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Desde las 15, después de la multitudinaria marcha de principios de mes.
Organizaciones de jubilados nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, entre otros espacios, llevaban a cabo esta tarde una nueva protesta frente al Congreso contra el gobierno de Javier Milei, por lo que el tránsito en la Avenida Rivadavia permanecía interrumpido.
La movilización, que se efectuaba como todos los miércoles, fue convocada en reclamo de un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto de Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector previsional.
Las organizaciones de jubilados, junto a distintos frentes políticos, reclaman un aumento de los haberes y la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI, entre otras demandas.
Así lo indicaron fuentes de la organización, que señalaron que el flamante Frente Multisectorial integrado por organizaciones de la CGT, CTA y movimientos sociales se concentrará a las 15 en la puerta del cine Gaumont, a metros del Congreso, para acompañar la marcha.
Los jubilados retoman así las marchas de los miércoles en reclamo de un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector previsional.
La última gran movilización había sido el 4 de junio, cuando los jubilados, el colectivo feminista Ni Una Menos, los médicos del Garrahan y los estudiantes universitarios coincidieron en multitudinaria marcha contra el “ajuste” del Gobierno de Milei, sin que en esa oportunidad se registraran incidentes con la Policía.
MM con información de la agencia Noticias Argentinas.
El vocero presidencial dijo que las críticas a la Nación "son injustas y maliciosas". Los trabajadores llevan adelante una medida de fuerza de 24 horas y desmienten un ofrecimiento de mejora salarial.
En medio del nuevo paro de este miércoles de los médicos y residentes del hospital Garrahan, el Gobierno intentó desligarse de la polémica por el reclamo de mejoras salariales. Desde la Casa Rosada ratificaron la estrategia oficial de reestructurar el hospital para “combatir a los ñoquis” con medidas como la instauración del ingreso biométrico, pero evitaron dar una respuesta concreta al planteo de mejoras en los sueldos
“Hay una malicia en que nuestro problema es con el Garrahan, los médicos o los administrativos, pero es con los ñoquis, con la gente que le roba recursos a todos ellos. Es lo que estamos combatiendo y vamos a seguir haciendo”, dijo este mediodía el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. El funcionario se mostró a la defensiva por un conflicto que no deja de escalar: señaló que las críticas a la administración de Javier Milei son “maliciosas, mezquinas y muy injustas”, y dijo que el planteo libertario apunta “que los niños sean los únicos privilegiados”.
Sin embargo los trabajadores del Garrahan nucleados reiteraron el reclamo de “una recomposición salarial del 100%” y un salario inicial igual al valor de la canasta familiar –estimado en $1.800.000– para todos los sectores del hospital, no sólo quienes pertenezcan a planta permanente, sino también a contratados, residentes y becarios. Este miércoles, mientras se desarrolla un nuevo paro de 24 horas lanzado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), desmintieron al Gobierno sobre un supuesto aumento del 10%.
La secretaria general de APyT, Norma Lezana, denunció públicamente que el incremento que habría ofrecido el Ministerio de Salud se trata en realidad de “una ampliación presupuestaria ordinaria y generalizada aplicada a casi toda la administración pública”. Contó que Nación ofreció una mesa de diálogo para el 30 de junio y prórroga de la conciliación obligatoria, pero sin dar respuesta al pedido de recomposición salarial, el cese del vaciamiento del hospital, un presupuesto adecuado, y garantías de estabilidad para residentes y becarios.
El jefe de terapia intensiva del Garrahan, Mauro García, aseguró que hasta ahora no se modificó, por ejemplo, el valor-hora que cobran –de $6.000 la hora– y reclamó: “¿Queremos o no salud pública? Hay que interpelar a la gente y decir que el 60% de los pacientes no tienen cobertura. ¿Quién va a atender a quienes no puedan pagar? Hace 27 años que estoy acá y nunca vivimos esto. Debatir desfinanciar el hospital es una cosa inaudita”.
“Exigimos una retractación pública por parte del Gobierno por haber acusado sin pruebas de militantes políticos al personal del hospital y de atacar a periodistas que cubren la situación, con graves insultos. Tenemos un inmenso apoyo social, adentro y afuera, y hay una gran unidad. El Gobierno no puede tapar el sol con las manos. El Garrahan es causa nacional”, enfatizaron en un comunicado desde APyT.
La medida de fuerza de hoy consiste en un festival cultural sobre calle Combate de los Pozos, aunque permanecerá la atención de urgencias por guardia e internados. Durante esta jornada, el festival contará con una grilla de artistas que actuarán de manera solidaria como los cantantes tenores del Teatro Colón, Las Manos de Filippi y Peteco Carabajal, entre muchos otros.
Con información de agencia NA
MC
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció dos nuevos paros para esta semana “contra” del plan de la gestión del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, que tienen como objetivo “vaciar y destruir” la institución, según denuncia la entidad gremial.
Las nuevas medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores del Hospital Garrahan, que se enmarcan en el conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la entidad pediátrica, comenzaron este miércoles con un paro de 24 horas con permanencia en el hospital y un festival sobre la calle Combate de los Pozos, mientras que el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14, junto a una “bicicleteada” desde el Obelisco, organizada por madres y padres de pacientes.
Desde APyT, informaron que ambas medidas serán con permanencia en el hospital y con la atención de urgencias y pacientes internados.
“Viene creciendo, con mucha fuerza, la unidad de todo el equipo de salud que está firme en defender el hospital y, al mismo tiempo, el apoyo social, de las familias de los chicos que se atienden o se atendieron en el hospital. Esta química es cada vez más fuerte, está pasando ahora, y el Gobierno no puede tapar el sol con las manos”, sostuvo la secretaria general de la APyT, Norma Lezana.
En la misma línea, indicó que, de esta manera, “quedan completamente deslegitimados” tanto el ministro Lugones como las autoridades del hospital, y criticó que, en vez de dar respuesta al conflicto, “abandonan a pacientes y al equipo de salud”.
“En lugar de garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y el derecho de las y los trabajadores a un salario, con condiciones dignas de trabajo, mienten, amenazan y destruyen. Siguen renunciando profesionales, las autoridades niegan que existe la crisis, se esconden detrás de mensajes persecutorios y amenazas a los correos personales de las y los trabajadores sin firma”, aseguró.
Por otra parte, desde APyT reiteraron el reclamo de “una recomposición salarial del 100%” y un salario inicial igual al valor de la canasta familiar, estimado en 1.800.000 pesos, para todos los sectores del hospital, no sólo quienes pertenezcan a planta permanente, sino también a contratados, residentes y becarios.
MU con información de la agencia NA
En una reunión de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, personal del Hospital Garrahan denunció despidos, salarios de miseria y el vaciamiento del sistema de salud. Respaldaron un proyecto de ley de la oposición, al que se opone La Libertad Avanza, para declarar la emergencia sanitaria.
El hospital público de pediatría más emblemático de la Argentina llegó al Congreso, pero no con sus camillas ni con sus ambulancias, sino con sus trabajadores. Un grupo de profesionales del Hospital Garrahan —jefas de servicio, bioquímicas, hematólogas, técnicas— expuso este lunes en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados para alertar sobre el estado de emergencia que atraviesa la institución. Lo hicieron en el marco del tratamiento de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por el término de dos años.
Mientras en la sala se escuchaban relatos de sueldos que no alcanzan ni para el alquiler, renuncias masivas de profesionales formados, cierre de servicios y atención infantil en riesgo, los diputados del bloque oficialista de La Libertad Avanza se retiraron de la comisión sin dar explicaciones. El silencio del Gobierno, que ya había calificado las protestas como “extorsión política”, volvió a hacerse presente incluso en el Congreso.
“La Argentina tiene que dejar de ofrecer en el altar del equilibrio fiscal el sueldo y la vida de los niños”, dijo el diputado Pablo Yedlin, pediatra y exministro de Salud de Tucumán, autor del proyecto. “Lo único que pedimos es que se actualicen los salarios al valor de noviembre de 2023 por IPC. No estamos pidiendo más: estamos pidiendo lo justo”.
El hospital Garrahan, que depende de forma compartida de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, tiene hoy sus partidas congeladas desde diciembre. La falta de actualización presupuestaria golpea a todos los sectores: desde la compra de medicamentos hasta los salarios del personal. Según denunció Carolina Goedelmann, bioquímica y jefa del Laboratorio de Hematología y Hemostasia, ya se perdieron 210 puestos de trabajo, la mayoría por renuncias. Y no fueron reemplazados. “Nuestros equipos se están desarmando. No hay reemplazos ni residentes. Y si no hay residentes, no hay pediatría en el futuro. Estamos defendiendo algo que es justo, no ideológico: es la salud pública”.
El Garrahan no sólo atiende a pacientes de todo el país con enfermedades de alta complejidad. También forma especialistas. “Yo me formé ahí hace más de 30 años y hoy formo gente. Pero cada vez somos menos atractivos para las nuevas generaciones. Ser pediatra hoy no es rentable”, explicó Ana María Pugliese, jefa del Servicio de Medicina Transfusional. Muchos técnicos con 40 años y familias a cargo ganan menos de $1.000.000 mensuales por 42 horas semanales más guardias. “Se están yendo al sector privado, que les paga el doble por menos horas. El hospital se está desangrando”.
La situación afecta incluso a tratamientos vitales. Alejandra Boto, jefa del Hospital de Día Polivalente, relató que una nena con enfermedad de Crohn llegó desde Chaco para recibir un anticuerpo monoclonal. Pero por falta de personal en farmacia, no pudieron prepararlo. “Hoy lo que era un protocolo clínico, una investigación, un ateneo, ahora es una reunión para ver cómo hacemos para sostener una guardia. Nos estamos ocupando de pelear por lo obvio: que no se caiga el hospital”.
También denunció que algunas especialidades pasaron de tener turnos en tres meses a demoras del doble, por falta de personal. “Somos de vanguardia en Latinoamérica, desarrollamos tratamientos que después se aplican en otros países. Pero estamos perdiendo farmacéuticos, técnicos, médicos. Se fueron cuatro personas en mi área. Tuvimos que reducir la cantidad de chicos que podemos recibir”.
El diputado Yedlin advirtió que además de salarios congelados, hay obras paralizadas, como la nueva guardia o 12 nuevos puestos para trasplantes de médula ósea. Y que la entrega de medicamentos complejos pasó de demoras habituales de dos meses a esperas de más de seis.
La situación no es sólo una tragedia presente: es una amenaza al futuro. “Vaciar el Garrahan es vaciar la pediatría argentina”, sintetizó Yedlin. “El Garrahan es el lugar donde se forman los pediatras que después van a cada rincón del país. Si el hospital colapsa, no hay sistema público ni privado que pueda asumir esa complejidad”.
El proyecto de ley, acompañado por los diputados Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Itai Hagman, Paula Penacca y Julia Strada, ya obtuvo dictamen en la comisión de Salud. Ahora necesita, además del de la Familias, el aval de la comisión de Presupuesto, que según Yedlin “habrá que emplazar” si no lo trata en breve.
El emplazamiento, para los opositores, es necesario ya que a Presupuesto y Hacienda la preside el ultraoficialista José Luis Espert, un economista libertario amigo de Milei, que podría rehusarse a convocar a la discusión de este proyecto para completar el trámite parlamentario previo a la sesión, que ya está prevista para el próximo miércoles, 2 de julio.
Este miércoles, los trabajadores del Garrahan volverán a las calles en una jornada nacional de protesta. El reclamo no es nuevo, pero el deterioro sí lo es. Como dijo una de las expositoras: “Yo odio los paros. Pero esta vez fui. Porque si no defendemos la salud infantil, no queda nada”.
El oficialismo no dijo nada. Pero el hospital, hoy, lo está diciendo todo.
Estos son los sueldos promedio más recientes, lejos de los niveles que exige la canasta básica familiar:
Estas cifras contrastan con la canasta básica familiar, que ronda 1.110.000 pesos, dejando a gran parte del personal por debajo del nivel de pobreza. Ese desfasaje salarial golpea tanto a los enfermeros como a los médicos, técnicos y administrativos.
El diputado Yedlin alertó que con el desfinanciamiento del Garrahan está en juego la atención sanitaria de la infancia y la formación de los pediatras del futuro.
Yedlin destacó que el proyecto de ley que impulsa junto a otros diputados busca declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales, y que esa emergencia tiene una cara concreta y urgente: el hospital Garrahan. “No estamos declarando la emergencia del hospital, sino la de la salud pediátrica de todo el país —dijo—, porque sin esta cabeza de alta complejidad, todo el sistema queda sin respuesta”.
El diputado remarcó que el Garrahan no sólo atiende las patologías más complejas —desde oncología infantil hasta neurocirugías—, sino que es también el principal formador de pediatras en la Argentina. “Vaciarlo no es sólo vaciar la atención de los chicos de hoy, es vaciar el futuro. Es un hospital que no se puede reemplazar”, sostuvo. Y advirtió que no se trata de una hipótesis lejana, sino de una realidad concreta: la caída del financiamiento, la interrupción de obras clave como la nueva guardia y los puestos de trasplante de médula, la demora de más de seis meses en la entrega de medicamentos que solían llegar en dos, la pérdida de profesionales y residentes.
“Si lo vaciamos de lo más importante que tiene —que es el recurso humano—, el hospital deja de tener sentido”, afirmó, con tono firme. Y cuestionó directamente la política de ajuste del Gobierno: “La Argentina tiene que dejar de ofrecer en el altar del equilibrio fiscal el sueldo y la vida de los niños”.
JJD
El gobernador santafesino asistió a la convocatoria judicial acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, del PJ y el socialismo, respectivamente, en una señal de respaldo institucional al reclamo de fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones provincial.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó hoy como “buena” la audiencia mantenida este miércoles en la Corte Suprema de Justicia por el reclamo que la provincia mantiene contra el Estado nacional a raíz de una deuda previsional, y aseguró que su administración “no va a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a los santafesinos”.
Pullaro asistió a la convocatoria judicial acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, del PJ y el socialismo, respectivamente, en una señal de respaldo institucional al reclamo de fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones provincial.
“La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia”, señaló Pullaro en declaraciones a LT3 Rosario AM680.
Y agregó que en un país donde “hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias”, la unión de diversos sectores los “muestra completamente diferentes”.
Según explicó, el reclamo de la provincia gira en torno a dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto “aún debe determinarse”, y por otro, el flujo de fondos que la Nación interrumpió desde enero de este año, al dejar de transferir recursos que corresponden por decreto.
“El Estado nacional reconoce que hay una deuda”, sostuvo Pullaro, y advirtió que la provincia “no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional”.
Destacó que Santa Fe “hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”, y planteó que esa situación no puede jugarles “en contra; al contrario, debería jugar a favor”.
“Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso, vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”, aseguró.
Pullaro también valoró la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo nacional y de la Anses, y anticipó que en los próximos 15 días se abrirá una “instancia técnica” para discutir el flujo de deuda, paso previo a la negociación sobre el stock acumulado.
Además, en paralelo, el gobierno santafesino sostiene una medida cautelar que exige la “restitución inmediata” de los fondos interrumpidos.
“El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo”, enfatizó.
Por su parte, Perotti sostuvo que acompaña “institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”, acotó.
En la misma línea, Bonfatti destacó que se da un “ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.
Durante la audiencia también estuvieron la secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.
Con información de la agencia NA