La Laurita

Noticias de Chubut

Kicillof da luz verde al lanzamiento de su frente político y redobla la tensión con La Cámpora

Axel Kicillof dio luz verde al lanzamiento formal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Si bien sostiene el argumento de que trabajará hasta el final por lograr la unidad con Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador decidió mostrar su músculo político y avanzar con un frente electoral que le permita competir en todas las secciones caso de que no alcanzar un acuerdo con La Cámpora.

La demostración de fuerza será el 24 de mayo en una sede del gremio UPCN en La Plata. No será solamente una foto para irritar al kirchnerismo, sino la imagen de la estructura bonaerense en la que se parará en caso de no cerrar filas con Cristina y con Sergio Massa. 

El acto empezó a planificarse hace dos semanas, a un año del plenario de Varela, el evento que funcionó como un parteaguas en el peronismo bonaerense, ya que fue la primera vez que todos los dirigentes alineados a La Cámpora pegaron el faltazo y por primera vez se empezó a hablar de “axelismo”. Sin embargo, como supo elDiarioAR, había dudas entre los ministros más cercanos al gobernador sobre la pertinencia de armar algo ahora que irritara nuevamente al kirchnerismo. El humor cambió en las últimas horas, después del voto de suspensión de las PASO, ya que los diputados de Cristina decidieron no votar las modificaciones que había reclamado el gobernador sobre los plazos del calendario electoral.

“La idea es que movilicemos desde todas las secciones y Axel sea el único orador. Estamos avanzando para tener una estructura competitiva”, afirmó un colaborador cercano a Kicillof. La idea es que, de continuar este cronograma electoral, el axelismo pueda inscribir su propio frente en julio, probablemente bajo el nombre de “Movimiento Derecho al Futuro”. Dar ese paso –se atajan en La Plata– no implicaría que se detengan las negociaciones con Cristina, pero sí un resguardo para poder competir solos en caso de no llegar a un acuerdo. 

En La Plata también diagraman una estructura partidaria sobre la cual apoyarse en caso de que tengan que ir por afuera del PJ nacional y bonaerense. Kicillof podría apoyarse en el partido Unidad Popular, que preside Claudio Lozano a nivel nacional y que tiene personería jurídica a nivel provincial; el partido Frente Grande, que preside el intendente Mario Secco (Ensenada) otro kirchnerista converso al axelismo; el Partido Solidario, de Carlos Heller; y La Patria de los Comunes, que preside Gildo Onorato, funcionario y dirigente del Movimiento Evita. 

En ese marco, el axelismo trabaja en la búsqueda de candidatos propios en caso de que necesite ponerlos a competir. Además de mostrarse recientemente con su ministro Gabriel Katopodis, que suena como uno de sus posibles candidatos a encabezar la boleta por la Primera sección, desde el axelismo también deslizan que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, podría ofrecerse para enfrentar a Cristina en la Tercera, aun sabiendo que el desafío podría derivar en una fuerte derrota. “Ganas no le faltan”, ironizó un intendente que hoy se para en el limbo y mira desde allí las discusiones tuiteras entre Máximo Kirchner y el jefe comunal. 

En el interior bonaerense también hay movimientos. Hace una semana, algunos intendentes de la Quinta y Sexta sección oficializaron su encuadramiento en el MDF. Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, también mantuvo una reunión con dirigentes de la Séptima, para empezar a buscar apoyos en los distritos más adversos para el kirchnerismo. 

Después de algunos días de calma por la aparente voluntad de llegar a un acuerdo electoral, el fantasma de la ruptura volvió a aparecer en boca de varios dirigentes, tras las diferencias por el cronograma. Lo cierto es que la interna, en loop, nunca se resolvió y desde hace meses paraliza cualquier iniciativa conjunta. En la sesión del lunes, los discursos fueron durísimos. Desde el axelismo, la legisladora Susana González acusó a la tropa de Cristinad e actuar “como un bloque de la oposición para que le vaya mal al gobernador”. Desde la vereda de enfrente, el camporismo le recordó al gobernador haber llegado gracias al “dedo” de Cristina. 

“Si llegamos a ir juntos, es una formalidad absoluta. Adentro estamos a las trompadas. Después de esta elección se va a poner aun más tenso porque vamos a empezar a caminar el país para la candidatura presidencial”, reconoció un intendente que orbita en el MDF. Las heridas no están saldadas, por eso no hay certezas de cómo será el procedimiento de armado de listas y no descartan una fractura. 

LA/MG

El Gobierno desplazó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta

La salida se enmarca en la reformulación del área de Transporte que lidera Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, e incluye la futura disolución de la CNRT y la posible fusión de distintos organismos vinculados al transporte aerocomercial.

Mogetta, funcionario número 139 que deja el Gobierno, había llegado a la administración nacional por su vínculo con Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, hay posibilidades de que el abogado cordobés compita por las listas libertarias en las elecciones legislativas de la provincia de Córdoba.

“Es probable que sea candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba. Va a tener que mostrarse en Córdoba”, admitió una fuente con acceso al despacho presidencial sobre la salida del funcionariio que se hará efectiva a finales de la próxima semana.

El ministro Caputo también se hizo eco de esa versión y expresó desde sus redes sociales: “Con respecto a la salida del secretario de Transporte, aclaro que Franco ha hecho un gran trabajo y que continúa siendo parte del equipo. Deja su cargo porque es probable que sea candidato de LLA en las próximas elecciones. Su reemplazo será Luis Pierrini”, detalló.

 Desde el entorno del presidente Javier Milei negaron que los rumores de salida se debieran a críticas a su desempeño e incluso se atrevieron a garantizar que estaba “firme” en la administración libertaria.

A través de un comunicado que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se aclaró que Mogetta presentó su renuncia “con el objetivo de enfocarse en el proyecto político de LLA”.

“Durante su gestión, Mogetta fue una figura clave para encauzar y reordenar el área de Transporte, enfrentando con solvencia la situación crítica heredada de la administración anterior. Su trabajo fue determinante para reordenar el funcionamiento del sector, priorizando la eficiencia”, destacó el Gobierno.

En la misma línea, subrayó que “Milei y Caputo expresan su profundo agradecimiento por la labor realizada, su compromiso con los objetivos del Gobierno y su valioso aporte en una etapa particularmente desafiante”.

Lo cierto es que el elogiado exfuncionario había autorizado en los últimos días un nuevo aumento de los boletos de colectivos y subtes en el AMBA, que comenzó a regir la semana pasada, y no logró acercar posiciones en la negociación paritaria que involucra a las cámaras empresarias y a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que llamó a un paro de colectivos de 24 horas para el próximo martes, 6 de mayo.

Mogetta había desembarcado en la administración libertaria junto con su coprovinciano, el ex titular de ANSeS Osvaldo Giordano, quien debió dejar su cargo en febrero de 2024, luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de las facultades delegadas y otros artículos contemplados en la Ley Bases.

Si bien la relación entre la Casa Rosada y el espacio de Schiaretti se tensó en las últimas semanas tras el apoyo del bloque cordobés a la creación de una comisión investigadora sobre el criptogate Libra, que salpica a Milei, Mogetta parecería haber quedado exento.

Desde la cartera de Caputo, quien se encargó en primera persona de designar al reemplazante para la Secretaría de Transporte, aseguran que Mogetta continuará formando parte del equipo.

El sucesor del cordobés es un empresario mendocino, titular de Triunfo Seguros, una empresa fundada por su padre Roberto Pierrini en 1967. La compañía cuenta con 650 empleados y 3.000 productores asociados en todo el país. Su presencia más fuerte es en Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén.

Luis Pierrini, de 56 años, que mantiene un bajo perfil y una estrecha relación con el ministro de Economía, es, además, vicepresidente del club Independiente Rivadavia. Su experiencia también incluye un paso por la Bolsa de Comercio de Mendoza, entre 2011 y 2012.

Pierrini “continuará impulsando las políticas del área conforme a los lineamientos establecidos por el Presidente”, anticipó el Gobierno.

El primer desafío que tendrá será el paro de colectivos convocado por la UTA para el próximo martes, 6 de mayo.

MU/MP con información de la agencia NA

Día del Trabajador en la Argentina de Milei: más horas, menos derechos

“Trabajo de 12 a 12 y cobro menos de $600.000”, cuenta a elDiarioAR Gabriel, mientras maneja la grúa de una empresa tercerizada de una firma reconocida de seguros. Gabriel tiene 25 años y acaba de ser papá. Dice que llega muy cansado a su casa, pero no consigue algo mejor. “Antes hacía mudanzas pero me duele toda la espalda , ya no puedo, ahora tengo que levantar al nene”, sonríe. Gabriel no tiene un contrato formal: está a disposición las doce horas de trabajo pero, si no salen viajes, no gana nada. Si se enferma, no cobra. Si tiene que cuidar a su hijo, tampoco. “La gente no dura más de tres meses en este trabajo, yo les pido que me reconozcan que ya voy casi un año y me den al menos un fijo para los días en que no hay acarreos”. 

Argentina llega a este 1° de mayo, Día del Trabajador, con sus protagonistas viviendo jornadas extenuantes y en condiciones precarias. Trabajadores que sobreviven a fuerza de horas extra y pluriempleo en un contexto en el que el Gobierno avanza en una flexibilización laboral con la extensión del periodo de prueba, la creación de figuras como los “colaboradores”, del fondo de cese laboral que busca suplantar las indemnizaciones y la eliminación de sanciones a quienes no registren a sus empleados, entre otras medidas festejadas por el FMI.

El último informe del mercado de trabajo de INDEC indica un aumento del desempleo de poco menos de un punto entre el último trimestre de 2023 y 2024, de 5,7% y 6,4% respectivamente. Preocupa menos el aumento del desempleo, que aún se encuentra lejos del 9,1% al que llegó durante el gobierno de Mauricio Macri, que el deterioro de su calidad. Al hacer doble click en las cifras, se evidencia un descenso del peso relativo de las personas asalariadas de 73,7% a 72,3% en contraposición con un aumento del grupo cuentapropista (de 22,6% a 23,8%).

En el mismo sentido el informe sobre informalidad que comenzó a publicar el INDEC este año indica que el 42% de los ocupados son informales, guarismo que también creció levemente frente al 41,4% del cuarto trimestre de 2023.

“Los datos de 2024 reflejan los altos niveles de precariedad laboral del mercado de trabajo argentino, que constituye el principal problema de los últimos años junto a la desigualdad al interior de los trabajadores. Y no tanto la desocupación que, si bien se ha elevado en el último año, no se ha disparado como en los 90 o en el gobierno de Macri”, explica a este diario Darío Romano, coordinador del Área de Trabajo y Producción del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). “La flexibilización laboral no sirve para bajar la informalidad sino que por el contrario, puede incrementarla, empeorando la calidad del trabajo en todas sus formas”, asegura.

De trabajadores pobres a sobreocupados

Marcela tiene 42 años y es administrativa en una clínica privada de zona sur. Desde noviembre, su empleador le recortó los francos: ahora trabaja de lunes a sábados con una hora menos de almuerzo, y si quiere mantener su puesto tiene que cubrir también guardias los domingos cada 15 días. “Me lo avisaron en una reunión. Nos dijeron que era por la crisis y que si no aceptábamos, iban a tener que hacer ‘una reducción de personal’”, cuenta. La paritaria cerró por debajo de la inflación y para compensar, Marcela empezó a trabajar por las tardes como secretaria en un consultorio odontológico. Entre los dos empleos llega a las 60 horas semanales. “No hay tiempo para nada, pero sola con dos hijos, no me queda otra”, dice.

Hay una estadística que el Gobierno celebra en medio de este ajuste de derechos. Una suba en los salarios registrados del sector privado, de 7% entre noviembre de 2023 –mes previo al inicio de la actual gestión de Gobierno– y febrero de 2025 según SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país).

Lo que no cuentan los números oficiales, pero si reveló un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD de IDAES-UNSAM, es que ese aumento no vino de la mano de una mejora real del poder adquisitivo, sino de la cantidad de horas trabajadas. Las horas extra crecieron un 5,1% en ese período, mientras el nivel de empleo caía un 2,3%. 

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, explica el informe. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada aumentó apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja el ministro de Economía Luis Caputo en Twitter.

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta al aumento de la masa salarial que refleja el SIPA. 

Si los cuatro años de gestión de Alberto Fernández instalaron el concepto de “trabajadores pobres” es decir, gente con empleo incluso formales, cuyos ingresos no alcanzaban para vivir, este periodo se caracterizará por trabajadores sobreocupados.

La tarea hecha

Sol, de 23, trabajaba en una cadena de ropa en un shopping de Capital. La tomaron en enero bajo periodo de prueba de seis meses. “A los cinco meses me dijeron que no me iban a renovar, que era por ventas bajas, pero ya estaban buscando a alguien más para el puesto”, cuenta. En ese tiempo, Lucía no tuvo licencia por enfermedad ni vacaciones. “Me enfermé dos veces, pero si faltaba no me pagaban el día. Llegabas al mes cinco sabiendo que te echaban y no había indemnización”, dice. Hace poco consiguió otro empleo en otro local, nuevamente bajo periodo de prueba. “Ya sé cómo es: seis meses y afuera”.

En un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei ya comenzó a implementar muchas de las reformas que el staff técnico del FMI, histórico demandante de este tipo de medidas, elogió. Las principales fueron aprobadas a través de la “Ley Bases”a fines de junio del 2024 y están comprendidas en título IV “Promoción del empleo registrado” y en el título V “modernización laboral”. 

• Extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses o hasta 1 año en función del tamaño de la empresa, lo que permite los despidos sin causa ni indemnización a los trabajadores durante ese periodo. Esta medida generó una aceleración en la rotación laboral, sobre todo, en sectores que ya contaban con ese tipo de esquemas como el comercio, turismo o algunos administrativos que no requieren tiempo de entrenamiento. Como estas actividades mercado internistas se encuentran en recesión, el periodo de prueba se utiliza como un mecanismo de ajuste de los empleadores para mantener plantillas que no aumenten la antigüedad. 

• Creación de la figura del “colaborador”. Un “trabajador independiente” puede contratar hasta tres colaboradores que deberán hacerse cargo individualmente de sus aportes previsionales, obra social y ART y se eliminan las multas por incumplimiento en el registro de trabajadores contratados. 

Estas medidas producen impacto por el mensaje de flexibilización laboral. “A 1 año de la gestión de Milei bajó la cantidad de asalariados (con mejores esquemas de protección laboral) y aumentó la cantidad de no asalariados particularmente monotributistas, lo cual implica una mayor precarización del mercado de trabajo argentino. Posiblemente la figura del colaborador promovió esto último”, explica Dario Romano.

• Fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones por despido. Sería un fondo sostenido por el empleador a lo largo del período en el que el empleado está activo. A pesar de ser una de las medidas elogiadas por el FMI, la norma no tuvo efecto en las negociaciones colectivas de trabajo –hasta ahora, ningún convenio la tomó–; y es difícil de medir en términos de negociaciones individuales.

• Se incorporó como causal de despido medidas o acciones llevadas adelante por los empleados en el marco de conflictos laborales. Si bien el Gobierno atribuye a esta normativa una merma de la conflictividad salarial en documentos oficiales, el abogado laboralista e investigador Juan Manuel Ottaviano propone hacer un “zoom out”, y agrega otros factores como el disciplinamiento salarial, el desempleo, o las condiciones laborales precarias que, desde 2017, generaron una baja en las manifestaciones en este sentido. 

• Se promovió un “blanqueo laboral” que estipula la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización de relaciones laborales que, sin embargo, no fue exitoso. 

Este Día del Trabajador, Argentina transita un modelo laboral que reparte más penurias que derechos. Una postal de precarización planificada, que transforma el trabajo en sacrificio y la estadística en relato.

NR/MG

El trabajo después del trabajo

El vínculo de las personas con el trabajo puede ser muy diverso. Hay quienes tienen la fortuna de unir el trabajo con su vocación, algo que les apasiona y donde entregan mucha de su energía y dedicación. Para otras personas es un espacio en el que han encontrado oportunidades de satisfacción, un sentido de pertenencia. Para otros, el trabajo no es mucho más que el modo de lograr un ingreso que permita la subsistencia diaria. A veces, incluso, en condiciones indignas, de explotación, con malos tratos.

La Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos multilaterales más antiguos (creado en 1919) es el ámbito de cooperación desde donde se procura generar consensos con la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Así, uno de sus esfuerzos más recientes estuvo dirigido a generar un acuerdo internacional para prevenir y eliminar los malos tratos, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que llevó a la aprobación del Convenio 190 en 2019, ya firmado por 49 países incluyendo Argentina.

Lo cierto es que a lo largo de la vida moderna el trabajo también ha sido un modo de ordenar la vida en sociedad, un espacio de socialización y de redistribución no solo de recursos sino también de derechos. El carácter de asalariado (formal) permitía garantizar el acceso a ciertas prestaciones directas (para la persona trabajadora) y derivadas (para integrantes de sus familias). Pertencer, sabemos, tiene sus privilegios. Estar dentro o fuera del mercado de trabajo formal tiene consecuencias importantes: acceso a una jubilación, a la cobertura de salud, al reconocimiento de días de descanso. La alta y persistente precarización del empleo cambió este escenario en los últimos años, con un empleo formal que no crece hace ya tiempo y que no incorpora nuevos trabajadores, en particular jóvenes que buscan iniciar su trayectoria laboral. Como contracara, crece el cuentapropismo, los profesionales independientes y las nuevas modalidades de trabajo mediadas por la tecnología, sin las características de la relación de dependencia como la conocíamos hasta hace algunos años.

Es curioso que entre los temas que ocupan las noticias en este último año, se destaca la preocupación por la baja de natalidad, como si la disminución de nacimientos en el país (un fenómeno que se registra también en otros países del mundo) implicara un problema inminente. Es cierto que genera un importante desafío a futuro (cómo hacer sostenible una sociedad con más personas viejas que jóvenes y cómo financiar un Estado con menos personas aportando a través de los impuestos o las contribuciones de seguridad social) pero en todo caso también es una oportunidad que al parecer ha sido soslayada. Cómo aprovechar mejor los talentos de toda la sociedad, incluyendo a todas las mujeres actualmente fuera del mercado de trabajo o subocupadas que quisieran mejorar su inserción en el empleo.

No han sido pocas las figuras públicas que lamentaron la disminución en la tasa de natalidad. Desde Elon Musk hasta la vice jefa de Gobierno porteño, pareciera que hay un problema grave en el que se debería intervenir para que aumenten nuevamente los nacimientos y revertir así una tendencia que lleva a que en la ciudad de Buenos Aires vivan más perros que niños menores de 10 años.  Lo que llama la atención es que a partir de esas preocupaciones no siga una reflexión sobre qué factores serán los que contribuyen a que muchas personas elijan la maternidad y la paternidad como una opción, y no como un mandato.

En tono de denuncia, se responsabiliza a las generaciones más jovenes de ser individualistas priorizando sus intereses personales en detrimento de asumir responsabilidades familiares, mientras se propone “volver a fortalecer la familia”, como si hubiera un único modelo de familia.

En todo caso, lo más importante, es reconocer que no le corresponde al Estado intervenir sobre los deseos, aspiraciones y planes de vida personales. Lo que sí corresponde al Estado es implementar las políticas públicas que podrían ofrecer mejores condiciones para que, quienes han elegido ser padres y madres, lo puedan hacer sin que el empleo sea un obstáculo. Algo que sin duda necesitarán conservar para afrontar el mayor costo que tendrá en sus vidas la llegada un hijo.

¿Habrá alguna vinculación entre las condiciones de trabajo, la reconfiguración de los espacios y del mercado laboral y el descenso de nacimientos? Tal vez la inserción laboral y la proyección de su evolución no sea un factor determinante, pero sin duda es un aspecto que se tiene en cuenta.

Si analizamos la tasa de actividad (que involucra a quienes tienen empleo y a quienes lo buscan) vemos que la brecha entre varones y mujeres que no tienen hijos es de 17,4 puntos porcentuales. La brecha se incrementa a 31,4 puntos porcentuales al tener un hijo de 6 años y sube a 40,8 puntos porcentuales al tener 2 hijos o mas de 6 años.  Son más los varones que tienen empleo (en comparación con las mujeres) y todavía muchos más, cuando hay hijos e hijas en el hogar. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo (su tasa de actividad) se reduce cuando tienen niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo cuando son más pequeños. 

El Estado no puede ni debe entrometerse en los deseos y motivaciones individuales, lo que sí puede y debe hacer, es contribuir a generar las condiciones para que esa decisión sea tomada en el mejor contexto posible.  Esto es, generando políticas públicas de cuidado y apoyo a las familias con hijos o con integrantes con discapacidad o mayores, que requieren acompañamiento para su vida independiente. 

En Argentina, más del 52% de la población es pobre y 6 de cada 10 personas pobres, son mujeres. Los hogares monomarentales son los más vulnerables y con menos ingresos: el 43,3% de las asalariadas jefas de hogar no están registradas, es decir, no tienen ningún derecho o beneficio asociado al empleo. Son estas mujeres las que presentan el nivel más alto de informalidad laboral en el país.  No es de extrañar, entonces, que casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.

No hace falta conocer las estadísticas en términos de datos duros, seguramente conocemos las historias más o menos cercanas de muchas de estas mujeres que, aún buscando empleo, tienen menos oportunidades de lograrlo y cuando lo tienen, son peor remuneradas. En el tercer trimestre de 2024 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 27,7%. Las mujeres siguen estando más concentradas en sectores de menor remuneración, mientras que los varones dominan los sectores mejor pagos.

Las responsabilidades de cuidado (en especial en familias con dos o más niños menores de seis años) sigue siendo un freno para el empleo.  

Si la tasa de actividad de las mujeres disminuye hasta 20 puntos porcentuales en hogares con 2 o más niños o niñas, mientras que pasa lo contrario en el caso de los varones (cuantos más niños o niñas tienen, mayor es su participación en el mercado de trabajo), hay algo allí que nos muestra el impacto que tiene la distribución de responsabilidades de cuidado sobre la inserción laboral. Ese impacto se manifiesta no solo en el tipo de inserción laboral, sino también en la generación de ingresos propios y de riqueza para el país.

Si menos personas eligen el camino de la maternidad y la paternidad, y eso se percibe como un problema para la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo el mercado de empleo parece “castigar” a las mujeres que son madres, allí parece haber algo que el Estado sí puede válidamente hacer para promover un cambio.

Si reconocemos que hay un trabajo después del trabajo porque cuidar (con amor y dedicación), acompañar y brindar apoyos también conlleva tiempo y esfuerzo, es posible que no sea el interés individualista el que lleva a las personas a demorar o rechazar la parentalidad como un deseo, sino la certeza de que ese será una elección costosa no solo en términos económicos sino también personales. 

Más allá de si el trabajo es la oportunidad para ejercer una vocación, si es un espacio de socialización o una forma de subsistencia (o todo lo anterior al mismo tiempo), las condiciones en que se trabaja y la facilitación de condiciones para que el empleo sea compatible con la vida privada y familiar es un aspecto sobre el cual el Estado puede y debe intervenir. Ese es el rol del Estado: políticas públicas para los cuidados y apoyos enfocadas en las familias, sensibles a las distintas necesidades y requerimientos de las generaciones, la condición de discapacidad y las preferencias individuales, para apoyar a las familias sin entrometerse con nuestros deseos y aspiraciones.

NG/DTC

24 horas de negociaciones contrarreloj: cómo se gestó la jugada opositora para investigar a Milei por el criptogate

Hubo cafés de medianoche compartidos y negociaciones por alianzas electorales. Hubo ultimátums de aliados y propuestas postergadas del Gobierno. Hubo ofertas de pasarse de bando y arrepentimientos de último momento. En la reunión de la comisión investigadora $LIBRA hubo de todo, excepto una resolución. La Libertad Avanza logró empantanar la comisión con la ayuda de sus aliados, que se abroquelaron en defensa de Javier Milei. La maniobra, sin embargo, sólo sirvió para ganar tiempo. La oposición ya trabaja en la contraofensiva y se prepara para dirimir la pelea con los votos en una mega sesión especial.

Los diputados opositores llegaron casi sin dormir al Anexo A de la Cámara de Diputados. Estaban satisfechos: el día anterior habían interpelado, durante casi 10 horas, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el caso $LIBRA. Habían logrado conseguir el quórum, la sesión no se había desmadrado y Francos, al exponer, había dado cuenta de muchas de las grietas en la defensa del Gobierno con respecto a la posible estafa de la criptomoneda que Milei había promocionado con un tuit el Día de los Enamorados. 

Sabían, cuando llegaron, que el Gobierno tendría éxito en empantanar la comisión. Martín Menem había reformulado el ecosistema de la Cámara de Diputados, armando interbloques a piacere, para consolidar una conformación de la comisión que diera como resultado un empate inmovilizador: 14 integrantes opositores y 14 integrantes aliados y oficialistas. Esa división, la nueva grieta del Congreso, se vislumbraba hasta físicamente en la sala de la comisión: del lado derecho estaban todos los opositores (peronistas, pichettistas, radicales díscolos, lilitos y la izquierda) y del lado izquierdo el mileísmo con sus aliados (PRO, fuerzas provinciales, radicales “con peluca”, radicales de De Loredo y el MID). 

La noche anterior, sin embargo, los diputados de la oposición se habían reunido hasta altas horas de la noche, diagramando una estrategia para sortear la barrera de Menem. El oficialismo tenía un cabo suelto: los radicales “con peluca”, llamados así por ser los primeros en blanquear su salto a las fuerzas del cielo cuando Milei vetó el aumento a los jubilados. Más mileístas que los propios libertarios, este grupo de radicales se encuentra, de momento, atravesando una furiosa paritaria a cielo abierto con Karina Milei. 

Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, Francisco Monti: los radicales mileístas están enojados con la secretaria general de la Presidencia, que es quien se encarga de diseñar los armados electorales de LLA en las provincias. No están consiguiendo los lugares prometidos y, en algunos casos, hasta han sido dejados de lado (como el caso del misionero Arjol). Necesitaban aumentar sus acciones en la mesa de negociación y decidieron aprovechar las dos sillas que ocupan en la comisión investigadora. 

Los radicales con peluca le hicieron una oferta a la oposición: si proponían a un candidato de “centro” –eufemismo para decir “no kirchnerista” –y les daban la vice presidencia, ellos traicionarían al oficialismo y acompañarían la propuesta de la oposición. Cervi, incluso, había estado presente, la medianoche anterior, en una reunión-cena improvisada por la oposición a la medianoche luego de la interpelación. 

La oposición, sin embargo, no les creía. Sospechaban que los estaban utilizando para negociar y que, a último momento, volverían con el oficialismo. Que fue lo que finalmente ocurrió. Pero, por si acaso, probaron. Era el Plan A. Si fallaba, implementarían el Plan B.

El objetivo era destrabar la designación de las autoridades: una vez que consiguieran que un opositor ocupara la silla de la presidencia de la comisión ya podrían funcionar, ya que, ante cualquier votación futura de empate –como decidir a qué testigos traer, por ejemplo– se resolvía con el voto del presidente. 

Negociaciones a cielo abierto

Cuando los diputados de la oposición llegaron a la comisión, sin embargo, primero avanzaron con la estrategia original: proponer a Sabrina Selva, de UxP, como presidenta de la comisión. Selva, que forma parte del massismo bonaerense (aunque con terminales en el kicillofismo), tuvo un rol protagónico durante la interpelación a Francos y representa un ala “moderada” dentro de UxP. Nuevamente, “moderada” es un eufemismo que utiliza un sector de la oposición para decir no es de La Cámpora o muy kirchnerista. 

El oficialismo propuso, por su parte, al jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para encabezar la comisión encargada de investigar a su jefe político. Como era de esperar, la votación terminó en un empate: 14 para Selva, 14 para Bornoroni. 

Ahí comenzó el momento de las negociaciones. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, tomó la palabra: “Seamos prácticos. A nadie se le escapa que los que acompañamos a Selva representamos más de 140 voluntades en el recinto, y los que acompañan a Bornoroni no llegan a 120 voluntades”, remarcó y advirtió que, si no se resolvía el empate en la comisión, se resolvería con las mayorías en el recinto. “En unas semanas vamos a solicitar una sesión especial. Y lamentablemente, procrastinado esto por el Ejecutivo que quiere esconder la verdad, tardaremos unas semanas. Pero se resolverá ahí”, advirtió.

Massot, sin embargo, optó por abrir primero una puerta a negociar convocando a un cuarto intermedio: si se lograba acordar antes una presidencia de “consenso”, evitarían ir al recinto. La oposición buscaba, así, exponer a los radicales con peluca. Si querían acompañar como decían, que lo hicieran entonces: se propondría al pichettista Oscar Agost Carreño o al lilito Maxi Ferraro para la presidencia y se dejaría la vicepresidencia a ellos, y cerrado el tema. Sabían, sin embargo, que el Gobierno no lo permitiría.

Mientras la bullrichista Silvana Giudici, Chipi Castillo (FIT), el libertario Santiago Santurio y el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, encadenaban discursos, el resto negociaba. En un costado, el libertario Lisandro Almirón acordaba con el radical Monti, buscando cerciorarse que no se correrían de la estrategia oficialista. Al lado, la karinista Nadia Márquez conversaba con la radical cornejista Pamela Verasay y Massot, que se había acercado a charlar con los radicales. 

A esa altura, LLA prefería tener a UxP en la vice presidencia de la comisión que al radicalismo aliado: “Mejor ellos (los peronistas), que podemos negociar Ficha Limpia, que los ‘moderados’ (los radicales) que con esto te cierran las listas”, admitió un dirigente libertario. 

Como era de esperar, al momento de la verdad, el radicalismo se mantuvo firme junto al Gobierno. No se logró salir del desempate y la comisión no pudo conformar sus autoridades. Era la señal que la oposición necesitaba para activar el Plan B.

La oposición, ahora, buscará conseguir su revancha en el recinto. En tres semanas irán a una sesión especial en la que buscarán tratar un conjunto de leyes sensibles para el Gobierno: la declaración de la emergencia en discapacidad, moratoria previsional, un aumento del bono para jubilados y, como frutilla del postre, una moción para definir las autoridades de la comisión $LIBRA.

La oposición planea cumplir con la amenaza de Massot. Irán al recinto y, con la mayoría con la que ya supieron aprobar las interpelaciones y la creación de la comisión, impondrán la presidencia a un opositor por la fuerza. Y, de paso, buscarán aprobarle a Milei dos leyes vinculadas a dos de los temas más sensibles que afectan al Gobierno: la discapacidad y los jubilados.

MC/MG