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Diputados aprobó un aumento en las jubilaciones y una moratoria previsional, pero el Gobierno ya dijo que los vetará

Después de la sesión fallida, después del veto presidencial del año pasado, después de 16 convocatorias de jubilados que, todos los miércoles de 2025, se movilizaron en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un aumento para las jubilaciones. Fueron 142 votos a favor: una mayoría contundente que, sin embargo, no llega a los dos tercios que la oposición necesitará conseguir cuando Javier Milei lo vete. La iniciativa pasará, ahora, al Senado para su sanción, y la oposición tendrá hasta entonces para conseguir el número que falta.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición aprobó un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y un aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima, que pasará a ser de $110 mil y se actualizará por inflación. Acompañaron el peronismo, el pichettismo, la Coalición Cívica, la izquierda y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre.

Fue el propio presidente Javier Milei quien dejó en claro que nada de lo aprobado hoy pasará su filtro. En su cuenta de X escribió lo que ya había anticipado a lo largo del día su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el delicado equilibrio fiscal.

El PRO, que está preparando su fusión con LLA, salió en defensa del Gobierno, pero hubo algunos rebeldes. Silvia Lospennato, que reapareció por primera vez desde la derrota porteña, se abstuvo, así como también el resto de la tropa macrista: María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, entre otros. La UCR de Rodrigo de Loredo, mientras tanto, también se abstuvo.

La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la aprobación de la moratoria previsional: con 111 votos a favor y 100 en contra, el peronismo logró darle media sanción a una nueva moratoria para los próximos dos años.

El palacio y la calle

La oposición había logrado construir una sesión que era una síntesis, la contracara, del malestar social que había ido intensificándose en los últimos días y llegó a su clímax este mismo miércoles, cuando los feminismos, los jubilados, los médicos del Garrahan, los científicos del CONICET y las personas con discapacidad se convocaron en las afueras del Congreso. Una postal de unidad de la calle y el palacio que la oposición utilizó como ariete durante toda la sesión.

“No podemos vivir en un país en donde los jubilados y pensionados se mueren de hambre todos los días”, comenzó Victoria Tolosa Paz (UxP), que se encargó de defender el 7,2% de incremento para todas las jubilaciones, que fue el incremento que Milei pisó al no incluir la inflación de enero de 2024 cuando modificó la fórmula jubilatoria. “La calle nos lo exige y no hay Patria pegándole a los jubilados, hay Patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”, insistió, y apuntó contra los partidos que no habían dado quórum: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”.

UxP impulsaba, además de la actualización del bono jubilatorio y el incremento para todas las jubilaciones, una moratoria previsional por dos años que permitiera incorporar al sistema a todas las personas en edad de jubilarse que no tenían la cantidad de años de aportes. Sospechaban que no tendrían el número, pero insistieron hasta el final y, finalmente, se aprobó.

“Con la situación actual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar. Es de sentido común que lo justo es que la gente se pueda jubilar. ¿Qué es lo justo y que lo injusto? Para el Gobierno es justo que los que evadieron impuestos puedan blanquear. Y para los trabajadores nada. Los ricos que fugan son héroes, los pobres que están en la informalidad son villanos”, afirmó Itai Hagman (UxP), quien insistió en corregir una frase que se repitió durante el debate. Es decir, que las jubilaciones a la baja eran responsabilidad de las constantes moratorias. “Es falso porque el sistema previsional se financia más con impuestos regulares que por los aportes y contribuciones”, explicó.

La libertaria Juliana Santillán, que había asegurado en televisión que una familia podía vivir con $360 mil mientras se peleaba con una médica del Garrahan, no tomó la palabra en el debate, pero fue una protagonista del debate. “Parece que los funcionarios del Gobierno viven en una nube, no van al supermercado o no pagan un alquiler. No tienen idea de lo que cuesta vivir”, la cruzó Nicolás del Caño (FIT), en un reclamo que repetirían varios de los diputados de la oposición.

El oficialismo y sus aliados en el PRO y el radicalismo optaron por utilizar el argumento del equilibrio fiscal para justificar su rechazo a los proyectos. “Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche”, acusó la bullrichista Silvana Giudici, una de las más vehementes defensoras del Gobierno en el recinto.

“Estamos cansados del falso debate. Es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”, los cruzó la radical jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que dio quórum a contramano de lo que definió el resto del bloque que preside de Loredo. Solo ella, Fabio Quetglas y Julio Cobos habilitaron la sesión, el resto de la UCR apostó a boicotearla.

“Dejemos de decir que no hay plata, porque hubo para bajar impuestos a los más ricos y financiar a la SIDE. Los héroes del Presidente que no pagan aportes y contribuciones ahora van a acceder de manera gratuita a consagrar esa evasión mientras los jubilados tienen que elegir en la farmacia qué medicamento compran”, sumó Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que propuso revisar el gasto tributario para costear el costo fiscal de las medidas.

Santiago Santurio, uno de los integrantes de la agrupación de las Fuerzas del Cielo, apostó a una defensa política, apuntando todos los cañones contra el kirchnerismo. “Hablar de empatía es una caradurez. ¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? Ustedes gobernaron”, los cruzó, y agregó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza y de perjudicar a los argentinos de bien”.

El fantasma de un futuro veto presidencial, sin embargo, sobrevoló toda la sesión. La oposición había logrado sortear las presiones del Gobierno, había conseguido el quórum y había aprobado un incremento para los jubilados. La multipartidaria opositora estaba de fiesta, pero la experiencia del año pasado, cuando también sancionó un incremento jubilatorio que fue vetado por Milei, los hacía moverse con cuidado. La pelea recién había empezado.

MC/MG

“Si somos muchos no reprimen”: Ni Una Menos, jubilados y un abanico de reclamos frente a un Congreso vallado

Inés avanza entre la gente con su metro cincuenta, gorra negra, el pelo corto blanco medio celeste y lentes de sol redondos. Tiene 80 años y hace dos se recibió de una carrera universitaria. Estudió artes visuales. Es jubilada y cuenta que cobra apenas un cachito más que la mínima. Su familia la ayuda aunque no le guste. Siempre quiso ser autónoma. Vive sola, hace natación y le gusta pintar.

—Como todos los jubilados, la patronal no te aporta, tenés que ir a juicio y hacer un montón de trámites para jubilarte.

Inés llega a la marcha frente al Congreso Nacional sola. Tiene el celular en la mano y saca fotos de carteles. No va todos los miércoles. Solo los que sabe que va a haber mucha gente y no le va a pegar la Policía. Este 4 de junio quería estar sí o sí. Por los trabajadores del Garrahan, por las y los discapacitados, por la universidad pública que le dio la oportunidad de estudiar a los 70 años y por Ni una Menos, una marcha a la que va desde sus comienzos.

—Ante la movilización el Gobierno no se queda tranquilo, por eso ponen vallas por todos lados. Saben que lo que hacemos es importante y si somos muchos no reprimen.

La marcha de los jubilados y jubiladas de este 4 de junio reunió a todos los sectores y concretó una estrategia que se teje desde hace unos meses: los miércoles como día de lucha, el cordón antirepresivo para cuidar a los más viejos y viejas y la unidad en la diversidad como respuesta a la violencia y las políticas del gobierno de Javier Milei.

En esa unidad estuvieron los feminismos, el colectivo LGTBIQ, residentes, trabajadores y trabajadoras del Garrahan y de otros los hospitales nacionales, discapacitados, familiares y trabajadores que piden la declaración de emergencia, sindicatos y organizaciones de la economía popular e informal, movimientos sociales, pueblos originarios, periodistas y fotoperiodistas, migrantes, hinchadas de fútbol, estudiantes secundarios y universitarios, niños y niñas, familias, grupos de amigas y amigos, organizaciones de la cultura, docentes e investigadores de Conicet y un etcétera cada vez más amplio.

En el año y medio que lleva Milei en el poder las resistencias se organizaron de a poco y en la dificultad de la precarización y la fragmentación. Hubo una necesidad de salir a la calle enseguida, desde diciembre con el primer DNU, pero los ataques son tantos que cuesta enfocar, poner cada uno en agenda, visibilizar las particularidades. Hubo marchas masivas que mostraron la multisectorialidad de las demandas. Y la marcha de este 4 de junio siguió en la misma línea. Ante la unidad de la política libertaria en el ataque de todos los frentes la respuesta fue la unidad de todos los frentes.

El Congreso vallado

La masividad se anticipó desde el día antes, cuando en todas las ciudades del país hubo movilizaciones por el décimo aniversario de Ni Una Menos. A la mañana del miércoles los móviles de televisión mostraban la llegada de 1200 efectivos y cientos de camiones, patrulleros y motos. Para el mediodía la Correpi denunciaba que las fuerzas de seguridad impedían que personas con discapacidad llegaran a la Ciudad de Buenos Aires. Pero la represión no sucedió.

Los policías estuvieron de un lado y la marcha de otro. El Congreso fue vallado desde temprano y a medida que pasaban las horas se convirtió en una pared a intervenir con carteles y pintadas. Las fuerzas de seguridad cortaron Callao desde el Congreso hasta Mitre y ocuparon toda la calle con efectivos que iban y venían mientras la plaza se llenaba.

Vanina se planta en la valla con los brazos en alto y un cartel que pide la emergencia en discapacidad por su hija. A su alrededor se reproducen frases de todo tipo. Es de Caseros, tiene 42 años y una nena de diez con autismo. Hace unos meses le cortaron el subsidio y no tiene más maestra acompañante en la escuela. También le dejaron de pagar a sus terapeutas. Todo lo que cuenta lo hace con los brazos en alto y mirando al frente. Nunca baja el cartel.

—Me da mucha impotencia porque lo único que quiero es una buena calidad de vida para mi hija—dice y cuenta que no solo está por ella. Apoya el resto de las luchas.

Sandra tiene 56 años y trabaja desde 1998 en el área de emergencias del Garrahan. Estudió siete años enfermería en atención de pacientes críticos pediátricos. Recibe a los niños y niñas que están en paro cardíaco, con convulsiones o politraumatismos. Salva vidas. Cuando habla se acuerda de la lucha de 2005, cuando tenían un atraso salarial que los hizo salir a la calle y los trataron de terroristas sanitarios. Esta vez es peor. Siente que hay un ninguneo.

—No somos ñoquis, en el Garrahan no sobra nadie. Después de tantos años y tanto estudio no merecemos ganar estos salarios. Trabajamos con vidas. Es un pena que el Gobierno no priorice la salud y la educación.

Sandra tiene un cartel que dice: “Internacionalmente reconocidos, nacionalmente abandonados”. Cuando habla la voz se le quiebra, pide disculpas y aclara varias veces que no la están pasando bien.

—Nosotros atendemos hasta en el pasillo. Tenemos las guardias saturadas, vienen chicos de todo el país. Nunca me di cuenta el trabajo difícil que hice toda mi vida. Cuando tenés un pibe en paro no pensas en nada, solo en sacarlo, que respire y le vuelva a latir el corazón.

Ayer escuchó en la tele a la diputada libertaria Juliana Santillán decir que se puede vivir con 800 mil pesos sin problema y sintió otra vez el desprecio. El miércoles marchó con sus compañeros y compañeras del hospital. Ya fueron otras veces a apoyar a las y los jubilados y vivieron de cerca la represión. Igual, Sandra piensa en volver. Sabe que en unos años será una de ellos y que tiene que estar ahí.

En Callao y Mitre las vallas negras cortan el paso. Del otro lado, la calle está completamente liberada con una fila de 30 policías federales. Un jubilado se asoma y los mira. Al lado tiene dos frases: “Argentina no es casta, es patria” y “Libertad es tener para comer”. El jubilado dobla y sigue al resto de los manifestantes para entrar a la plaza del Congreso por otro lado. Se le une una columna de mujeres de San Martín que avanzan con remeras violetas.

Los carritos y los puestos de merchandising se mezclan con el humo y las banderas. Venden desde la de Argentina, del colectivo trans y no binario hasta de la ciudad del Vaticano. En una esquina un grupo de feministas eclesiásticas reza en contra del ajuste. Le pasan por al lado chicas con pelucas fucsia y glitter y una columna de los sindicatos, con bombos y redoblantes.

Un grupo de adolescentes de 14 a 17 años avanzan de la mano. Son más de 30 y siempre van a las marchas de Ni Una Menos. Esta vez es la primera que están con los jubilados. En el camino se cruzan con Georgina Barbarrosa y Nancy Pazos dando una nota en un móvil de la tele. Una mujer alta con el cuello tatuado se les para atrás con un cartel: no somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y venimos por los de arriba.

Ricardo vino disfrazado. Mide un metro noventa y es un diablo rojo con antifaz, cuernos, una marioneta de Milei y un cartel que dice “engendro del mal”. Tiene un personaje para las cámaras y otro para cuando da una entrevista. Ahí se saca la máscara y responde: 74 años, fue telefónico pero no le hicieron todos los aportes y se jubiló con la moratoria del gobierno de Cristina Fernández. Cobra la mínima, 320 mil pesos. Para llegar a fin de mes trabaja de herrero. También es artista y le gusta salir a la calle haciendo una intervención. A la de los jubilados va todos los miércoles. Hoy está tranquilo. Sabe que cuando son muchos no le pegan.

—Son cobardes. Cuando somos 50 vienen con 200 policías listos para ir a la guerra. Es fácil pegarle a un abuelo pero cuando es así no se animan. Eso son, cobardes—repite y se pone la máscara y los cuernos. Ya tiene alrededor tres fotógrafos.

Muchos frentes, una sola marcha

Jessica llegó a Argentina hace ocho años para salir de la violencia de Colombia. También quería estudiar y buscar nuevos horizontes. Tiene 34 años y es defensora de derechos humanos, docente y periodista. Fue a la marcha con organizaciones migrantes. Hace apenas unas semanas el Gobierno nacional publicó un DNU que les preocupa.

—Nos ven como chivo expiatorio y una carga fiscal, y no como un hermano que vive en Argentina y aporta cultural y económicamente al país. Dan datos y estadísticas completamente falsos sobre los costos de salud y educación y con cifras exorbitantes sobre la irregularidad migratoria, cuando esa irregularidad es responsabilidad del Estado.

En el último año, Valeria estuvo en todas las asambleas. Es integrante de Mamá Cultiva y fue a las del Bonaparte, al Garrahan, a las de jubilados y jubiladas, las de discapacidad, las de la moratoria, las de Ni Una Menos. A veces en un mismo día corría de una a la otra. En todas escuchaba discursos distintos e iguales a la vez. Tenían la particularidad de cada sector pero detrás había una misma política de Estado: una decisión unívoca de empobrecer la vida.

Cuando en la primera asamblea de Ni Una Menos escuchó la propuesta de unificar las luchas en el miércoles 4 de junio gritó “sí, por favor, sí”. No fue la única. Una ovación hizo lo mismo. Estaban cansadas de pelear en tantos frentes y al mismo tiempo aparecía la esperanza de una estrategia en común. El aniversario por los 10 años del primer Ni Una Menos, ese que marcó un antes y un después en la historia de los feminismos argentinos, lo vivió en las calles. Para ella, las mujeres y diversidades son quienes están sosteniendo la supervivencia en este momento de crisis. Las atraviesan cada uno de los reclamos.

Micaela Polak es dirigente de Sipreba y recuerda que el Ni Una Menos surgió gracias a la convocatoria de trabajadoras de prensa que estaban hartas de cubrir femicidios en los medios y que no pasara nada.

—A diez años ya no vemos tanta cobertura de la violencia machista porque avanzó la derecha radicalizada que nos silencia. Por eso es importante seguir organizándonos para enfrentar a este gobierno. Vinimos a poner un freno a la represión y vamos a seguir organizándonos para terminar con la crueldad y la violencia machista.

Los y las trabajadores de prensa también son blanco de los ataques del Gobierno. Además de los insultos en redes, ya son un centenar los que sufrieron la represión del Estado cuando cubren marchas, sea con golpes o detenciones. Mientras decenas de fotógrafos y reporteros circulan entre los manifestantes, en el micrófono mandan un mensaje de amor a Pablo Grillo, el fotógrafo herido por la Policía hace tres meses en esta misma plaza. Unas horas antes recibió el alta de terapia intensiva y empezará la rehabilitación y le pondrán una prótesis en la cabeza.

Tres mujeres de tres décadas distintas caminan por Callao para volver a Ramos Mejía. Una tiene 55, otra 43 y la otra 35. Son musicoterapeutas y estuvieron en el Congreso desde las 11 pidiendo a los diputados y diputadas que sancionen la ley de emergencia en Discapacidad. Dicen que las áreas de discapacidad están en una situación crítica.

—Es muy emocionante estar en una marcha así. Es cierto que son reclamos distintos pero la unión hace la fuerza y este es el camino. Además de que si somos muchos no nos reprimen.

Una de ellas se acuerda del posteo que Javier Milei hizo días atrás burlándose de un niño con autismo. Las tres dicen lo mismo sin dudar.

—El presidente nos da vergüenza ajena. Vamos a volver todas las veces que sea necesario hasta que paren.

AB/MG

Con amplia mayoría, la oposición logró aprobar la ley de emergencia en Discapacidad en Diputados

Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.

Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Durante su intervención, la diputada de la UCR Soledad Carrizo sostuvo que “este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.

Por su parte, la representante de Democracia para Siempre Melina Giorgi consideró que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi reclamó que “el colectivo que debe ser asistido por discapacidad reciba lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.

En tanto, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) alertó que los transportistas que asisten a las personas con discapacidad “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro”.

“No venimos a echar culpas sino a querer resolverlo. Mi compromiso con la discapacidad que hoy está en emergencia es por el compromiso con los papás que lo único que sueñan es que va a hacer la vida de su hijo cuando no estén”, concluyó el diputado peronista.

Santiago Pauli (La Libertad Avanza) pidió que no se le achaque al Gobierno de Javier Milei esta emergencia en Discapacidad.

“Frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Son 18 puntos porcentuales de diferencia. En cambio, en el 2023 la inflación fue del 211% anual y el aumento que dio el Gobierno de Alberto Fernández fue de 93 puntos. Más de 100 puntos porcentuales de diferencia. ¡La emergencia es toda de ustedes! Es su culpa y no intenten dibujar los datos”, apuntó el fueguino libertario.

“No tienen autoridad moral para plantear ninguna solución porque usaron los recursos para la discapacidad para hacer clientelismo político con personas que no reunían los requisitos, a chantas, a presos, a militantes de ustedes. A mucha de esta gente se la manipulaba y se la obligaba a ir a actos, a hacer campaña”, agregó.

La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.

En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.

La sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.

Con información de agencias.

IG

Vetos programados: Milei anticipa el “no” a las leyes con costo fiscal que apruebe el Congreso

La Cámara de Diputados puede sesionar, debatir y hasta sancionar leyes con respaldo transversal. Pero si la norma en cuestión tiene costo fiscal, el destino está sellado. “La vamos a vetar, como ya lo hicimos”, repiten en Balcarce 50 con la confianza de quien juega con ventaja. El gobierno de Javier Milei no está dispuesto a ceder un centímetro de su política de ajuste, ni siquiera frente a proyectos que tocan fibras sensibles como el sistema jubilatorio, la salud pediátrica o la atención a personas con discapacidad.

El encargado de decirlo, una vez más, fue Guillermo Francos. El jefe de Gabinete lo ratificó durante un almuerzo con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), en el Centro Naval, mientras en simultáneo la oposición reunía quórum en Diputados para tratar una batería de iniciativas con impacto social directo.

Entre los temas en discusión en el Congreso aparecen dos paquetes de medidas vinculadas a las jubilaciones. El primero incluye dictámenes para actualizar el bono de $70.000, congelado desde marzo, y otorgar un aumento por única vez del 7,2% correspondiente a la inflación de enero de 2024, que el Gobierno decidió no reconocer.

El segundo bloque de proyectos se refiere a la continuidad de la moratoria previsional, un mecanismo que permite acceder a la jubilación a quienes no completaron los 30 años de aportes. Ese universo abarca a miles de trabajadores —en especial mujeres— que no pudieron ingresar al régimen general debido a trayectorias laborales marcadas por la informalidad o la precarización. A esas iniciativas se suman la declaración de emergencia en salud pediátrica, impulsada a raíz del conflicto salarial en el Hospital Garrahan, y el refuerzo de recursos para la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Son temas importantes, sin dudas. Pero el Estado no los puede pagar salvo que vuelva a endeudarse o emitir. Y eso no va a pasar”, afirmó Francos rodeado de ejecutivos. En la Casa Rosada celebraron que la frase haya tenido eco mediático ya que lejos está de haber sido un exabrupto: se trata de política pública. A contramano de la narrativa habitual, en la que los gobiernos ruegan por votos y consensos, Milei se planta con uno de los recursos más polémicos del repertorio presidencial: el veto. Si el Congreso le pone un mínimo freno al ajuste “más grande de la historia de la humanidad”, la lapicera del Presidente ya tiene preparada la respuesta.

El menú ya fue probado en septiembre de 2024, cuando Milei vetó la ley que otorgaba un aumento jubilatorio por fuera de la fórmula oficial. La escena se completó con un asado en Olivos para los 87 diputados que blindaron la decisión presidencial. La estrategia se repite. “No importa lo que aprueben, si afecta el equilibrio fiscal se veta”, insisten en los pasillos de la Casa Rosada.

Este miércoles, Francos aprovechó la ocasión para defender el rumbo económico y presentar el veto no como una imposición, sino como una forma de resguardar el único “activo” que el oficialismo reconoce como propio: el superávit. “Todos los miércoles tenemos una pelea para evitar que nos saquen leyes que complican el equilibrio fiscal. No hay nada sin equilibrio fiscal”, dijo.

El jefe de ministros adelantó además que el Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas horas la nueva Ley Penal Tributaria, otro capítulo del paquete de reformas que Milei quiere activar tras las elecciones. “Salimos de terapia intensiva, estamos en terapia intermedia”, diagnosticó sobre la economía.

En ese mismo tono, pronosticó que con una nueva composición parlamentaria a partir de octubre, el oficialismo podrá insistir con reformas previsionales y laborales. “No vamos a ser mayoría, pero vamos a tener más fuerza. Hasta podemos ganar La Matanza”, se entusiasmó Francos. En su entorno ya se habla de una “segunda generación” de reformas, que el Presidente guarda como carta reservada para el último tramo del año.

Sobre las protestas frente al Congreso, el Gobierno se muestra inflexible. Las movilizaciones de jubilados son deslegitimadas como expresiones del kirchnerismo. “No es cuestión de aumentar una partida de $10.000 a $20.000. El problema es de dónde salen los recursos”, explicó el jefe de Gabinete ante los empresarios de ACDE. Y redobló: “La relación ideal en un sistema previsional es 4 activos por cada pasivo. Hoy estamos lejos de eso, y no hay magia”.

PL/MG

Menem logró bloquear el intento opositor para reactivar la comisión $LIBRA en el Congreso

La oposición consiguió el quórum, pero se quedó sin la comisión $LIBRA. Después de un eterno debate reglamentario, Martín Menem logró bloquear un nuevo intento de la multi partidaria opositora para reactivar la comisión encargada de investigar a los hermanos Milei por el criptoescándalo. No había número, Menem se negaba a tratar la moción propuesta por el pichettista Oscar Agost Carreño, por lo que el peronismo tuvo que resignarse a dejar la discusión en stand by hasta la semana que viene.

Fue un debate formal y legalista que se extendió durante tres horas. Opositores y oficialistas se revoleaban las interpretaciones del reglamento de la Cámara de Diputados: que si el artículo 228 habilitaba que el cuerpo interpretara el reglamento, que si el artículo 106 fijaba que eran las comisiones las que tenían que designar sus autoridades por mayoría simple, que si el llamado Grupo A del 2009 –creado para hacer frente al kirchnerismo– había conformado entonces las comisiones en el recinto.

Una discusión larga, caótica e infructuosa que se resumió, políticamente, en dos posturas. El peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo, la izquierda y la Coalición Cívica buscaron forzar una interpretación del reglamento que les permita designar, en el recinto, al presidente de la comisión, que se encuentra paralizada por un empate entre sus integrantes. En el recinto, sin embargo, tenían una mayoría y pretendían utilizarla para imponer al candidato propio.

Menem, que se encontraba en debilidad numérica, se negó. “Es una situación política que tiene que resolver la comisión. El pleno es soberano, pero tiene que respetar el reglamento que creamos. Si hay necesidad de modificar el reglamento, tiene que haber un proyecto, dictaminar, aprobarlo y modificarlo”, respondió Menem, desde el estrado, a los cuestionamientos del peronismo y el pichettismo. “Hay mala praxis política”, agregó.

La oposición, que sabía que no tenía los dos tercios que reclamaba Menem para tratar el tema, se enfureció. “Esta es la tercera irregularidad que usted habilita. La semana pasada se arrogó la facultad de definir qué entra en el temario y qué no. Si usted o Javier Milei no tienen nada que ocultar, habiliten la discusión para que la investigación funcione”, lo cruzó la camporista Paula Penacca, secretaria parlamentaria de UxP.

Cecilia Moreau fue más allá, y le recordó a Menem que si podía ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados era solo porque el peronismo así lo había concedido. Y de la misma manera que le había dado su apoyo, podía quitárselo el próximo año. “Usted está incumpliendo los deberes de funcionario público. Tiene mandato hasta fin de año. Tiene que correrse a un lado si la estafa de $LIBRA lo involucra y dejar que esta Cámara lo investigue. No está facultado a tomar decisiones por encima de este cuerpo”, arremetió.

Los libertarios, esta vez, sí salieron en defensa del riojano. En línea con la directiva que Menem había hecho en marzo, cuando se debatía el DNU para el nuevo acuerdo con el FMI, los diputados oficialistas salieron con los tapones de punta. Insultando, gritando y tomando la palabra.

“No hay duda sobre la interpretación del reglamento, no tienen los votos. Usted no tiene problema de interpretación porque es bastante inteligente, pero es bastante pillo”, le recriminó Nadia Márquez a Oscar Agost Carreño, quien había hecho la moción de la oposición. Menos sutil fue el correntino Lisandro Almirón, que durante todo su discurso se dirigió al cordobés pichettista como “Agos Carroña”.

“Son partícipes de un golpe institucional”, masculló, furioso, Almirón contra la oposición por querer destrabar una comisión empantanada por Menem para evitar que se investigara a Javier Milei y Karina Milei por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA.

“Lo que se busca es un montaje y una apropiación política de un escándalo que está siendo investigado”, denunció, solícita, la espada bullrichista, Silvana Giudici, que se encargó de armar al oficialismo con la mayoría de los argumentos reglamentaristas.

En un momento, el peronismo amagó con intentar reactivar la comisión de Juicio Político. “Acá lo que pasó es que muchos no se animaron a ponerle el cascabel al gato. No porque queramos destituir a Milei, sino porque es la comisión encargada de investigar”, deslizó Carolina Gaillard (UxP), quien sugirió que había que designar a la presidenta de la comisión de Juicio Político: un cargo que iba a ser para la libertaria Marcela Pagano, pero que quedó vacante hace más de un año porque Karina Milei no confia en ella. Pagano, que está enemistada con el resto de su bloque, le agradeció a Gaillard haciéndole un gesto de un corazón con las manos.

Después de tres horas de debate, sin embargo, no se llegaba a un acuerdo. Menem, en ese momento, propuso convocar un cuarto intermedio con los jefes de bloque para resolver la discusión. Cuando salieron, Menem estaba triunfante: hubo un acuerdo para convocar a la comisión la semana próxima para intentar destrabar el empate. Es decir, nada cambió. Una vez más, la comisión $LIBRA quedaba en stand by.