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Causa Vialidad: piden 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita

Causa Vialidad: piden 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita

Así lo resolvió el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Ahora la Corte Suprema ya está en condiciones de decidir sobre el futuro de la expresidenta.

Vialidad: las claves para entender el fallo que marcará una nueva etapa en el futuro judicial de CFK

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves elevar a 12 años de prisión la condena de la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner a quien acusa de encabezar una asociación ilicita en la causa de Vialidad de la obra pública en Santa Cruz. La última palabra la tendrá de ahora en más la Corte Suprema de Justicia que deberá decidir si acepta el pedido del jefe de los fiscales,  mantiene la condena a 6 años de prisión o si da curso al pedido de la defensa que solicitó su absolución.

Casal aceptó el reclamo del fiscal general Mario Villar, quien había pedido agravar la actual condena de la Fernández de Kirchner de 6 años de prisión por administración fraudulenta. Para el Procurador, la ex presidente debe ser condena también por asociación ilícita en carácter de jefa y por esa razón pidió duplicar la pena.

Si la Corte, confirma la privación de la libertad sería inmediata, lo mismo que la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, escribió Casal en su escrito presentado ante la Corte.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó en la causa Vialidad by

El futuro de la expresidenta dependerá ahora de lo que decidan los tres jueces del máximo tribunal:  Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

El pasado 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó la sentencia contra la expresidenta en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.

La decisión de Casación fue “condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Igual pena para Lázaro Báez.

Sin embargo, Casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita, algo que habían pedido los fiscales Diego Luciani y Mario Villar. Ahora Casal vuelve a pedir a la Corte que Fernández de Kirchner sea condenada por ese delito.

Para Casal, los acusados “diseñaron y ejecutaron una estructura delictiva dentro del Estado, que tenía como objetivo desviar fondos públicos de forma sostenida a través de contratos de obra pública, principalmente en la provincia de Santa Cruz”.

El dictamen señala que  “el fiscal general –Villar– valoró, con argumentos concluyentes, que esa –la asociación ilícita– era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la exvicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019 dio a conocer el fallo contra todos los imputados.

La oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión $LIBRA para activar la investigación a los Milei

La oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión $LIBRA para activar la investigación a los Milei

La comisión se encuentra empantanada debido a una maniobra de Martín Menem. La multipartidaria no oficialista quiere designar las autoridades en el recinto, en una sesión prevista para el próximo miércoles.

Criptomoneda $LIBRA: avanza la investigación sobre el patrimonio de Javier Milei y su hermana Karina

Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona se ausentaron, una vez más, a la interpelación aprobada por el Congreso por el caso $LIBRA. Esta vez, ni se molestaron en mandar una nota. Para el Gobierno, el criptogate es un tema cerrado: ya enviaron a Guillermo Francos a repetir el libreto oficial y no hay lugar para reabrir el escándalo en la recta final de la elección porteña. La oposición, sin embargo, no quiere ceder en lo que considera que será su principal insumo contra Javier Milei en 2025. Y deposita todas sus esperanzas en su última arma: la comisión investigadora.

La Cámara de Diputados no es ajena a las comisiones investigadoras. En 1996 creó, por ejemplo, una para investigar el atentado a la AMIA. Integrada por figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, la comisión se abocó a seguir, durante cuatro años, la investigación judicial y ahondar en la responsabilidad que el Poder Ejecutivo tuvo en el atentado en el que murieron 85 personas. Facultada para acceder a la causa judicial y citar testigos, la comisión fue escenario de decenas de interrogatorios que incluyeron hasta a miembros de la SIDE. 

Tenía, entonces, la facultad de forzar a los testigos en rebeldía a comparecer vía la fuerza pública. Una poder clave, que es característico de la comisión de Juicio Político, y que la oposición buscará explotar cuando llegue el momento de citar a los testigos. El faltazo de Cúneo Libarona y Caputo no cayó bien en la Cámara de Diputados, y los legisladores planean cobrarse su venganza en la comisión investigadora.

La oposición maniobra para reactivar la comisión $LIBRA

No son los únicos. La oposición buscará citar en la comisión a todos aquellos funcionarios que no pudieron ser interpelados en el recinto. Es el caso de Caputo y Cúneo Libarona, pero también el del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. El peronismo, incluso, está comenzando a tantear la posibilidad de citar al vocero Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Los dos funcionarios habían sido eliminados del listado de funcionarios interpelados en el marco de la amenaza de la Casa Rosada de tratar la Ficha Limpia en el Senado. Si bien el cristinismo nunca reconoció públicamente esa negociación, a nadie se le escapa que, caída la ley que podría haber proscripto a CFK, Unión por la Patria vuelve a mostrar interés en llevar a Karina al banquillo de interpelados. 

El pichettismo de Encuentro Federal es, junto al peronismo, la bancada que más empuje quiere darle a la comisión. Pero, a diferencia de UxP, juega el rol de “policía bueno”. Al igual que la Coalición Cívica o el radicalismo de Democracia Para Siempre, el pichettismo apuesta a no ahuyentar al oficialismo: tienen la pretensión de seducir a sus aliados para que los ayuden en la investigación y, para ello, juegan a la carta del “centro” político. Que no es otra cosa que un eufemismo para “no kirchnerista”. “Tenemos que ser prolijos”, repiten.

¿Qué significa esto? Primero, establecer límites sobre lo que la comisión puede hacer para evitar impugnaciones. Si la comisión por el caso AMIA es una referencia por la positiva, la comisión por la estatización de la empresa Ítalo, es lo contrario. Esta comisión, creada en el 83’, funcionó como una suerte de antesala del Juicio a las Juntas: abocada a investigar la estatización de la compañía eléctrica durante la dictadura militar, citó hasta a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. La comisión, entonces, no solo mandó a allanar oficinas sin orden judicial, sino que además terminó a los tiros en el estacionamiento del Congreso. 

Un episodio que la oposición, en esta ocasión, busca evitar.

La estrategia opositora

En este momento, sin embargo, la comisión se encuentra bloqueada como resultado de una maniobra del presidente de Martín Menem. El riojano modificó el ecosistema de la Cámara de Diputados, armó interbloques oficialistas y rompió bancadas aliadas, y todo para asegurarse unas sillas más en la comisión. Y lo logró. La composición terminó en un empate —14 diputados de la oposición y 14 diputados del oficialismo y sus aliados (que incluye al PRO, al MID, al radicalismo de Rodrigo de Loredo, el radicalismo mileísta y las fuerzas provinciales— y la comisión nunca pudo ponerse a funcionar.

Martín Menem dialoga con el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez

La multipartidaria opositora, que se percibe irónicamente como el “Grupo A” de la era Milei, necesita desbloquearla para ponerla a funcionar. Y para eso necesita hacerse con la presidencia. ¿Por qué? Porque quien sea presidente tendrá la facultad de desempatar. Y, en un escenario inamovible de 14-14, quien desempate será quien definirá la actividad de la comisión. 

El objetivo de la oposición es convocar, el próximo miércoles, una sesión para forzar una votación de las autoridades en el recinto. No hay antecedente de ello, y la oposición sabe que Menem buscará impugnar su maniobra con el reglamento. En la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, incluso, ya lo vienen advirtiendo: “No se puede designar el presidente de una comisión con una moción, no existe”, argumentan, irritados.

Frente a esto, la estrategia opositora es solo una: apelar a la mayoría del pleno. “Quien puede lo más puede lo menos”, rezan, como máxima, en la oposición. 

Empate en la comisión investigadora. A la izquierda, los 14 aliados de Milei. A la derecha, los 14 opositores.

El oficialismo buscará evitar que haya quórum, y apelarán a la alianza del Gobierno con los gobernadores. Pero la oposición cuenta, esta vez, con una ventaja. Y es que a los gobernadores les sirve tener abierto el escándalo $LIBRA para esmerilar a Milei en el marco de la campaña electoral. “A nosotros nos conviene que esté abierta. Afecta la imagen del Gobierno. Lo del PAMI, lo de Ficha Limpia, y esto. Lo va desgastando”, admite un referente cordobés del llaryorismo que fue clave para habilitar la sesión que derivó en la aprobación de la creación de la comisión. Sin Martín Llaryora y el apoyo silencioso de otros gobernadores, la multipartidaria opositora nunca hubiese juntado el número.

Son estas fuerzas provinciales las que serán claves en la sesión de la semana próxima. Los armadores de la oposición porotean y especulan que tendrán 129 diputados para abrir la sesión. Aunque todavía hay varios cabos sueltos a resolver. Y uno de ellos es quién será la persona que ocupe la presidencia de la comisión.

La candidata de UxP, que es la bancada opositora más numerosa (tiene 98 diputados propios), es la massista Sabrina Selva. Pero algunas fuerzas provinciales comenzaron a operar con que no quieren a un peronista. Proponen, en cambio, a algunos de los referentes del “centro”, como el pichettista Oscar Agost Carreño, el lilito Maximiliano Ferraro o la radical Danya Tavela. Será el peronismo quien tendrá que analizar si acepta poner a un diputado de otro bloque, sabedor que quienes se anoten en la carrera ocuparán, durante los tres meses que dure la comisión, uno de los lugares de poder más importantes del Congreso.

MC/JJD

Criptomoneda $LIBRA: avanza la investigación sobre el patrimonio de Javier Milei y su hermana Karina

Criptomoneda $LIBRA: avanza la investigación sobre el patrimonio de Javier Milei y su hermana Karina

La jueza María Servini pidió informes sobre el mandatario y la secretaria general de la Presidencia para investigar su evolución patrimonial desde el año 2023 al presente ante las denuncias presentadas en febrero pasado. La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy.

La jueza federal María Servini libró un oficio al Banco Central para que informe los entidades bancarias que operan o hayan operado cuentas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otras tres personas clave investigados en el escándalo del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en febrero pasado.

Esto se da en medio de la puja en Diputados, donde la oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión para activar la investigación a los hermanos Milei por el criptogate y cuando Luis Caputo Mariano Cúneo Libarona, más preocupados por el cierre de campaña de Manuel Adorni de cara a las elecciones legislativas porteñas del próximo domingo, se ausentaron, una vez más, a la interpelación aprobada por el Congreso.

Ahora, Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado al Presidente y su hermana para investigar su evolución patrimonial ante las denuncias presentadas en la investigación que está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales. En el oficio se pide información desde el año 2023 al presente.

La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso, Mauricio Novelli, Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Manuel Terrones Godoy.

En el caso del primero, Novelli, la medida alcanza a su madre María Alicia Rafaele y su hermana María Pía Novelli, luego de que filmaciones de seguridad de la sucursal del Banco Galicia donde tienen cajas de seguridad, las mostraron entrando con bolsos vacíos el 17 de febrero por la mañana y saliendo con los mismos abultados tras, supuestamente, vaciar el contenido.

Ello ocurrió el primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei que promocionó el lanzamiento de la criptomoneda, en la tarde del viernes 14 de febrero. En relación a las imágenes incorporadas al caso en un informe de la Policía Federal, la fiscalía analiza si hubo un vaciamiento de esas cajas de seguridad que, cuando fueron allanadas semanas después, estaban vacías.

Se trata de un informe de la división “Lavado de Activos” de la PFA donde dan cuenta ante un requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano que la madre y hermana de Novelli habrían salido con bolsos “aparentemente” abultados de un banco luego de pedir acceso a las cajas de seguridad.

El hecho ocurrió en la sucursal Martínez del banco pocos minutos después del horario de apertura a las 10. En base a imágenes pedidas a la entidad bancaria se constató que las mujeres ingresaron con bolsos que estarían vacíos y salieron con los mismos ya con una apariencia “abultada”.

“A las 11:03:08 se visualiza a las Sras. en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados”, consigna el informe según fuentes judiciales.

El escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del presidente Milei promocionando su aparición.

El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.

¿Familiares de Novelli vaciaron cajas de seguridad tras el lanzamiento de $LIBRA?

Una imagen de las cámaras de seguridad de un banco mostró a la madre y a la hermana de Mauricio Novelli, empresario vinculado al presidente Javier Milei en el escándalo con la criptomoneda $Libra, vaciando las cajas de seguridad que habían abierto pocos días antes. 

Además, una foto de la División Lavado de Activos de la Policía Federal ratificó que luego del lanzamiento del token, las dos mujeres, Alicia Rafele y María Pía Novelli, retiraron el dinero que tenían guardado. 

Según el informe, “Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones”. Al retirarse, “carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso que al ingresar”.

Mauricio Novelli, quien además fue el nexo entre el presidente, su hermana Karina y Hayden Davis (uno de los capitalizadores del proyecto), había contratado el servicio de las cajas diez días antes del tuit presidencial. Sin embargo, mandó a vaciarlas el primer día hábil después de consumado el “rug pull”, una estafa en el ámbito de las criptomonedas.

En tanto, trascendió que el fiscal Eduardo Taiano ya recibió las pruebas que muestran a los familiares de Novelli en la bóveda del banco, con el objetivo de iniciar una investigación. 

El 4 de febrero, tan solo diez días antes de que el presidente publicara el tuit que promocionaba la criptomoneda $Libra, Novelli dio de alta dos cajas de seguridad para luego viajar a Estados Unidos.

En tanto, el viernes 14 de febrero Milei compartió el link de $Libra, un emprendimiento que provocó pérdidas a más de 40 mil inversores, ya que, horas después de su creación el activo se desplomó. 

El 16, Mauricio Novelli retornó al país, y al días siguiente sus familiares pasaron por el banco para vaciar las cajas de seguridad.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno postergó el blanqueo de dólares "bajo el colchón" y culpó al kirchnerismo por señalarlo de "electoralista"

El Gobierno postergó el blanqueo de dólares

Patearon para después de las elecciones porteñas la medida. El funcionario apuntó contra la oposición, pese a que en los últimos tres días había dado tres conferencias de prensa desde la Casa Rosada.

Adorni aprovecha al máximo el aparato comunicativo del Estado antes de las elecciones

Fue el anuncio del no-anuncio. Luego de tres conferencias consecutivas desde la Casa Rosada en los últimos tres días, el vocero-candidato Manuel Adorni apareció este jueves en redes sociales para confirmar que el Gobierno pospuso las medidas que buscan que se formalicen los dólares que están “debajo del colchón”.

El funcionario del Gobierno encontró una explicación llamativa sobre el retroceso oficial: acusó al kirchnerismo de señalar la medida como “electoralista”. El domingo se vota en la Ciudad de Buenos Aires y Adorni es el primer candidato de La Libertad Avanza. Esta mañana había dicho en una entrevista en A24 que el anuncio se podría haber esta misma tarde. Todo cambió en cuestión de unas pocas horas.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, lanzó Adorni en su cuenta de X.

El Gobierno pateó para adelante así una medida que ya adelantó días atrás el propio Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La intención es atraer los dólares que estarían en posesión de particulares pero sin estar bancarizados. Extraoficialmente se estima que serían unos U$S200.000.000.

La marcha atrás del Gobierno sobre el blanqueo se conecta con la suspensión del viaje de Milei a Roma para la asunción de León XIV como papa. Si el Presidente viajaba no iba a hacer solo, sin compañía de su hermana Karina, que ya había confirmado que se quedaba con Adorni para las elecciones porteñas. Ahora la Casa Rosada pone todas sus fichas al resultado del domingo en la contienda legislativa porteña.

La medida sobre el blanqueo es aún una incógnita, porque el Gobierno habilitaría a formalizar dólarres mediante una sencilla declaración jurada. No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que no habrá una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Como publicó hoy elDiarioAR, que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.

MC

Sin una ley que los habilite, los contadores discuten si los contribuyentes se animarán a blanquear sus dólares

Sin una ley que los habilite, los contadores discuten si los contribuyentes se animarán a blanquear sus dólares

El Gobierno anunciará próximamente un nuevo blanqueo que saldrá por decreto o resolución. Algunos profesionales advierten sobre el riesgo de que en futuras gestiones pidan explicaciones por los fondos gastados. Otros, en cambio, consideran que la amnistía tributaria puede tener éxito para incentivar la compra de bienes durables.

El vocero presidencial y candidato a las elecciones legislativas porteñas de este domingo, Manuel Adorni, anticipó este lunes, en su sprint final de conferencias de prensa en la Casa Rosada, que este jueves el Gobierno anunciará los detalles de las nuevas medidas para que se puedan blanquear dólares ahorrados en la informalidad con una sencilla declaración jurada. Pero hoy dio marcha atrás y pospuso el anuncio para los próximos días.

No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que no habrá una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.

En tiempos en que el presidente Javier Milei y sus alfiles andan por la vida descalificando críticos como mandriles, ensobrados, corruptos y demás, un famoso contador prefiere el anonimato a la hora de opinar. “Hay varias opciones para el nuevo blanqueo. Uno es el régimen de presentación espontánea, que ya existe, que perdona multas y punitorios pero no impuestos. Así que no. Dos, el bloqueo fiscal, que se aplicó en el año 2000: vos presentabas tu declaración jurada y las autoridades si no la objetaban, no podían reclamarte para atrás. Pero tuvo sus problemas. Tres, planes de pago de impuestos más laxos. Cuatro, blanquear incrementos patrimoniales no justificados. Cinco, suspender los regímenes de información que se exigen, por ejemplo, a bancos y escribanías, aunque el día de mañana otro gobierno te puede venir a pedir información. Por eso, necesitás una ley para generar la confianza para que el contribuyente se presente.”

“¿Cómo vas a convencer al que no blanqueó en el blanqueo que acaba de terminar de que mañana no vienen los K y te rompen el que te dije?”, se pregunta el contador. “Ya pasó tras el blanqueo de (Mauricio) Macri (en 2016/2017): después vino Alberto (Fernández) y te subió la alícuota de Bienes Personales, te puso el aporte solidario, muchos se mudaron a Uruguay y EEUU y los persiguieron igual”, agregó. Sin embargo, la amnistía fiscal de 2024/2025, que finalizó la semana pasada, fue exitosa al blanquear US$31.000 millones. “Es que hubo gente que volvió a negrear y volvió a blanquear y además ahora blanqueó el chiquitaje”, responde el contador citado. En 2016/2017 se registraron US$117.000 millones, casi cuatro veces más plata que ahora, y la mayoría fueron sociedades y cuentas offshore. Con Milei predominó el efectivo, la plata bajo el colchón o en cajas de seguridad.

Otro experto contable baraja la posibilidad de que “en principio no sería un blanqueo formal sino que la persona podrá depositar plata hasta un determinado monto en el banco sin que le pidan información”. “Tienen que alinearse varios cambios normativos a través de un decreto para que no tenga la persona problema cambiario, fiscal, penal. Si las condiciones están bien amparadas y si es gratis (no se pagarían multas por blanqueo, como ya ocurrió con Milei), puede haber oportunidades para que la gente entre. La idea es apuntar a que ese dinero vaya al sistema productivo: autos, motos, electrodomésticos. También estaría bueno que los que están obligados a mantener los dólares hasta el 31 de diciembre por el blanqueo anterior puedan retirarlos con algún fin específico. Siempre hay que proteger todas las actividades de lavado de dinero para que no entremos en problemas con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Entendemos que al ser montos chicos, no debería comprometerlo”, opina este segundo contador consultado, aunque otro colega, Arnaud Iribarne, advierte que si alguien quiere blanquear US$1 millón, puede juntar nueve testaferros y entre él y ellos cada uno declararía US$100.000, que es la cifra tope a la que apuntarían.

Algunos contadores advierten que un blanqueo sin ley que lo apruebe resultaría ilegal. Uno de ellos señala que “se va en contra de varias normas, entre ellas la ley de procedimiento tributario 11.683, que grava los incrementos patrimoniales no justificados con Ganancias e IVA. No sé cómo podrían resolverlo sin cambiar la ley. Ahora, si fueran a liberar lo ya blanqueado es otra cosa”, apunta a los fondos de la amnistía anterior que estaban bloqueados en cuentas hasta fin de año.

Iribarne considera que un blanqueo requiere de una ley y que sin ella se posibilita que “traficantes de drogas, armas y personas, los coimeros o los que trabajan en el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral)” pueden registrar su dinero malhabido. Es decir, a diferencia de las amnistías anteriores, los funcionarios, sus padres y sus hijos también podrian gastar fondos ocultos, salvo que lo prohíba el Ejecutivo. Y este contador opina que aquellos que blanqueen no correrán riesgos: “Un blanqueo sin ley es ilegal, pero si hay un decreto o resolución que lo respalda, no corre riesgo el evasor. Una vez que el Gobierno decreta o resuelve, es un hecho consumado, un derecho adquirido para el contribuyente, un nuevo gobierno no puede discutir lo que hizo el anterior. Pero dos blanqueos en dos años lesiona la relación fisco/contribuyente: los que venimos cumpliendo nos sentimos unos pelotudos”.

 

AR/MG