San Jose De Miraflores

Noticias de Jujuy

Tras los cruces por Ficha Limpia, Mauricio Macri cree que es difícil un acuerdo PRO-LLA en la provincia de Buenos Aires

En medio de las tensiones por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el expresidente Mauricio Macri aseguró que no hubo progreso alguno en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Esto ha complejizado aún más el intento, que por ahora es solo un intento y que no se había logrado avanzar en absolutamente nada”, afirmó Macri en declaraciones a Radio Mitre.

“Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 (de junio) y después nos trataremos de sentar a ver si, en un tono respetuoso, se puede avanzar”.

Macri también rechazó los ataques del oficialismo contra el PRO, especialmente los dirigidos a la diputada Silvia Lospennato, impulsora de Ficha Limpia, a quien el presidente Javier Milei acusó de “mentirosa”. “La verdad que el nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia, que en este caso nos representa, es inaceptable”, sostuvo.

Sobre la derrota del proyecto en el Senado —donde dos senadores misioneros cambiaron su voto—, Macri cuestionó la reacción del gobierno: “Si los traicionaron los misioneros, tendrían que haber ido contra (Carlos) Rovira y los misioneros, pero no se escuchó ningún insulto hacia ellos”. Y añadió: “No es nada coherente todo esto”.

Finalmente, el exmandatario defendió el rol del PRO en la oposición, destacando que “nunca” se sintió opositor al gobierno de Milei porque comparten ideas económicas, y remarcó que su bloque “puso el hombro” pese a no estar en el poder.

Macri sostuvo que nadie cuida a Javier Milei

“Nadie lo cuida al presidente, él no tiene acceso a toda la información por el modo de manejarse. Él no está en el día a día y no le informan correctamente”, dijo Macri.

“Hay gente que no lo cuida, están destruyendo el valor de la palabra presidencial. En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial. La cantidad de cosas y datos que él dio sobre Fihca Limpia y el Gobierno de la Ciudad está lleno de errores, que alguien se los escribió”, cerró.

Lospennato confesó que pensó en "dejar la política" tras el fracaso de Ficha Limpia

La declaración se produjo durante una entrevista radial que compartió con el ex presidente Mauricio Macri en Radio Mitre, a solo una semana de las elecciones legislativas porteñas, programadas para el próximo domingo 18 de mayo.

“Pensé en dejar la política porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración... Deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso”, expresó Lospennato durante la entrevista.

La diputada nacional describió el momento como una profunda desilusión, cuestionando el sentido de su labor política ante lo que percibió como un blindaje a la impunidad.

El proyecto Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción accedieran a cargos públicos, generó un intenso debate en el Congreso. La votación en el Senado, que resultó desfavorable a la iniciativa, desencadenó una ola de críticas y dejó a Lospennato visiblemente afectada.

“Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad?”, reflexionó la diputada, evidenciando su frustración ante lo que consideró un revés para la transparencia y la ética en la función pública.

La revelación de Lospennato se produce en un momento crucial de la campaña electoral, justo cuando se abre el último fin de semana previo a los comicios legislativos porteños. Sus declaraciones generaron un fuerte impacto en el electorado y en el ámbito político, reavivando el debate sobre la necesidad de reformas que garanticen la integridad en la administración pública.

MU con información de agencia NA

Tras la mediación de Trump, la India y Pakistán ponen en pausa su mayor escalada bélica en 26 años

Tras casi tres semanas de creciente tensión que culminaron en una intensa jornada de ataques masivos a objetivos militares, la India y Pakistán acordaron este sábado un alto el fuego inmediato, mediado por Estados Unidos, poniendo fin a su peor escalada de violencia en lo que va de siglo, con un saldo de aproximadamente un centenar de fallecidos.

Ambos bandos confirmaron la noticia minutos después del anuncio estadounidense, en una aparente acción coordinada, aunque ninguna de las dos naciones hizo mención pública al papel de Estados Unidos en la negociación.

 El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que las conversaciones entre la India y Pakistán se trasladarán a una sede neutral para su continuación.

 Por su parte, la India confirmó que los directores generales de Operaciones Militares de ambos países tienen previsto reunirse nuevamente el 12 de mayo a las 12:00 hora india (6:30 GMT).

Breve Conflicto al Borde de la Guerra

Este acuerdo de alto el fuego llegó después de una jornada de alta intensidad.

Durante las horas previas, la India y Pakistán intercambiaron ataques con misiles y drones, marcando una de las jornadas con mayor despliegue de ataques en décadas y reviviendo los fantasmas de una guerra a gran escala como la de Kargil en 1999, a pesar de los numerosos enfrentamientos de menor envergadura registrados desde entonces.

Al menos 98 personas han muerto desde el pasado 22 de abril, cuando hombres armados mataron a tiros a 26 turistas -en su mayoría indios- en una popular pradera en la zona de Pahalgam, en la Cachemira controlada por la India. La India responsabilizó a Pakistán de facilitar el ataque, considerando este hecho como el punto de inflexión de la crisis.

 Sin embargo, Islamabad ha negado reiteradamente cualquier implicación, desafiando a Nueva Delhi a presentar pruebas de su supuesta conexión con el atentado, pruebas que hasta el momento no han sido divulgadas.

'Operación Bunyanun Marsoos' y respuesta India

La tensión alcanzó su punto álgido este sábado con el lanzamiento por parte de Pakistán de la denominada 'Operación Bunyanun Marsoos' (Muro de hierro), que consistió en una serie de ataques con misiles y drones dirigidos contra objetivos en territorio indio, incluyendo instalaciones militares.

La India admitió haber sufrido daños “limitados” en bases de su Fuerza Aérea ubicadas en Udhampur, Pathankot, Adampur y Bhuj, ciudades cercanas a la frontera y desde donde se habían lanzado previamente ataques contra Pakistán.

 No obstante, India restó importancia a la magnitud de los daños reportados por su contraparte, que aseguraba una destrucción considerablemente mayor.

En respuesta a estos ataques, y siguiendo la pauta de los días precedentes, la India declaró haber atacado bases aéreas en seis localizaciones de Pakistán, acción que este último país, también en línea con su respuesta habitual, afirmó haber interceptado.

A pesar de que ninguno de los ejércitos reportó bajas directas en estos intercambios, la disputada región de Cachemira fue escenario de 16 muertes adicionales como consecuencia del fuego de artillería empleado por ambos países desde el inicio de la escalada.

Según el portavoz del Gobierno regional de la parte de Cachemira administrada por Pakistán, Mazhar Hussain, 13 personas perdieron la vida y 56 resultaron heridas. Al otro lado de la Línea de Control, en la Cachemira india, fallecieron tres personas, incluyendo un funcionario público.

Llamadas a la moderación

La intensa actividad militar de esta jornada dio paso a una tensa calma durante las primeras horas del día, que se disipó con el anuncio del alto el fuego por parte del presidente Trump.

Tanto la India como Pakistán habían emitido mensajes apelando a la moderación, aunque cada uno instando al otro a dar el primer paso hacia la desescalada.

A pesar de la tregua acordada, el comodoro Raghu R. Nair, de la Armada india, afirmó en una rueda de prensa que su país se mantendrá vigilante y comprometido con la defensa de su soberanía, y advirtió de que cualquier futura escalada requerirá una respuesta contundente.

En las horas previas al anuncio del alto el fuego, la comunidad internacional había intensificado sus llamamientos a la contención. Arabia Saudí, China y los países del G7 instaron a la India y Pakistán a buscar una solución pacífica al conflicto y a detener la escalada, sumándose a las numerosas naciones que en los últimos días expresaron su preocupación ante el temor de un conflicto a gran escala entre dos potencias nucleares.

MU con información de la agencia EFE

En un evento cerrado y con seguridad privada, el Estado argentino premió en España a un economista amigo de Milei

El economista ultralibertario Jesús Huerta de Soto fue distinguido con la beca de honor del Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, una institución pública del Estado nacional que funciona en Madrid. La ceremonia, que se realizó este viernes por la tarde en el auditorio de la residencia, estuvo marcada por el secretismo y las restricciones de acceso: a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente con este tipo de eventos, el acto fue cerrado al público y vigilado por seguridad privada. Además, fue encabezado por la actual directora del Colegio, Eva Carrasco Bañuelos, ciudadana española sin vínculos previos con la Argentina y designada a principios de este año de manera excepcional para ocupar ese cargo diplomático por el gobierno de Javier Milei.

La distinción a Huerta de Soto, una de las principales figuras del anarcocapitalismo mundial y cercano asesor intelectual del presidente Milei, fue entregada en un contexto de una incipiente politización de la gestión del Colegio, que desde su fundación, hace 54 años, se caracterizó por su función académica y cultural para que estudiantes e investigadores argentinos puedan desarrollar sus actividades educativas de grado y posgrado en la capital de España. El Colegio funciona como residencia estudiantil para que muchos estudiantes pueden continuar allí sus estudios, ofreciendo alojamiento a precios más accesibles.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez la ceremonia no fue anunciada públicamente: no hubo comunicado oficial ni difusión en el sitio web del Colegio. Solo algunos residentes fueron informados de manera verbal sobre la presencia del economista español, quien además dio una charla.

En lugar del acceso libre hasta completar el aforo —algo habitual en los eventos que se realizan este establecimiento, según pudo saber elDiarioAR—, este año se contrató a un guardia de seguridad privada para controlar la entrada de la residencia, ubicada en la Ciudad Universitaria de Madrid. Esto convirtió la ceremonia en un evento más propio de un acto privado que de una actividad del Estado argentino financiada por los contribuyentes, que en su gran mayoría viven a 12.000 kilómetros de distancia.

Eva Carrasco Bañuelos, encargada de entregar la beca de honor a Huerta de Soto, es esposa del economista alemán ultralibertario Philipp Bagus, autor del libro titulado La Era Milei. El vínculo personal entre ambos economistas y la actual directora del Colegio provoca críticas internas por la percepción de que este histórico centro educativo se está transformando en un espacio para la promoción de las ideas libertarias, una forma de hacer propaganda con los recursos del Estado.

El Colegio Mayor Argentino, fundado en 1971 y adscripto a la Universidad Complutense de Madrid, fue creado con el objetivo de estrechar las conexiones culturales y académicas entre la Argentina y España. A lo largo de las décadas, pasaron por sus instalaciones personalidades como Jorge Luis Borges, científicos, artistas y académicos que contribuyeron a enriquecer los vínculos entre ambos países. El Colegio se propuso históricamente ofrecer un entorno de convivencia y formación académica libre de sesgos políticos, y con una orientación pluralista.

Un premio excepcional

Las becas del Colegio Mayor Argentino, que no implican ningún beneficio económico —de hecho, los residentes deben pagar su estancia, que puede ir de 800 a poco más de 1.000 euros mensuales—, son tradicionalmente entregadas a los estudiantes que habitaron al menos un año la institución y se destacan por su participación académica y cultural. Este año, se decidió entregarle la beca de honor a Huerta de Soto, un académico sin antecedentes de colaboración con el Colegio Mayor ni con la Argentina, pero sí con un ferviente admirador suyo en Buenos Aires: el presidente Milei.

La ceremonia estaba prevista para comenzar a las 19 de este viernes, pero se retrasó media hora sin explicaciones oficiales. Dentro del Colegio, la percepción es que la residencia está siendo utilizada para fortalecer los lazos ideológicos entre el Gobierno argentino y algunos de los principales referentes del anarcocapitalismo europeo.

Huerta de Soto, que fue recibido como un “coloso de las ideas de la libertad” por el propio Milei en su visita reciente a Buenos Aires ya había recibido otro reconocimiento oficial del Estado argentino: el 27 de abril, en un acto celebrado en el Salón Blanco de Casa Rosada, fue condecorado con la Orden de Mayo, una de las máximas distinciones reservadas para extranjeros que realizaron aportes destacados al país. En esa ocasión, Milei lo elogió públicamente, reconociéndolo como mentor intelectual junto al economista argentino Alberto Benegas Lynch (h), a quien el mandatario considera prócer, y destacó su influencia en las políticas de ultraliberalización económica de su gestión.

Además, Huerta de Soto participó de varios actos durante esa visita, incluyendo una cena privada en la Quinta de Olivos y un homenaje en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), donde recibió un doctorado honoris causa, el mismo reconocimiento que esa institución le otorgó a Milei en 2022 y que el presidente argentino usa para autodenominarse doctor en actos oficiales.

JJD

Presas de "alto perfil" en Santa Fe: 24 horas al día encerradas en una celda, aisladas y sin hacer nada

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG