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El colapso de la ley oxigenó la previa electoral y le dio protagonismo a Lospennato. El acto de cierre campaña será el jueves en Villa Pueyrredón. Los cañones contra Larreta. El desafío del partido amarillo, que se juega su supervivencia el 18 de mayo.
Es el final del recorrido. Encaramados en la ola de ficha limpia, Silvia Lospennato y Mauricio Macri enfrentan el último tramo de una campaña que definirá la supervivencia del partido. El derrumbe de la ley oxigenó la previa electoral, le dio protagonismo a la candidata y le dejó servido en bandeja un discurso con el que se siente cómoda: la bandera contra la corrupción. Las encuestas, sin embargo, los siguen dando terceros, por detrás de Manuel Adorni, y el último superdomingo electoral no hizo sino graficar lo que los acuerdistas amarillos le vienen reclamando a Macri hace meses: que el PRO, sin alianza con La Libertad Avanza, tiende a desaparecer.
“Este domingo se juega todo”, repiten, casi como un castigo, en el búnker de campaña del PRO porteño sobre la calle Balcarce. Faltan solo cinco días para la elección y el bunker es un terremoto de reunionismo febril orientado a exprimir las horas restantes con actividades, apariciones televisivas, contenido para redes y, como clímax, el acto de cierre de campaña del jueves, que se llevará a cabo en el Club 17 de agosto, en Villa Pueyrredón, a las 18 horas.
El lugar no es casual. Por un lado, los padres de Lospennato, que es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, son del barrio: un guiño a la identidad porteña de una candidata que toda su vida hizo campaña del otro lado de la General Paz. Pero es, a su vez, el mismo club desde el que Jorge Macri terminó de dinamitar las posibilidades de un acuerdo con Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Fue allí donde, a principio de enero, el jefe de Gobierno lanzó la campaña porteña y amenazó con candidatear a su primo, Mauricio, para la contienda nacional.
En el inmenso pool de encuestas que el equipo de campaña, a cargo del catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, recibe casi diariamente, hay una que resalta: el estudio del impacto que el rechazo a la ley de ficha limpia generó en el electorado. En el PRO registran que la caída del proyecto de ley, cuya abanderada es Lospennato y propone prohibir las candidaturas de los dirigentes acusados por corrupción en segunda instancia, cayó negativamente en el electorado. Un malestar que aparece como maná caído del cielo al filo de la campaña electoral y que el PRO buscará exprimir hasta el último día.
El lunes, por ejemplo, Lospennato publicó un video en sus redes marcando distancia del Gobierno y cruzando a Javier Milei por sus dichos sobre un supuesto acuerdo entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner para hacer caer la ficha limpia. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”, respondió la candidata del PRO, que grabó el video ese mismo día en el búnker de campaña del PRO.
La publicación, que luego fue compartida por Macri, iba acompañado de un textual: “Es con la verdad”. Este es un eje que Lospennato viene repitiendo desde que el Senado rechazó la ficha limpia gracias al voto en contra de dos senadores misioneros, que responden al mandamás provincial Carlos Rovira, y que el Gobierno negó haber intervenido para que esto sucediera. Los cruces empezaron con la conferencia de prensa que Lospennato encabezó el jueves pasado, en la que le dijo a Milei que la había “defraudado”, y fue escalando a medida de que el propio presidente empezó a responderle.
“Es el Gobierno el que nos obliga a ir a un enfrentamiento”, argumentan, desde las oficinas de Uspallata. Pero no esconden que es una estrategia que les permite bajar dos pájaros de un tiro. Por un lado, apuntar contra el kirchnerismo y capitalizar, así, el voto anti peronista de CABA. Y, por el otro, diferenciarse del Gobierno de una manera tal que no implique un rechazo a la gestión a Milei.
El PRO tiene un desafío difícil, ya que apunta a captar un voto dual que, a nivel nacional, puede simpatizar con Milei, pero que, a nivel local, acompaña al PRO al frente de la gestión. Hacia allí se dirigieron todos los intentos de reforzar la marca amarilla, el “Lospennato es PRO” y la presencia constante de Mauricio Macri, que se echó la campaña al hombro para visibilizar a su candidata. Una señal de que Macri cumple sus promesas, para Lospennato, que aceptó encabezar la lista solo con la condición de que el ex presidente la acompañara en las recorridas.
Una señal de desesperación, en cambio, para el resto del PRO.
La apuesta a este voto dual depende, a su vez, de que el voto amarillo que acompaña a Larreta se reduzca lo más posible. “Nos está haciendo mucho daño”, reconocen en el equipo de campaña. Por este motivo es que, previo al derrumbe de ficha limpia, todos los cañones del aparato macrista en la Ciudad se habían dirigido contra su ex jefe de Gabinete. En el PRO observan que hay una “confusión” del electorado con respecto al lugar que ocupa Larreta, que fue uno de los miembros fundadores del partido, en la contienda.
Es por este motivo que, en las últimas semanas, Lospennato y los diferentes candidatos del PRO se abocaron a esmerilar a Larreta, acusándolo de haber abandonado el partido “en el peor momento” y de hacerle, así, “el juego al kirchnerismo”. “Larreta se cambió de camiseta y se fue del partido. Es un mentiroso”, lo cuestionó, por ejemplo, Laura Alonso, vocera del gobierno porteño. “Es un mal perdedor”, lo cruzó, por otro lado, Hernán Lombardi.
La fragmentación de las fuerzas de derecha es un dolor de cabeza para el PRO, que debe hacer un esfuerzo para hacer equilibrio entre su alianza nacional con el Gobierno y su batalla campal local. No es fácil, y en las filas amarillas hay preocupación.
El escenario electoral del último domingo, en el que Salta, San Luis, Jujuy y Chaco tuvieron elecciones locales, fue una muestra de lo rápido que LLA puede apropiarse del voto y la identidad del PRO y borrarla, así, del mapa. “El único PRO que existe y vive está en Capital. Si nos va mal el domingo, estamos jodidos”, admite un dirigente bonaerense que hace cuentas pensando en la alianza que, el ritondismo, busca cerrar con LLA en PBA. Una alianza que será difícil si el PRO fracasa en CABA, su último bastión.
MC/JJD
La diputada del PRO cuestionó al Presidente, defendió su proyecto de Ficha Limpia y reivindicó el reclamo de transparencia que impulsan sectores de la sociedad. Macri después citó el tuit de su delfina en la Ciudad también dirigiéndose al actual mandatario: “No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.
En un mensaje grabado que difundió en sus redes, la diputada del PRO Silvia Lospennato respondió con dureza a las declaraciones de Javier Milei sobre supuestos acuerdos entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Lospennato, referente del ya extinto Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aprovechó para remarcar su distancia del presidente de la Nación, a seis días de las elecciones porteñas, en las que encabeza la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad por el partido amarillo, y defender la iniciativa de Ficha Limpia, uno de los proyectos que ella impulsó con mayor intensidad en los últimos años.
“Señor Presidente, la ficha limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento. La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada”, comenzó Lospennato, en un tono que reflejó tanto su compromiso con la iniciativa como su crítica al gobierno de Milei, al que acompañó con su voto en la Cámara baja en numerosas oportunidades pero que en tiempos electorales se endurece.
En el video, la diputada fue aún más enfática al cuestionar las recientes declaraciones del mandatario libertario, quien sugirió que detrás de la caída de Ficha Limpia en el Senado existía un supuesto acuerdo entre Macri y Fernández de Kirchner. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”, sentenció, refutando las insinuaciones de Milei y destacando la falta de fundamento de esas afirmaciones.
Más adelante en su discurso, Lospennato reforzó su postura sobre la importancia de luchar contra la corrupción en el país. “Somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad”, declaró.
Después, el propio Macri citó el tuit de Lospennato, también dirigiéndose a Milei, y dijo: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.
JJD
La empresa adjudicataria no estaba inscripta como proveedora del organismo, tiene participación accionaria del Grupo Clarín y fue la única oferente válida en una licitación exprés. El rediseño del sistema abre interrogantes sobre la relación entre el Gobierno y sus aliados empresariales.
“Se robaban hasta los pañales de los abuelos”, denunció el vocero presidencial Manuel Adorni, este lunes, desde el atril de la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Fue la frase elegida para presentar el nuevo sistema de distribución domiciliaria de pañales para afiliados del PAMI, en medio del mayor escándalo que atraviesa hoy a la obra social más grande del país y una de las cajas sensibles del Estado. Pero detrás del anuncio oficial se esconde una trama de licitaciones exprés y un nombre que generó sorpresa en el universo empresario: Urbano Express S.A., una firma ligada al Grupo Clarín y sin antecedentes como proveedor del organismo, fue la única que presentó oferta válida y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.
El proceso —publicado antes del feriado largo de Semana Santa y resuelto en apenas seis días hábiles— dejó afuera a los proveedores históricos del PAMI. Aunque tres empresas del rubro (Italpañal, Lenterdit y Hisan S.A.) se presentaron en la apertura de sobres, ninguna pudo llegar con una propuesta formal. La ganadora fue una empresa de logística, sin trayectoria previa en el sistema sanitario, vinculada al Grupo Román (operador portuario) y con participación accionaria del holding comandado por Héctor Magnetto. Según la documentación, el Grupo Clarín tiene un 30% de participación en el capital accionario de Urbano.
Desde el Gobierno defendieron la licitación y el nuevo esquema. Según explicaron a elDiarioAR, durante años el PAMI entregó “pañales rectos con apósitos, sin respetar los parámetros de la ANMAT”, lo que, aseguran, “cartelizó el sistema”, ya que sólo algunas pocas empresas continuaban fabricando esos productos. “Desde 2006 no se respetaban las normas que pedía la Anmat”, apuntaron. La nueva contratación, insisten, implica un “salto de calidad”: “Tienen más absorción, son anatómicos, tienen geles de calidad y controles médicos y farmacéuticos”.
A partir del 1 de junio, las farmacias dejarán de entregar los pañales mediante receta. En su lugar, Urbano Express será la responsable de adquirir los productos y distribuirlos en todo el país. “Cada afiliado que necesite va a tener los apósitos, pero no habrá sobreprestación”, explicaron desde el Ejecutivo, en línea con la promesa de controlar los desvíos. Ante las críticas por los plazos de la licitación y la falta de competencia, en el Gobierno responsabilizaron a las farmacias: “Embarraron la cancha cuando dimos un salto de calidad porque estábamos en deuda con los afiliados”. Y remarcaron: “Los tiempos de la licitación fueron respetados”.
Aun así, la adjudicación genera ruido por varios motivos. Por un lado, implica un aumento del gasto mensual en al menos $3.000 millones: de $9.000 a $12.000 millones, según datos del propio pliego. Por otro, los nuevos pañales pesan menos (50 gramos frente a los 75 actuales), utilizan cintas más finas y eliminan capas de absorción, en una combinación que, según fuentes del sector privado, podría afectar la calidad. El argumento oficial es que el sistema permitirá un “ahorro” total de $5.000 millones por año gracias a la eliminación de intermediarios. Pero el dato duro muestra un costo por unidad más alto, un esquema de entrega aún incierto y una empresa debutante como única oferente habilitada.
El contrato con Urbano Express, por $466.554 millones para los próximos tres años, implica además una transformación total del sistema vigente desde 2010. Hasta ahora, los afiliados del PAMI recibían los productos a través de un esquema mixto que articulaba fabricantes, droguerías y más de 6.000 farmacias en todo el país. El nuevo plan promueve un sistema “puerta a puerta”, bajo control de una sola empresa logística que subcontratará a los fabricantes. Las firmas Nochísimo y Liberty figuran como las principales proveedoras del insumo.
Todo en el marco de las múltiples denuncias por presuntas irregularidades que tienen lugar en distintas delegaciones del PAMI de todo el país. En Misiones, por ejemplo, pesa una contra el libertario Adrián Núñez —tercer candidato en la lista legislativa local— por supuestos pedidos de “diezmos” a empleados. Situaciones similares emergieron en La Pampa, Santa Cruz y varios municipios bonaerenses. El epicentro del escándalo es Esteban Leguizamo, actual titular del PAMI, que llegó al cargo con aval de Santiago Caputo y mantiene vínculos con Mario Lugones, ministro de Salud y padre del socio del asesor presidencial Rodrigo Lugones.
Leguizamo tiene historia: fue funcionario durante casi dos décadas, incluido el ciclo de Luana Volnovich al frente del organismo, y figura en denuncias de la diputada Graciela Ocaña y del ahora ministro Luis Petri por el uso político de subsidios a centros de jubilados. Hoy, es quien firmó la licitación por el contrato más grande del año.
El ingreso del Grupo Clarín al esquema de distribución del PAMI reconfigura, además, el mapa de vínculos —no exentos de tensiones— entre el conglomerado mediático y el gobierno de Javier Milei. A través de su participación accionaria en Urbano Express —estimada en un 30%—, el holding de Héctor Magnetto aparece asociado indirectamente a uno de los contratos más altos del Estado en logística social, pese a que su relación con el oficialismo es, por momentos, abiertamente conflictiva. Aunque Clarín no figura como proveedor registrado en los sistemas del PAMI, su sociedad con el Grupo Román le permitió desembarcar en un terreno históricamente ajeno a su actividad principal: el reparto domiciliario de insumos médicos.
Detrás del rediseño del sistema y de la licitación relámpago aparece, otra vez, la figura de Santiago Caputo, cuya tropa ocupa los principales cargos jerárquicos del organismo previsional. El asesor todoterreno de Milei no solo respaldó la continuidad de Leguizamo pese a los cuestionamientos internos, sino que además fue uno de los impulsores del nuevo modelo de entrega directa, bajo el lema de eficiencia y combate a la “casta farmacéutica”.
En la Casa Rosada admiten que Caputo mantuvo contactos con operadores logísticos para viabilizar el esquema. La adjudicación a Urbano Express no fue, entonces, una casualidad técnica, sino una decisión de poder: un movimiento pensado para consolidar un nuevo circuito de control estatal, con actores funcionales al Gobierno —aunque no necesariamente aliados políticos— y con capacidad de operar grandes volúmenes sin pasar por las viejas estructuras sindicalizadas o ligadas al peronismo.
Con la licitación ya concretada, Urbano Express comenzará en las próximas semanas a distribuir los pañales a más de 200.000 afiliados en todo el país. El nuevo sistema implicará un cambio total en la operatoria de PAMI, con impacto logístico, sanitario y financiero. Aunque el Gobierno defiende la medida como un avance en eficiencia y transparencia, las condiciones de la convocatoria, la ausencia de competencia real y la participación de una empresa con vínculos empresariales sensibles abren interrogantes sobre el verdadero alcance del modelo.
PL/JJD
El Gobierno planea un nuevo indulto tributario para facilitar el uso de dólares no declarados, pese a que este tipo de medidas, además de agravar la desigualdad, favorecen la evasión.
El ministro de Economía anunció que en las próximas semanas presentará una propuesta para estimular el uso de los dólares que las y los argentinos tienen ahorrados por fuera del sistema financiero, buena parte de los cuales no están declarados. El funcionario dijo ante la prensa que “hoy muchos no gastan [sus dólares] por temor a que los busquen, que los investigue la AFIP o la UIF” y que el objetivo de las medidas será que “la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan”.
Si bien no se conoce el detalle de la iniciativa, una de las posibilidades es que se realice una nueva amnistía fiscal (o blanqueo) o que se extienda la que todavía esté abierta. Se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó. Pero además, implicaría continuar por un camino que trae beneficios de corto plazo pero importantes perjuicios difíciles de revertir.
La Argentina es el país que más amnistías fiscales realizó en los últimos 50 años. Estos perdones a la evasión se han transformado en una suerte de política de Estado, que implementaron casi todos los gobiernos. Según los especialistas —incluidos los del Fondo Monetario Internacional—, la multiplicación de los blanqueos termina alentando la evasión impositiva de los sectores de mayores ingresos y, en caso de implementarse, deben ser medidas excepcionales. España, por ejemplo, realizó su última amnistía en 2012, para luego sancionar una ley que prohibía la realización de nuevos perdones.
La Argentina también incumple otra de las recomendaciones que figuran en los estudios sobre el tema: las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, y que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión futura.
Lejos de eso, en nuestro país la implementación de blanqueos tiene una lógica cortoplacista, transformándose en una herramienta a la que los gobiernos recurrieron para enfrentar coyunturas críticas. El último perdón, sancionado por el actual gobierno es un ejemplo, ya que la amnistía derivó en el ingreso de dólares, que permitió sostener —por un tiempo— un esquema de depreciación cambiaria. Pero a pesar de la alta adhesión los efectos positivos se hicieron sentir en el corto plazo —especialmente sobre las reservas—, diluyéndose en a medida que los problemas de fondo persistían.
Este camino degrada todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento: ¿Para qué pagar los impuestos en tiempo y forma si en poco tiempo habrá un nuevo perdón? Pero también tiene el efecto de agravar la injusticia fiscal, porque la evasión que se “perdona” con estas amnistías es la de los impuestos más progresivos, como por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos muestran que quienes se benefician por estas medidas son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio por persona fue de casi US$450.000.
Los blanqueos no sólo agudizan la desigualdad del sistema sino que también aumentan el riesgo de impunidad frente a posibles maniobras y operaciones de lavado de activos, vinculados a la circularización de los flujos financieros ilícitos y las etapas del lavado de activos. Estos flujos se mueven por el mundo mediante diferentes mecanismos e instrumentos que garantizan la evasión de todo tipo de control gubernamental. La circulación recubierta de opacidad se “frena” cuando los fondos se reinsertan en los sistemas económicos con una cobertura de legalidad. Se vuelven lícitos y son conocidos como el fenómeno global lavado de activos.
Esa es la forma con la que organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la corrupción, la evasión (sólo para mencionar algunos ilícitos) hacen caminar su dinero mal habido.
Es importante partir de la premisa de que todas las políticas tendientes a conocer el origen de los fondos trascienden los gobiernos de turno. En mayor o menor medida, son instrumentos que existen hace muchos años tendientes a contar con información sobre determinadas operaciones, poder seguir el recorrido del dinero o bien encontrar un punto de conexión entre el bien adquirido y un delito. Todas ellas en línea con las recomendaciones del GAFI, organismo internacional que establece normas para prevenir el lavado de activos, del que nuestro país es parte.
Si bien desde el gobierno se intenta relativizar que “no se cometerá ningún acto ilícito”, resulta imprescindible advertir que, en la práctica, medidas de este tipo han funcionado como plataformas de legalización de fondos opacos, poniendo en cuestión los compromisos asumidos por la Argentina en ese tipo de foros (como el GAFI).
Los países que redujeron significativamente la evasión y que lograron que la política fiscal contribuya a la estabilidad macroeconómica, no lo hicieron en base a perpetuar amnistías. En el plano fiscal, se trató más bien de aplicar reformas que hicieron más eficaz y equitativa la política impositiva, incrementando al mismo tiempo las capacidades de la administración tributaria.
*Los autores de esta columna son Alejandro Gaggero, María Julia Elioso, María Eugenia Marano, Gustavo Zanotti y Verónica Grondona, de ETFE.
Un informe reveló que la última temporada de incendios forestales en Neuquén, Río Negro y Chubut fue la peor en 30 años, arrasando más de 30.000 hectáreas.
La organización Greenpeace informó este lunes que los más recientes incendios forestales en la Patagonia, que arrasaron entre octubre de 2024 y marzo de 2025 más de 30.000 hectáreas de bosque, fueron los peores en la región en tres décadas.
De acuerdo al informe, las provincias de Neuquén (11.782 hectáreas), Río Negro (10.218) y Chubut (9.722) fueron las más afectadas en la zona, que suele sufrir incendios forestales en los meses de más calor del año.
Los incendios del último verano superaron ampliamente en impacto los de un año atrás, cuando entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se habían quemado unas 8.000 hectáreas de bosques patagónicos.
“Estamos hablando de bosques que con suerte pueden tardar 200 años en recuperarse, en los casos en los que se pueda recuperar”, advirtió el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, en una rueda de prensa.
Un informe difundido este lunes por la organización remarcó que, a diferencia de otros ecosistemas en Argentina, donde la principal causa de pérdida de bosques es la actividad agropecuaria, los bosques patagónicos se pierden a causa de incendios y, en menor medida, a desmontes por urbanizaciones y la introducción de especies arbóreas exóticas.
“Algo que hay que abordar de manera urgente es la erradicación de los pinos exóticos, que conviven con viviendas cercanas y son mucho más proclives a expandir el fuego rápidamente. También en la recuperación del bosque, porque es una especie que coloniza rápido, ya que el pino le gana al bosque nativo en el posincendio”, explicó Giardini.
La superficie aproximada total de bosque patagónico es de tres millones de hectáreas y las pérdidas por fuego son un golpe a las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración antrópica, siendo uno de los biomas argentinos mejor conservados, según Greenpeace.
Datos oficiales contabilizaron que entre 2001 y 2023 la pérdida fue de 115.140 hectáreas, el equivalente a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El 95% fue producto de causas humanas, pero Giardini matizó que “muchos (incendios) tienen que ver con accidentes o negligencias” como fogatas en zonas prohibidas o colillas de cigarrillo mal apagadas.
“Y cuando se suman condiciones climáticas particulares como los periodos de sequías, temperaturas muy elevadas y baja humedad, junto al viento se pueden generar incendios de grandes magnitudes”, agregó.
El último verano, el Gobierno de Javier Milei denunció que los incendios fueron intencionales y desestimó factores vinculados al cambio climático.
“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. En ese sentido, continuar con la destrucción de bosques significa más cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, enfermedades y pérdida de alimentos, maderas y medicinas”, indicó la ONG en su informe.
Greenpeace instó además a incluir penas judiciales por la destrucción forestal y la creación de fiscalías especializadas en medio ambiente que puedan investigar las causas y el origen de los incendios, ya que en la actualidad solo existen multas económicas que no resultan efectivas.
Javier Grosfeld, biólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) explicó durante la rueda de prensa de este lunes que los grandes incendios forestales de al menos 500 hectáreas se están volviendo cada vez más frecuentes y superan la capacidad de contención.
“Los incendios forestales de nueva generación superan la capacidad de respuesta de los equipos del manejo del fuego”, mencionó y advirtió que es posible que los incendios en la Patagonia lleguen incluso a las principales ciudades de la zona, aunque por el momento solo han afectado a asentamientos y pequeñas localidades.
MM con información de la agencia EFE.