Villa Luzuriaga

Noticias de Buenos Aires

Gritos, insultos y amenazas: el recinto de Diputados terminó en escándalo cuando se iba a tratar el caso $LIBRA

“Sos un cagón, mandás a Arroyo Salgado”, le grita la camporista Florencia Carignano a José Luis Espert en la cara, mientras la libertaria Nadia Márquez la intenta callar poniéndole la mano delante del rostro. “Sacame la mano porque te reviento”, le advierte Carignano, mientras Espert se sonríe. Al lado, la libertaria Juliana Santillán pechea a Paula Penacca y le grita “defensora de chorra”, mientras que Roxana Monzón sostiene a Penacca de atrás, como para evitar que se le vaya encima. A unos centímetros, la kirchnerista Lorena Pokoik también parece preparada para trenzarse a patadas, mientras Fernando Iglesias se divierte filmando la escena.

La sesión opositora terminó en un escándalo. Tras lograr emplazar la comisión de Presupuesto para tratar la emergencia en el Hospital Garrahan y el presupuesto universitario, el clima en la Cámara de Diputados fue escalando hasta convertirse en un circo de insultos, apretadas y amenazas de agarrarse a trompadas. Un show que provocó, tras cinco horas de debate, que Martín Menem aprovechara para terminar con el martirio oficialista y levantar la sesión por falta de quórum.

El disparador del derrumbe de la sesión, sin embargo, no fue ni la bronca de las diputadas peronistas con Espert -a quien responsabilizan de que la jueza Sandra Arroyo Salgado tenga detenida e incomunicada hace una semana a Alesia Abaigar (la funcionaria bonaerense acusada de tirarle caca de un animal en la vereda donde vive)- ni el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. El disparador había sido, una vez más, la comisión $LIBRA.

Y es que el caos se desató luego de que el lilito Maximiliano Ferraro presentara una moción para intentar destrabar el empate de la comisión libertadora. El objetivo de Ferraro era emplazar a las comisiones para tratar un proyecto que modifica el mecanismo de designación de las autoridades: un trabalenguas técnico que pretende, básicamente, darle a Unión por la Patria la presidencia de la comisión para poder ponerla en funcionamiento.

Menem, sin embargo, se negó. El riojano argumentaba, con el apoyo técnico de la bullrichista Silvana Giudici, que la moción tenía que tratarse al final de la sesión porque el tema $LIBRA no estaba incluido en el temario ni se había discutido en Labor Parlamentaria. Menem buscaba evitar -de nuevo- que la oposición pudiera avanzar con la investigación sobre lo que sucedió con la criptomoneda que el presidente promocionó y que dejó pérdidas por 280 millones de dólares y que la Justicia investiga por presunta estafa.

El debate se dilataba. La oposición insistía y Menem se resistía. Hasta que Cecilia Moreau, como si fuera el acto final de cierre, decidió terminar de dinamitar la sesión con un discurso incendiario. “Es imposible ponernos de acuerdo. Si se metieron la Constitución en el culo, es imposible pedirles que respeten el reglamento de la Cámara de Diputados”, los cruzó, subiendo el tono, y agregó: “Dejemos de actuar como si la democracia siguiera vigente. Son estafadores. Son hambreadores. Y vamos a volver”.

Como si fuera un gesto ensayado, apenas dijo esas palabras, los diputados de Unión por la Patria empezaron a levantarse de sus bancas. El objetivo era dejar sin quórum la sesión, y Menem estaba feliz de acatar. El argumento era que el riojano no iba a tratar nunca la moción y que no tenía sentido seguir ahí sentados, observando como LLA lograba volver a bicicletear el tema.

La decisión de dejar la sesión sin quórum luego de que se trataran los emplazamientos de la emergencia en el Garrahan y de la actualización del presupuesto universitario, sin embargo, se había tomado el día anterior. El peronismo no estaba contento con la forma en la que el radicalismo de Democracia Para Siempre había organizado la sesión, que la había pedido en soledad, sin discutirlo antes con sus compañeros en la multipartidaria opositora, y se había negado a ampliar el temario para incluir algunos proyectos pedidos por Germán Martínez.

UxP había accedido a dar quórum, pero hasta cierto punto. Garrahan y universidades sí, pero no tenía interés en discutir el emplazamiento de la comisión de Presupuesto para bajar las retenciones al agro. Ni tampoco el resto de los proyectos que Pablo Juliano, el jefe de DPS, había incluido en el temario como parte de la pelea interna del radicalismo (como el proyecto de Julio Cobos para modificar el huso horario). Fue así que, fracasado el intento $LIBRA y estando por tratarse las iniciativas radicales, los peronistas se levantaron de sus bancas. Muchas diputadas aprovecharían ese momento para ir a prepotear a Espert, que sonreía satisfecho con la situación.

A Juliano no le agradó la movida, y salió a cruzar a sus socios de tener un “pacto” con LLA. “Intentamos por todos los medios que el Congreso trabajara sobre la agenda planteada, pero una vez más el pacto entre los libertarios y los kirchneristas y el acting de su falsa pelea nos dejó sin quórum”, se quejó por Twitter.

Sus socios no peronistas, sin embargo, no terminaban de estar de acuerdo con el jefe de bancada radical. “¿Les rechazas los pedidos que te hacen y pretendés que se queden a darte quórum para los tuyos? ¿Para qué? ¿Para exponerse votando en contra de la baja de retenciones?”, ironizaba un diputado opositor que no integra ni UxP ni DPS. “Son los radicales los que no querían tratar $LIBRA, por eso no lo incluyeron”, agregó, a unos metros, un diputado kirchnerista.

Una vez más, Menem lograba evitar que la oposición investigara el criptoescándalo. Y, una vez más, el boicot generaba suspicacias y sospechas cruzadas entre los socios opositores.

MC/JJD

La oposición logró impulsar la emergencia en el Garrahan y la actualización presupuestaria en las universidades

El Gobierno perdió el control del Congreso. Una vez más, la oposición acorraló a Javier Milei y logró asestarle una nueva derrota en la Cámara de Diputados, aprobando con dos tercios el impulso de dos temas sensibles: una ley que declara la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y otra que actualiza el presupuesto universitario. Con el respaldo de los gobernadores aliados del Gobierno, la oposición logró emplazar a la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, y se prepara para darle media sanción a los proyectos en una futura sesión.

El efecto de la votación fue simbólico y contundente. En medio de la escalada del conflicto del Gobierno con los trabajadores del Hospital Garrahan, que denuncian que Mario Lugones pretende convertir el sistema de residencias en una beca precarizada, la oposición consiguió juntar dos tercios para impulsar la iniciativa que declara la emergencia pediátrica. Un número que despertó las alarmas en el Gobierno, que teme ahora que Milei no pueda asegurarse el blindaje de su tercio vetador cuando el Congreso sancione el proyecto.

Con 164 votos a favor y 66 en contra, la oposición logró forzar al oficialismo a habilitar el dictamen de una ley que obliga al Gobierno a asignar de manera prioritaria el presupuesto para el Hospital Garrahan, a recomponer el salario de los trabajadores y a eximir del pago del impuesto a las Ganancias las horas extras y las guardias de los profesionales de Salud.

“La situación de pediatría de alta complejidad está en riesgo sin el trabajo del Hospital Garrahan”, advirtió el tucumano peronista Pablo Yedlin, que propuso emplazar la comisión de Presupuesto para el 8 de julio a las 12 horas. “La situación en el Garrahan nos muestra el país que quiere el presidente. Un país donde un chico con cáncer y sin plata se queda solo”, sumó el radical Facundo Manes.

El objetivo de la oposición es dictaminar la iniciativa esa fecha, en la previa del paro que los trabajadores del Garrahan convocaron para el 17 de julio, y preparar la iniciativa para llevarla al recinto la semana siguiente.

La oposición volvió a conseguir los dos tercios para impulsar el tratamiento de proyectos educativos que apuntan a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de los trabajadores. Con 161 a favor y 68 en contra, la oposición emplazó a la comisión de Presupuesto para reunirse el 8 de julio a las 16 horas.

“En muchas universidades no se va a tomar examen y no va a iniciar el segundo cuatrimestre por el ataque a los salarios docentes. Se está destruyendo el poder de compra. Un ayudante de primera cobra menos de 300 mil pesos con 15 años de antigüedad”, advirtió el “Chipi” Castillo, del FIT, que acompañó al peronismo, el pichettismo y el radicalismo díscolo para impulsar la sesión.

Crónica de una derrota anunciada

Los emplazamientos fueron un desafío abierto de la oposición y de los ex aliados oficialistas al Gobierno. En el oficialismo casi ni amagaron a contener la embestida, que ya anticipaban inevitable desde la noche anterior. En Casa Rosada admitían, incluso, que Martín Menem casi ni les había pedido ayuda para “convencer” a los diputados aliados para torcer sus voluntades: un anticipo de una derrota que parecía una crónica anunciada.

El temor de La Libertad Avanza se confirmó al mediodía, cuando sonó la chicharra y empezaron a bajar los diputados a dar quórum. Con 136 diputados presentes, la oposición consiguió el número gracias a la presencia casi perfecta de Unión por la Patria, Encuentro Federal y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre. Fue el respaldo de los gobernadores, sin embargo, lo que terminó inclinando la balanza en favor de la oposición.

Irritados con el Gobierno por la dinámica de los cierres de listas y la escasez en la transferencia de recursos, los mandatarios provinciales apostaron a colaborar con la embestida opositora. Los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) habilitaron a casi todos sus diputados. El cordobés Martín Llaryora, quien había negociado que incluyeran también un emplazamiento para tratar la baja de retenciones, aportó a sus cuatro diputados.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que está negociando para cerrar una alianza electoral con LLA, no pudo evitar que Francisco Morchio diera quórum. Incluso los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalaqcua (Misiones), que se aglutinan en el interbloque Innovación Federal y suelen aliarse a Casa Rosada, facilitaron la sesión enviando al menos a un representante cada uno: el rionegrino Agustín Domingo, la salteña Yolanda Vega y el misionero Alberto Arrúa.

El PRO y la UCR que lidera Rodrigo de Loredo funcionaron, una vez más, como los aliados incondicionales de Milei. Ninguno de los dos bloques accedió a dar quórum, pero ni ellos ni el oficialismo lograron evitar rebeldes. En el caso del PRO, por ejemplo, Álvaro González dio quórum. En el caso de la UCR, Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas también se diferenciaron del bloque y dieron quórum.

La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la presencia de la libertaria Marcela Pagano, que colaboró con el quórum y despertó la indignación de su archienemiga interna, Lilia Lemoine. “Contanos Marce, por qué querías la comisión de Juicio Político? Así ibas a defender al Presidente?”, tuiteó Lemoine, quien se dedicó a filmar a Pagano durante toda la sesión. No sería a la única: la vocación filmográfica de Lemoine la llevó a pelearse duramente con la kirchnerista Lorena Pokoik, a quien se puso a filmar a unos metros durante una discusión y la pelea casi termina a las trompadas.

MC/MG

El 'número dos' del Opus Dei, acusado formalmente de trata de mujeres en Argentina

La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.

En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.

La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.

La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Expectativa por la reacción del Papa León XIV

El 14 de mayo pasado, el nuevo papa León XIV citó en su oficina a las máximas autoridades de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Allí estuvieron el español Fernando Ocáriz, jefe máximo de la organización, y el argentino Fazio. A juzgar por las fotos oficiales, la audiencia fue amable y hubo sonrisas. Sin embargo, fue una reunión en la que el nuevo pontífice se mostró dispuesto a seguir el camino iniciado por Francisco, quien disminuyó el poder y quitó la jerarquía al Opus tras la denuncia en Argentina y mandó a la organización a modificar sus estatutos. Con casi tres años de retraso –el último fue tras la muerte del argentino–, justo después de aquella audiencia con León XIV terminaron la tarea y a mediados de junio los presentaron.

Ahora, la gran pregunta entre los círculos de exmiembros del Opus Dei de todo el mundo, así como de otros allegados al Vaticano es si León XIV volverá a reunirse con un imputado por delitos gravísimos o si, aún más lejos, permitirá que continúe en su posición de jerarquía en una institución que ya está en el punto de mira. La misma pregunta vale para Ocáriz, quien tiene que decidir si mantiene como su segundo a Fazio.

Nueve meses desde la acusación y una petición al juez

Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.

A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.

Si tenés información sobre este caso u otros similares, podés escribirnos al correo seguro [email protected]

Tras la autorización de la Justicia, Lula visitará mañana a Cristina Fernández de Kirchner

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitará mañana por la tarde a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución tras la condena a 6 años de cárcel por la causa Vialidad, según fuentes oficiales.

Tras la autorización judicial, Da Silva se acercará al domicilio de San José 1111 para reunirse con Fernández de Kirchner una vez que finalice la cumbre del Mercosur que se realizará desde las 10 en el Palacio San Martín.

El presidente del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini autorizó hoy que Lula Da Silva se reúna con Fernández de Kirchner en el departamento donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa Vialidad.

La visita deberá cumplirse con la regla impuesta cuando se otorgó arresto domiciliario a la expresidenta, relativa a “abstenerse de adoptar perturbar la tranquilidad del vecindario comportamientos que puedan y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, según la resolución.

Gorini tomó esa decisión como juez de ejecución de la condena tras recibir una solicitud de la defensa de la ex presidenta, ante la llegada al país de Lula para la Cumbre de presidentes del Mercosur.

Con información de la agencia NA

Interrumpen el suministro de GNC en estaciones de servicio de todo el país por la ola polar

La ola de frío extremo que atraviesa la Argentina ya empezó a impactar de lleno en el sistema energético. Este miércoles, ante la creciente demanda de gas natural, el Comité de Emergencia ordenó la suspensión total del expendio de GNC en estaciones de servicio de varias provincias, durante al menos 24 horas, para priorizar el abastecimiento domiciliario y esencial.

La medida comenzó a las 14 horas de este miércoles 2 de julio y se extenderá hasta el jueves a la misma hora. Sin embargo, lo que marcó la jornada fue que, además de las estaciones con contratos interrumpibles, también se quedaron sin gas algunas con contratos no interrumpibles en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, por su alta densidad poblacional y la necesidad energética, el suministro se mantiene activo. Mientras tanto, en las provincias del sur, solo las estaciones con contratos no interrumpibles continúan operando.

“En Mendoza está prohibido que cualquier estación expenda GNC, ya sea que tenga suministro firme o interrumpible. Ninguna puede vender por razones de fuerza mayor”, explicó Isabelino Rodríguez, titular de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA), en declaraciones radiales. Este mensaje fue replicado por cámaras de expendedores en distintos puntos del país.

En la Argentina, las estaciones con contratos no interrumpibles están principalmente en provincias del sur como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se trata de acuerdos que garantizan el suministro continuo de gas, incluso durante crisis energéticas, ya que estas regiones dependen casi exclusivamente del gas natural para calefacción, transporte y servicios básicos.

A cambio de esa prioridad, las estaciones con contratos no interrumpibles pagan una tarifa más alta, y la empresa distribuidora está obligada a mantenerles el abastecimiento en todo momento.

La mayoría de las estaciones de servicio argentinas tienen contratos interrumpibles, es decir, pueden ser desconectadas temporalmente si hay una emergencia energética y el sistema necesita priorizar a los hogares, hospitales o industrias esenciales.

MM con información de agencias.