Las Vaquerias

Noticias de Buenos Aires

Cronistas de la Ciudad: la guía de turismo y la fotógrafa que pasaron de Instagram a un libro para contar la historia de Buenos Aires

• Soledad Saubidet y Carolina Gutiérrez son las autoras de "Narra Buenos Aires".
• Cómo se conocieron y la forma en la que llegaron a publicar su contenido.

El "China Zorrilla" llegó al Río de la Plata: así es el buque 100% eléctrico más grande del mundo que unirá Buenos Aires y Colonia

• El ferry arribó el sábado desde Australia. Fue transportado 15.000 kilómetros arriba de otro barco especializado que lo depositó en Nueva Palmira, Uruguay.
• Cuenta con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Ofrece 3.000 metros cuadrados de recreación, gastronomía y un free-shop de 2.300 metros cuadrados.

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El Gobierno contraría a sus propios aliados y va a la guerra por las prestaciones en discapacidad

El Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con las personas con discapacidad. Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. El Presupuesto 2027 no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90: una fantasía impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

Las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición: el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

“Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”, se quejó un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado. La idea era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad – como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

El Presupuesto 2027, por un lado, desmantela la ley de emergencia de discapacidad que se sancionó el año pasado, Milei vetó, el Congreso insistió, se buscó eliminar en el Presupuesto y la oposición rechazó en el recinto. El proyecto propone volver al modelo de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como única vía legal y directa para acceder a una pensión (que pasará a quedar a manos de la discrecionalidad del Ejecutivo). La incompatibilidad laboral se vuelve automática y no por dos sueldos mínimos, como establece la ley para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Lo más grave es que barre con el sistema de prestaciones que viene funcionando desde hace 30 años. No solo elimina la actualización mensual obligatoria de las prestaciones (que se estableció en la ley de emergencia), sino que elimina el arancel único que paga cada obra social y prepaga a los prestadores. La idea del Ejecutivo –cuyo autor intelectual es Lugones– es liberar a cada obra social y prepaga pueda definir los vales y las terapias que cubre. 

Quitan, además, la garantía legal de cobertura de salud. Es decir que la cobertura médica obligatoria dejará de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones.

“Esto es invotable”, advirtieron los representantes de las provincias de Misiones, Córdoba y Santa Fe. 

“División de poderes”

El cortocircuito entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso quedó expuesto en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

Los aliados sospechan de una interna del Gobierno: Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

MCM

Milei consolida el salto de fondos para la SIDE: tendrá un presupuesto 87% mayor al original de 2026

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá en 2027 un presupuesto 87% mayor al que había recibido originalmente para 2026. El proyecto que Javier Milei envió este martes al Congreso contempla $181.472 millones para el organismo que conduce Cristian Auguadra, frente a los $97.135 millones con los que había comenzado este año. En el medio hubo una diferencia decisiva: a lo largo de 2026, el Gobierno reforzó la caja de la central de inteligencia en casi $80.000 millones a través de dos DNU.

Ese recorrido queda parcialmente oculto en las planillas del nuevo Presupuesto. Allí, el Ministerio de Economía toma como punto de comparación los $176.916 millones que la SIDE tiene actualmente disponibles y no la partida con la que comenzó el año. Por eso, oficialmente, el salto previsto para 2027 aparece reducido a apenas 2,6%: $4.556 millones adicionales.

La foto completa es otra. Entre el presupuesto original y las sucesivas ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo, los recursos de la SIDE crecieron durante 2026 alrededor de 82%. Y si la comparación se extiende hasta los $181.472 millones proyectados para el próximo ejercicio, la nueva base presupuestaria de la inteligencia argentina queda casi 90% por encima de aquella con la que Auguadra había arrancado el año.

El primer salto ocurrió en julio. A través del DNU 594/2026, el Gobierno incorporó unos $49.261 millones para la SIDE y llevó el crédito del organismo hasta aproximadamente $146.397 millones. De aquella ampliación, $7.466 millones fueron destinados a gastos reservados, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre salarios, equipamiento y gastos de funcionamiento.

La segunda ampliación llegó a comienzos de septiembre, apenas unos días antes de que el Poder Ejecutivo terminara de cerrar el proyecto de Presupuesto que enviaría al Congreso. El DNU 867/2026 agregó otros $30.519 millones al programa de Información e Inteligencia y terminó de llevar el crédito vigente hasta los $176.916 millones que ahora aparecen como base de comparación para 2027.

El movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el ajuste acumulado en otras áreas del Estado desde la llegada de Milei. Mientras el Presidente reforzó los fondos de la SIDE, el proyecto mantiene partidas todavía muy por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el Presupuesto 2027, el gasto destinado a educación y cultura se mantiene cerca de un 40% por debajo de 2023 en términos reales, mientras que en ciencia y tecnología la caída ronda el 30% y la obra pública permanece aproximadamente 60% por debajo de aquel nivel.

La trayectoria de la inteligencia fue distinta. En 2023, último año completo antes de la llegada de Milei, la central todavía funcionaba bajo la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); al año siguiente, el Gobierno la disolvió y restituyó la SIDE como órgano superior de un sistema dividido en distintas agencias. Desde entonces, el área recorrió el camino inverso al de buena parte de la administración pública: según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la SIDE acumulaba hasta agosto de 2026 un aumento del 42% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que el gasto total de la Administración Pública Nacional había caído un 32% en la misma comparación.

Entre el Papa y Malvinas

El movimiento presupuestario acompañó una transformación más amplia de la SIDE bajo la conducción de Cristian Auguadra y el diseño político de Santiago Caputo. Una primera explicación pública sobre el destino de esos recursos apareció el 25 de agosto, cuando Auguadra se presentó por primera vez desde su llegada al organismo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja.

La reunión concentró durante varias horas a buena parte de la cúpula de la inteligencia argentina en el quinto piso del anexo del Senado. Junto a Auguadra estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, y el director de Operaciones, Diego Kravetz. Los legisladores preguntaron por el Plan de Inteligencia Nacional, el funcionamiento del nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y, especialmente, por el crecimiento de los fondos reservados.

Fue allí donde la conducción de la SIDE puso sobre la mesa una de las justificaciones para el incremento presupuestario. Según pudo reconstruir entonces elDiarioAR, los gastos secretos habían pasado de alrededor de $19.000 millones a $27.000 millones y Auguadra vinculó los aproximadamente $8.000 millones adicionales con las necesidades operativas y de seguridad previstas para una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Hasta ese momento, la SIDE había ejecutado unos $12.019 millones en gastos reservados y se comprometió a remitir a los legisladores información adicional sobre su utilización.

Pero la explicación sobre el Papa convivió con otra definición que anticipaba hacia dónde buscaba orientar la nueva conducción parte de las capacidades de inteligencia. Auguadra habló ante los legisladores de la necesidad de proteger recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre y mencionó expresamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la proyección sobre la Antártida como asuntos que requerían capacidad estatal para anticipar amenazas.

Apenas nueve días después de aquella presentación, Malvinas dejó de ser un ejemplo utilizado puertas adentro para convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda presidencial. El 3 de septiembre, Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión y anunció un paquete de medidas. La SIDE había participado directamente de la preparación de ese giro. Durante los meses anteriores, el organismo elaboró un informe de inteligencia sobre el proyecto petrolero Sea Lion, con información sobre movimientos de buques, puntos de extracción e imágenes satelitales.

Ese trabajo terminó funcionando como una de las bases informativas de la ofensiva que Milei hizo pública. Después de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con sanciones contra compañías vinculadas a actividades en las islas y comenzó a preparar una modificación legislativa para ampliar el alcance de las penalidades, incluso sobre proveedores y otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.

El episodio encajó además con el perfil que Caputo pretende imprimirle a la nueva SIDE, más orientada hacia la contrainteligencia, las amenazas externas y la protección de intereses estratégicos. Malvinas apareció así como una primera vidriera pública de esa doctrina. Un movimiento que tuvo esta semana otro capítulo con la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, presentado por la SIDE como una estructura profesional destinada a trascender las administraciones de turno y nutrirse de perfiles especializados.

El nuevo estatuto establece una carrera para los agentes con mecanismos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, capacitación y evaluaciones de desempeño, en lugar de tomar la antigüedad como criterio determinante. La reforma, que comenzará a implementarse plenamente desde el 1° de enero de 2027, forma parte del mismo proceso de reorganización iniciado con el polémico DNU de enero pasado y busca dotar a la central de cuadros propios para las nuevas funciones que el Gobierno pretende asignarle.

PL/MG

Pese al anuncio de Milei, la Base Naval Integrada de Ushuaia no tiene partidas específicas en el Presupuesto 2027

“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.

En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.

La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.

Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.

Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.

El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.

La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.

El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.

El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”

MC

El Presupuesto 2027 consolida la motosierra en obra pública, educación, ciencia, seguridad y discapacidad

El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.

Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.

Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce de elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.

Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.

El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.

Presupuesto 2027: el Gobierno envió a Diputados el proyecto que se comenzará a debatir en la primera semana de octubre

El Gobierno giró esta noche el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias.

Las principales proyecciones para 2027

El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

“A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%”, señala el proyecto.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 “no se trata de una predicción”, sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Superávit fiscal como regla

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.

Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.

El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una “regla fiscal inalterable” y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Recursos y gasto

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

El resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.

En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

Los recursos para las universidades alcanzarán los 7,3 billones de pesos.

El análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP)