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Tras la reforma laboral, el Gobierno acelera en Diputados la reforma penal juvenil y el acuerdo UE-Mercosur

El oficialismo busca otra triunfo parlamentario tras la votación de la media sanción de la reforma laboral. Este jueves desde las 11 en la Cámara de Diputados busca aprobar un temario de alto voltaje político: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el caso de la reforma penal juvenil, el Gobierno debió recalibrar la estrategia. Uno de los puntos más sensibles -la edad de imputabilidad- generó fricciones con bloques aliados. El texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años, lo que puso en riesgo los apoyos necesarios. Finalmente rescató el consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas de establecer los 14 años como piso.

Régimen Penal Juvenil

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

Con información de agencia NA

UNICEF advierte contra la baja de la edad de imputabilidad y reclama una ley de justicia penal juvenil acorde a estándares internacionales

UNICEF volvió a fijar posición en el debate sobre la justicia penal juvenil en Argentina y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no solo contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que además resulta ineficaz para mejorar la seguridad ciudadana. El organismo reclamó la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil integral, especializada y basada en evidencia, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y priorice medidas socioeducativas por sobre el castigo punitivo.

En el documento difundido este lunes, UNICEF remarca que niños, niñas y adolescentes atraviesan procesos de maduración incompletos que afectan su capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Esa diferencia —respaldada por estudios en neurociencia y desarrollo infantil— es la base del principio de inimputabilidad y del diseño de regímenes penales diferenciados, orientados a la responsabilización progresiva y no a la equiparación con el sistema de adultos.

“Por su proceso de maduración y de formación incompletos, los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir 'múltiples formas de violación, como ser reclutados…; llevar a cabo ejecuciones…; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas...”, como Menciona el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 243 . Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad“, dice el documento.

Y agrega: “Un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos. También implica fortalecer el Sistema de Protección Integral en los términos que establece la ley 26.061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, para que se apliquen las medidas ordinarias y excepcionales allí previstas que prevengan y detecten a tiempo determinantes sociales que faciliten futuras conductas infractoras”.

Este lunes, el oficialismo presentó un proyecto en el que volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. Sin embargo, ante la falta de apoyo de los aliados, decidió retirarlo 24 horas después.

El organismo subraya que la seguridad ciudadana es un derecho de toda la sociedad, pero advierte que no puede abordarse desde respuestas simplistas. Los datos oficiales muestran que la participación de adolescentes en el delito es marginal: solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 en la provincia de Buenos Aires involucró a personas menores de 18 años, mientras que el 98% correspondió a adultos. Además, la mayoría de los conflictos penales juveniles están vinculados a delitos contra la propiedad. 

UNICEF también cuestiona el uso extendido de la privación de la libertad. Distintos estudios regionales e internacionales indican que el encierro incrementa la reincidencia, deteriora las trayectorias educativas y laborales y expone a los jóvenes a entornos de mayor violencia. En contraste, las sanciones alternativas y los programas comunitarios muestran mejores resultados en términos de reinserción y prevención de nuevos delitos.

En ese marco, el organismo propone un sistema penal juvenil que contemple penas proporcionales a la edad y al contexto, incorpore la justicia restaurativa, repare a las víctimas y fortalezca el Sistema de Protección Integral de Derechos. También recuerda que los organismos internacionales recomiendan elevar —y no reducir— la edad mínima de responsabilidad penal y utilizar la privación de libertad solo como último recurso, por el período más breve posible. 

Lejos de asociar mano dura con mayor seguridad, UNICEF sostiene que una justicia juvenil moderna, con políticas integrales y financiamiento adecuado, reduce la reincidencia, previene nuevas víctimas y contribuye de manera más efectiva a la convivencia social.

Con cambios de último momento y represión, el Gobierno logró la media sanción en el Senado de la reforma laboral

Luego de más de 12 horas de debate y en medio de un clima de máxima tensión marcado por los disturbios y la represión en las afueras del Congreso, el Gobierno logró pasadas la 1 de este jueves la media sancion del proyecto de reforma laboral. Con 42 votos a favor y 30 en contra, la votación representa un triunfo clave para el oficialismo tras de la seguidillas de derrotas que la oposición le asestó a Javier Milei el año pasado.

El oficialismo pudo alcanzar la aprobación luego de negociar hasta último momento modificaciones al proyecto y terminó cediendo para que los gremios continúen con la facultad de recibir aportes solidarios por parte de los afiliados, aunque sí tendrán un tope del 2%. También se modificó la composición del Fondo de Asistencia Laboral, una creación de Federico Sturzenegger que apunta a financiar las indemnizaciones con el 3% de los aportes patronales que van a la seguridad social. Incluso se permitió incluir como anexo el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito porteño.

Pero no fue hasta pasada la medianoche que el oficialismo comenzó a distribuir la versión final del proyecto, una vez que Bullrich se aseguró que estaban todos los cambios necesarios para hacerse con una mayoría inexpungable. A excepción del peronismo y los dos santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, todo el Senado acompañó la aprobación de la reforma.

Los senadores de la UCR, el PRO y las fuerzas provinciales del Norte y del Sur –incluso la peronista salteña Flavia Royón– salieron en respaldo del Gobierno y aprobaron, con entusiasmo, un proyecto que fracciona vacaciones, crea un banco de horas, recorta el salario ante casos de accidentes fuera del trabajo, disminuye la indemnización, desfinancia al INCAA y modifica el modelo sindical argentino. Bullrich no solo consiguió el apoyo a la ley en general, sino que, uno por uno, fue aprobando en particular todos los títulos de la ley.

Mientras afuera, en la plaza, la Policía reprimía durante la tarde con gases lacrimógenos para desarticular la movilización, adentro, en el Senado, Patricia Bullrich se movía del despacho al recinto y del recinto al despacho. Durante toda la jornada estuvo confiada en que tendría los votos para aprobar la reforma laboral, luego de haber modificado una treintena de artículos días atrás. Solo en algunos capítulos tenía el número fino y buscó a toda costa evitar una votación en particular traicionera. El objetivo de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza era mostrarle a los hermanos Milei que fue ella quien aprobó, en dos meses, la reforma laboral “más importante de los últimos 50 años”.

“Me voy a ver si tengo los votos”, ironizaba Bullrich cada vez que enfilaba por el pasillo que conectaba el recinto con su despacho, ubicado en el primer piso del Senado. Javier Milei seguía el debate desde la Quinta de Olivos y conversaba, a través del grupo de WhatsApp que comparte con la mesa política del Gobierno, cómo iba el minuto a minuto del poroteo. Santilli se instaló en la oficina de Martín Menem, ubicada del otro lado de Pasos Perdidos, y entraba y salía del Senado, atento a ayudar a Bullrich a terminar de cerrar la letra chica del proyecto. No querían sorpresas.

Y la recompensa llegó pasada la medianoche. En uno de los palcos se instaló Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, junto a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana presidencial; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y quien ahora tendrá la misión de lograr la sanción de la ley. “Le damos la bienvenida a los miembros del gabinete nacional”, los recibió la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con una sonrisa socarrona. Karina Milei siguió imperturbable.

La sesión comensó auspiciosa para Bullrich con el número del quórum, pero durante la jornada supo que algunos ítems del proyecto tambaleaban y amenazaban con caerse en la votación en particular. “Los sindicatos están presionado”, admitieron desde el Gobierno, que todavía celebraba haber desactivado la convocatoria de un paro por parte de la CGT. 

El mayor reclamo refería a un punto que Bullrich había cedido, en parte, la tarde anterior. A pedido de algunos sindicalistas, el Gobierno había aceptado prorrogar la obligatoriedad de las cuotas solidarias hasta 2028. Había fijado un tope del 2% –es decir que las cuotas que financian a los sindicatos no podían representar más del 2% de los sueldos de los trabajadores– y había fijado que, a partir de 2028, pasarían a ser optativas. Los sindicatos petroleros se resistían y presionaban a los senadores patagónicos, como el santacruceño José Carambia o la neuquina Julieta Corroza, para modificarlo. 

Hasta tarde a la noche, el texto final se continuaba discutiendo. El borrador circulaba pero cambiaba a cada hora. Un detalle que destacó el senador de La Cámpora, Mariano Recalde, que interrumpió a uno de los miembros informantes de La Libertad Avanza al comienzo de la sesión para cuestionarle el contenido del proyecto que estaba defendiendo.

“Es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido. ¿Efectivamente dice, porque no lo leí, si en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL (Fondo de Asistencia Laboral)? Hoy no lo dice. Dice que el único titular de la cuenta es el empleador, y el empleador puede cerrar o quebrar y el trabajador no tiene ningún derecho del FAL”, señaló. Recalde se refería al Fondo de Asistencia Laboral, una creación de Federico Sturzenegger que apunta a financiar las indemnizaciones con el 3% de los aportes patronales que van a la seguridad social.

El Gobierno, que seguía el desarrollo de la sesión minuto a minuto, aprovechó para recortar el video y acusar a Recalde de no haber leído el proyecto de ley. Hasta el presidente tuiteó el video recortado diciendo “Esto es el kirchnerismo”. Pero Recalde se refería a no haber encontrado ese detalle en el artículo, no al texto completo.

Cambios y negociaciones 

Bullrich aceptó muchos cambios en los últimos días con el objetivo de ofrecer, sin fisuras ni capítulos caídos, una postal de control político del Senado. Modificó el cálculo del financiamiento del FAL y distinguió entre grandes y pequeñas empresas. Eliminó el artículo que bajaba las alícuotas del impuesto a las Ganancias, que los gobernadores habían cuestionado por desfinanciar a las provincias. Pateó el desfinanciamiento del INCAA para 2028 y dilató la derogación del estatuto del periodista para 2027. Eliminó la posibilidad de depositar el sueldo en billeteras virtuales y fijó en 6% los aportes patronales a las obras sociales de los sindicatos.

Esta estrategia no cayó bien en todo el Gobierno, en donde un sector más duro pujaba por no hacer tantas concesiones. “Aceptó demasiados cambios. Le manejaron la negociación los radicales”, masculló un dirigente libertario, quien deslizó que el proyecto se podría haber aprobado igual sin necesidad de tantas modificaciones. 

Bullrich, sin embargo, quería dar una demostración de fuerza y aprobar la ley con el mayor apoyo posible. Y, con estos cambios, logró anotarse el apoyo de los 10 radicales, quienes habían tenido una dura discusión interna respecto a la decisión de si acompañar el título que elimina el estatuto del periodista a partir de 2027 y el desfinancia el INCAA. Hubo rispideces, pero finalmente todos decidieron votar a favor. 

“Es una ley que le va a permitir a muchas gentes gozar vacaciones, gozar de un aguinaldo, gozar de horas extras. Porque el problema de desinformación que hace la izquierda es el desinformar para atemorizar. El trabajador quiere que le vaya bien a su empresa para que a él le vaya bien”, argumentó la radical santafesina Carolina Losada, en línea con la línea discursiva de Bullrich. 

El proyecto, sin embargo, habilita el fraccionamiento de vacaciones, elimina el aguinaldo en el cálculo de las indemnizaciones y abre la puerta a eliminar las horas extra con el establecimiento del banco de horas. 

El peronismo fue el único bloque que tomó la palabra para cuestionar el proyecto de ley. Incluso los díscolos de Convicción Federal, que están enemistados con Cristina Fernández de Kirchner y a veces votan con el Gobierno, adelantaron su rechazo tajante al proyecto de ley. 

“Es una pena que el peronismo, que tiene al trabajador como columna vertebral, no haya podido estar a la altura de las circunstancias y haya impulsado su reforma laboral. El peronismo no dio respuesta, y no podemos negar la realidad: hace años que este sistema laboral quedó obsoleto”, cuestionó la jujeña Carolina Moises, a quien CFK suspendió del PJ local, y agregó: “Pero esta ley no sirve para generar empleo. Se dijeron barbaridades, esta ley es absolutamente destructiva”. 

Sobre el final, sin embargo, aprovechó para dejar un mensaje interno: “Hace un mes sigo aguantando una campaña espantosa de unos compañeros tratando de manipular mi decisión. Tratando de presionarme con aprietes espantosos. Han llegado hasta expulsarme del partido al que represento por las decisiones que tomé en este Senado. No les tengo miedo”, exclamó.

Con ese peronismo tensionado puertas adentro, y con una amplia mayoría elaborada quirúrgicamente, Bullrich consiguió al final de una jornada extenuante entregarle a Milei la media sanción de la reforma laboral. Ahora la discusión pasa a Diputados, donde el poroteo previo anticipa nuevas negociaciones para el Gobierno. El objetivo oficialista es sancionar la ley sin cambios para evitar que vuelva al Senado. La meta final es que el Presidente presente la reforma laboral como una victoria histórica en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

MCM/MC

Todos los cambios de la reforma laboral: tope a las indemnizaciones, banco de horas y convenio por empresa

El proyecto de modernización laboral que aprobó el Senado y fue girado a Diputados, con el respaldo de la Libertad Avanza y dialoguistas, reforma el sistema de indemnizaciones, de horas extras, permite el acuerdo por empresa y rebaja los aportes patronales para incentivar la contratación de empleo.

Los puntos centrales de la iniciativa que sancionará el Senado son los siguientes:

Convenios 

-Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor. 

-Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, imita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.

-Las asambleas se podrán realizar mediante la autorización previa del empleador.

Despidos e indemnizaciones

-Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año trabajado, donde se excluyen el aguinaldo, los bonos, premios y otros rubros especiales que no sean mensuales. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

-El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad.

-Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento.

-La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.

-La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales.

-Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y del 2,5% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

-En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad o, en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

-En caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas: para grandes empresas, el máximo permitido es de 6 cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%.

-Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original.

Horas extras

-Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales. 

-Permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

-La prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.

-El régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

-La jornada reducida solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical.

-Siempre deben respetarse los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas para el descanso semanal.

Vacaciones

-Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días.

-Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

-La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días.

-Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada uno goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

Sindicatos

-Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

-Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

Bancos

-Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

Justicia

-Se traspasará la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

Certificados médicos

- Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable. 

-Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

-Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal, que podrán tener rebaja de contribuciones patronales 

RIMI

-Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Plataformas

-Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Impuestos 

-Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celularesy productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Con información de NA

Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la reforma laboral y quiénes en contra

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del “Sí” reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Texto completo de la la Ley con los cambios

Con información de NA.

IG