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Noticias de Santa Fe

Santiago Caputo tiene a un espía de la SIDE como custodia personal, pese a que no es funcionario del Gobierno

El martes pasado, cuando el Gobierno comenzaba a ensayar una respuesta al golpe en las elecciones bonaerenses, Santiago Caputo se bajó en la explanada de la Casa Rosada desde una camioneta Toyota SW4 negra –cuya patente termina con la combinación “99 MZ”– y un hombre con saco gris le abrió la puerta. El domingo, dos días antes, el asesor presidencial protagonizó una escena similar en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: se bajó del mismo vehículo y fue acompañado por la misma persona para entrar, cuando caía la tarde, al salón Vonharv de Gonnet. Acompañante y camioneta se vieron también en otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Javier Milei bajo la luz de los medios de comunicación: en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–. La secuencia no tendría importancia pública salvo por un detalle revelador: quien acompaña al estratega es un agente de espionaje. Conclusión: pese a que no es funcionario nacional, Santiago Caputo tiene como custodio a un espía de la SIDE.

La ley de inteligencia resguarda la identidad de los agentes, por esa razón elDiarioAR no publica su imagen y nombre. Pero su identidad fue cotejada y confirmada por al menos tres fuentes distintas vinculadas tanto a la Secretaría de Inteligencia del Estado como a la Bicameral de Inteligencia del Congreso, integrada por diputados y senadores. Este medio consultó a voceros en la agencia pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas al respecto.

El hecho de que Caputo se mueva con un custodio de la SIDE sí llamó la atención a especialistas y opositores consultados por este medio. Por un lado, como ya se dijo, el asesor no es funcionario. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia.

El fundador de la consultora Move Group tiene un contrato con el Gobierno: su vínculo como “Consultor II” es con la Secretaría General de la Presidencia, que depende de Karina Milei, bajo el marco del Decreto N° 1109/17. Tiene una remuneración equivalente a 3.750 URS (unidad retributiva de servicios), según detalló un informe de Guillermo Francos al Congreso. Esa suma corresponde actualmente a unos $3.100.000 mensuales.

La SIDE está encabezada por Sergio Neiffert, quien está secundado por Diego Kravetz. Ambos fueron ubicados allí por Caputo, luego de que se desplazó de la Casa Rosada a Nicolás Posse, que había puesto como interventor-jefe de los espías al abogado Silvestre Sívori antes de dar de baja la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El beneficio de tener custodia de la SIDE corona para Caputo su fuerte apuesta y obsesión por el espionaje: siempre tuvo interés en los servicios de inteligencia, al punto que en 2007, antes de ingresar a la facultad de Ciencias Sociales de la UBA para estudiar Ciencia Política, cursó tres años de Ingeniería en Informática en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Según publicó la revista Anfibia, el sueño del asesor “era trabajar en la Secretaría de Inteligencia, pero se frustró cuando el agente que lo estaba reclutando le dijo que ese mundo ‘era una mierda’, que ‘no había laburo real’ y que ‘eran todos unos ñoquis’”.

La SIDE de Caputo ya acumula otros escándalos. El año pasado el Congreso vetó en una decisión histórica una asignación de $100.000 millones en materia de fondos reservados para espionaje. Y recientemente se reveló un informe interno con seguimientos a referentes políticos, sindicalistas y también grupos de jubilados, algo prohibido por ley.

“Para ser parte de la SIDE tenés que estar formalmente incorporado, ser parte de la estructura de inteligencia. No puede ser que un personaje externo tenga incidencia en la inteligencia nacional, y mucho menos que la maneje como parece ser este caso”, cuestionó un miembro de la Bicameral de Inteligencia del Congreso. Ese cuerpo está presidido por el senador radical Martín Lousteau y secundado por el diputado peronista Leopoldo Moreau. “Es absurdo incorporar al Servicio de Inteligencia a personas que no tienen responsabilidades funcionales”, agregó la voz legislativa consultada.

“La SIDE no está para ser guardaespaldas de funcionarios. Su función no es proteger a una persona, sino proteger la seguridad nacional. En determinadas situaciones podrían proteger a alguien si lleva consigo una información o algo que puede poner en riesgo la seguridad nacional. Pero acá la pregunta sería: ¿por qué Santiago Caputo tiene que ser un protegido, además de que no es funcionario? ¿Qué cosas sabe o maneja que tiene que tener a un agente de la SIDE custodiándolo?”, planteó uno de los especialistas en la materia. 

Se desconoce con qué argumento oficial el asesor tendría guardaespaldas. El Presidente, por caso, está protegido por Casa Militar, y los funcionarios –ministros y secretarios– por la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Patricia Bullrich. Una fuente al tanto de las responsabilidades de la PF bullrichista aseguró que nunca tuvo instrucciones para proteger a Caputo.

En el decreto 1311/2015 –la Doctrina de Inteligencia Nacional aún vigente pese al cambio de AFI a SIDE– se establece que está prohibido que los servicios de inteligencia asuman funciones de seguridad interior, represión, custodia o policía, que corresponden a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas según la ley. Expertos especularon con que podría haber una resolución “secreta” que habilite darle protección a personas ajenas a la institución, decisiones que son más difíciles de rastrear.

El uso de un custodio personal para Caputo significa para la SIDE destinar recursos humanos pero también económicos que deberían cubrirse a través del erario público. El vehículo tiene chofer y tendría que afrontar gastos de viáticos, combustible y eventuales hospedajes. “La guita para custodias y seguimientos sale de los fondos reservados”, recogió este medio.

En mayo pasado el Gobierno reasignó $25.250 millones al presupuesto de la SIDE, de los cuales $8 mil millones corresponden a fondos reservados, cuyo uso específico no se hace público. Fue la tercera ampliación presupuestaria para el organismo en la gestión mileísta y el total para ese entonces ascendió a $80 mil millones, con casi el 20% destinado a fondos reservados, según detalló el sitio Chequeado. Dichas partidas se hicieron a través de una decisión administrativa firmada por el Jefe de Gabinete, que no requiere revisión del Congreso –como el DNU que se volteó el año pasado–.

elDiarioAR no pudo precisar si la camioneta en la que se mueve Caputo también pertenece a la flota de la SIDE, aunque una fuente interna aseguró que se la ha visto en el garaje del organismo, muy cerca de la sede central y a metros de la Casa Rosada. Está registrada en Avellaneda, hasta hace pocos meses se vendía por internet en Caleta Oliva y tendría multas de más de $500.000. 

“Tanto con el auto como con la custodia en principio parece verificarse una malversación de caudales públicos, salvo que una disposición secreta del Presidente haya ordenado a la SIDE darle un auto y custodia para su seguridad, aunque en realidad es comodidad”, aguijoneó un legislador opositor. “Si no sos de la Casa no podrías tener custodia, pero no es raro que tengan algunas personas vinculadas políticamente con la SIDE”, contrastó una fuente que conoce por dentro el edificio de 25 de Mayo 11, aunque evitó dar más detalles.

Regulado o no, habilitado o no, en las distintas escenas que registró elDiarioAR en el último año se lo vio al asesor preferido de Milei con el mismo agente, cuyos movimientos son ineludiblemente de custodio: abre y cierra las puertas de vehículos con técnicas de operativos de seguridad, y en un video hasta se lo ve con un equipo de comunicación en las orejas. Santiago Caputo, sin ser funcionario público, se mueve a diario con los privilegios que da el poder.

MC

Allanan propiedades de Spagnuolo y encuentran 80 mil dólares en una caja de seguridad

80 mil dólares en una caja de seguridad. Ese fue el resultado que dejaron una serie de procedimientos ordenados por el el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuyo principal eslabón es su ex titular, Diego Spagnuolo.

Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina— y el exfuncionario. Además, el fiscal pidió información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como los datos de una caja de seguridad vinculada a Spagnuolo, en la que encontraron 80.000 dólares. La fiscalía –que mantiene el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre–, entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

Pero esa no fue la única novedad del día. La defensa de Spagnuolo sufrió un reves con la renuncia de todos sus abogados, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.

Con información de NA

Tras perder la elección, Milei cerró 32 centros que ayudan a jóvenes a dejar las drogas

Después de que Axel Kicillof le ganara por paliza las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratificó la continuidad de su plan de ajuste. Y una prueba de ello fue que esta semana le tocó nada menos que al organismo encargado de prevenir y accionar contra las adicciones a las drogas, la Sedronar, que cerró una treintena de centros destinados a cumplir, justamente, ese objetivo.

Mientras el consumo problemático crece en los barrios y el comercio ilegal de estupefacientes gana terreno, el Gobierno eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos claves gestionados por la Sedronar y organizaciones sociales. El argumento oficial fue que presentaban “irregularidades”, pero desde los territorios lo niegan rotundamente y denuncian un vaciamiento deliberado. La motosierra mileítica le tocó a los centros que buscan alejar a los jóvenes de la droga.

El personal de la Sedronar alertó que cerrar las CAAC es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo en contextos vulnerables. “Empezaron con los que están conveniados con organizaciones sociales. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos, porque realmente funciona”, explicó Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo. En diálogo con elDiarioAR, aseguró que el recorte se concentra en los dispositivos ligados a los movimientos sociales, no a las iglesias.

Este jueves, varias organizaciones realizaron una movilización frente al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, bajo el lema “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Lugones asumió el 27 de septiembre de 2024, hace ya casi un año, en reemplazo de otro Mario, Russo, cuya única política pública para prevenir el dengue en el verano del año pasado, fue no usar pantalones cortos porque los mosquitos pican mucho en los tobillos.

A Lugones casi no se lo escuchó públicamente en estos once meses de gestión, pese a la magnitud de los recortes en su área. Sólo por mencionar uno: en recursos y personal clave en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

Desde la Secretaría, que ahora depende de ese ministerio, justificaron la baja de los centros con un informe de auditoría interna. Argumentaron que las unidades cerradas no contaban con equipos profesionales completos, ni con suficiente frecuencia de atención. Sin embargo, trabajadores y usuarios aseguran que la evaluación fue arbitraria. En algunos casos, ni siquiera se realizó presencialmente. En los barrios, según personal de la Sedronar consultados por este medio, también desmienten categóricamente que el dispositivo funcionara mal. Al contrario, lo valoran especialmente como una forma de rescatar a tantos jóvenes a los que el propio Estado no les da oportunidades y terminan consumiendo drogas y metiéndose en el negocio ilegal de la venta, con el riesgo cierto de morir jóvenes, por sobredosis o por ajustes de cuentas.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y datos oficiales recientes del Ministerio de Salud porteño señalan que el consumo problemático de sustancias en barrios vulnerables aumentó un 15% en el último año, estrechamente vinculado a la pobreza, la violencia y la exclusión social, un desafío que exige respuestas integrales y colaborativas.

elDiarioAR ya publicó meses atrás que desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Sedronar, que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Además del cierre de los centros, como se denunció esta semana, desde el organismo buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

La problemática ya generó en junio pasado que una fuerte reacción de la Iglesia, que mantienen una red de centros barriales para acompañar a personas con problemas de consumo conocidos como Hogares de Cristo. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, denunció en su momento la Conferencia Episcopal.

Críticas al nuevo recorte de Milei

Desde la provincia de Santa Fe, la diputada Varinia Drisun advirtió que el cierre de las CAAC representa un “golpe mortal a las políticas públicas de salud”. Sostuvo que el abordaje de los consumos problemáticos exige equipos formados, estables y bien remunerados. “El recurso humano es la principal tecnología con la que contamos, y hoy está siendo atacado y reducido”, señaló.

Drisun remarcó que sin un sistema de salud robusto no puede haber una estrategia seria para el acompañamiento de los consumos. “El Gobierno nacional no solo continua debilitando al personal de la Sedronar sino que desfinancia el sistema de salud, además de la falta de un plan nacional de salud. Sin sistema de salud no hay salud mental, y sin salud mental no hay abordaje posible del consumo problemático”, aseguró.

El abordaje de los consumos problemáticos requiere equipos formados, capacitados y comprometidos, con estabilidad laboral y salarios dignos. El recurso humano es la principal tecnología que tenemos y hoy está siendo atacado y reducido

Varinia Drisun — médica y diputada provincial de Santa Fe del Partido Sociaslista

Destacó además que en Santa Fe existe una política activa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que sostiene el trabajo territorial a través de Aprecod [Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones], que articula y financia instituciones que atienden esta problemática en conjunto al sistema publico de salud santafesino. “A pesar del contexto nacional, los equipos interdisciplinarios de salud siguen atendiendo en centros de salud, hospitales generales y hospitales especializados, en el marco del plan provicial de salud mental con presupuesto y decisión política”, explicó.

Drisun enfatizó “la precarización histórica de la Sedronar con sus trabajadores”, a la vez que “al Estado siempre le costó hacerse cargo de la atención de los consumos, delegando muchas veces la atención en organizaciones sociales”. Ahora —continuó Drisun—, el Gobierno no solo continúa debilitando al personal de la Sedronar, sino que también avanza en el desmantelamiento del Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En los barrios, el cierre de las casas comunitarias se siente como una traición: donde antes había un lugar para hablar, comer, hacer un taller o simplemente ser escuchado, ahora queda un portón cerrado. La motosierra achica el Estado y también las esperanzas.

JJD/MC

El gobernador de Utah, sobre el sospechoso de matar a Charlie Kirk: “He rezado para que fuera de otro país, que no fuera uno de nosotros”

Tyler Robinson, un joven de 22 años del estado de Utah, fue arrestado el jueves por la noche acusado de haber asesinado al activista de ultraderecha Charlie Kirk. Robinson ingresó en la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork, a unos 19 km al sur de la universidad donde Kirk recibió el disparo, aunque aún no ha sido acusado formalmente por las autoridades.

Desde entonces, la órbita mediática y política de Donald Trump se ha empecinado en relacionar el crimen con la motivación ideológica de izquierdas, y ha emprendido una campaña de venganza contra los representantes progresistas. El argumento: las inscripciones que Robinson dejó en los cartuchos, relacionadas con conceptos como el 'Bella Ciao', pero aparentemente referencias a videojuegos como el Call of Duty o Helldivers 2.

Sin embargo, Robinson es realmente un chico blanco de familia de afiliación republicana. Sus padres, Matthew Carl Robinson y Amber Denise Robinson, están registrados como votantes del partido de Donald Trump. Los registros estatales sugieren que Robinson se había registrado anteriormente como votante independiente o no partidista. La familia tiene licencias de caza vigentes —algo muy común en la zona, conocida por su vida al aire libre— y Robinson estuvo expuesto al uso de rifles desde pequeño.

Los datos no terminan de encajar con el perfil activista de izquierdas que las autoridades del estado de Utah pensaban estaría detrás del asesinato de Kirk. Tampoco se ha encontrado todavía una motivación política. Y así lo ha tenido que decir el gobernador del estado, Spencer Cox. “Las cosas horribles suceden”, dijo en una rueda de prensa este viernes por la noche. “Y durante 33 horas —las que tardaron en detener a Robinson— he estado rezando para que, si esto había tenido que suceder aquí, que no fuese uno de nosotros. Que fuera alguien de otro estado, alguien que hubiera venido de otro país”, aseguraba el gobernador.

“Desafortunadamente”, proseguía, “mi oración no ha sido respondida de la manera que esperaba”.

Cox explicó que se agarraba a la esperanza de que la persona fuese extranjera porque pensaba “que sería más fácil de asumir” para la población del condado. “Nos lo haría más fácil poder decirles que estas cosas no las hacemos aquí. Pero ha sucedido aquí”.

El presidente de Estados Unidos vinculó directamente el asesinato de Kirk con un movimiento de extrema izquierda. “Espero que lo declaren culpable y que le apliquen la pena de muerte. Charlie Kirk era la mejor persona. No se merecía esto”, dijo Trump en una entrevista en televisión este jueves, después de asegurar que las cadenas de corte editorial demócrata son “terribles” e “injustas”. “Escucho a esta gente hablar tan mal de mí y de otros, de un tipo que solo quiere que EE.UU. vuelva a ser grande. Pero tienen agitadores profesionales”, insistía Trump.

La investigación, sin embargo, no ha encontrado de momento ninguna afiliación del joven con ninguna causa política. Robinson se graduó en 2021 de la escuela secundaria Pine View en St. George, Utah. Asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah en Logan durante un semestre ese otoño, antes de marcharse. No se conoce el motivo de su partida, pero Dixie Technical College confirmó que cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad de la escuela. Ninguna de sus publicaciones ni las de su familia en redes sociales parece abiertamente política.

El asesinato de Charlie Kirk escala la violencia política en EE.UU.

Desde Abraham Lincoln a JFK. Desde Malcolm X a Martin Luther King. Y, más recientemente, desde la presidenta (demócrata) de la cámara legislativa de Minnesota al referente del conservadurismo ultra trumpista, Charlie Kirk, o el atentado fallido contra Donald Trump hace un año. La violencia política en EEUU, un país de democracia joven por mucho que su constitucionalismo arrancara en el siglo XVIII, en tanto que hasta mediados del siglo XX segregaba a la población afroamericana a la que se privaba de derechos civiles básicos, es una constante, con momentos más calientes y momentos más fríos. Hasta ahora, la década de 1960 había sido la más violenta en Estados Unidos, pero el país está experimentando en los últimos tiempos un resurgimiento de la violencia inédito desde entonces.

El 10 de septiembre, a las 12.23, Charlie Kirk recibió un disparo mortal en el cuello mientras participaba en un acto público en la Universidad de Utah Valley. Y, a partir de ese momento, la Administración Trump entró en una nueva fase de acusaciones contra la izquierda cuando aún ni siquiera se sabía quién podía ser el asesino.

Charlie Kirk, de 31 años, había creado Turning Point USA, un movimiento juvenil fundamental para la familia MAGA, hegemónica en el Partido Republicano actual. Su acceso a la Casa Blanca era total. Era uno de los suyos en el sentido más amplio y profundo de la palabra, y, además, les daba una conexión con una capa de votantes muy codiciada por los partidos: los jóvenes. Kirk llevaba el discurso trumpista –homófobo, xenófobo, machista, negacionista, ultra religioso, anti aborto, tránsfobo– a las nuevas generaciones, y participaba activamente en la elección de candidatos republicanos en primarias.

Su muerte supone la pérdida de uno de los líderes sociales y mediáticos MAGA más populares. Y el presidente de EE.UU. no lo está aprovechando para rebajar la tensión política, sino para dirigirla contra su izquierda mientras sus seguidores alientan una “guerra”. Este mismo viernes, cuando comunicaba en la Fox que se había detenido a un sospechoso, Tyler Robinson, el presidente de EEUU decía: “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles”. Y añadía: “Vamos a investigar a [George] Soros, porque creo que hay un caso RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ley federal de 1970 para combatir el crimen organizado, la mafia y la corrupción]. Porque esto es más que simples protestas. Es una verdadera agitación”.

Sin embargo, el asesinato de Kirk no es un caso aislado, y tampoco todos los ataques son contra referentes conservadores. Paul Pelosi, el marido de la dirigente demócrata Nancy Pelosi, una de las personas más odiadas por Trump, fue atacado en su propia casa en octubre de 2022. En diciembre pasado, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros en una acera de Manhattan, presuntamente por un hombre indignado por la política sanitaria. A principios de este año, un hombre fue acusado de provocar incendios en un concesionario de Tesla y en la sede del Partido Republicano en Nuevo México. .

Al mismo tiempo, Trump sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania, el verano pasado; en la primavera, un pirómano prendió fuego a la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro; en Minnesota, durante el verano, un hombre fue acusado tras acosar a demócratas y asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes del estado, Melissa Hortman, y a su esposo. Y, el mes pasado, un hombre armado disparó más de 180 balas contra la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), responsables del asesoramiento en política sanitaria y convertidos en blanco de teorías de la conspiración sobre la vacunación en pandemia, matando a un policía.

Previamente, el representante Steve Scalise (republicano por Luisiana) recibió un disparo y resultó gravemente herido en 2017. Tres años después, un grupo de hombres intentó secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

Cada caso es único, pero muestra un contexto sobre el clima político en EEUU, un país en el que hay más armas que habitantes. Y en el que la tensión no ha dejado de crecer desde la derrota de Donald Trump en noviembre de 2020, que sigue sin aceptar cinco años después, y el subsiguiente asalto al Capitolio –cuyos participantes fueron indultados por el presidente nada más volver a la Casa Blanca–, ha ido escalando desde el golpismo, la violencia verbal y, también, la física.

Y la violencia verbal del presidente del país, Donald Trump, es permanente, constante, culpando a la izquierda del asesinato de Kirk. “Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país”, dijo Trump el 10 por la noche: “Desde el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, la violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”.

Trump ni siquiera mencionó el asesinato en Minnesota de la representante de ese estado y su marido, ambos demócratas a principios del verano. Y cuando una periodista preguntó entonces a Trump si había llamado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de partido, además, de las víctimas del atentado, su respuesta fue: “La verdad es que no le he llamado. Creo que el gobernador de Minnesota está tan desquiciado que no le voy a llamar. ¿Por qué iba a llamarle? Podría llamarlo, saludarlo y preguntarle cómo está. El tipo no tiene ni idea, es un desastre. Podría ser amable y llamarlo, pero ¿por qué perder el tiempo?”

Al mismo tiempo, los golpistas del 6 de enero que asaltaron el Capitolio fueron indultados por Trump nada más regresar a la Casa Blanca. Es decir: en el Despacho Oval hay una violencia que se condena, otra que se olvida y otra más que se ampara.

Barbara Walter, de Asuntos Internacionales en la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, escribía en Poltico: “La violencia política no es aleatoria. Las investigaciones demuestran que se vuelve mucho más probable en cuatro circunstancias: cuando la democracia está en rápido declive, cuando las sociedades están divididas por raza, religión o etnia, cuando los líderes políticos toleran o fomentan la violencia, y cuando los ciudadanos tienen fácil acceso a las armas. Estados Unidos cumple con estos cuatro requisitos y ninguno está mejorando. Si los legisladores estuvieran dispuestos a frenar los algoritmos que amplifican las teorías conspirativas, la desinformación y el odio, podrían debilitar el canal que alimenta el extremismo violento. Tras el asesinato de Charlie Kirk, esa podría ser la palanca más inmediata que queda por accionar. La pregunta es si Estados Unidos tiene la voluntad de accionarla antes de que la violencia empeore.

Una encuesta realizada en febrero por Bright Line Watch, un grupo de politólogos que analiza las normas e instituciones democráticas, reveló que, si bien solo el 2% de los demócratas y el 3% de los republicanos apoyan la violencia contra los líderes de los partidos de oposición en general, esta cifra se eleva a aproximadamente el 10% en el caso de los líderes de partidos de oposición que implementan políticas perjudiciales.

“Estamos atravesando lo que yo llamo una era de populismo violento”, afirmó Robert Pape, director del Proyecto Chicago sobre Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago, en The Washington Post. “Es una época históricamente alta de asesinatos, intentos de asesinato y protestas violentas. Esto va mucho más allá del habitual flujo y reflujo de violencia de las milicias que hemos visto en 20 años. Este es un nivel diferente, un período histórico diferente de violencia política, y eso es lo que se ve. Es demostrable. Cuanto más apoyo hay a la violencia política, más se hace común la violencia política real. Les da un manto de legitimidad a individuos que pueden ser volátiles o tener sus propias razones psicosociales para descontrolarse”.

“A veces, de cosas realmente malas, pueden suceder cosas que pueden ser buenas”, ha dicho Trump este viernes en Fox después de anunciar la persecución judicial contra referentes del mundo progresista sin demostrar su conexión con nada de lo que está pasando. Y después de que su equipo esté amenazando con echar del país a los extranjeros que rebajen la importancia del asesinato de Kirk y de que se esté despidiendo a personas de sus trabajos por hacer lo mismo.

El asesinato de Charlie Kirk ha escalado la violencia política en EEUU a un nuevo estadio. En un momento en el que la desinformación, los bulos, los insultos y la manipulación no sólo vuelan, sino que se emiten desde las más altas instituciones del país, en grandes medios y por parte de comentaristas con millones de seguidores.