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Luis Caputo: "Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno trabaja en una serie de desregulaciones para “facilitar” el uso de dólares para todo tipo de gastos domésticos sin que se deban darse explicaciones sobre el origen de los fondos. “Para lo que sea”, se jactó el funcionario sobre la medida que aún tiene su letra chica en estudio.

“Lo que vamos a hacer es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que necesario que la economía se remonetice y “lo más lógico es que se realice en dólares”. Dio una nueva señal fuerte hacia la dolarización que pregonó Javier Milei en su campaña electoral.

“No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, explicó Caputo en un canal de streaming. “Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, agregó.

El ministro anticipó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA en los próximos días y semanas. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, indicó Caputo.

El ministro apuntó: “La idea es no dar explicaciones sobre lo que se gaste. Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”. Hay estimaciones que calculan unos U$S200.000 millones guardados “bajo el colchón” de los argentinos.

Consultado sobre la posibilidad de que la baja de las retenciones al agro quede firme, Caputo insistió en que “si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, pero evitó dar certeza. Hasta ahora el Presidente anticipó a los exportadores que en junio volverán a subir las retencioines.

Caputo explicó que la baja temporal otorgada fue porque se temía una sequía, que finalmente no ocurrió y hubo una baja de precios que luego se recuperó. Desde esa posición señaló que en consecuencia, el problema de Argentina “no son los dólares” sino “la recaudación y, en consecuencia, ”no hay margen para errar“ en la secuencia de la baja impositiva”.

Inflación e IVA

En su aparición de esta mañana el ministro confirmó además que el Gobierno trabaja en una reforma tributaria que llevará a la competencia entre las provincias por la alícuota de IVA a cobrar. “Vamos a dividir el IVA entre nación y provincia. Cobraríamos 9% sobre el 21% que es el IVA y las provincias pondrán el suyo”, afirmó el funcionario.

No obstante, advirtió que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional cuando lo decidan “los tiempos políticos”, porque toda reforma impositiva debe ser a través de una ley. Actualmente el oficialismo solo cuenta con el apoyo ciego del PRO y de algunos radicales díscolos para avanzar en cualquier iniciativa.

Caputo también se animó a adelantar que la inflación de abril se ubicó por debajo de la de marzo y la situó en torno al 3%. La del mes pasado fue de 3,7%. El registro que dará a conocer el Indec no contemplaría un impacto directop de la devaluación de cerca del 10% del dólar luego de que se haya abierto parcialmente el cepo.

“Por lo que vemos, el proceso de desinflación continúa. A nosotros nos da más bajo que marzo”, dijo Caputo. Para responder las críticas, planteó: “No nos focalizamos en el corto plazo. La inflación va a colapsar; es un proceso que va a pasar inexorablemente. Está en nosotros explicar y que se entienda que estamos en otra Argentina”.

Y sobre los cuestionamientos por el valor del dólar, el ministro afirmó que “Argentina está más cara en dólares con relación a la Argentina que nos dejaron”.  “Un país caro en dólares es un país al que le va muy mal. Buscamos que un asalariado cobre un buen salario en dólares. Si me comparás los precios con lo que era hace un año, estamos caros”, añadió.

No obstante, reconoció que hay sectores como la indumentaria y el calzado que aún mantienen altos precios porque “la gente los convalida y aún la competencia no llegó a entrar porque es un proceso que tarda”.

Con información de agencia NA

MC

Nueve bancos fueron habilitados para disputar las cuentas sueldo de los empleados estatales

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

Cada vez más jóvenes despedidos sueñan con el emprendimiento propio: ¿tendrán las mismas consecuencias que en los 90?

Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.

El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?

Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.

Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.

En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.

Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.

En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.

Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.

“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.

En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.

El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.

Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.

“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.

AR/MC

El Gobierno duda sobre acompañar la sanción de Ficha Limpia y aparece sin salida ante la definición

El Gobierno se encuentra prisionero de su propia estrategia. El miércoles próximo, el Senado sesionará para intentar sancionar la Ficha Limpia, una ley que, de aprobarse, impedirá una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el tiempo se agota para el oficialismo: ya intentó boicotear el proyecto impulsado en Diputados por la macrista Silvia Lospennato media docena de veces y observa que, después de medio año, las excusas comienzan a acabarse. Los aliados le soltaron la mano y están decididos a ir al recinto a como dé lugar, aunque signifique perder. Y la bancada de La Libertad Avanza, entrampada, tendrá que definir si desea ser cara de esa derrota.

Al parecer Javier Milei no tiene interés en sancionar la Ficha Limpia, un proyecto que es impulsado por el PRO desde 2016 y que los libertarios se reapropiaron para evitar el castigo de la opinión pública. No es un secreto y el propio jefe de la bancada en el Senado, Ezequiel Atauche, lo admitió en una reunión de labor parlamentaria con otros senadores hace una semana. “No queremos tratarla”, reconoció el senador, según recogió elDiarioAR de varios testigos, en un descuido que dejó a todos los senadores mudos. 

Desde que la ley llegó al Senado, a mitad de febrero, Atauche logró postergar con éxito todas las sesiones que iban a tratar la iniciativa. La primera vez fue a principios de abril, luego del rechazo del Senado a los pliegos de la Corte Suprema. El oficialismo, entonces, había convocado la sesión como venganza contra el peronismo por voltearle los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. 

Hasta entonces, la Ficha Limpia, que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas en segunda instancia por un delito de corrupción, había servido como prenda de negociación con el kirchnerismo. El Gobierno, incluso, lo había utilizado como moneda de cambio para aprobar los pliegos y, cuando el peronismo se los rechazó, quiso tomarse la revancha sancionando una ley que sacase de la cancha electoral nacional a CFK para siempre.

Pero al final, sin embargo, se echó atrás. Culpó al paro de la CGT, que había derivado en la suspensión de vuelos, y postergó la sesión con el argumento de que no estaban los votos. Ese mismo día, sin embargo, la Cámara de Diputados había aprobado la creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA. El Gobierno necesitaba munición para negociar con el peronismo, que estaba al frente de la avanzada opositora para investigar al Presidente y su hermana, Karina Milei. Necesitaba que la Ficha Limpia estuviera sobre la mesa, a modo de presión.

“A nosotros nos conviene que UxP esté entre las autoridades de la comisión. Más que los moderados, que quieren lugares en las listas. Con los peronistas podemos negociar con Ficha Limpia”, reconoce un dirigente karinista que, días después, encabezaría las negociaciones para empantanar la designación de la presidencia de la comisión y, así, paralizar la investigación.

La sesión se postergó, entonces, para dentro de unas semanas. Sin embargo, cuando llegó el día, el luto por la muerte del Papa Francisco había cambiado el escenario. Oficialismo y oposición decidieron deponer las armas y, en una señal de paz y concordia, se acordó volver a posponer el tratamiento de la Ficha Limpia. La decisión se tomó el mismo día que Atauche reconoció, frente al resto de los jefes de bloque de la oposición, que al Gobierno no le interesaba tratar el proyecto de Ficha Limpia.

La sesión, entonces, se cerró para el miércoles 7 de mayo. Dentro de unos días. “¿Quién tendrá que morir ahora para que no salga?”, ironiza un senador peronista, preocupado porque observa que, después de varias dilaciones, el tiempo comienza a agotarse.

En tiempo de descuento

El Gobierno está entrampado. “La presión mediática es muy grande”, explican desde los pasillos del Senado, en donde recuerdan que fue esa misma presión -mediática y de la opinión pública- la que terminó llevando a LLA a aprobar un proyecto propio de Ficha Limpia, luego de boicotear dos veces el de Lospennato. 

El problema es que Lospennato ahora encabeza la lista de candidatos del PRO para la elección porteña. La abanderada de la Ficha Limpia está en campaña contra Manuel Adorni en la lucha por la supervivencia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y algunos dirigentes libertarios temen que ella pueda capitalizar la sanción de la Ficha Limpia de cara a las elecciones del 18 de mayo. 

La Ficha Limpia, de hecho, ya forma parte de la campaña del PRO en CABA. Las paredes de las calles porteñas están empapeladas con el rostro de Lospennato y la consigna de “Ficha Limpia”. Y la misma diputada del PRO aprovecha cada entrevista televisiva para advertir que, quienes no estén sentados en sus bancas el día de la sesión “estarán a favor de la impunidad de Cristina”.

El peronismo aprovecha este contexto para provocar al oficialismo y convencerlo de que no avance con el tema. “¿Son boludos? ¿Le van a dar Ficha Limpia a Macri a una semana de la elección?”, pincha un dirigente peronista que dialoga con LLA.

Del otro lado, sin embargo, están los senadores del PRO y la UCR, así como las fuerzas provinciales y el cruzado exlibertario Francisco Paoltroni. Todos presionan para sancionar la ley. Los habituales aliados de LLA definieron, en la última reunión de labor parlamentaria, que estarían en la sesión del próximo miércoles 7. Quiera o no el oficialismo. 

“Hay que forzar la votación. Y que cada uno pague el costo”, señala un habitual aliado del Gobierno que, sin embargo, se encuentra furioso con Atauche. No es el único. El radicalismo también está decidido a sentarse el miércoles en la sesión y votar la ley a como dé lugar. Ya aceptó, incluso, postergar la modificación que le querían realizar al proyecto de Ficha Limpia, que pretendía incluir nuevos delitos a la prohibición para candidatearse, como abuso sexual. 

En el Senado hay número para sancionar la Ficha Limpia, ya que acompañan todos los bloques excepto el peronismo. Dado que UxP tiene 34 senadores, el resto de los bloques juntan, si no hay ausencias, 38 votos: uno más del mínimo que necesitan para aprobar una reforma electoral (que requiere una mayoría especial). El problema, sin embargo, es que cualquier ausencia sorpresiva podría torcer el escenario y derivar en un rechazo de la ley. 

Atauche, incluso, suspendió una vez la sesión con ese mismo argumento: la falta de número y el peligro de que la sesión se cayera. Esta vez, sin embargo, el radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales están dispuestas a asumir el riesgo. El objetivo es ir al recinto y votar. “El tema ya no da para más”, masculló, irritado, un senador radical.

MC/MC

La UTA reconfirmó el paro de colectivos pese a los intentos del Gobierno por desarticularlo

El secretario gremial de la Unión de Transporte Automotor (UTA), Gabriel Gusso, reconfirmó el paro de colectivos, pese a la reunión prevista para esta tarde con la Secretaría de Trabajo. 

“El paro está confirmado para mañana”, sostuvo Gusso en declaraciones radiales, a horas del nuevo intercambio que tendrá lugar de manera virtual, a las 14, con el flamante secretario Julio Cordero. 

En la misma línea, planteó que está “sin esperanzas” ya que considera que la política del gobierno de Javier Milei es mantener la postura que tenía Franco Mogetta, el funcionario saliente de homologar paritarias con el 1% de inflación como tope. 

“En esas condiciones, habiendo vencido el período de conciliación obligatoria, estamos habilitados para hacer el paro”, sentenció el gremialista tras la salida de Mogetta y la asunción de Luis Pierrini a la cartera. 

El referente sindical descartó la posibilidad de acordar con las áreas de la administración libertaria, tal como pasó el 30 de abril, y reafirmó la medida dictada por el gremio que afectará

“No hay intenciones de aumentar por arriba del 1%. Ya nos lo dijeron, entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo, salvo que aparezca la plata por un procedimiento que se llama laudo arbitral”, aseveró Gusso. 

Por su parte, destacó: “Ayer escuchaba al presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) que es de DOTA que decían que no se presentan a las paritarias. Si no se presentan no hay más nada que hablar, el paro está cantado, no hay razón para levantarlo”. 

La negociación entre las partes se empantanó luego de que las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieran tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. 

La UTA rechazó esa oferta por considerarla insuficiente, y se mantiene firme en su reclamo por un sueldo básico de $1.700.000. A través de un comunicado de prensa, argumentaron la medida al sostener que los empresarios ofrecieron por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio “un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio”. 

“Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto”, plantearon.

Asimismo, ampliaron: “Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia” 

Desde la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), plantearon que se hizo un ofrecimiento al gremio en línea con el congelamiento de tarifas de hace 8 meses. 

“Esta estructura que utiliza el gobierno para determinar el costo de lo que cuesta movilizar los 18 mil colectivos en el AMBA se calculó con los precios que tenía la economía en diciembre, y no incluyó ninguna partida presupuestaria para ajustes tarifarios este año. Nosotros hicimos una oferta, pero el gremio la considera insuficiente”, sostuvo el titular de la entidad, Luciano Fusaro, en declaraciones a Todo Noticias.

Empresarios de colectivos quieren el boleto mínimo a $1.500

Marcelo Pasciutto, directivo del grupo DOTA, que opera 180 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), afirmó hoy que el sistema de transporte de pasajeros está “vencido”, porque circulan “más colectivos de los que hace falta”, y aseguró que el boleto mínimo “debería valer $1.500”.

El empresario lo expresó en alusión al paro convocado a partir de la cero hora de mañana por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a la mayoría de los choferes, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

“Este sistema para mí está vencido, hay muchos más colectivos de los que hace falta y en están en mal estado. El boleto debería valer  $1.500, y tenemos subsidios que compensan a $900 por lo que estamos $600 abajo”, dijo el empresario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Pasciutto aseveró que “el transporte está pasando por una de las peores crisis debido a la falta de estrategia de transporte”, admitió que “el salario (de los choferes) quedo muy bajo”, y atribuyó esto a que “durante el último Gobierno el sindicato no acompañó ninguna medida para actualizarlo”.

“Hay muchas empresas que están vacías, con un parque de 10 o 15 años de antigüedad cuando la Ley Nacional de Transporte marca un máximo de 10 años. Acá ha habido una mala administración y con colectivos viejos el rendimiento no da”, explicó.

Sostuvo que para llegar a un cambio “hay que reestructurar el transporte en general”; puntualizó que “no puede haber colectivos en la calle con 15 años que están destruidos y dan un servicio pésimo”, y advirtió que “no tiene que haber despidos, no hace falta despedir”.

“Hay que ir a colectivos a gas que demandan una inversión inicial mayor, pero hay que amortizarla en el tiempo”, dijo y lamentó que “cada vez que cambia el funcionario de Transporte, cambia la estrategia. Falta una estrategia a 15 años donde el empresario pueda ver la inversión y el usuario en el servicio”.

De cara a la negociación de hoy para intentar levantar la medida de fuerza, Pasciutto indicó que “es insólito estar discutiendo un aumento de $40.000”, y no se mostró optimista debido a que “las empresas ofrecen un 9% de aumento y los trabajadores piden un 80, la diferencia es muy grande”, concluyó.

Con información de agencias.

IG