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Milei presentará a su nuevo vocero en una cena de Fundación Faro, en otra señal del desembarco de Santiago Caputo sobre la comunicación oficial

La cena que este martes por la noche organizará Fundación Faro tendrá una excusa formal y una lectura política bastante más profunda. Javier Milei presentará en sociedad a Adrián Ravier, el economista pampeano que acaba de asumir como vocero presidencial. Pero la escena también funcionará como la confirmación de un movimiento que viene gestándose desde hace semanas dentro de la Casa Rosada: el desembarco formal de Santiago Caputo sobre el área de Comunicación del Gobierno.

La actividad comenzará a las 19.30, sin acceso a la prensa, y reunirá a buena parte del ecosistema intelectual que rodea al Presidente. Además de Ravier, Milei compartirá escenario con el economista estadounidense David Friedman, hijo del Premio Nobel Milton Friedman; Agustín Laje; Martín Krause y Alberto Benegas Lynch (h). Oficialmente, la convocatoria busca reforzar las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno.

Sin embargo, la foto también ofrece una lectura política más profunda. Ravier, hasta la semana pasada diputado nacional por La Libertad Avanza, no es un cuadro surgido de la estructura tradicional de la Casa Rosada. Proviene del universo construido alrededor de Faro, el think tank libertario con sede en Reconquista 40 que, aunque tiene a Laje como presidente, es considerado dentro del oficialismo una de las principales plataformas de influencia de Santiago Caputo.

Esa secuencia se completó este lunes con otro nombramiento. El nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, también pertenece a un ecosistema cercano al principal asesor presidencial. Hasta hace pocos días se desempeñaba como gerente de Prensa y Medios de YPF bajo la órbita del vicepresidente de Relaciones Institucionales, Guillermo Garat, socio de Caputo en la consultora Move y una figura clave en el esquema de distribución de la pauta publicitaria de la petrolera estatal.

Leídas en conjunto, las dos designaciones permiten observar una reorganización más amplia. Desde el inicio de la gestión libertaria, la comunicación estuvo concentrada alrededor de la figura de Manuel Adorni. El entonces vocero monopolizaba las conferencias de prensa, las principales explicaciones públicas del Gobierno y buena parte de la construcción narrativa del oficialismo. Pero la crisis política y judicial que atraviesa desde hace meses abrió un vacío que rápidamente comenzó a ser ocupado.

En la Casa Rosada nadie lo presenta en esos términos. Oficialmente, se trata de un proceso de redistribución de funciones. Sin embargo, distintos sectores del oficialismo interpretan el movimiento como una nueva expansión de la influencia del asesor presidencial hacia un área que hasta ahora no controlaba de manera directa.

Recaudación libertaria

El escenario elegido para exhibir esa nueva arquitectura tampoco es inocente. Fundación Faro fue concebida por Milei y Caputo como una plataforma para producir, financiar y expandir las ideas libertarias. Pero quienes conocen su funcionamiento interno señalan que en realidad se trata de una estructura destinada a la recaudación libertaria, con Francisco Caputo, hermano mayor de Santiago, como su verdadero “monje negro”. Alejado de los reflectores y sin exposición pública, fue el encargado de construir los puentes con el sector privado, articular la relación con empresarios y transformar a Faro en una estructura de poder con capacidad de incidencia real sobre la agenda gubernamental.

La propia génesis de la entidad da cuenta de ese pragmatismo. Fue el hermano del asesor quien impulsó la decisión de montar Faro sobre la estructura jurídica de la preexistente Fundación Valorar para evitar los tiempos burocráticos que implicaba una nueva inscripción ante la Inspección General de Justicia. El resultado fue una expansión inédita. Según reveló elDiarioAR, la organización declaró ingresos por $4.961 millones durante 2024, equivalentes a unos 4,8 millones de dólares de aquel momento, una cifra que multiplicó por 78 los recursos que había administrado Valorar el año anterior.

El crecimiento acelerado terminó llamando la atención de la Inspección General de Justicia (IGJ), que a comienzos de este mes intimó formalmente a Faro a presentar el denominado Anexo XIII, una declaración jurada obligatoria para acreditar el origen y la licitud de las donaciones superiores a cuarenta salarios mínimos en períodos de treinta días. El organismo, que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, exigió conocer la identidad de los grandes aportantes y el origen de los fondos. La fundación respondió al requerimiento y entregó la documentación, que ahora podrá ser consultada mediante un trámite administrativo.

La nómina de expositores de este martes también funciona como una declaración política. David Friedman es uno de los principales referentes internacionales del anarcocapitalismo, una corriente que Milei reivindica desde hace años. Martín Krause, por su parte, asumió este año la dirección académica de Faro después de que en 2023 quedara envuelto en una polémica por unas declaraciones en las que imaginó que, si la Gestapo hubiera sido argentina, no habría tenido la misma capacidad destructiva que tuvo en la Alemania nazi, una comparación que le valió un fuerte repudio de la DAIA.

La actividad tendrá lugar, además, apenas unas horas antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El Presidente partirá el miércoles rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el 27 de junio para mantener reuniones con empresarios y brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.

PL/CRM

El Gobierno oculta los aportantes de la Fundación Faro

La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

Bullrich suspende el informe de gestión de Adorni y deja sin herramientas a la oposición para poder interpelarlo

Tardó 48 horas, pero Karina Milei logró ordenar la tropa para blindar a Manuel Adorni en el Congreso. Primero en Diputados, con la ayuda de Martín Menem, y luego en el Senado, donde Patricia Bullrich había intentado liberar el terreno para que la oposición pudiera avanzar contra el jefe de Gabinete. La senadora tuvo que desdecirse: el martes, luego de una nueva reunión con los aliados, definió suspender el informe de gestión programado para el 2 de julio y dejó asentadas nuevas reglas de juego para la sesión del jueves.

“Suspendimos el informe porque los senadores no lo quieren recibir como jefe de Gabinete. Y no tiene sentido tenerlo 8 horas castigándolo en público”, explicó la jefa del bloque oficialista en el Senado, luego de abandonar el despacho del bloque radical, donde suele mantener las reuniones informales con los bloques aliados. El encuentro se realizó una hora antes de la nueva reunión de labor parlamentaria, que se iba a desarrollar en la oficina de Victoria Villarruel, con el objetivo de modificar los términos y condiciones de la sesión del jueves.

Ya entrada la noche, el jefe de Gabinete tuvo que salir a aclarar que nada de lo ocurrido tenía que ver con él y que si llaman está dispuesto a ir:  “Estoy a disposición para presentarme”, escribió en X.

La jefa del bloque de senadores libertarios se enteró del tuit de Adorni cuando estaba saliendo del Senado, no estaba al tanto de su existencia. Después de horas de negociaciones, el jefe de Gabinete la desautorizaba. La interna continuaba.

Marcha atrás

Bullrich tuvo que echarse atrás. La semana pasada, luego de un acuerdo con los bloques de la oposición, la senadora libertaria había acordado postergar la sesión por la moción de censura contra Adorni para el jueves siguiente. El plan era que, si la resolución que planteaba la moción de censura conseguía los 37 votos, se avanzaría con la interpelación y el pedido de remoción exactamente siete días después. Es decir, el 2 de julio, la misma fecha que ya se había convocado a Adorni para dar el informe de gestión frente al Senado. 

Esa noche, tal como relató elDiarioAR, Bullrich hizo una concesión más. Le regaló a la oposición el marco interpretativo de la Constitución que necesitaba para poder avanzar con la moción de censura con la mayoría de siempre –la mitad más uno de la cámara– sin necesidad de dictaminar antes. Esta interpretación de la Constitución era una manera de allanar el camino para que la oposición pudiera impulsar, sin trabas, la expulsión de Adorni en el Senado.

Al día siguiente, sin embargo, Karina Milei se enteró de la maniobra de Bullrich, y mandó a sus voceros a contradecirla. La estrategia tenía que ser la misma que había aplicado Menem en Diputados, es decir: si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que conseguir los dos tercios del recinto. Un número imposible de conseguir. Karina, a su manera, le recordó a los senadores que su objetivo tenía que ser proteger a Adorni, no mandarlo al patíbulo. 

Bullrich, entonces, tuvo que cambiar la estrategia. Pese a haber declarado, en público, que el artículo 101 de la Constitución era “operativo” y, por lo tanto, para avanzar con la moción de censura no necesitaba dictamen, la senadora volvió a convocar una reunión de labor parlamentaria para borrar con el codo lo que había escrito con la mano. Ya no se necesitaban 37 senadores para avanzar contra Adorni, sino 48.

Operativo blindaje

El nuevo acuerdo se terminó de sellar en el despacho de Villarruel, quien, como Bullrich, había trabajado la semana anterior para facilitar el camino de la moción de censura. El peronismo no participó, argumentando que la única reunión que valía era la de la semana anterior. Pero su consentimiento no fue necesario: con el apoyo de la UCR y las fuerzas provinciales, entre los que hubo peronistas como Flavia Royón (Salta) y “Camau” Espínola (Corrientes), Bullrich se aseguró que tendría los votos para imponer ese nuevo acuerdo de labor el jueves en el recinto. Solo necesitaba tener una mayoría.

Bullrich justificó el giro de 180 grados con un conjunto de antecedentes que la secretaria parlamentaria del Senado encontró para ella: había 12 antecedentes de mociones de censura que habían pasado, antes de tratarse en el recinto, por la comisión de Asuntos Constitucionales. Con este respaldo, Bullrich aprovechó para desdecirse y replicar la estrategia que, el día anterior, Menem había impulsado en la Cámara de Diputados. Una estrategia dilatoria que tiene como objetivo dejar morir los pedidos de interpelación en el debate en comisiones, en donde el oficialismo y los aliados tienen el número para bloquear los expedientes. 

Bullrich pudo hacerlo, sin embargo, con el apoyo de todos los bloques aliados. “En definitiva es una decisión del Presidente si quiere sostenerlo en el cargo”, deslizó un senador aliado que, la semana pasada, había presionado para echar a Adorni.

“Los cerraron con anticipos financieros, a todos los gobernadores”, mascullaban, irritados, en el peronismo. La acusación pesaba sobre los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, que habían recibido, esa misma semana, un anticipo de $400.000.000. Pero también sobre los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ese mismo día habían visitado a Diego Santilli en Casa Rosada. 

La bancada peronista, que lidera José Mayans, buscará insistir con la mayoría original –la mitad más uno– el jueves en el recinto, pero no se muestra optimistas. Sino todo lo contrario.  

MCM

El Gobierno logró voltear la sesión contra Adorni con la ayuda del PRO, la UCR y los gobernadores

“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso. 

El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum. 

Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado. 

El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante. 

Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete. 

“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).

Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.

Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano. 

La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas. 

MCM

Condenaron a Julio De Vido y a Daniel Cameron por favorecer a Odebrecht en la adjudicación de obras de gasoductos

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cameron fueron condenados este martes a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos realizadas entre 2006 y 2008.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, que consideró acreditado el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el mismo fallo, el tribunal condenó al exsubsecretario de Combustibles Cristián Folgar a dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario de la maniobra. En cambio, absolvió al exgerente general y vicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al exsubgerente de esa compañía Julio Bragulat.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 4 de septiembre.

Contratos para ampliar la red de transporte de gas

La causa investigó el proceso de adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), ejecutadas entre 2006 y 2008 y financiadas a través de un fideicomiso creado por el Estado nacional.

Según la acusación, funcionarios del entonces Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Energía impulsaron una serie de decisiones administrativas que terminaron beneficiando a Odebrecht, una de las principales constructoras involucradas en el escándalo de corrupción que tuvo ramificaciones en distintos países de América Latina.

Para los investigadores, los funcionarios desviaron el proceso de contratación pública mediante resoluciones, expedientes y gestiones orientadas a garantizar que la empresa brasileña resultara favorecida en la ejecución de las obras.

El expediente llegó a juicio tras una investigación iniciada a partir de la denominada causa Skanska, que había detectado presuntas irregularidades en contratos vinculados a infraestructura energética.

La acusación de la fiscalía

Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que los acusados actuaron para beneficiar a Odebrecht mediante un esquema que, según describió, permitió sortear los mecanismos de control previstos para las contrataciones públicas.

En sus alegatos, el representante del Ministerio Público afirmó que los funcionarios involucrados utilizaron sus cargos para direccionar una contratación de gran magnitud económica vinculada a la expansión de la capacidad de transporte de gas en la Argentina.

La fiscalía había solicitado penas más altas que las finalmente impuestas: cuatro años de prisión para De Vido y Cameron y tres años y seis meses para Folgar. También había requerido una condena para Beuret, quien finalmente fue absuelto por el tribunal.

El juicio oral había comenzado en diciembre de 2025 y analizó hechos investigados originalmente por la Fiscalía Federal N°6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas.