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Final abierto: el Gobierno no logró boicotear la sesión y el Senado se encamina a convertir la Ficha Limpia en ley

Todo está listo para que, este miércoles, el Senado sesione y sancione la Ficha Limpia, una ley que, de aprobarse, impedirá que Cristina Fernández de Kirchner pueda volver a candidatearse para un cargo nacional. Atrapado en su propia estrategia, el Gobierno hizo lo imposible para embarrar la sesión: dejó trascender que no estaba el número, mandó a juntar firmas como si fueran una ONG y, como frutilla del postre, amenazó con incluir un proyecto para congelar las dietas de los senadores. Al final, el libertario Ezequiel Atauche se granjeó el odio de sus compañeros. Pero no logró bajar la sesión. Los votos, otra historia. 

Emisario de Santiago Caputo en el Senado de la Nación, el jefe de la bancada libertaria, el jujeño Atauche, terminó resignándose ante lo inevitable: se le había agotado el crédito político, los aliados se habían hartado de las idas y vueltas de la novela de Ficha Limpia y estaban dispuestos a perder la votación con tal de no volver a dilatar la discusión. Había logrado desactivar las dos últimas sesiones, pero la tercera había sido la vencida. El miércoles a las 11.30 habría sesión por Ficha Limpia.

No solo eso. También se debatirán las autoridades de la Cámara alta y un proyecto que declara la emergencia de Bahía Blanca. El peronismo, en pie de guerra contra un proyecto que, denuncian, busca proscribir a CFK, buscará cobrarse su revancha y presentar un proyecto para interpelar a Karina Milei por el caso $LIBRA. 

Maniobras y contramaniobras

Si bien falló, Atauche intentó desactivar la sesión hasta último momento. Desprolijamente y a las patadas. La última maniobra consistió en amagar con incluir un proyecto que propone prorrogar el congelamiento de las dietas de los senadores, que en mayo aumentaron a más de 6 millones de pesos. El objetivo de la jugada, digitada desde la oficina de Caputo en Casa Rosada, no quedaba del todo clara. 

En el PRO especulaban que el Gobierno buscaba embarrar la cancha, tapar la sanción de la Ficha Limpia con el debate sobre cuánto ganan los senadores. “Es 100% Santiago Caputo. Reemplazar el festejo del PRO con Ficha Limpia y apuntarle a la casta”, desliza un senador amarillo. 

En la práctica, sin embargo, lo único que logró fue generar confusión y más enojo contra el jefe de la bancada libertaria. “Atauche, ¿vos me vas a poner de tu bolsillo lo que me saquen con esta ley?”, lo increpó, furiosa, una senadora aliada por los pasillos del Senado. Era mediodía, Atauche todavía trabajaba con la idea de que se presentaría un proyecto sobre las dietas —que aún ni existía— y solo atinó a reírse, incómodo. “No, no”, le respondió, buscando esquivarla. 

La senadora continuó increpándolo durante unos minutos, acusándolo de hipócrita. Y, cuando Atauche logró liberarse, caminó unos pasos y se dio de frente con otro senador, esta vez radical, que también lo insultó por el proyecto.

El clima en el Senado era hostil. Al cansancio por las maniobras del Ejecutivo para no tratar Ficha Limpia se le sumaba la desprolijidad de los voceros del oficialismo. Atauche había metido la pata hace un par de semanas, cuando en una reunión de labor con todos los jefes de bloque opositores admitió que al Gobierno no le interesaba tratar Ficha Limpia, y desde entonces se paraba de tropezarse con nuevos errores no forzados.

Hasta el oficialismo estaba harto. “Si no querían que saliera tendrían que haberlo manejado de otra forma”, mascullaba un senador libertario, que entraba y salía de la oficina de Victoria Villarruel. 

La presidenta del Senado, mientras tanto, había decidido guardar un silencio cauteloso. Villarruel respalda la ley de Ficha Limpia y sabe que el Ejecutivo no, por lo que mira el debate desde afuera. Casi ni participó en la reunión de labor parlamentaria que se desarrolló por la tarde en su propio despacho. La vicepresidenta tiene, de momento, otra prioridad: votar las autoridades del Senado, una tarea pendiente que quedó trunca en febrero, cuando los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia se rebelaron y le retacearon el quórum.

El objetivo de la vice es designar a su asesor, el cordobés Emilio Viramonte, en la Secretaría Administrativa. El cargo quedó vacante desde que renunció María Laura Izzo, y Villarruel necesita asegurarse que lo ocupe un dirigente de su riñón. Enemistada con el Ejecutivo y desgastada su relación con los senadores, la vicepresidenta necesita comenzar a recuperar el control del Senado. 

“Nosotros estamos”

Luego de varias idas y vueltas, de boicots y sesiones suspendidas, de operaciones mediáticas y provocaciones electorales, el Senado tratará el proyecto de Ficha Limpia. El proyecto, que tuvo media sanción en Diputados en febrero, necesita conseguir unos 37 votos para sancionarse, ya que requiere una mayoría especial por ser una reforma electoral. Los únicos senadores que se oponen abiertamente a su sanción son los peronistas de Unión por la Patria, que representan un total de 34 votos. Del otro lado, entre PRO, radicales, libertarios y fuerzas provinciales, quedan 38 votos: uno más del necesario para sancionar la ley. 

En la teoría, hay número para sancionar Ficha Limpia. Pero la realidad práctica, sin embargo, es muy distinta.

“Nosotros estamos todos”, advierten, desde el lunes, los senadores del PRO y el radicalismo, buscando dejar en claro que si la sesión se frustra por falta de número será responsabilidad del Gobierno. Los aliados sospechan. Miran con atención a los gobernadores del Norte, habituales aliados del Gobierno. Desconfían del Ejecutivo y advierten que, cualquier ausencia intempestiva, será una señal de que el Gobierno levantó el teléfono para bajar la sesión. 

En los despachos de LLA, mientras tanto, señalan que hay número para sancionar el proyecto, que prohíbe las candidaturas nacionales de las personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción. “Va a haber sesión y se va a sancionar”, juran y rejuran. 

Los aliados, sin embargo, no les creen. Algunos sospechan que el oficialismo intentará, en consonancia a lo que pide un sector del radicalismo, introducir modificaciones de último momento, de manera tal que el proyecto vuelva a girar a Diputados. Están alertas. Su estrategia es ir a sentarse y, en el caso de que todo fracase, exponer al oficialismo. 

El peronismo, mientras tanto, guarda silencio. Los alfiles de UxP apuestan a que la elección porteña haga el trabajo suyo por ellos: saben que el Gobierno no quiere darle una victoria a Silvia Lospennato, autora intelectual (aunque no material) de la Ficha Limpia, una semana antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que dejan hacer. 

Por la tarde, algunos senadores estuvieron en el Instituto Patria, reunidos con CFK. Esperando lo mejor y preparándose para lo peor. Si la ley sale se buscará judicializar. Pero primero quieren ver si están los votos.

MC/JJD

Ficha Limpia: las leyes que vetan candidaturas por condenas penales ya rigen en varios países, aunque no sin polémica

Leyes que prohíben a políticos condenados ser candidatos en elecciones ganaron terreno en países como Brasil, Perú, Italia y Colombia. Prometen elevar la vara ética en la política, aunque organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como expertos constitucionalistas, advierten sobre sus riesgos: desde restricciones indebidas a los derechos políticos hasta una afectación de la presunción de inocencia. Mientras tanto, en nuestro país el Senado discutirá en el recinto un proyecto similar, bautizado Ficha Limpia, con muchas chances de convertirlo en ley después de años de intentos fallidos.

El concepto de Ficha Limpia remite a normas que impiden que personas con determinadas condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos. En algunos países, alcanza con una condena en primera instancia. En otros, se exige una sentencia confirmada en segunda instancia. Y en otros, la inhabilitación política solo entra en vigencia cuando la condena está firme. Aunque los detalles varían, el eje común es uno: no dejar competir a quienes enfrentan antecedentes judiciales graves, por el tiempo que dure la condena o incluso más allá.

El caso brasileño

Brasil fue el primer país de la región en establecer un régimen de Ficha Limpia a nivel nacional. Lo hizo en 2010, luego de una campaña ciudadana que reunió más de un millón de firmas. La ley fue sancionada por el Congreso y declaró inelegibles a los candidatos condenados en segunda instancia por delitos como corrupción, lavado de dinero, abuso de poder económico o violencia sexual, entre otros. También impidió la postulación de funcionarios que hubieran renunciado para evitar un juicio político.

La ley se aplicó por primera vez en las elecciones generales de 2012. Desde entonces, más de mil candidaturas fueron impugnadas. La más resonante fue la del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ahora, presidente de nuevo, desde 2023), quien en 2018 quedó fuera de la contienda presidencial luego de que una Cámara de Apelaciones confirmara su condena por corrupción. Lula encabezaba las encuestas, pero su inhabilitación abrió el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal declaró constitucional la norma, pero se produjo una gran debate nacional sobre la ley. Los defensores sostuvieron que se trata de una regulación válida sobre el acceso a cargos públicos. Los críticos cuestionaron que se impidiera competir a personas sin sentencia firme y advirtieron que la norma podía volverse una herramienta para apartar adversarios incómodos del juego electoral.

La vara más baja de Perú

En Perú, el umbral para aplicar la Ficha Limpia es aún más bajo. La legislación electoral vigente impide ser candidato a quienes tengan una condena penal en primera instancia por delito doloso, aunque no esté firme. La inhabilitación se mantiene mientras la condena esté vigente. Esto generó una gran cantidad de exclusiones en elecciones regionales y nacionales, incluso en casos donde los fallos judiciales estaban apelados.

El Congreso peruano intentó avanzar en 2024 con una reforma constitucional para endurecer aún más el régimen, incorporando una prohibición de diez años para postularse a cargos públicos después de cumplir la condena. La propuesta no prosperó, pero mostró que el clima político sigue orientado a limitar los derechos políticos de quienes pasaron por la justicia penal.

Las organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el uso indiscriminado de la inhabilitación en Perú. En algunos casos, incluso se excluyó a candidatos por delitos menores, sin condena firme, lo que encendió señales de alerta sobre el uso selectivo de las normas.

Italia y la Ley Severino

Italia adoptó su propia versión de Ficha Limpia en 2012, con la llamada Ley Severino. A diferencia de las experiencias latinoamericanas, la inhabilitación solo se aplica cuando hay una condena penal firme y por delitos que tengan una pena superior a los dos años. La inhabilitación puede ser de seis años o, en ciertos casos, perpetua.

Uno de los casos más conocidos fue el de Silvio Berlusconi, condenado en 2013 por fraude fiscal. Cuando la sentencia quedó firme, perdió su banca en el Senado y quedó inhabilitado para competir durante seis años. La norma fue criticada por los seguidores y los aliados de Berlusconi, que denunciaron una persecución judicial, pero recibió un amplio respaldo político.

En comparación con Brasil y Perú, el modelo italiano se presenta como más garantista: no alcanza con una condena en primera o segunda instancia, sino que se exige el agotamiento del proceso judicial para aplicar la restricción.

La “muerte política” en Colombia

Colombia adoptó una postura más extrema. La Constitución fue reformada para establecer que cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado queda inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. No hay posibilidad de postulación, ni siquiera después de cumplir la pena. La norma también incluye delitos aberrantes como los abusos sexuales contra menores.

Esta inhabilitación vitalicia rige solo si hay una condena firme. La reforma se aprobó luego de un proceso de movilización ciudadana contra la corrupción y fue respaldada por todas las fuerzas políticas. Entre los casos alcanzados por esta medida están los de exgobernadores, exsenadores y otros funcionarios condenados por el caso Odebrecht.

El precedente de Gustavo Petro, quien en 2013 fue destituido por vía administrativa por el entonces procurador general y luego repuesto por decisión de la CIDH, consolidó la idea de que solo una sentencia judicial firme puede restringir derechos políticos.

Las advertencias internacionales

La ONU y la CIDH establecieron criterios sobre la validez de estas restricciones. Según el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo se puede limitar el derecho a ser elegido cuando existe una condena penal por un juez competente. Es decir, no alcanza con una condena en primera o segunda instancia. Mientras haya recursos pendientes, la persona debe ser considerada inocente.

“Hasta que una persona no tenga condena firme sigue gozando de presunción de inocencia”, recordó el jurista Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, en declaraciones a la radio AM750. El problema, explicó, es que los proyectos de Ficha Limpia que se aplican desde instancias previas a la sentencia firme contravienen este principio básico del derecho.

Además del riesgo de anticipar la pena, existe el temor de que estas leyes sean usadas con fines políticos. En escenarios polarizados, una condena en segunda instancia puede convertirse en una herramienta para sacar de carrera a un dirigente con chances reales. La ONU y la CIDH ya denunciaron prácticas de este tipo en países como Venezuela, donde las inhabilitaciones administrativas impidieron la participación de líderes opositores. En contextos así, la línea entre el control ético y la proscripción se vuelve difusa.

Varios constitucionalistas también señalaron que el diseño de estas normas debe respetar el principio de proporcionalidad. No es lo mismo una condena por malversación de fondos públicos que por omitir una declaración jurada. Tampoco debería ser lo mismo una inhabilitación de por vida que una restricción temporal. Sin estos matices, advierten, la Ficha Limpia corre el riesgo de transformarse en una herramienta arbitraria.

Un debate inconcluso en la Argentina

En nuestro país la discusión lleva más de casi una década. El proyecto de Ficha Limpia fue impulsado por organizaciones civiles y presentado en varias oportunidades en el Congreso. Algunas provincias, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, ya adoptaron sus propias versiones. A nivel nacional, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto en 2023. Ahora el asunto está el Senado, que muy probablemente sancione la ley este miércoles.

El texto aprobado propone impedir que sean candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, sin necesidad de que la sentencia esté firme. La propuesta también incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

El peronismo rechaza la iniciativa. Denuncia que el objetivo es impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad ya fue confirmada en segunda instancia pero aún no está firme. El PRO —con Silvia Lospennato como principal impulsora de la iniciativa—, en cambio, argumenta que el proyecto busca cerrar la puerta a la “puerta giratoria” de los condenados, que usan sus candidaturas como forma de obtener fueros o evitar condenas.

Todo indica que el Senado convertirá el proyecto en ley esta semana. Será el primer régimen nacional de Ficha Limpia en la Argentina. Una vez vigente, lo que defina su alcance no será la letra de la norma sino cómo y contra quién se la haga valer; si se trata de una herramienta para mejorar la política o de una nueva forma de ordenarla según conveniencia.

JJD

El Gobierno confirmó la salida de los cinco venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas

El Gobierno argentino confirmó este martes la salida exitosa de los cinco opositores venezolanos que permanecían asilados en la Embajada Argentina en Caracas desde marzo de 2024.

Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, los refugiados fueron trasladados a suelo estadounidense en una operación conjunta con apoyo del país norteamericano.

El presidente Javier Milei agradeció especialmente al secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, por su “compromiso personal en esta operación, que ha hecho posible que estos verdaderos héroes recuperen finalmente su libertad”.

Los cinco opositores son Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Magalí Meda, todos integrantes del equipo cercano a María Corina Machado, líder de la principal fuerza opositora en Venezuela.

“El Gobierno Nacional valora profundamente los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes por mucho tiempo estuvieron bajo protección argentina de la persecución del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el comunicado.

La operación fue coordinada en sigilo y tuvo apoyo logístico internacional. Además, la administración Milei reiteró su compromiso con la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista.

“Su libertad es una prioridad para este Gobierno y no vamos a frenar hasta alcanzarla”, concluyó el texto oficial.

MM con información de la agencia NA.

Termina el blanqueo, pero pretenden extenderlo entre críticas por la evasión y el lavado

La tercera y última fase del blanqueo de capitales 2024/2025 finaliza este miércoles, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, planea prorrogarlo. En las primeras dos etapas se registraron US$31.252 millones que habían evadido 278.000 contribuyentes, a razón de US$112.000 por cabeza, en un país con 45 millones de habitantes.

El blanqueo permitió registrar sin pagar impuestos hasta US$100.000 y abonar por el excedente de esa cifra 5% en la primera etapa finalizada en noviembre, 10% en la segunda que duró hasta febrero y 15% en la que cierra ahora. Sólo se pudo declarar efectivo en la primera fase.

Caputo dijo este lunes que quiere apuntar a los “dólares encanutados en el colchón, en cajas de seguridad o donde sea”, sin explicitar las cuentas offshore, como aquellas por las que fue investigado en el gobierno de Mauricio Macri. Y abogó por que se usen “sin dar explicaciones” a las autoridades. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, declaró el ministro, aunque en los países desarrollados y aquellos que pretenden serlo tanto las autoridades tributarias como la de lucha contra el lavado de dinero sí exigen esclarecer el origen de los fondos.

No está claro cómo se instrumentará el nuevo blanqueo que propone Caputo, pero el que se votó por ley en el Congreso el año pasado establece que el Ejecutivo puede prorrogar cualquiera de las fechas de las tres etapas hasta el 31 de julio. Por eso no se descarta un decreto que reabra el fase 1, que permitía el blanqueo de efectivo.

El Gobierno busca prorrogar la amnistía fiscal o impulsar una nueva para impulsar el consumo y el ingreso de dólares, en tiempos en que necesita acumular reservas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en que pretende seguir apreciando el peso para bajar la inflación. Pero la medida despierta críticas de expertos que defienden la lucha contra la evasión y la injusticia tributarias y contra el lavado de activos de ese origen o del crimen organizado, ya sea el narco, la trata de personas o el tráfico de armas.

La economista experta en tributación internacional Verónica Grondona señala que la Unidad de Información Financiera (UIF) debería modificar los umbrales de montos a partir de los cuales se exigen explicaciones. “Es un manotazo de ahogado que erosiona aún más la confianza en el sistema. Con tantos blanqueos y moratorias, todos los contribuyentes saben que cualquier delito que cometan no tiene punibilidad. Esto contribuye más a eso y los efectos son desastrosos. Después está la evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) respecto del cumplimiento de Argentina de las normas contra el lavado de activos el financiamiento del terrorismo”, advierte Grondona, integrante de la Comisión Independiente por la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés).

María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, opina que la nueva iniciativa de Caputo va “muy a contramano del mundo”. Ya tenemos récord de blanqueos, pero dos en menos de un año desafía todos los sentidos comunes. Tiene mucho sentido en su lógica. Si el Gobierno considera que pagar impuestos es un robo, esto contribuye a seguir erosionando la poca o mucha cultura fiscal que tenemos. Además de que es una nueva puerta de entrada a los flujos financieros ilícitos“, alerta Eliosoff.

“Si se sancionara un nuevo blanqueo, se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó”, apunta Alejandro Gaggero, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Argentina llevó adelante ocho amnistías desde el retorno de la democracia. La realización periódica de esta medida contradice las recomendaciones de los expertos sobre el tema, incluso los del FMI, que coinciden en que, por las perjuicios que genera en una cultura fiscal democrática, tiene que ser una medida excepcional. Argentina también incumple otra de las recomendaciones, que es que las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que incluyan reformas que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión. En nuestro país la implementación de blanqueos tuvo una lógica cortoplacista, principalmente para enfrentar la restricción externa. El perjuicio de esto es que se tiende a degradar todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento. Por otro lado, agrava la injusticia fiscal, porque la evasión que se perdona es la de los impuestos más progresivos, por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos de las amnistías anteriores muestran que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, los que blanquean son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de (Mauricio) Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio fue de casi US$450.000”, completa Gaggero.

“Huele a desesperación y va contra cualquier estatuto de control de lavado de activos”, opina Francisco Cantamutto, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur. "Algo de éxito puede tener, aún quedan dólares dando vueltas fuera del sistema, y estirar el veranito, pero acaba de pasar otro blanqueo el año pasado, no sé cuánto más exista realmente dispuesto a reingresar. Por otro lado, el Gobierno sigue relegando fuentes de recaudación afectando al resultado fiscal”, agrega Cantamutto.

El contador Arnaud Iribarne comparte el rechazo. “Todo blanqueo erosiona la relación fisco contribuyente. Si sabés que va a haber blanqueo, hoy no facturás. No podés hacer blanqueos todo los años. Es gravísimo a nivel UIF, GAFI, abriéndote al narco, la trata, las armas. Muestra la desesperación por seguir captando dólares por cualquier lado, es grave, serio. No creo que se pueda hacer sin el Congreso”, evalúa la posibilidad de que se extienda más allá de julio.

En cambio, el economista y diputado radical Martín Tetaz apoya la iniciativa gubernamental, como en su momento votó el blanqueo. “Estoy en contra de hacer un blanqueo por decreto, no se puede hacer, pero generar un mecanismo para que la gente se ponga al día y use la plata que tiene en el canuto me parece perfecto. Por decreto no se pueden condonar impuestos, pero sí multas e intereses punitorios. El Gobierno busca más ofertas de dólares para tener el dólar planchado para las elecciones, bajar la inflación y que los precios de los productos aspiracionales de la clase media, que están en dólares, como electrodomésticos, motos y autos, estén más accesibles. Es la más fórmula más vieja que la Coca-Cola para ganar una elección”, analiza Tetaz.

El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo opina que, por lo que dijo Caputo, parece “un nuevo blanqueo encubierto para eludir su paso por el Congreso, con el fin de conseguir dólares a cómo dé lugar y ver si puede generar algún repunte del consumo que viene planchado”. “Obvio que va a favorecer a todos los negocios de plata negra, incluyendo el narco. Agrego que conseguir esos dólares tiene el fin de sostener la bicicleta financiera”, concluye Castillo.

Su colega peronista Rodolfo Tailhade se suma a la crítica: “Es una barbaridad ilegal y en contra de los estándares internacionales fijados básicamente por GAFI. Los que entren a sabiendas de que un decreto o resolución conjunta no es una herramienta legal válida, pueden ser denunciados por violación a la ley penal tributaria y a la ley de lavado”, señala Tailhade.

AR/JJD

Franco Colapinto recuperó su lugar en la Fórmula 1 y debuta con Alpine en Imola

Alpine confirmó que el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romaña y formará parte del equipo en las siguientes cinco carreras. Ocupará el lugar del australiano Jack Doohan.

Este reemplazo se dio en medio de un conflicto entre los directores de la escudería francesa, en donde Flavio Briatore siempre se mostró a favor de que el pilarense sea quien ocupe el puesto para acompañar a Pierre Gasly.

Por otro lado, Oliver Oakes defendía y acompañaba a Doohan como la persona correcta para correr en Alpine, pero tras los malos resultados en el Gran Premio de Miami -donde no pudo completar la carrera tras chocar en la primera vuelta con el neozelandés Liam Lawson y debió abandonar por una pinchadura en uno de sus neumáticos-, el británico decidió renunciar el pasado martes, según confirmó la propia escudería.

A esa desafortunada actuación en Estados Unidos se le sumó su mal presente, ya que Doohan no supo sumar puntos en la escudería francesa en ninguno de los seis Grandes Premios disputados hasta el momento.

De esta forma, en estos últimos días, muchos medios confirmaban que el argentino correría en la próxima carrera en reemplazo del australiano. El mismo martes, se vio a un piloto -que luego se confirmó que era Ritomo Miyata y que el pilarense haría las pruebas el miércoles- con un casco completamente negro probar uno de sus monoplazas en el circuito de Zandvoort. Horas después, una fanática, en sus redes sociales, posteó una fotografía con Colapinto en ese mismo lugar.

El pilarense volverá a la Fórmula 1 tras su positivo paso por Williams en la temporada pasada, donde consiguió disputar nueve carreras y conseguir finalizar en el dos veces en el duodécimo lugar, octavo (sumando cuatro puntos), undécimo, décimo, décimo cuarto y abandonó en tres ocasiones.

El debut de Colapinto en Alpine será en Imola, por la séptima fecha del campeonato que lidera el australiano Oscar Piastri. Luego dirá presente, al menos, en los GP de Mónaco, España, Canadá y Austria.

Bajo un periodo de pruebas, tal como lo estuvo Doohan, el argentino deberá demostrar en estas cinco carreras que merece un lugaer en la Fórmula 1, si desea continuar en la Máxima hasta el final de la temporada.

A su vez, el pilarense volverá a las pistas en un circuito que conoce muy bien y que le trajo muchas alegrías al ganar dos veces, una en Fórmula 3 y otra en Fórmula 2. 

En 2022, Colapinto logró en Imola su primera victoria internacional en la Fórmula 3, con una definición vibrante.

En 2024, en el mismo trazado, se impuso en la Sprint Race de la Fórmula 2 con una maniobra memorable en la última vuelta, superando ni más ni menos que a Paul Aron, con quien se disputaba el puesto de Doohan ya que el estonio es uno de los pilotos de reserva de Alpine.

Colapinto volverá a las pistas, esta vez con los colores de Alpine, el domingo 18 de mayo a las 10 (hora argentina) en el marco del Gran Premio de Emilia-Romaña.