centro de Creación Contemporánea está armada así, al aire libre, en reposeras contradictorias y calefactores de exterior en Bartolomé Mitre y Reconquista. Desde nuestros asientos podíamos ver la luna llena, que estaba quieta y blanca detrás de la pantalla de proyección.

La película empieza con un video de prensa formato MiniDV de un almuerzo de poca gala de Carlos Saúl Menem junto a su esposa Cecilia Bolocco y colaboradores, periodistas, etc. A comienzos de diciembre del 2001, Carlos Menem ya se encontraba en libertad, después de haber pasado 167 días de arresto domiciliario en una quinta en Don Torcuato —Cristina Kirchner ya lleva 442 en un departamento en Caba—. Menem sonríe a la gente que le habla en ese almuerzo, y les responde cosas sobre sus costumbres de alimentación, sobre qué cosas prefiere porque le gustan más y cuáles son si o si una obligación por restricciones de salud. Y nosotros ahí estamos, con nuestros cuerpos curvados sobre reposeras modernas, mirando la cara de un hombre que ya está muerto y que nos provoca infinitos campos asociativos excepto la indiferencia. Al rato, la película nos zambulle en la pasarela infinita de imágenes del saqueo, familias enteras entrando a grandes cadenas o a pequeños almacenes para llevarse lo que sea, lo que les viniera en suerte, por ejemplo, treinta paquetes de sal gruesa Dos Anclas, quince latas de pomadas Wassington para lustrar zapatos, servilletas Elite, quizás una botella de Sidra La Victoria. Vemos etiquetas de productos, recipientes reconocibles, y rostros húmedos por el calor, inyectados en adrenalina de la mala, ojos humedecidos de felicidad porque se pudo y a la vez de agonía, también porque se pudo. Un grupo de policías de la Bonaerense restringen el paso a un grupo de vecinos mientras vacían las góndolas de un supermercado en plena calle. Una vez que les dan el paso, las personas que aguardaban con bolsas vacías se abalanzan sobre la mercadería, apta para el consumo o no. Fuera de contexto podría ser una actividad festiva, donde algunos ganan, otros no tanto, y otros directamente se van como llegaron, con las manos llenas de aire. El 19 de diciembre por la noche un grupo de manifestantes rompe las cadenas que cierran las puertas de hierro del Congreso Nacional y lo abren. Algo impensado hoy. Los ciudadanos sin remeras entran al Salón azul –contiguo al de Pasos Perdidos y al recinto de Diputados– y tiran sillones y paneles por las escalinatas hacia la avenida Callao y empiezan una fogata. El incendio empieza adentro, también, y los civiles se abrazan y por momentos hasta se emocionan. ¡Lo logramos! parece que se dijeran entre sí, aunque haberlo logrado sea tan victorioso como terrible. Un helicóptero surca el cielo para no volver nunca más. El despegue es elegante. Las condiciones de vuelo, óptimas. Las piedras que se arrojan desde la tierra no lo llegan a tocar. Que se vayan todos, no queremos ningún político, grita una mujer con un bebé que juega con una cuchara en su cochecito. Y nosotros acá, veinticinco años después, intentando recuperar ese sentimiento, admirando y lamentando también, esa evidente capacidad de acción que tenían las personas en el pasado. ¿Usaban el cuerpo? Lo usaban. ¿Hasta el hartazgo? Hasta que sus reclamos fueron oídos. ¿Sobrevivieron todos? Por supuesto que no. ¿Estaríamos dispuestos ahora a hacer algo así? Lo dudo. El cuerpo ahora es algo relativo.

Somos ciudadanos argentinos mirando nuestras hazañas en reposeras. Estamos horrorizados por el pasado que nos constituye pero también podría reconocer cierto grado de arrogancia en este gesto contemplativo. Como alguien que mira hacia atrás y piensa: ¡mirá todo lo que hice!

La película cierra en los primeros días de enero del 2002, cuando asume la presidencia que nadie quería, un casi kamikaze Eduardo Duhalde de sesenta años. Da la sensación de que durante treinta y un días corridos, incluso más, las calles de Argentina no se vaciaron ni de día ni de noche. No se vaciaron nunca.

Si bien no identifiqué la pulsión del presente que llevó a los creadores de Diciembre a volver a narrar los hechos con tanta minuciosidad —porque coincidencias en el hoy, hay, y muchas—me gustó ver esas imágenes inmensamente proyectadas a metros del Banco de la Nación, de la Avenida de Mayo, de la Casa Rosada, hoy tan silenciosa y protegida como un tesoro útil. Me gustó más el hecho que el acto. Prestos a observar así: como si todos los espectadores de esta función estuviéramos viendo una autobiografía. O mejor dicho, un autorretrato en el que ya no nos encontramos del todo. Hoy somos más bien estas versiones barnizadas o incluso, ignífugas, de nosotros mismos. Ni tan ambulantes, ni tan aguerridos.

CF/MG

El agro como motor económico pendiente de una estrategia nacional

La Argentina tiene en el sector agropecuario una de sus principales fuentes de divisas, pero también una de sus mayores contradicciones económicas: produce alimentos en gran escala mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación regular. La discusión sobre el campo, por eso, ya no puede reducirse a la vieja oposición entre agro e industria ni al debate simplificado sobre los derechos de exportación. Tenemos que elaborar los lineamientos generales de un plan nacional agropecuario y no quedarnos solamente en el problema de las “retenciones”, que si hay que dar una solución.

El presidente Perón dijo en 1973 que la Argentina, con alimentos y energía, sería el país del futuro. Aquel futuro es este presente: Vaca muerta y las tierras negras pampeanas. UN problema a la vez.

El problema central es cómo transformar la capacidad exportadora del agro en infraestructura, innovación, empleo, arraigo y alimentos accesibles para el mercado interno. Los números explican la magnitud del desafío. El complejo agropecuario sostiene buena parte del ingreso de dólares del país, en una economía donde la industria manufacturera registra saldos externos negativos, excepto alimentos y bebidas y el sector minero petrolero. Tres sectores sostienen principalmente el ingreso de divisas en la Argentina ¿Tal vez haya que repensar la estadística de registración? Los cultivos extensivos —soja, maíz y trigo— concentran la mayor parte del peso exportador, mientras que las economías regionales también aportan divisas relevantes: en 2025, producciones como algodón, arroz, lechería, papa, mandioca, peras y manzanas, yerba mate, cítricos y actividad aviar generaron un superávit comercial estimado en 12.000 millones de dólares.

Esa potencia productiva se apoya en una ventaja excepcional: la Argentina cuenta con alrededor de 14 millones de hectáreas de tierras negras, consideradas entre las más aptas del mundo para producir alimentos. Junto a China, Rusia y Kazajistán son los principales países con el 70% de las tierras negras. En el mundo esos suelos negros apenas son el 7% del total de suelos. Sin embargo, la estructura económica no logra convertir plenamente esa capacidad en bienestar social. Según los datos incorporados en el documento “Un futuro mejor para la política agropecuaria”, unos 14 millones de personas padecen hambre o se alimentan de manera irregular y 5 millones se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. La paradoja es contundente: un país con excedentes exportables enfrenta dificultades para garantizar precios estables y acceso suficiente a carnes, lácteos, farináceos, legumbres, frutas y hortalizas.

En ese marco, los derechos de exportación aparecen como una herramienta fiscal y económica que requiere una discusión más precisa. En el texto original se señala que los DEX representan una presión equivalente al 0,85% del PIB, por debajo del impuesto al cheque, estimado en 1,65%, y de las cargas sobre el empleo, cercanas al 2,2%. La reducción de retenciones aplicada en 2025 no habría generado el aumento de recaudación esperado, lo que muestra que la rentabilidad, la liquidación de divisas, la inversión y la producción dependen de un conjunto más amplio de variables: tipo de cambio, crédito, infraestructura, precios internacionales, costos logísticos y previsibilidad regulatoria.

Una propuesta económica posible es segmentar los instrumentos. Para pequeños y medianos productores, el documento plantea mecanismos de devolución parcial hasta 750 u 800 toneladas, combinados con una estructura diferenciada de derechos de exportación. A la vez, sugiere destinar alrededor del 1% de las exportaciones de harina de soja, aceite de soja, maíz y girasol a un Fondo de Infraestructura Agropecuaria y Logística. Ese fondo podría financiar caminos rurales, riego, conectividad, transporte fluvial, almacenamiento, accesos portuarios y una empresa nacional de barcazas. La lógica es que una parte de la renta exportadora vuelva al sistema productivo como inversión estructural.

El cuello de botella no está solo en el campo, sino también en los eslabones de almacenaje, transporte y embarque. El documento advierte que el pesaje de las exportaciones está completamente en manos privadas y que por el corredor del río Paraná se recaudan entre 200 y 300 millones de dólares por año. Una política pública sobre terminales, puertos y logística permitiría reducir abusos de mercado, mejorar la transparencia y fortalecer la capacidad federal de planificación para el desarrollo productivo: privado, público e instituciones de la comunidad.

La cuestión de los insumos también tiene impacto directo sobre la balanza comercial. La dependencia de fertilizantes importados implica un gasto aproximado de 1.200 millones de dólares por año. Por eso, la propuesta de fortalecer YPF Agro como agencia nacional de insumos agropecuarios apunta a reducir importaciones, coordinar producción local de fertilizantes, agroquímicos y bioinsumos, y dar previsibilidad de costos a productores de distintas escalas. Considerando que un componente importante en el proceso de los fertilizantes es el gas.

La inserción internacional agrega otra capa de presión. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, las exigencias de trazabilidad, los estándares ambientales y sanitarios, y la competencia con países como Brasil obligan a pensar una estrategia exportadora activa. No alcanza con abrir mercados: hay que llegar con escala, certificación, financiamiento, diplomacia comercial y productos con mayor valor agregado. La alternativa es quedar confinados a vender materias primas mientras otros países capturan la industrialización y los márgenes más altos de la cadena.

El impacto social completa el cuadro económico. El documento indica que el 57% de los productores reside de forma permanente en el campo que trabaja y que el 72% combina gestión con trabajo físico cotidiano. Ese arraigo convive con una informalidad laboral rural estimada en 65% en Argentina y de hasta 80% a nivel regional. Formalizar el empleo, revisar el Estatuto del Peón Rural, ampliar la capacitación agropecuaria y estabilizar los contratos de arrendamiento son medidas económicas tanto como sociales: ordenan el mercado laboral, mejoran productividad y sostienen población en el territorio.

La conclusión es que el agro argentino no necesita menos política: necesita una política económica bajo una planificación conjunta. Derechos de exportación segmentadas, crédito regional, inversión logística, producción nacional de insumos, agregado de valor, compras públicas de alimentos y coordinación entre Estado, universidades, organismos científicos, cooperativas y empresas pueden convertir una fuente de divisas en una estrategia de desarrollo. El dilema no es campo o industria, exportación o mesa interna. El dilema es si la Argentina seguirá usando su potencia agropecuaria para resolver urgencias fiscales de corto plazo o si la transformará en una plataforma de desarrollo nacional, federal y socialmente sostenible para un mejor bienestar de la comunidad argentina.

Ernesto Mattos Estudios Agrarios Futuros Mejores. Investigador IDEPI-UNPAZ/FCE-UBA; Breno Nunes Chas, Futuros Mejores y AEN-CCC; Lucia Cirmi Obon (FM) colaboro en las correcciones del documento final.