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Del grito colectivo por los femicidios al silenciamiento y el negacionismo: 10 años de Ni Una Menos

Una década después de la primera manifestación masiva bajo la consigna “Ni Una Menos” se repite una situación inesperada: los feminismos están teniendo que explicar los conceptos más básicos y elementales como si fueran nuevos.

Así fue en 2015. Había ya una larga tradición activista en torno a los derechos de las mujeres. Ni Una Menos apareció como una novedad y se organizó primero en torno a lo más extremo: el femicidio. Fue una reacción visceral, pero resultó estratégica para sacar la problemática de la esfera de lo íntimo, lo “pasional”, lo doméstico. Que las coincidencias en las muertes no eran casualidad sino violencia machista fue un piso mínimo de acuerdo que movilizó multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad.

Marcela Ojeda, una de las periodistas convocantes a la primera marcha, reflexiona: “Una década después, acá estamos, acá estoy, abrazada de manera irrenunciable a aquellos reclamos a los que le pusimos voz; ahora con el agravante de esta pretensión desde el poder político de turno de querer instalar que las asimetrías no son tales, que los crímenes por razones de género no existen, que el fin de este flagelo estructural se resuelve con políticas de seguridad”. Y concluye: “Pretenden borrar la historia, la más reciente pero también la que ha colocado a nuestro país a la vanguardia con políticas que se han replicado en otros estados, y eso, mal que les pese, es un logro colectivo”.

Uno de los reclamos iniciales fue por un registro de femicidios que se creó en 2016, existe todavía y depende de la Corte Suprema de Justicia. En estos días publicará la cifra, pero los observatorios feministas permiten adelantar que serán más de 2.700 femicidios en esta década. Una cifra lacerante.

Hace diez años Ni Una Menos reclamaba que no contaban a las muertas. Hoy parece que las muertas no cuentan.

Marcha y contramarcha

“En estos 10 años celebramos conquistas históricas como la ley de paridad de género, el derecho al aborto, la Ley Micaela, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la ley de los Mil Días, y el reconocimiento de nuevas formas de violencia, como la digital y la violencia política. Pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei, enfrentamos un escenario alarmante ante el cierre de programas fundamentales y el desmantelamiento de la política pública”, asegura Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, su directora Natalia Gherardi asegura: “No hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda”.

El desmantelamiento de los espacios de asistencia es una política de Estado. Hasta la línea 144 de atención a víctimas de violencia ha sufrido un recorte de personal. La decisión política de ampliar su injerencia a todos los tipos de violencia pierde de vista la especificidad del fenómeno para el que las operadoras habían sido formadas.

Es probable que el poder Ejecutivo prepare algún anuncio irritante para el aniversario. Lo han hecho en otras fechas significativas. El antagonismo con los reclamos feministas es parte de la identidad del oficialismo. En mayo el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona salió a celebrar el cierre de 13 programas de Género a los que acusó de “ideologizados”. No era una novedad: la mayoría de ellos estaban desfinanciados desde las primeras semanas de asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Incluso el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y que había dado resultados efectivos: una reducción significativa del embarazo no deseado en las mujeres más jóvenes. A la luz del discurso natalista imperante quizás sea necesario aclarar que esa caída en particular era una buena noticia.

“Negar la violencia machista no la hace desaparecer, la profundiza. Recortar no ahorra recursos: cuesta vidas. Frente al retroceso, respondemos como siempre: colectivamente. Porque los derechos de las mujeres y diversidades no son ni pueden ser una variable de ajuste”, insiste Galkin.

El Estado es responsable

Para la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Ni Una Menos marcó una transformación institucional profunda. De hecho, la creación de esta Unidad se concretó en junio de 2015 con referencia a la movilización en la resolución que marcó su nacimiento: “Había ya un diagnóstico del problema en la Justicia. En este tiempo se creó un protocolo de femicidios, uno de violencia sexual y una guía de violencia doméstica para unificar el criterio y la perspectiva de género en la intervención”. Son herramientas pensadas para trabajar en los aspectos deficitarios de la atención judicial en los casos de violencia de género. Los discursos negacionistas son bien recibidos en los espacios que se resistieron a incorporar estas perspectivas.

En tiempos de aclarar obviedades, los poderes del Estado son tres y son independientes. Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, su responsable María Emilia Sesín remarca: “Tenemos la ventaja de pertenecer al ámbito judicial. Desde ahí hacemos un trabajo muy artesanal de articulación con los organismos que van quedando, hacemos censos de recursos para saber qué está vigente”. Durante 2024 17.120 personas recurrieron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. El 73% fueron mujeres. “Lo que vemos en la OVD no es un afán persecutorio sino la voluntad de las mujeres de poder continuar una vida normal, libre de violencia”, puntualiza Sesín.

Frente al negacionismo actual, Labozzetta advierte: “Es un mensaje peligroso viniendo desde un poder del Estado, en términos de retroceso. No es un mensaje inocuo porque es un poder del Estado desoyendo compromisos ante la comunidad internacional”.

Desde 2015 la consigna “Ni Una Menos” se ha replicado en cada rincón del país y en gran parte del mundo. La Asamblea desde la que se organiza hoy decidió que este año la convocatoria en CABA se mueva un día para plegarse el miércoles 4 al reclamo de los jubilados y jubiladas frente al Congreso, mientras que las manifestaciones serán este martes en el resto del país. Los tiempos son otros. El reclamo es el mismo.

MA/DTC

¿Son muchas? ¿Son pocas? Qué hay detrás de los números de la violencia de género

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

A diez años del femicidio de Chiara Paez, la ciudad que disparó el grito de "Ni una menos" no olvida

Un viento frío levanta tierra en las calles de Rufino. Acá nació Amadeo Carrizo, acá nació Federico Sturzzenegger, acá se comenzó a gestar la fortuna de Bulgheroni y acá rugió hace diez años el Ni una menos. El tiempo –contradictorio como esta ciudad– atenúa, pero las cicatrices siguen visibles porque son heridas mal sanadas. Todos lo saben. El femicida Manuel Mansilla que mató a Chiara Paez quedará libre en poco tiempo y hay una bronca silenciosa que se expande. Está vez no explota como en 2015, pero sigue ahí, raíz podrida de un cimiento que tarda en caer.

“El femicidio de Chiara fue una bomba que destruyó nuestra familia, a sus amigos y a todo el pueblo”, cuenta Fabio Paez, el padre de Chiara, la adolescente de 14 años que fue asesinada embarazada el 10 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado un día después enterrado en un pozo en el patio de la casa de los abuelos del asesino.

El femicidio fue la gota que colmó el vaso. Millones de mujeres marcharon en ochenta localidades de Argentina para decir “ni una menos”. Las movilizaciones trajeron cambios rápidos como las modificaciones en los protocolos de búsqueda, la creación de comisarías especializadas en tomar denuncias por violencia de género y un rotundo cambio en el debate social. Sin embargo, a diez años del asesinato, nadie en Rufino está conforme: la condena a Manuel Mansilla a 21 años y seis meses de prisión fue rebajada a 15 años por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La reducción fue confirmada por la Corte de Santa Fe al considerar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen y la pena máxima posible es de 15 años. La sentencia fue apelada por la familia y duerme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.

El femicidio de Chiara Paez

La noche del sábado 9 de mayo, Chiara Paez se encontró con algunas amigas con las que jugaba al jockey en el Club Los Pampas. Sus padres no la dejaban salir de noche, pero como iban a quedarse en la casa de una de las chicas se lo permitieron. A la medianoche, Chiara se encontró con su novio en la calle. Como no volvía, las amigas decidieron llamar a su madre –Verónica Camargo- para advertirle la situación.

“Una de las primeras cosas que hice fue hablar con Mansilla. Después de haber matado a Chiara, me dijo que su padre era policía y que podía ayudar en agilizar la búsqueda. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó. El padre me dijo que tenía que hacer la denuncia para que sea un búsqueda oficial y cuando fui a la comisaría me encontré al asesino, que estaba frío como siempre”, recuerda Verónica.

La policía comenzó un rastrillaje por Rufino y los campos cercanos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Al grupo de 300 rescatistas y vecinos se sumó el propio asesino que después de enterrar el cuerpo y cubrir el pozo con chapas montó una escena para intentar despistar a la policía: habló con las amigas de Chiara y activó su teléfono para que los rastrillajes se alejaran de su casa.

En la casa durante la madrugada del crimen estaban sus dos abuelos, su madre y su padrastro. El homicidio fue perpetrado en la cocina. Una causa investiga la participación de los adultos en la vivienda quienes declararon no haber escuchado los golpes, los gritos de la víctima, ni tampoco visto como Mansilla hizo un pozo para enterrarla.

“Cuando fuimos a la casa de Mansilla el mediodía del domingo nos encontramos con que un familiar había hecho un asado a escasos metros del lugar donde todavía permanecía enterrado el cuerpo”, rememora a este medio el entonces fiscal Mauricio Clavero, el primero en ordenar la búsqueda de Chiara.

En la tarde del domingo llegó a Rufino una brigada de Rosario –ubicada a 250 kilómetros– con tres perros de búsqueda que se acercaban cada vez más a la casa de Mansilla. En ese momento, el joven se quebró y fue entregado a la policía. De acuerdo a la reconstrucción y al relato del femicida, el abuelo lo confrontó y en ese momento confesó. El cuerpo de Chiara fue identificado por los bomberos, Defensa Civil y el fiscal Clavero.

“Nunca me voy a olvidar cuando entre la tierra apareció su bracito con un saco color salmón. Cuando levanté la vista miré que el personal de bomberos y los policías lloraban. Para una comunidad chica como Rufino este es un golpe tremendo y personal”, cuenta Clavero.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad con la tierra apisonada tapada con chapas y hierros. El cadáver en posición fetal tenía múltiples golpes en la cabeza que lo ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberados. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

Por la presión social, los familiares de Mansilla que estaban en la casa la noche del crimen se tuvieron que mudar a Venado Tuerto, a cien kilómetros de Rufino. “Acá todos los veían como culpables, imagínate que nadie quería atenderlos en los negocios”, cuenta una vecina.

Fabio Paez –el padre de Chiara– también se fue de la ciudad y ahora vive en Alvear, Mendoza, donde brinda charlas en colegios acerca de violencia de género. “Después de 45 años en Rufino, tuve que irme. Nunca fui violento, pero si me cruzaba a esa gente en la calle no sé qué hubiera hecho. Es imposible que no hayan sabido lo que pasó si estaban en la misma casa”, explica.

Manuel Mansilla cumple condena y si se confirma el fallo que redujo su pena estaría próximo a salir en libertad. Hasta el momento no cuenta con la aprobación psicológica para salidas transitorias. Luego de la repercusión nacional por el asesinato a Rufino llegaron materiales como el luminol para investigar crímenes, se montó una oficina para atender casos de violencia de género y hasta se construyó una cámara gesell, sin embargo los femicidas siguieron matando.

En febrero de 2018, Oscar Cejas de 29 años mató de tres puñaladas a Katherine Quinteros de 18 años frente a sus hijas mellizas. Esta vez, había indicios previos que podrían evitar el crimen: Cejas había sido denunciado por golpes, lo habían internado en un psiquiátrico y hasta había dicho que si lo soltaban iría a matar a su ex pareja.

“Yo creo que hasta que no haya una reeducación como sociedad esto no va a terminar nunca. Las mujeres tenemos que encabezar la lucha, pero tenemos que hacerlo integrando a los hombres. Cuestionando, pero escuchando también. Los feminismos entraron en grietas que dejaron de lado el fin con el que inició el 'Ni una menos'. Tenemos que volver a unirnos contra la violencia”, explica Verónica Camargo, la madre de Chiara Paez.

Verónica nunca imagino estar encabezando una mesa de debate feminista en Rufino. Habla con claridad y resolución. Su voz mezcla fuerza y templanza, ternura y combate. Al igual que Fabio, viaja donde le pidan para hablar de violencia de género. El dolor la transformó en una luchadora, algo de lo que que Chiara estaría orgullosa.

GV/DTC

Buscan convertir en ley el programa que redujo a la mitad los embarazos adolescentes y Milei desfinanció

En 2024, a los pocos meses de asumir, Javier Milei desfinanció el programa que redujo a la mitad la cantidad de embarazos adolescentes. El Plan ENIA, lanzado durante la gestión de Mauricio Macri, estaba orientado a prevenir el embarazo adolescente, pero la gestión libertaria le quitó el financiamiento, desvinculó a las 700 profesionales que venían trabajando hace seis años, y lo vació. Este martes, en ocasión del Ni Una Menos, las diputadas de la oposición quieren convertirlo en una política de Estado, pero se enfrentan a la resistencia del mismo partido que lo impulsó originalmente: el PRO.

Hay dos dictámenes en danza, ambos referidos a fijar el Plan ENIA con el peso de una ley, pero que difieren en un aspecto clave: el financiamiento. El dictamen de mayoría, que es respaldado por el peronismo, el socialismo y el radicalismo díscolo, sostiene que tiene que ser el Tesoro Nacional el que debe garantizar los recursos para que las provincias puedan ejecutar el programa. El del PRO, que lleva la firma de Silvia Lospennato, propone, en cambio, que sean las provincias las que se hagan cargo del financiamiento.

El problema es evidente: en un contexto de ajuste de las cuentas públicas, de recorte en obra pública y de las transferencias que Nación envía a las provincias, las posibilidades de las jurisdicciones de solventar los gastos de funcionamiento del Plan ENIA son menores. “Es inverosímil, no se puede gestionar. ¿La provincia que lo puede financiar lo hace y la que está empobrecida y que más lo necesita no?”, cuestionan en el peronismo, en donde apuntan los dardos contra Lospennato y el PRO: “Estamos levantando como propio un programa que trajo Macri, ¿y ellos no acompañan?”, mascullan.

La resistencia del PRO se da en un contexto tenso, marcado por las conversaciones que Cristian Ritondo mantiene con Casa Rosada para cerrar un acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires. En la comisión de Salud, donde se dictaminó el proyecto el año pasado –se requiere el dictamen en la comisión de la Mujer, de Presupuesto y de Familia–, Lospennato logró sumar las firmas del resto de sus compañeros de bloque con el compromiso que no afectaría el equilibrio fiscal de Milei.

Tras la derrota electoral en CABA, sin embargo, el PRO firmó la rendición incondicional. El macrismo quedó debilitado y absorbido por la mayoría mileísta que pretende fusionarse con La Libertad Avanza. Las pretenciones independentistas fueron fácilmente sofocadas por Ritondo –un desafío que el jefe de bancada amarilla deberá repetir el martes, cuando se reúna el bloque para discutir qué hacer con la emergencia a la discapacidad que se debatirá en la sesión del miércoles– y no hay diferencias entre macristas, bullrichistas y acuerdistas al momento de votar.

“La mejor manera que tiene el Gobierno de destruir la agenda de género es desfinanciándola. Mirá la ley de salud sexual y reproductiva: no la cumplieron porque no hicieron la compra y distribución de los anticonceptivos, y no hay sanción”, busca matizar, con escepticismo, una voz del partido amarillo respecto a las pretenciones del resto de la oposición.

La sumisión total es un fenómeno que, sin embargo, no se observa solo en el PRO, sino también en el radicalismo. Mónica Macha (UxP), que preside la comisión de la Mujer, que es donde se buscará dictaminar el martes a las 11 el Plan ENIA, intentó armar un plenario para poder abarcar la mayor cantidad de comisiones (ya que, en técnica parlamentaria, es habitual que un oficialismo le de varios giros a un proyecto para dilatar su tratamiento). Sabía que la comisión de Presupuesto era imposible, porque la preside José Luis Espert, pero lo intentó con la de Familia, que la preside la radical Roxana Reyes. Nunca respondió.

¿De qué sirvió el Plan ENIA?

El Plan ENIA se puso en marcha durante el gobierno de Macri, con apoyo de una veintena de organizaciones civiles y la Unicef, y se profundizó durante el de Alberto Fernández. El objetivo que tenía era prevenir el embarazo no intencional entre las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años y, durante su implementación, terminó convirtiéndose en un modelo de éxito para bajar la fecundidad adolescente en América Latina.

En 2018, por ejemplo, se registró que hubo unos 84.768 nacimientos con madres adolescentes entre 15 y 19, y 2350 de madres menores de 15 años. En 2022, cuatro años después de la implementación del programa, se registró una reducción drástica del número de casos: 43.210 adolescentes de menos de 20 años fueron madres, y 1087 niñas. La mitad de casos.

El programa –que los proyectos de ley buscan replicar– incentivaba y creaba espacios de consejería en salud sexual en escuelas primarias y espacios comunitarios. No solo brindaba información y acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico, sino también a la Interrupción Voluntaria del Embarazo si la adolescente lo precisaba.

El objetivo era evitar el embarazo no intencional y sus consecuencias físicas, psicológicas y en el desarrollo personal de las niñas y adolescentes. Según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas realizado en América Latina, por ejemplo, solo el 38% de las niñas y adolescentes que fueron madres habían podido terminar la escuela secundaria. A su vez, como efecto secundario, el Plan ENIA colaboraba para detectar casos de abuso sexual infantil.

El Plan ENIA, en el último año, dejó de funcionar por falta de presupuesto. El objetivo de las diputadas de la oposición –entre las que se encuentran Macha, Mónica Fein (PS), Blanca Osuna (UxP) y Carla Carrizo (UCR)– es emitir dictamen de mayoría este martes y preparar el terreno para emplazar las comisiones que faltan y, así, poder llevarlo al recinto. Si consiguen las firmas, un sector del peronismo se entusiasma con poder incluir el emplazamiento en la gran sesión opositora del miércoles.

Al final del recorrido, sin embargo, el futuro de la ley dependerá del PRO.

MC/MG

Directores de medios de todo el mundo exigen la apertura de las fronteras de Gaza para periodistas

La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó una carta abierta de directores de medios para exigir a Israel la apertura de las fronteras de la Franja de Gaza a los periodistas.

Desde hace 18 meses, las autoridades israelíes se niegan a conceder acceso independiente a los profesionales de los medios en este enclave palestino bajo ataque. Al mismo tiempo, el ejército israelí mató a casi 200 periodistas gazatíes, según RSF.

Este es el texto de la carta abierta, a la que adhirió Delfina Torres Cabreros, directora de elDiarioAR:

“Nosotros, directores de medios, exigimos la apertura inmediata de las fronteras de Gaza para los profesionales de la información”

Nosotros, periodistas que dirigimos medios de comunicación líderes en todo el mundo, condenamos el bloqueo informativo.

Desde hace más de 18 meses, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha impedido la cobertura mediática de la ofensiva de su ejército en la Franja de Gaza. Durante más de 18 meses, las autoridades israelíes se han negado a permitir el acceso independiente de periodistas extranjeros al territorio palestino, mientras el ejército israelí continúa atacando y masacrando a periodistas palestinos.

Para garantizar una información confiable, equilibrada e independiente, conforme a las normas y principios legales consagrados en la Carta Global de Ética para Periodistas, estamos obligados a lo siguiente:

¡Israel debe abrir las fronteras de Gaza a los periodistas!