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Noticias de La Pampa
Un abogado que el Gobierno puso de juez en el CIADI ahora litiga contra el país por YPF en ese tribunal
La administración Milei mantuvo al menos hasta julio a García Sanz como árbitro del tribunal del Banco Mundial donde se dirimen las disputas con inversores. Pero este martes este letrado se presentó como patrocinante del estudio de abogados buitre británico Burford para reclamar en esa corte contra la nacionalización tras el fracaso en EE.UU.
Todo cambia y muy rápido. En septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei designó al abogado Agustín García Sanz como árbitro (juez para casos específicos) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial donde a lo largo de las últimas tres décadas la Argentina ha sido demanda por rupturas contractuales y estatizaciones por parte de multinacionales. Sanz pertenece al estudio Three Crowns, con sedes principales en Londres y París, pero con oficinas en Madrid, Washington y Singapur. Pero este martes García Sanz se presentó como patrocinante del estudio de abogados buitre británico Burford en una demanda contra la Argentina por la renacionalización de YPF en el CIADI, según reveló este miércoles el periodista Alejandro Bercovich en Radio Con Vos y de acuerdo con documentos a los que accedió elDiarioAR. Por cierto, ya no figura más como árbitro argentino al tribunal. Se supone que renunció a la postulación para representar a Burford.
En septiembre de 2024, el ministro de Justicia era Mariano Cuneo Libarona, secundado por Sebastián Amerio, mientras el procurador del Tesoro era Rodolfo Barra y su número dos, Andrés de la Cruz, exabogado de los Eskenazi. Precisamente, Burford compró el derecho que tenían estos empresarios exsocios de YPF para litigar en casos relativos a la petrolera nacional.
En aquel mes de 2024, el Gobierno nombró a cuatro árbitros ante el CIADI: tres argentinos, Diego Fernández Arroyo, Mónica Pinto, Raúl Vinuesa y García Sanz, residente en Madrid desde 2024. Este abogado antes había trabajado en estudios de la City porteña, Bomchill y Marval O'Farrell & Mairal, y en EE UU. Hasta julio pasado aparecía en los registros del tribunal del Banco Mundial como árbitro de la Argentina. Pero ya no (ver adjunto).
El abogado designado por la administración Milei, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un master en Chicago, pasó de representar a la Argentina a litigar en su contra dos meses después. Hace dos años escribía en la web del estudio Three Crowns al anunciar su nombramiento como árbitro: “Estoy honrado de ser designado en el Panel de Árbitros y Conciliadores del CIADI y estoy sinceramente agradecido a la República Argentina por la oportunidad de atender casos tan importantes” (ver aparte).
Pero este martes Burford, tras fracasar en su litigio ante la Corte Suprema de EE UU contra la nacionalización de YPF de 2012, cumplió su promesa de volver a intentarlo pero en el CIADI y lo hizo bajo el patrocinio de los estudios King & Spalding; Kellog, Hansen, Todd, Figel & Frederick y Three Crowns, que a su vez puso a diez letrados a cargo. Uno de los diez es García Sanz. En la web del CIADI, la demanda de Burford figura como la de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que son las sociedades de los Eskenazi que tenían el 25% de YPF y a partir de las cuales el estudio buitre británico demanda al país. Si vence, no sólo embolsará dinero para sí sino que podrá saldar las deudas de los Eskenazi con Repsol y bancos internacionales por la compra de aquel 25%.
Este es el tipo de abogados que el gobierno libertario había nombrado para terciar en millonarios litigios que enfrenta la Argentina por el pasado y que podrá encarar en el futuro, sobre todo porque el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) permite recurrir al CIADI no sólo a las empresas de más de 40 países con tratados bilaterales de protección de inversión sino a las de todo el mundo. Incluso las compañías argentinas pueden ir allá en lugar de someterse a los juzgados locales. No hay nación del mundo que haya delegado así la soberanía judicial, según expertos como Luciana Ghiotto, de la Universidad de San Martín. Consultado por elDiarioAR sobre el caso de Sanz, el Gobierno mantuvo el silencio.
Pero lo que Bercovich presentó como un escándalo no termina ahí. Sanz y el resto de los patrocinantes de Burford incluyeron en la demanda de este martes argumentos que incluyen una frase que pronunció Milei como presidente en contra de la reestatización. “Incluso, el presente gobierno de la Argentina ha desautorizado a sí mismo las medidas de 2012, y su actual presidente las ha admitido como ilegales e injustificadas. Después del juicio del Segundo Circuito (tribunal de Nueva York) de marzo de 2026, el presidente Javier Milei declaró en televisión que 'expropiar está mal porque robar está mal' y describió la renacionalización de YPF como una 'aventura suicida' que 'puso a toda la Argentina en riesgo'. La desautorización del presidente Milei sólo subraya que las medidas de la Argentina de 2012 sirvieron para un propósito no legítimo”.
Es curioso que ahora Burford utilice las palabras de Milei para litigar contra el país, cuando antes había usado las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para lo mismo. En 2012, entonces viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner argumentó en el Congreso que sería “estúpido” si cumpliera con el estatuto de YPF que obligaba a comprar el 99% de la empresa y defendió que se podía expropiar por ley sólo el 51%, que era lo que el Estado podía pagar y finalmente le abonó a la española Repsol dos años después. En primera y segunda instancia en EE.UU. Burford ganó y parecía que la Argentina iba a tener que darle US$16.000 millones, más de lo que vale el 51% estatal de YPF, pero la Corte Suprema de la superpotencia terminó dándole la razón a Kicillof: la ley de un país estaba por encima del estatuto de una empresa. El gobierno de Milei se terminó jactando de que su amistad con el de Donald Tump había influido para dar vuelta los fallos previos.
Pero ahora Burford toca las puertas de otro tribunal: no desiste de buscar un resarcimiento por la expropiación. El negocio de los fondos buitres es comprar una deuda perdida y litigar por ella. A eso está abocado y no se rinde. Enfrenta otra vez a la Argentina, que tras la nacionalización de 2012 inició un camino de recuperación y ascenso en el negocio mundial de los hidrocarburos. Y para ello ha contratado al abogado que hasta hace muy poco que el gobierno de Milei había puesto a representar al país.
AR/MG
El Gobierno contraría a sus propios aliados y va a la guerra por las prestaciones en discapacidad
Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza vuelve a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. Cortocircuito entre Casa Rosada y el Congreso. El oficialismo negociaba un dictamen con los aliados cuando la presentación del Presupuesto dinamitó las conversaciones.
El Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con las personas con discapacidad. Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. El Presupuesto 2027 no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90: una fantasía impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo.
Las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición: el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos.
“Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”, se quejó un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado. La idea era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad – como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión.
El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas.
El Presupuesto 2027, por un lado, desmantela la ley de emergencia de discapacidad que se sancionó el año pasado, Milei vetó, el Congreso insistió, se buscó eliminar en el Presupuesto y la oposición rechazó en el recinto. El proyecto propone volver al modelo de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como única vía legal y directa para acceder a una pensión (que pasará a quedar a manos de la discrecionalidad del Ejecutivo). La incompatibilidad laboral se vuelve automática y no por dos sueldos mínimos, como establece la ley para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Lo más grave es que barre con el sistema de prestaciones que viene funcionando desde hace 30 años. No solo elimina la actualización mensual obligatoria de las prestaciones (que se estableció en la ley de emergencia), sino que elimina el arancel único que paga cada obra social y prepaga a los prestadores. La idea del Ejecutivo –cuyo autor intelectual es Lugones– es liberar a cada obra social y prepaga pueda definir los vales y las terapias que cubre.
Quitan, además, la garantía legal de cobertura de salud. Es decir que la cobertura médica obligatoria dejará de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones.
“Esto es invotable”, advirtieron los representantes de las provincias de Misiones, Córdoba y Santa Fe.
“División de poderes”
El cortocircuito entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso quedó expuesto en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.
En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.
Los aliados sospechan de una interna del Gobierno: Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna.
“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.
MCM
Pese al anuncio de Milei, la Base Naval Integrada de Ushuaia no tiene partidas específicas en el Presupuesto 2027
El ministro de Defensa, Carlos Presti, dijo esta mañana que la obra costará US$450 millones en cuatro años y que "está contemplada" en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso. Pero en la iniciativa oficial que llegó anoche al Congreso no hay ninguna referencia a la plataforma.
“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.
En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.
La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.
Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.
Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.
El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.
La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.
El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.
El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”
MC
Milei consolida el salto de fondos para la SIDE: tendrá un presupuesto 87% mayor al original de 2026
El Gobierno proyectó $181.472 millones para la central de inteligencia. Durante este año había reforzado su caja en casi $80.000 millones más mediante dos DNU. El aumento acompañó la reorientación del organismo hacia amenazas externas, el despliegue por Malvinas y la creación de una nueva carrera de agentes.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá en 2027 un presupuesto 87% mayor al que había recibido originalmente para 2026. El proyecto que Javier Milei envió este martes al Congreso contempla $181.472 millones para el organismo que conduce Cristian Auguadra, frente a los $97.135 millones con los que había comenzado este año. En el medio hubo una diferencia decisiva: a lo largo de 2026, el Gobierno reforzó la caja de la central de inteligencia en casi $80.000 millones a través de dos DNU.
Ese recorrido queda parcialmente oculto en las planillas del nuevo Presupuesto. Allí, el Ministerio de Economía toma como punto de comparación los $176.916 millones que la SIDE tiene actualmente disponibles y no la partida con la que comenzó el año. Por eso, oficialmente, el salto previsto para 2027 aparece reducido a apenas 2,6%: $4.556 millones adicionales.
La foto completa es otra. Entre el presupuesto original y las sucesivas ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo, los recursos de la SIDE crecieron durante 2026 alrededor de 82%. Y si la comparación se extiende hasta los $181.472 millones proyectados para el próximo ejercicio, la nueva base presupuestaria de la inteligencia argentina queda casi 90% por encima de aquella con la que Auguadra había arrancado el año.
El primer salto ocurrió en julio. A través del DNU 594/2026, el Gobierno incorporó unos $49.261 millones para la SIDE y llevó el crédito del organismo hasta aproximadamente $146.397 millones. De aquella ampliación, $7.466 millones fueron destinados a gastos reservados, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre salarios, equipamiento y gastos de funcionamiento.
La segunda ampliación llegó a comienzos de septiembre, apenas unos días antes de que el Poder Ejecutivo terminara de cerrar el proyecto de Presupuesto que enviaría al Congreso. El DNU 867/2026 agregó otros $30.519 millones al programa de Información e Inteligencia y terminó de llevar el crédito vigente hasta los $176.916 millones que ahora aparecen como base de comparación para 2027.
El movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el ajuste acumulado en otras áreas del Estado desde la llegada de Milei. Mientras el Presidente reforzó los fondos de la SIDE, el proyecto mantiene partidas todavía muy por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el Presupuesto 2027, el gasto destinado a educación y cultura se mantiene cerca de un 40% por debajo de 2023 en términos reales, mientras que en ciencia y tecnología la caída ronda el 30% y la obra pública permanece aproximadamente 60% por debajo de aquel nivel.
La trayectoria de la inteligencia fue distinta. En 2023, último año completo antes de la llegada de Milei, la central todavía funcionaba bajo la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); al año siguiente, el Gobierno la disolvió y restituyó la SIDE como órgano superior de un sistema dividido en distintas agencias. Desde entonces, el área recorrió el camino inverso al de buena parte de la administración pública: según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la SIDE acumulaba hasta agosto de 2026 un aumento del 42% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que el gasto total de la Administración Pública Nacional había caído un 32% en la misma comparación.
Entre el Papa y Malvinas
El movimiento presupuestario acompañó una transformación más amplia de la SIDE bajo la conducción de Cristian Auguadra y el diseño político de Santiago Caputo. Una primera explicación pública sobre el destino de esos recursos apareció el 25 de agosto, cuando Auguadra se presentó por primera vez desde su llegada al organismo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja.
La reunión concentró durante varias horas a buena parte de la cúpula de la inteligencia argentina en el quinto piso del anexo del Senado. Junto a Auguadra estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, y el director de Operaciones, Diego Kravetz. Los legisladores preguntaron por el Plan de Inteligencia Nacional, el funcionamiento del nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y, especialmente, por el crecimiento de los fondos reservados.
Fue allí donde la conducción de la SIDE puso sobre la mesa una de las justificaciones para el incremento presupuestario. Según pudo reconstruir entonces elDiarioAR, los gastos secretos habían pasado de alrededor de $19.000 millones a $27.000 millones y Auguadra vinculó los aproximadamente $8.000 millones adicionales con las necesidades operativas y de seguridad previstas para una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Hasta ese momento, la SIDE había ejecutado unos $12.019 millones en gastos reservados y se comprometió a remitir a los legisladores información adicional sobre su utilización.
Pero la explicación sobre el Papa convivió con otra definición que anticipaba hacia dónde buscaba orientar la nueva conducción parte de las capacidades de inteligencia. Auguadra habló ante los legisladores de la necesidad de proteger recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre y mencionó expresamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la proyección sobre la Antártida como asuntos que requerían capacidad estatal para anticipar amenazas.
Apenas nueve días después de aquella presentación, Malvinas dejó de ser un ejemplo utilizado puertas adentro para convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda presidencial. El 3 de septiembre, Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión y anunció un paquete de medidas. La SIDE había participado directamente de la preparación de ese giro. Durante los meses anteriores, el organismo elaboró un informe de inteligencia sobre el proyecto petrolero Sea Lion, con información sobre movimientos de buques, puntos de extracción e imágenes satelitales.
Ese trabajo terminó funcionando como una de las bases informativas de la ofensiva que Milei hizo pública. Después de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con sanciones contra compañías vinculadas a actividades en las islas y comenzó a preparar una modificación legislativa para ampliar el alcance de las penalidades, incluso sobre proveedores y otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.
El episodio encajó además con el perfil que Caputo pretende imprimirle a la nueva SIDE, más orientada hacia la contrainteligencia, las amenazas externas y la protección de intereses estratégicos. Malvinas apareció así como una primera vidriera pública de esa doctrina. Un movimiento que tuvo esta semana otro capítulo con la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, presentado por la SIDE como una estructura profesional destinada a trascender las administraciones de turno y nutrirse de perfiles especializados.
El nuevo estatuto establece una carrera para los agentes con mecanismos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, capacitación y evaluaciones de desempeño, en lugar de tomar la antigüedad como criterio determinante. La reforma, que comenzará a implementarse plenamente desde el 1° de enero de 2027, forma parte del mismo proceso de reorganización iniciado con el polémico DNU de enero pasado y busca dotar a la central de cuadros propios para las nuevas funciones que el Gobierno pretende asignarle.
PL/MG
Santilli acelera con los gobernadores: tres reuniones clave por el Presupuesto 2027 y la agenda de Milei
El jefe de Gabinete recibe entre este miércoles y jueves a mandatarios de Catamarca, Corrientes, Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego. El Gobierno necesita apoyos para el proyecto de gastos, la reforma electoral y Malvinas.
Apenas unas horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el Presupuesto 2027, Diego Santilli pondrá en marcha la negociación política necesaria para intentar convertir las proyecciones de Luis Caputo en una ley. El jefe de Gabinete recibirá entre este miércoles y el jueves a siete gobernadores en tres reuniones en la Casa Rosada, con una agenda que no se agotará en las cuentas públicas: el oficialismo también buscará apoyos para la reforma electoral y el nuevo proyecto sobre Malvinas.
La primera cita será hoy a las 15, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Será el primer contacto formal con un grupo de mandatarios provinciales después de que el Ejecutivo girara el proyecto a Diputados y, sobre todo, el comienzo de una discusión en la que los gobernadores buscarán llevar la conversación desde las grandes variables macroeconómicas hacia un terreno bastante más concreto: cuánto dinero habrá para las provincias y qué margen existe para recuperar recursos y obras después de tres años de ajuste.
La ronda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli recibirá junto con Caputo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, una presencia que le dará a ese encuentro un carácter particularmente económico. Pasado el mediodía será el turno del chaqueño Leandro Zdero y, por la tarde, el jefe de Gabinete cerrará las conversaciones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Las reuniones representan el paso inmediatamente posterior a la mesa política que se realizó el martes en la Casa Rosada. Allí, Caputo presentó ante el núcleo político del Gobierno las variables con las que fue confeccionado el Presupuesto: 4% de crecimiento del PBI, una inflación promedio del 21,1%, salarios creciendo 25,4%, exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit comercial de más de US$15.000 millones. Para el dólar se calculó un promedio anual de $1.728.
El Gobierno también volvió a colocar el superávit fiscal como condición innegociable del programa. Ese punto será precisamente uno de los límites con los que Santilli deberá negociar con las provincias: cualquier concesión que implique mayores partidas deberá convivir con la decisión de Milei y Caputo de no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
La discusión comienza, además, sobre un Presupuesto que llega después de tres años de fuerte contracción del gasto. El proyecto establece $202,10 billones de gasto total para la Administración Nacional y, aunque contempla algunas recuperaciones respecto del presupuesto vigente, mantiene varias áreas muy por debajo de los niveles de 2023. Es allí donde puede aparecer una de las principales tensiones con los gobernadores, especialmente alrededor de la obra pública y la infraestructura, dos rubros que durante toda la gestión de Milei formaron parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.
La denominada “ley de leyes” comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados durante la primera semana de octubre. Hasta entonces, la Casa Rosada intentará detectar qué reclamos provinciales pueden ser atendidos sin alterar el corazón del programa fiscal y, sobre todo, qué gobernadores están dispuestos a traducir el diálogo con Santilli en votos de sus diputados y senadores.
Una negociación que va más allá del Presupuesto
El oficialismo pretende aprovechar las reuniones para avanzar también sobre otras prioridades. Una es la reforma electoral, cuyo debate comenzó a moverse en el Congreso y para la cual La Libertad Avanza todavía necesita ampliar su base de apoyos. La modificación de las PASO y del sistema electoral exige una mayoría especialmente difícil de construir, por lo que la posición de los gobernadores vuelve a ser determinante.
El asunto fue discutido el martes en la mesa política. Patricia Bullrich repasó allí el comienzo del tratamiento en comisiones y el estado de las conversaciones parlamentarias. La estrategia oficial pasa por evitar una votación hasta contar con los números necesarios, mientras Santilli trabaja sobre los mandatarios provinciales que pueden inclinar a sus legisladores. Jalil y Zdero se encuentran entre los gobernadores que expresaron respaldo a la reforma.
El tercer tema será Malvinas. El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, preparado durante las últimas semanas por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que contempla endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva política que Milei puso en marcha alrededor del reclamo de soberanía y que ahora pretende trasladar al Congreso. Las tres discusiones tienen calendarios y dificultades diferentes, pero comparten una misma necesidad: votos que La Libertad Avanza no puede garantizar por sí sola.
PL