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El desembarco de los diputados que responden a Martín Llaryora, Raúl Jalil y Gerardo Zamora fue lo que permitió que hubiera quórum en la sesión de este miércoles. El desafío de la calle y de la Casa Rosada, que amenaza con el veto.
El recinto estalló en aplausos cuando el tablero de la Cámara de Diputados mostró que había 131 diputados presentes. Pese a las presiones del Gobierno y del sometimiento del PRO y el radicalismo, la oposición había conseguido quórum para impulsar un conjunto de leyes sociales que generan incomodidad en Casa Rosada. Aumento a las jubilaciones, emergencia en discapacidad, la crisis en el Hospital Garrahan, el desfinanciamiento de las universidades: el temario de este miércoles es el reverso de la conflictividad social que, mientras los diputados sesionan, se concentra en las afueras del Congreso.
El peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la izquierda del FIT apostaron a todo o nada en la sesión y lo consiguieron. En una previa tensa y frenética, la multipartidaria opositora consiguió cambiar el equilibrio de fuerzas de la mano de tres figuras claves: los gobernadores de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca.
Ahora la oposición se encamina a votar en una larga sesión -se calculan al menos 14 horas de duración- un aumento para los jubilados del 7,2%, un bono extraordinario (de entre $70.000 a $105.000 o $115.000 según corresponda), el restablecimiento de la moratoria previsional y una Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.
El desembarco de los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora cambió el clima en el recinto. Hubo solo una excepción, Ignacio “Colo” García Aresca, que es el diputado más cercano al gobernador y que bajó al recinto sólo cuando se había conseguido el quórum, como un gesto al Ejecutivo. La presión social por el tema discapacidad había calado hondo en Córdoba, y los diputados no querían volver a exponerse a un escrache público cuando llegaran a sus provincias.
Fue así que Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que en la última sesión habían pegado el faltazo a pesar de haber presentado proyectos vinculados a las jubilaciones, terminaron dando el presente. Llaryora, a modo de guiño a Javier Milei, logró que su legislador más cercano llegara tarde, pero no más. Gestos en una sesión sensible e incómoda de parte de un gobernador que todavía quiere llevarse bien con el Ejecutivo nacional.
Este mismo guiño se repetiría con los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, que en la última sesión habían colaborado a vaciar el recinto en sintonía con las presiones que llegaban desde Casa Rosada. Esta vez, sin embargo, UxP tuvo presencia casi perfecta. Jalil, que es el más cercano al Gobierno e, incluso, analiza la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral en la provincia, solo pudo bajar a una diputada: la exsecretaria de Minería Fernanda Ávila, una dirigenta que coquetea con la gestión libertaria desde el desembarco de Milei.
El caso de Zamora fue mucho más fuerte: cinco de sus siete diputados dieron el presente, y solo una de las ausencias fue un gesto a Casa Rosada (el otro diputado está con problema de salud hace más de un mes). El santiagueño, que en las últimas semanas comenzó a ser sugerido como un posible candidato presidencial en 2027 desde las usinas del Instituto Patria, mantiene un vínculo aceitado con Cristina Fernández de Kirchner y lleva una relación más sinuosa con la gestión libertaria.
Dependiente, como la mayoría de los gobernadores del Norte, de las transferencias directas de la Nación, suele bajar diputados cuando la Casa Rosada se lo pide. En esta ocasión, sin embargo, terminó plegandose a la presión social.
El quórum, sin embargo, se logró por un pelo, y en Casa Rosada ya comienzan a preparar el terreno para el veto presidencial, algo aún lejos porque tras una eventual media sanción de Diputados falta la sanción definitiva por el Senado. En el Gobierno se muestran confiados de que, cuando llegue el momento, el tercio de “héroes” saldrá a blindarlo cuando sea necesario: se necesita solo un tercio del recinto y hay varios gobernadores que todavía están dispuestos a defender a capa y espada al Presidente.
Este es el caso de algunos gobernadores del PRO, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), que exploran la posibilidad de alianzas con La Libertad Avanza en sus distritos. Pero fundamentalmente de los radicales, como Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes): el primero ya cerró una alianza local con LLA que le permitió ganar las elecciones, y el segundo mantiene conversaciones sobre la posibilidad de proponer un mismo candidato a gobernador, aunque hay discusiones sobre el nombre porque LLA no quiere que sea Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador.
Están, además, los que ya dieron el salto y mantienen un vínculo aceitado -y dependiente- con Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con ellos y la UCR y el PRO, ya subsumidos por la ola libertaria, Milei espera retener el control del Congreso hasta que sea el recambio legislativo.
MC/MC
La ministra justificó el operativo policial vallado instalado frente al Palacio Legislativo ante la marcha de jubilados, médicos, discapacitados, feminidades y universitarios.
“Van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte”. “La marcha central es la que convocan los violentos”. “Todos los grupos políticos ligados al kirchnerismo y la izquierda tratan de montarse”.
Patricia Bullrich desplegó toda su narrativa ultra para intentar desprestigiar la marcha de este miércoles frente al Congreso a la que convocan jubilados, médicos del Garrahan, científicos del Conicet, colectivos feministas, grupos de discapacitados y universitarios, apoyados por las centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones tanto peronistas como de izquierda. La ministra de Seguridad montó un fuerte operativo policial, con un extenso vallado en las inmediaciones del Palacio Legislativo para obligar a las columnas de manifestantes a que solo puedan circular sobre la plaza frente al Congreso.
“Si manifiestan con tranquilidad, va a haber tranquilidad”, dijo Bullrich esta mañana en LN+ cuando ya la protesta era importante. “Es un operativo que prevé manifestaciones continuas”, explicó la ministra sobre el modo en que se activó el protocolo antipiquetes, que igualmente no impidió cortes de calles e interrupción del tránsito en el microcentro porteño.
La funcionaria buscó correr el eje de la discusión por el alcance del ajuste de Milei y afirmó que en la protesta habrá grupos de personas “que van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. Afirmó contar con videos y material aportado por inteligencia al respecto, pero no ofreció ninguna prueba pública. De hecho primero dijo que “está todo absolutamente en paz, organizamos todo para que sea tranquilo” y luego arremetió: “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte; hay grupos anarquistas, kirchneristas, todo mezclado, que generan un nivel de violencia enorme”.
Las mismas acusaciones al aire había tirado cuando la represión del 12 de marzo dejó malherido al fotógrafo Pablo Grillo, a quien vinculó con el kirchnerismo. Recién ayer el joven reportero fue dado de alta tras el impacto en su cabeza de una granada de gas lacrimógeno que disparó la Gendarmería, aunque deberá seguir con cuidados. La ministra no se disculpó públicamente al respecto.
Hoy además Bullrich cuestionó que los médicos residentes del hospital pediátrico no hayan desactivado la convocatoria luego de la oferta de mejora salarial que ofreció el Gobierno de pasar de $800.000 a $1.300.000, que igualmente no fue aceptada por los trabajadores hasta tanto no se les garantice en una mesa de diálogo que el aumento impactará en su recibo de sueldo. “No digo que no ganen pocos los residentes, pero ellos aceptaron la oferta. El Gobierno reconoce que habia una medida que estaba mal”, dijo Bullrich.
MC
La movilización está prevista para las 16. Habrá réplicas en las principales capitales del país.
Bullrich activa el protocolo antipiquetes contra la marcha de jubilados, médicos, científicos y feminismos
Este miércoles los jubilados no marcharán solos. Tendrán el apoyo de numerosos colectivos, incluyendo organizaciones de médicos, científicos, migrantes y grupos feministas que decidieron correr un día la movilización por el décimo aniversario de Ni Una Menos –es el 3 de junio– para concentrarse frente al Congreso en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei y bajo el lema “contra el ajuste y la crueldad”.
La movilización está prevista para las 16 y aglutinará a numerosos grupos que se han visto afectados por las políticas y recortes implementados por el Ejecutivo.
Al igual que todas las semanas, la concentración fue convocada en la icónica Plaza del Congreso, y tendrá lugar ante un fuerte protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Además de los jubilados, que reclaman una mejora de sus paupérrimas pensiones –casi dos tercios de ellos reciben sumas que los dejan prácticamente por debajo de la línea de pobreza–, este miércoles saldrán a las calles una serie de colectivos con otros reclamos.
Se espera que el más numeroso sea el colectivo feminista, que, tras cumplirse este martes el décimo aniversario del movimiento Ni Una Menos, decidió mover su tradicional manifestación anual al miércoles, para coincidir con los jubilados y otros grupos vulnerables.
“Unir las luchas es la tarea”, escribió el grupo en sus redes sociales, y agregó: “La salida, siempre colectiva”.
También se harán presentes en la manifestación de este miércoles grupos de científicos argentinos, muchos de ellos empleados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que reclaman contra los recortes presupuestarios sufridos por el sector, por el congelamiento de sus salarios y por la falta de subsidios para la investigación, entre otras cuestiones.
“Los trabajadores de Conicet continuamos movilizados y nos unimos a los jubilados, los trabajadores de salud, las personas con discapacidad, y a todos los sectores afectados por el ajuste y la crueldad del gobierno de Javier Milei. A 10 años del primer Ni una Menos, nos encontramos en las calles”, anticiparon.
Otro colectivo que se manifestará este miércoles será el de los trabajadores del estatal Hospital Garrahan, el centro médico pediátrico más importante del país, que han implementado una serie de medidas de fuerza en los últimos días en reclamo de mejores condiciones, sobre todo para los médicos residentes.
Pese a que este lunes el estado informó a los trabajadores del hospital del otorgamiento de un bono único de 300.000 pesos (unos 250 dólares) en julio, los residentes de la clínica reclamaron que esa suma sea incorporada de forma permanente a sus salarios y hasta entonces decidieron continuar con las medidas de fuerza.
También acudirán colectivos de migrantes, en protesta a la reciente reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo de Milei, que limita el acceso a la ciudadanía, a la educación superior y al sistema de salud, entre otras cuestiones.
Distintos sindicatos, especialmente los que aglutinan a trabajadores estatales, anticiparon que se unirán a la protesta, mientras que también se espera la participación de un número importante de ciudadanos de a pie.
En paralelo con la movilización central en Buenos Aires, también están previstas una serie de manifestaciones en distintos puntos del país.
La de este miércole será la marcha 17° de los jubilados en lo que va del año. En las primeras 15, la represión policial se cobró 129 detenidos y 406 heridos, supo elDiarioAR de un relevamiento realizado por el CELS.
“Siempre se aplica el protocolo porque es algo que está vigente”. La afirmación que soltó ante elDiarioAR una fuente que rodea a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad revela el estado de situación por estas horas en el Gobierno de cara a la protesta del miércoles que viene frente al Congreso.
En ese marco, Bullrich mantendrá en pie su llamado protocolo antipiquetes, aunque los voceros consultados por este medio buscaron no dar pistas sobre cuál será el alcance definitivo que tendrá el operativo de las fuerzas nacionales. Si bien desde hace varios miércoles se suceden represiones, especialmente violentas contra los trabajadores de la prensa que registran la marcha de los jubilados, siempre en las protestas más masivas el Gobierno prefirió adrede correrse del lugar.
Entonces, la posibilidad de que haya una “zona estéril” alrededor del Congreso cobra fuerza, como ya hizo en la protesta de jubilados que acompañó la CGT luego de la feroz represión del 12 de marzo, cuando fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. La “zona estéril” significa instalar un vallado a lo ancho de toda la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, entre Yrigoyen y Rivadavia, para evitar que cualquier persona sin autorización transite por la zona. De esa manera obliga a los manifestantes a quedar concentrados en la plaza frente al Congreso, así como en zonas aledañas. El piquete lo termina haciendo la policía porque hay cortes de tránsito en varias manzanas a la redonda del Palacio Legislativo.
MM/MG
Jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan, el colectivo Ni Una Menos y otras cuantas organizaciones más se concentrarán alrededor de las 16. Los cortes de calles en este mapa.
Este miércoles, se sumarán a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso, los trabajadores del Garrahan y el colectivo de Ni Una Menos.
Se trata de tres frentes que anticipan una movilización multitudinaria, junto al resto de las usuales agrupaciones. Bajo la consigna “Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos”, los grupos se trasladarán desde diferentes puntos hasta encontrarse ante la sede del Poder Legislativo, a las 15.
De esta manera, el mapa de cortes se delimitó de la siguiente manera, de acuerdo al punto de concentración que tendrán las organizaciones:
La novedad en la movilización tiene, por un lado, a los trabajadores residentes del Hospital Garrahan, que mantienen una medida de fuerza desde hace días debido al conflicto por los sueldos que percibe este sector: $797.000 es lo que iban a cobrar en mano este mes.
Al intensificarse la protesta, el Gobierno decidió otorgar un bono de $500.000, lo que derivaba en un incremento nominal de $ 300.000. Sin embargo, tras una asamblea celebrada en horas del mediodía del martes, los trabajadores decidieron rechazar la oferta y mantener la convocatoria, ya que lo que buscan alcanzar es una remuneración total de $1.300.000 a partir del mes de julio.
A raíz del conflicto, decidieron plegarse a la marcha de los jubilados, y convocar a un encuentro pacífico el jueves frente al Ministerio de Salud.
Por otro lado, el movimiento femenino Ni Una Menos confirmó su participación y estará presente en “La Marcha Más Grande” para “unir las luchas” contra las “políticas de ajuste, crueldad, estigmatización, criminalización y represión del gobierno de Javier Milei”, según el comunicado que firman organizaciones como las dos CTA, la CCC, la UTEP y la CGT.
El colectivo señaló que las autoridades respondieron con inacción a la problemática de la violencia de género, lo que interpretan como una manera de revictimización por parte de las instituciones. Además, denunciaron el cierre de instancias de capacitación en perspectiva de género, la inexistencia de fondos para dispositivos de emergencia y la suspensión de campañas públicas destinadas a generar conciencia.
La adhesión a la marcha de los miércoles responde a los 10 años que se cumplieron el martes 3, del impulso de la cuarta ola feminista mundial, que se inició con un tuit de la periodista Marcela Ojeda, quien se indignó por los delitos que estaban ocurriendo contra las mujeres y posteó diciendo: “Nos están matando”, “¿No nos vamos a hacer oír?”.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados sesionará este 4 de junio desde el mediodía, con un temario que incluye el debate de un “incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones”, y un aumento del bono extraordinario de $70.000 que actualmente se otorga, a 105.000 o 115.000 pesos.
Además, se suma la discusión por el restablecimiento de la moratoria previsional, en donde aquel que no contaba con los 30 años de aporte podía ir saldando su deuda. Los impulsores del reclamo, y sobre quienes el resto de las agrupaciones se fueron acoplando para manifestarse ante las políticas del gobierno de Javier Milei, se reunirán en el mismo lugar de todos los miércoles.
Penalista, mediático y representante del Presidente en algunas causas, Oneto integrará la defensa del neurocirujano, uno de los siete imputados más complicados por la muerte del exfutbolista.
Francisco Oneto salió de la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado penalista en 2012. Se especializó en Criminología. Saltó a la fama con una declaración hecha a la televisión: “Soy abogado nivel Dios”. Fue, en 2023, candidato a vicegobernador de la Provincia junto a la actual diputada Carolina Píparo por La Libertad Avanza: quedaron terceros, con el 24%. El año pasado, Oneto asumió la defensa de Máximo Thompsen, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Defiende a Javier Milei en la causa $LIBRA y en la denuncia que presentó en la Justicia Jorge Fontevecchia, dueño del grupo Perfil, luego de que el Presidente lo llamara “ensobrado”, “tinturelli”, “pautero”, “empresario prebendario” y “quebrador serial”. Hoy Oneto se sumó al equipo de abogados que defiende a Leopoldo Luque en la causa Maradona.
elDiarioAr pudo saber que la decisión fue de Luque, el neurocirujano. La incorporación de Oneto se dio después de que Luque aceptara como condición que Julio Rivas y Mara Digiuni, abogados originales, siguieran al frente de la dirección de la defensa. El neurocirujano quiere la representación de Oneto por una cuestión bastante simple: “Es el abogado de Milei”, dijeron allegados al médico. Y también porque el neurocirujano se siente de antemano condenado.
Lo suma porque no tiene nada qué perder y porque Oneto funciona en dos sentidos: perfil mediático alto y cierta astucia para embarrar la cancha. Por ejemplo, presentar un “non bis in idem”, un recurso técnico que en la Provincia impide que a una persona se la persiga dos veces por el mismo delito. Puesto que el juicio se cayó, este artilugio tendría sentido.
A la espera de que sorteen un nuevo Tribunal, tras el escándalo que armó el documental de la jueza Julieta Makintach, se viene una temporada de recursos y planteos que las partes -fiscalía, querellas y defensas- deberán responder. ¿Cuándo arranca “el segundo juicio” por la muerte de Maradona? Los tiempos son inciertos. Aun no conformaron el cuarteto de jueces que pidieron los fiscales. A esto se suma que el juez que resulte sorteado tiene derecho a excusarse. Hay un Tribunal, el número 7, que no puede tomar la causa porque aceptó el juicio por jurados de Gisella Dahiana Madrid, la otra enfermera imputada. Además, el calendario de debates ya está completo este año. Y no es posible -o al menos no correspondería- aplazar un juicio para darle lugar a otro.
Luego de confirmarse que la jueza Makintach, que integraba el TOC3 como vocal, participaba del documental “Justicia Divina”, el juicio se cayó. Makintach era la protagonista de la miniserie de seis capítulos de media hora cada uno que retrataba su labor como magistrada en el mismo debate en el que tenía voz y voto. Habían pasado 21 audiencias, 44 testigos y cantidad de prueba presentada. Todo volvió a cero la semana pasada.
A más de cuatro años de su muerte de Maradona, el TOC3 de San Isidro debía resolver sobre la cadenas de mando y responsabilidades médicas entorno a ese hecho. Hay ocho imputados: Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicoanalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid, que pidió ser juzgada aparte, en un juicio por jurados; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación, homicido simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Para los fiscales todos participaron de un plan criminal para terminar con la vida de Maradona.
VDM/MC