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Mauricio Claver-Carone, encargado de la relación de EE.UU. con América Latina, cuestionó al Gobierno por haber renovado el intercambio de monedas con el gigante asiático. Dijo que si se pagaba, el préstamo del FMI podría haber sido mayor. Hace un mes se pronunció igual el secretario de Hacienda republicano.
El funcionario de Donald Trump encargado de la relación de Estados Unidos con América Latina lanzó advertencias y críticas al gobierno de Javier Milei por haber renovado -cuando aún se negociaba el acuerdo con el FMI- el intercambio de monedas con China, que alcanzan a unos U$S5.000 millones. “Mientras tenga el swap, Argentina no será libre”, lanzó públicamente Mauricio Claver-Carone, quien está a punto de dejar su cargo en la Casa Blanca y volver a la actividad privada.
La salida de Claver-Carone de la administración Trump se conoció días atrás y le trajo cierto alivio a la Casa Rosada porque tienen una tirante relación histórica con mileístas como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. A fin de mayo vuelve a la actividad privada tras 130 días de mandato.
Con un pie afuera de la gestión, el estadounidense de origen cubano aprovechó una entrevista periodística para dar su opinión sobre Milei, a quien calificó de “aliado” de Trump, aunque puso reparos sobre cómo se llevó adelante la negociación para el nuevo préstamo de U$S20.000 millones que otorgó el Fondo.
“Mientras tenga el país el swap, está amarrado a China y depende de ese swap para poder mantenerse económicamente. Entonces, Argentina no es libre”, lanzó Claver-Carone en una entrevista que le otorgó al sitio Infobae.
El aún funcionario republicado contó que su exigencia era que el Gobierno cancele el swap con China antes de cerrar el acuerdo con el FMI. “Mi opinión personal y creo que la opinión de muchos de nosotros en el gobierno, es que se podía haber pagado de antemano para que entonces el programa del Fondo sea limpio”, consideró Claver-Carone, y entonces apuntaló que el préstamo del organismo multilateral podría haber sido más amplio, aunque no detalló de cuánto.
“Creo, francamente, si se hubiese pagado de antemano, el programa del Fondo podría haber sido hasta más robusto. Pero lo hecho está hecho. Renovaron los 5 mil millones y tiene un programa del Fondo que tiene una gran oportunidad”, señaló el republicado, que cerró la frase con un: “Le deseo éxito al presidente Milei”.
Claver-Carone admitió que el swap del país con China hace ruido en la relación geopolítica, en medio de la discusión arancelaria global que Washigton tiene con Beijing. De hecho no es la primera advertencia republicana contra Milei: al borde del acuerdo con el FMI llegó al país el secretario de Hacienda, Scott Bessent, y luego el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey.
En su momento la embajada de China en la Argentina acusó a EE.UU. de “sabotear” el swap que renovó Milei tras el acuerdo con el FMI.
“Obviamente hace ruido con la administración Trump el swap chino que prorrogó el gobierno de Milei, porque va a tener que atender el tema, ¿no?”, apuntó Claver-Carone en la entrevista. “Estuvimos hablando anteriormente de apalancamiento. Y el mayor apalancamiento que el gobierno de China tiene sobre Argentina es el swap”, cerró.
Hace un mes, Claver-Carone ya había cuestionado el swap de monedas que el Banco Central argentino tiene con China, que se renovó casi en paralelo al acuerdo con el FMI. “Queremos asegurarnos de que ningún acuerdo con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap que tienen con China. Si hacemos eso nos estamos tirando un tiro en el pie”, dijo entonces.
MC
En la reunión con el responsable de Salud y Servicios Humanos de los EEUU, en la que participará su par argentino, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos.
EEUU avanza en los aranceles a productos farmacéuticos y semiconductores “por razones de seguridad nacional”
El desafío de regular a la industria farmacéutica y cómo el lobby impacta directo en la política argentina
El gobierno de Javier Milei recibirá en los próximos días a Robert F. Kennedy Jr., ministro de Salud de la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el país del Norte para cerrar un acuerdo comercial que implique una baja de aranceles y modificar los requisitos para la protección de patentes en el sector farmacéutico, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a elDiarioAR.
A fines de abril, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en su informe sobre la relación con la Argentina, puso al país en la vigilancia prioritaria por posibles incumplimientos de propiedad intelectual. Entre varios sectores de la economía cuestionados, EEUU sostiene que con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, persisten preocupaciones sobre una variedad de restricciones relacionadas con la protección y aplicación de la propiedad intelectual, y el acceso al mercado.
En la reunión con Kennedy Jr., en la que participará el ministro de Salud, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Para EEUU, las políticas actuales de la Argentina, enmarcadas en la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, generan una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el Gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización”. El país norteamercano culpa a la Argentina de permitir a los laboratorios locales copiar fórmulas de remedios y no pagar las regalías correspondientes.
Robert Garverick, el subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, enviado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en la Argentina a principios de mayo para analizar la suba de aranceles a las importaciones anunciada por el presidente Donald Trump.
Según se especula, la Argentina y Estados Unidos se exceptuarían recíprocamente 50 productos o algunos más, bajando a cero los aranceles (cero para entrar allá y cero para que los americanos entren en Argentina), lo que tuvo el visto bueno del Mercosur en la reunión de principios de mes.
Si bien Trump dispuso hace días una pausa 90 días para todos los países salvo China, el piso del 10% sigue vigente y las exportaciones argentinas ya pagan el arancel recíproco, según los especialistas.
Para los alimentos representa el doble de lo que pagaban antes, mientras la tarifa para productos vegetales y químicos se multiplicó por 10.
La ampliación de excepciones arancelarias permitirá a Argentina negociar con mayor libertad con Estados Unidos, tras la pausa de 90 días en la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, al término de la reunión el 2 de mayo de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. En Cancillería estiman que esas 50 posiciones podrían representar el 80% de lo que la Argentina exporta a Estados Unidos, unos US$ 5.000 millones.
Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista con aspiraciones ambientalistas y conocido por su férrea postura antivacunas, que fue elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud en su segundo mandato.
Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es el presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999. RFK Jr. ha escrito o editado diez libros.
Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 hasta su retirada el 22 de agosto de 2024 dando su apoyo al entonces candidato Donald Trump. RFK Jr. ha promovido teorías de conspiración y desinformación sobre las vacunas, como el vínculo no comprobado entre las vacunas y el autismo.
Desde 1986 hasta 2017, RFK Jr. fue abogado sénior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Desde 1984 hasta 2017, fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Ambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente es profesor emérito en Pace.
En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto de distrito en Manhattan. En 1984, Kennedy se unió a Riverkeeper como investigador, y fue promovido a fiscal superior cuando fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1985.
Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy & Madonna, LLP, y es un defensor de la justicia ambiental.
A través de litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.
En 2018, la Asociación Nacional de Abogados Judiciales otorgó a Kennedy y a su equipo de pruebas el Equipo de Juicio del Año por su trabajo ganando un veredicto con jurado de 289 millones de dólares en Dewayne “Lee” Johnson v Monsanto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que solicita a las farmacéuticas que reduzcan, en un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos en el país.
El decreto instruye al Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., a negociar nuevos precios para los medicamentos y, si no se alcanza un acuerdo, entrará en vigor una normativa para igualar los precios en Estados Unidos con los de otros países donde son más bajos.
Durante la firma de la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump denunció ante la prensa que los estadounidenses están subsidiando los medicamentos de otras naciones al pagar precios más elevados por los mismos.
“Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos”, afirmó.
El mandatario aseguró que los precios de determinados medicamentos en Estados Unidos se reducirán hasta en un 90 % y declaró que las farmacéuticas pueden hacerlo de forma “voluntaria” o la Casa Blanca utilizará “el poder del Gobierno federal” para garantizarlo.
Según la prensa estadounidense, no está claro el efecto que puede tener esta orden ejecutiva en los precios, ni qué autoridad tiene el Gobierno para influir en los precios que pagan otros países.
Trump puso el ejemplo de un amigo suyo, al que no identificó con el nombre pero definió como un hombre “muy neurótico, un empresario brillante y con un sobrepeso considerable”, que lo llamó quejándose de que el precio en el Reino Unido de una inyección para bajar de peso es mucho menor que en Estados Unidos.
En 2020, antes de concluir su primer mandato, Trump firmó un decreto para invocar el mecanismo de “nación más favorecida”, que exigía que Estados Unidos pagara los precios bajos que otras naciones abonaban por los medicamentos.
El decreto, sin embargo, enfrentó obstáculos en los tribunales por la oposición de las farmacéuticas y no pudo entrar en vigor durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que lo revocó.
Con información de agencias.
IG
El Gobierno anunció que reducirá los aranceles a la importación de teléfonos y ello impactará de lleno en la industria promocionada de la provincia. La UOM cumple hoy la tercera jornada de un paro por tiempo indeterminado. Manifestaciones callejeras en rechazo a la decisión oficial.
Sturzenegger defendió los cambios en el régimen de protección de Tierra del Fuego, pero admitió recortes en los empleos
La actividad de las fábricas electrónicas de Tierra del Fuego se mantiene paralizada por tercer día consecutivo a raíz del paro por tiempo indeterminado que determinó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como reacción al anuncio del Gobierno nacional respecto de la baja de aranceles a la importación de teléfonos celulares.
La medida que todavía no fue oficializada golpearía de lleno al subregimen industrial fueguino porque los celulares importados competirán con los fabricados en la isla y ello derivaría en la pérdida de entre “3500 y 4000” puestos de empleo, casi la mitad del total en el sector, según estimaron autoridades del gobierno provincial.
Casi de manera simultánea con el anuncio efectuado por el vocero presidencial Manuel Adorni, la dirigencia de la UOM en la ciudad de Río Grande decidió paralizar los trabajos en las líneas de producción y comenzar manifestaciones callejeras. Algo similar ocurrió en Ushuaia donde los trabajadores realizan piquetes frente a los establecimientos fabriles.
“Nos preparamos para un conflicto extenso y difícil, pero no es la primera vez que estamos en la calle. Hemos escrito una larga historia de lucha, resistiendo los embates de los gobiernos que pretendían avanzar sobre nuestros derechos”, afirmó el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez.
El histórico referente gremial fue el orador principal de la marcha del miércoles donde llamó a resistir “a estos intentos de los soberbios provocadores que creen que aquí no hay trabajo genuino”.
También recordó que el trabajo metalúrgico no solo se mide por la cantidad de empleos directos, unos 8500 en la actualidad, sino por lo que influye en otras actividades económicas.
“El kiosco de barrio, el remisero, el taxista, pero también el Estado provincial y los municipios. Todos dependen en alguna medida de la actividad de las fábricas”, explicó Martínez.
Según el dirigente, “no se va a mover un tornillo en las fábricas hasta que no hayamos encontrado una resolución favorable a nuestro legítimo reclamo y hasta que no estemos convencidos de que están dadas las condiciones para volver a producir y a trabajar”.
La UOM convocó este jueves a un encuentro multisectorial que se concretó por la mañana en Tolhuin, en el centro provincial, del que participaron representantes de otros sindicatos, organizaciones sociales y funcionarios del gobierno provincial y las municipalidades.
La idea fue evaluar los pasos a seguir si se confirma el anuncio del Gobierno y tomar medidas conjuntas.
El gobernador fueguino Gustavo Melella anunció el miércoles en declaraciones a Radio Provincia de Tierra del Fuego que ni bien se conozca el texto del decreto que recorta los aranceles, evaluarán la presentación de una demanda judicial.
El argumento principal es que la medida violentaría derechos adquiridos a partir del decreto de 2021 que extendió el subregimen industrial hasta 2038 durante la presidencia de Alberto Fernández.
Melella criticó las expresiones sobre el tema del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y del diputado José Luis Espert.
“No me gusta que nos digan que tenemos que ser un parque de diversiones. Hablan de Tierra del fuego como si fuera solo Ushuaia. Ni siquiera saben que hay otras localidades, que hay todo un abanico productivo, y lo hacen desde una lógica porteña de darle un caramelo a un sector de la Argentina que se cree que Tierra del Fuego es la madre de todos los problemas de nuestro país”, aseveró el mandatario.
Melella recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se utilizó la misma receta que ahora, al bajar los aranceles para la importación de notebooks que también se fabricaban en la provincia, sin que se lograra una disminución de los precios de las importadas.
“Algunos dicen que esto es competencia. Pero es mentira, solo destruye el empleo. Desde la provincia vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar vuelta esta mirada el gobierno nacional y estas decisiones y acciones”, resaltó el gobernador.
El jefe del gobierno fueguino mantuvo una reunión vía Zoom con referentes del sector gremial y empresario, y también busca una estrategia común para soportar el embate libertario.
La ley 19640 que establece un régimen de promoción económica para Tierra del Fuego tiene 53 años de vigencia y en lo que respecta al subregimen industrial se administra a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y de otras normativas complementarias.
Desde la vigencia del régimen promocionado, la población fueguina pasó de 13 mil a 185 mil habitantes, lo que implica un crecimiento de más del 1400%, y en 1991 el ex Territorio Nacional fue provincializado, creando sus propias instituciones y consolidando sus principales asentamientos urbanos.
Las industrias amparadas por el subregimen industrial, la mayoría del rubro electrónico, constituyen el principal generador de empleo privado en la provincia, constituyendo el 30% del Producto Bruto Interno.
El doctor en economía política y presidente de la empresa municipal Río Grande Activa, Juan Pablo de Luca, estimó que el impacto de la baja de aranceles golpeará de lleno en la industria y pondrá en jaque “entre 3500 a 4000 puestos de trabajo”.
“Solo en salarios el sector vuelca en la provincia10 millones de pesos mensuales. Y los celulares son el producto estrella de la actividad electrónica”, señaló.
Según Deluca, a ello hay que adicionarle el impacto sobre la soberanía de la zona porque “si se pierde trabajo y población se estaría beneficiando a países con intereses en la región como Reino Unido y Chile”.
GR/MG
"La idea es incentivar el uso de los dólares que están fuera de la economía, y requiere encuadrarlo jurídicamente desde muchos aspectos. Todavía no está listo, están trabajando en eso", sostuvo el funcionario. Horas antes, el portavoz presidencial había dicho que la postergación del anuncio era para "no permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos".
Sin una ley que los habilite, los contadores discuten si los contribuyentes se animarán a blanquear sus dólares
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que los anuncios económicos destinados a instar a la gente a sacar los dólares del colchón se dilataron debido a que aún “se está trabajando en su encuadre jurídico”, y de esta manera contradijo las explicaciones que había dado horas atrás el vocero-canidato, Manuel Adorni, que había puesto como excusa que el Gobierno no iba “a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos”.
“La idea es incentivar el uso de los dólares que están fuera de la economía, y requiere encuadrarlo jurídicamente desde muchos aspectos. Todavía no está listo, están trabajando en eso”, sostuvo Francos este viernes.
En la misma línea, sumó: “Hay normas internacionales, la Argentina está adherida al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y cumplimos con todas las normas. Estos teman deben poder explicarse bien para poder llevar a la práctica”.
“Lleva todo este tiempo de redacción normativa, y siguen trabajando en eso. Hay varias alternativas en las que está trabajando el Ministerio de Economía”, agregó en declaraciones a Splendid-990.
Asimismo, el funcionario destacó la baja de aranceles a la importación de productos tecnológicos, pese al impacto que produce en el Régimen Especial de Tierra del Fuego. Francos celebró los cambios anunciados por Economía con respecto a la compra en el exterior de celulares, televisores y computadoras, al tiempo que planteó que “se exageran las cosas” ante la reacción del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien se opuso a la medida.
“Todo lo que se produce en Tierra del Fuego tiene una enorme protección e ingresa al continente con un costo muy alto, productos que afuera han ido a la baja”, planteó, y sumó: “Lo que se pretende es generar una mayor competitividad para los argentinos. Tierra del Fuego tendrá que ir acomodándose y competir más porque sigue teniendo protección”.
Por su parte, aseveró: “Son temas de economía. Antes se decía que el régimen de Tierra del Fuego estaba protegido porque había un familiar de Macri, ahora se quita por lo mismo. Nada que ver, la Argentina va desarrollando sus políticas económicas de acuerdo a los tiempos y momentos que se pueden aplicar”.
Para Francos, el país vive “un sistema de apertura para generar un reacomodamiento de los precios internos que en muchos sectores estaban muy altos”, por lo que expuso que la reducción de precios no facilitará la competitividad ante la presencia de regímenes especiales.
“Es hora de que empiecen a competir un poco más”, subrayó, y sumó: “Lleva mucho tiempo este régimen, debería tener condiciones de competitividad mayor. En definitiva lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior para meterlos al territorio con una cantidad de beneficios impositivos muy grandes. Eso ha permitido que en la isla haya puestos de trabajo, ahora tendrán que ir con van a ir reduciendo esos valores para ser más competitivo”, explicó Francos.
Por último, el titular de ministros contó que la idea de la administración libertaria es trabajar en cambios de régimen como la redacción de una nueva legislación de trabajo y una reforma tributaria una vez pasadas las elecciones nacionales del 26 octubre.
“Son temas que van a tener impacto en los precios, a crecer la economía y va a generar competencia en el mercado laboral”, ponderó, y concluyó: “Para poder hacer esos cambios lo que hay que hacer es bajar los gastos, achicar el tamaño del Estado que permita mantener el equilibrio fiscal para que no exista inflación. Este gobierno lo viene haciendo tratando las urgencias”.
Con información de NA.
IG
El Gobierno anunciará próximamente un nuevo blanqueo que saldrá por decreto o resolución. Algunos profesionales advierten sobre el riesgo de que en futuras gestiones pidan explicaciones por los fondos gastados. Otros, en cambio, consideran que la amnistía tributaria puede tener éxito para incentivar la compra de bienes durables.
El vocero presidencial y candidato a las elecciones legislativas porteñas de este domingo, Manuel Adorni, anticipó este lunes, en su sprint final de conferencias de prensa en la Casa Rosada, que este jueves el Gobierno anunciará los detalles de las nuevas medidas para que se puedan blanquear dólares ahorrados en la informalidad con una sencilla declaración jurada. Pero hoy dio marcha atrás y pospuso el anuncio para los próximos días.
No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que no habrá una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.
En tiempos en que el presidente Javier Milei y sus alfiles andan por la vida descalificando críticos como mandriles, ensobrados, corruptos y demás, un famoso contador prefiere el anonimato a la hora de opinar. “Hay varias opciones para el nuevo blanqueo. Uno es el régimen de presentación espontánea, que ya existe, que perdona multas y punitorios pero no impuestos. Así que no. Dos, el bloqueo fiscal, que se aplicó en el año 2000: vos presentabas tu declaración jurada y las autoridades si no la objetaban, no podían reclamarte para atrás. Pero tuvo sus problemas. Tres, planes de pago de impuestos más laxos. Cuatro, blanquear incrementos patrimoniales no justificados. Cinco, suspender los regímenes de información que se exigen, por ejemplo, a bancos y escribanías, aunque el día de mañana otro gobierno te puede venir a pedir información. Por eso, necesitás una ley para generar la confianza para que el contribuyente se presente.”
“¿Cómo vas a convencer al que no blanqueó en el blanqueo que acaba de terminar de que mañana no vienen los K y te rompen el que te dije?”, se pregunta el contador. “Ya pasó tras el blanqueo de (Mauricio) Macri (en 2016/2017): después vino Alberto (Fernández) y te subió la alícuota de Bienes Personales, te puso el aporte solidario, muchos se mudaron a Uruguay y EEUU y los persiguieron igual”, agregó. Sin embargo, la amnistía fiscal de 2024/2025, que finalizó la semana pasada, fue exitosa al blanquear US$31.000 millones. “Es que hubo gente que volvió a negrear y volvió a blanquear y además ahora blanqueó el chiquitaje”, responde el contador citado. En 2016/2017 se registraron US$117.000 millones, casi cuatro veces más plata que ahora, y la mayoría fueron sociedades y cuentas offshore. Con Milei predominó el efectivo, la plata bajo el colchón o en cajas de seguridad.
Otro experto contable baraja la posibilidad de que “en principio no sería un blanqueo formal sino que la persona podrá depositar plata hasta un determinado monto en el banco sin que le pidan información”. “Tienen que alinearse varios cambios normativos a través de un decreto para que no tenga la persona problema cambiario, fiscal, penal. Si las condiciones están bien amparadas y si es gratis (no se pagarían multas por blanqueo, como ya ocurrió con Milei), puede haber oportunidades para que la gente entre. La idea es apuntar a que ese dinero vaya al sistema productivo: autos, motos, electrodomésticos. También estaría bueno que los que están obligados a mantener los dólares hasta el 31 de diciembre por el blanqueo anterior puedan retirarlos con algún fin específico. Siempre hay que proteger todas las actividades de lavado de dinero para que no entremos en problemas con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Entendemos que al ser montos chicos, no debería comprometerlo”, opina este segundo contador consultado, aunque otro colega, Arnaud Iribarne, advierte que si alguien quiere blanquear US$1 millón, puede juntar nueve testaferros y entre él y ellos cada uno declararía US$100.000, que es la cifra tope a la que apuntarían.
Algunos contadores advierten que un blanqueo sin ley que lo apruebe resultaría ilegal. Uno de ellos señala que “se va en contra de varias normas, entre ellas la ley de procedimiento tributario 11.683, que grava los incrementos patrimoniales no justificados con Ganancias e IVA. No sé cómo podrían resolverlo sin cambiar la ley. Ahora, si fueran a liberar lo ya blanqueado es otra cosa”, apunta a los fondos de la amnistía anterior que estaban bloqueados en cuentas hasta fin de año.
Iribarne considera que un blanqueo requiere de una ley y que sin ella se posibilita que “traficantes de drogas, armas y personas, los coimeros o los que trabajan en el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral)” pueden registrar su dinero malhabido. Es decir, a diferencia de las amnistías anteriores, los funcionarios, sus padres y sus hijos también podrian gastar fondos ocultos, salvo que lo prohíba el Ejecutivo. Y este contador opina que aquellos que blanqueen no correrán riesgos: “Un blanqueo sin ley es ilegal, pero si hay un decreto o resolución que lo respalda, no corre riesgo el evasor. Una vez que el Gobierno decreta o resuelve, es un hecho consumado, un derecho adquirido para el contribuyente, un nuevo gobierno no puede discutir lo que hizo el anterior. Pero dos blanqueos en dos años lesiona la relación fisco/contribuyente: los que venimos cumpliendo nos sentimos unos pelotudos”.
AR/MG