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El Gobierno busca avanzar en la reforma laboral: reunió al Secretario de Trabajo con la CGT y la UIA

El Consejo de Mayo protagonizó este lunes su segunda reunión con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para avanzar en la reforma laboral que busca implementar Javier Milei.

La excepcionalidad en torno a la asistencia de Cordero da la pauta del temario que abordó este segundo encuentro, que contó también con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, lo que revela la venía de la CGT a la iniciativa mileísta. La reforma en el régimen laboral está contemplada en uno de los puntos firmados en el Pacto de Mayo, aquel 9 de julio de 2024.

Corderó integró el intercambio focalizado en discutir el punto ocho de la nómina de 10 ítems que firmaron 18 gobernadores y el Poder Ejecutivo, pese a que la intención sea tratar el potencial proyecto pasadas las elecciones de octubre.

Minutos antes de la 9, horario estimado de inicio, la primera en llegar a Casa Rosada fue la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada detrás del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger, quien anticipó que su idea es ir hacia nuevo sistema “moderno” y que resuelva el problema de la informalidad laboral.

Martínez se topó en el salón de los Bustos con el diputado del PRO Cristian Ritondo, uno de los protagonistas del fin de semana tras el cierre de listas. Hicieron su ingreso por el Patio de Palmeras.

Otro de los cruces en la antesala a la reunión que se desarrolló en el salón de los Escudos de la Secretaría del Interior fue el del secretario de Trabajo, quien al bajar de una camioneta blanca se encontró con el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Completó la nómina el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de los mandatarios provinciales de mejor sintonía con el Gobierno. Luego de unificar los comicios locales con los nacionales que se realizará el próximo 26 de octubre, el radical negocia con La Libertad Avanza la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral como el que protagonizó Leandro Zdero en la provincia de Chaco.

Al término de la reunión, Ritondo, el único interlocutor designado, evitó revelar detalles de lo conversado. “La síntesis va a salir el 15 de diciembre. Los temas que estamos abordando son los que ya están acordados en el Pacto de Mayo”, sostuvo ante la prensa acreditada. “Vamos avanzando en cada uno de los temas y a veces vienen especialistas. Cada reunioncita es la disparadora, donde seguimos trabajando durante el mes que nos vemos acá, con asesores, con otros diputados, con otros proyectos”, detalló desde el Patio de las Palmeras.

El legislador del PRO reveló que durante el intercambio que duró casi dos horas los representantes de la UIA y de la CGT dieron su mirada ante el secretario de Trabajo respecto a la reforma laboral que apuesta a avanzar en una mayor formalidad en el empleo. “Son todos los disparadores que están en el pacto. En cada una de las reuniones le repasamos alguno”, insistió, y aclaró: “No va a haber mucha información, le diría que casi nada porque la idea es trabajar y el 15 hacer una presentación formal”.

Con información de agencia NA

MC

El peronismo define gracias a una prórroga judicial las listas de candidatos en el conurbano

El peronismo bonaerense cerró a la fuerza la unidad electoral el domingo a la madrugada pero consiguió tiempo suplementario para terminar de definir los candidatos a concejales en el territorio más complicado: los municipios del conurbano. La Justicia Electoral otorgó una prórroga hasta este lunes a las 14 para que todos los frentes confirmen sus postulantes a lo largo y ancho de la provincia –que abarca 135 partidos– pero el morbo principal está en Fuerza Patria, que gobierna la mayor parte de las intendencias más populosas que rodean la Ciudad de Buenos Aires.

“No está nada dicho”, apuntó un funcionario provincial atento a los detalles técnicos vinculados a las elecciones. El cierre está lejos de ser amoroso. “La descomposición es total”, señaló otra voz en el peronismo. “No hay conducción, no hay orden, no hay confianza y no hay un futuro más o menos en sintonía”, dijo otro miembro del gabinete de Axel Kicillof. En las últimas horas hubo consultas, por ejemplo, de cuántos candidatos se tienen que dar de baja en una lista para que la Justicia Electoral desestime el total de la boleta y la discusión en ese territorio vuelva a fojas cero.

Ya el sábado a la noche un imprevisto corte de luz en la zona de la Legislatura le valió al peronismo la excusa para pedir una prórroga de dos horas. Se terminó cerrando la unidad cerca de las 2 de la madrugada. Propios dirigentes del peronismo señalaron con sorna una jugada sorpresiva del intendente de La Plata, Julio Alak, por haber “bajado la térmica”.

Hasta ahora trascendió de Fuerza Patria los nombres de los primeros candidatos en las ocho Secciones Electorales: la Primera, que corresponde al norte del conurbano, quedó para Gabriel Katopodis, ministro de Kicillof, y Malena Galmarini, pareja de Sergio Massa; en la Tercera, que corresponde al sur del conurbano, irá Verónica Magario, vicegobernadora, secundada por Facundo Tignanelli, de La Cámpora. A grandes rasgos la pulseada del conurbano la ganó el espacio de Kicillof, pero Máximo Kirchner ahora busca que sus dirigentes integren el resto de los lugares en esas listas, así como quieren aparecer en las boletas de todos los municipios.

“Katopodis y Magario son testimoniales, así que abajo van a quedar todos dirigentes de Máximo y de Massa”, señaló un operador que entendió que el cierre general habría favorecido al hijo de Cristina Kirchner. “Falta ver qué pasa hacia adentro de cada distrito”, remarcó un vocero que conoce la discusión en uno de los partidos más importantes. La lógica previa al cierre era que en los municipios gobernados por el peronismo el intendente iba a cederle espacio al resto de las tribus en las listas. De hecho se impuso la regla de firmas cruzadas para avalar los candidatos, pero la desconfianza aún continúa. Por algo, por ejemplo, Fernando Espinoza se postula como primer candidato testimonial en La Matanza para no ceder poder local. Aún se desconoce cuántos lugares les dejará allí a La Cámpora de Máximo Kirchner.

Una pelea más expuesta se vió en Morón, donde el intendente Lucas Ghi no acordó con el cristianismo referenciado en Martín Sabbatella. El jefe comunal está muy cerca de sellar una boleta corta con el Frente Renovador de Massa para la elección distrital. Hubo críticas hacia Sabbatella, de Nuevo Encuentro, que iría por su lado: “Rompe la unidad para favorecer a Milei”.

Disputas similares se vivían por estas horas en el resto de los distritos. La Primera Sección, la de mayor cantidad de electores, agrupa los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. La Tercera Sección está compuesta por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Según supo elDiarioAR, no es solo en el peronismo la discusión sigue abierta: también en Somos Buenos Aires, el espacio de centro que aglutina a disidentes radicales, peronistas y macristas. El espacio cerró el sábado con el intendente de Tigre, Julio Zamora, al frente de la Primera, y el radical Pablo Domenichini, recorte de la Universidad Nacional Guillermo Brown, en la Tercera. Pero la pelea está en las secciones Quinta y Sexta y generaba rispideces entre los radicales y Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que amenazan con romper.

La prórroga de la Justicia Electoral hasta este lunes a las 14 fue cuestionada por la oposición de La Libertad Avanza. “Nosotros no pedimos ninguna prórroga y ayer a la noche ya teníamos todo presentado”, apuntaron en un comunicado el domingo por la tarde firmado en conjunto con el PRO. “Es una vergüenza lo del peronismo”, acusaron.

Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia y ahora socio de Cristian Ritondo, escribió en X: “La Junta Electoral bonaerense justo se quedó sin luz cuando en el kirchnerismo no logran ponerse de acuerdo, ni siquiera con el nuevo nombre de su tribu. A pesar de esto, nosotros teníamos perfectamente ordenadas y debidamente cargadas nuestras 135 listas”.

MC

Elecciones bonaerenses: todos los candidatos a legisladores, sección por sección

Quedó definido el mapa de los principales candidatos que competirán en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires por un lugar en la Legislatura en los comicios del 7 de septiembre. Se renovarán 46 diputados y 23 senadores, la mitad de cada cámara.

Hubo intensas negociaciones hasta último momento para delinear las boletas de los dos principales frentes políticos, La Libertad Avanza-PRO y Fuerza Patria.

El peronismo tuvo que pedir una prórroga para presentar los nombres, que la Junta Electoral le concedió hasta el lunes. En las secciones electorales clave, el gobernador Axel Kicillof logró imponer a dos dirigentes de su círculo más cercano: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, encabezará la boleta de senadores en la Primera Sección, mientras que la vicegobernadora Verónica Magario liderará la de diputados en la Tercera. Ambos nombres desplazaron a los intendentes Federico Achával (Pilar) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), que también aspiraban a esos lugares.

En cuanto al frente Alianza La Libertad Avanza, el titular del PRO en la provincia, Cristian Ritondo, el legislador Diego Santilli y Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, lograron colar varios nombres propios en la distribución de las listas que selló la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para la elección, el territorio bonaerense se divide en 8 secciones electorales. En 4 se elegirán senadores y en las otras 4, diputados. Estos son los principales candidatos, sección por sección, de las boletas de La Libertad Avanza-PRO, Fuerza Patria, Somos Buenos Aires y los frentes de Izquierda:

Primera Sección Electoral

(Elige 8 senadores)

Segunda Sección Electoral

(Elige 11 diputados)

Tercera Sección Electoral

(Elige 18 diputados)

Cuarta Sección Electoral

(Elige 7 senadores)

Quinta Sección Electoral

(Elige 5 senadores)

Sexta Sección Electoral

(Elige 11 diputados)

Séptima Sección Electoral

(Elige 3 senadores)

Octava Sección Electoral

(Elige 6 diputados)

Con información de NA

El Gobierno lanzó el primer spot de la campaña de difusión de la Boleta Única de Papel que se usará para votar el 26 de octubre

Hace tres meses, a fines de abril, la Justicia aprobó que por primera vez en la historia argentina, el 26 de octubre la ciudadanía nacional depositará su voto utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento inédito que cambia la dinámica de las elecciones y deja atrás el tradicional sistema de boletas partidarias.

Este salto, dispuesto tras la reforma del Código Electoral Nacional sancionada en 2024, y que busca evitar confusiones, reducir irregularidades y optimizar la transparencia del proceso electoral, dio este lunes un nuevo paso y, desde la Jefatura de Gabinete, dieron a conocer el primer spot explicativo de la nueva forma de votar.

Claves de la Boleta Única Papel (BUP)

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.

¿Qué es la BUP?

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

¿Cómo es su diseño?

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

¿Cómo se vota?

El día de la elección el elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa correspondiente. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y un bolígrafo, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio. El voto se realiza marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna.

Paso a paso para votar con Boleta Única Papel

Llegando al local de votación

El 26 de octubre, entre las 8:00 y las 18:00 horas deberás dirigirte al local de votación. Podés consultar dónde votás a través de la web o en la app Mi Argentina. Al llegar a tu mesa deberás entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.

Entrega de la BUP

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación.

BUP

En la boleta vas a encontrar las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Marcá con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.

Emití tu voto

Doblá la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto..

Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.

El Gobierno tiene 10 días para vetar los proyectos de aumento a las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

El Gobierno recibe este lunes los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el próximo 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado hace 10 días recién serán girados este 21 de julio al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los diez días para que el Gobierno pueda vetarlos, como anunció el jefe de Estado.

Tras su sanción, las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, trámite que recién se terminó de cumplir este lunes, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2% de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima, de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

Qué dicen los proyectos

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó el 10 de julio y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno -algo que el Ejecutivo ya dijo reiteradamente que no ocurrirá-, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Con información de agencias y Chequeado

IG