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Milei consolida el salto de fondos para la SIDE: tendrá un presupuesto 87% mayor al original de 2026
El Gobierno proyectó $181.472 millones para la central de inteligencia. Durante este año había reforzado su caja en casi $80.000 millones más mediante dos DNU. El aumento acompañó la reorientación del organismo hacia amenazas externas, el despliegue por Malvinas y la creación de una nueva carrera de agentes.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá en 2027 un presupuesto 87% mayor al que había recibido originalmente para 2026. El proyecto que Javier Milei envió este martes al Congreso contempla $181.472 millones para el organismo que conduce Cristian Auguadra, frente a los $97.135 millones con los que había comenzado este año. En el medio hubo una diferencia decisiva: a lo largo de 2026, el Gobierno reforzó la caja de la central de inteligencia en casi $80.000 millones a través de dos DNU.
Ese recorrido queda parcialmente oculto en las planillas del nuevo Presupuesto. Allí, el Ministerio de Economía toma como punto de comparación los $176.916 millones que la SIDE tiene actualmente disponibles y no la partida con la que comenzó el año. Por eso, oficialmente, el salto previsto para 2027 aparece reducido a apenas 2,6%: $4.556 millones adicionales.
La foto completa es otra. Entre el presupuesto original y las sucesivas ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo, los recursos de la SIDE crecieron durante 2026 alrededor de 82%. Y si la comparación se extiende hasta los $181.472 millones proyectados para el próximo ejercicio, la nueva base presupuestaria de la inteligencia argentina queda casi 90% por encima de aquella con la que Auguadra había arrancado el año.
El primer salto ocurrió en julio. A través del DNU 594/2026, el Gobierno incorporó unos $49.261 millones para la SIDE y llevó el crédito del organismo hasta aproximadamente $146.397 millones. De aquella ampliación, $7.466 millones fueron destinados a gastos reservados, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre salarios, equipamiento y gastos de funcionamiento.
La segunda ampliación llegó a comienzos de septiembre, apenas unos días antes de que el Poder Ejecutivo terminara de cerrar el proyecto de Presupuesto que enviaría al Congreso. El DNU 867/2026 agregó otros $30.519 millones al programa de Información e Inteligencia y terminó de llevar el crédito vigente hasta los $176.916 millones que ahora aparecen como base de comparación para 2027.
El movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el ajuste acumulado en otras áreas del Estado desde la llegada de Milei. Mientras el Presidente reforzó los fondos de la SIDE, el proyecto mantiene partidas todavía muy por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el Presupuesto 2027, el gasto destinado a educación y cultura se mantiene cerca de un 40% por debajo de 2023 en términos reales, mientras que en ciencia y tecnología la caída ronda el 30% y la obra pública permanece aproximadamente 60% por debajo de aquel nivel.
La trayectoria de la inteligencia fue distinta. En 2023, último año completo antes de la llegada de Milei, la central todavía funcionaba bajo la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); al año siguiente, el Gobierno la disolvió y restituyó la SIDE como órgano superior de un sistema dividido en distintas agencias. Desde entonces, el área recorrió el camino inverso al de buena parte de la administración pública: según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la SIDE acumulaba hasta agosto de 2026 un aumento del 42% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que el gasto total de la Administración Pública Nacional había caído un 32% en la misma comparación.
Entre el Papa y Malvinas
El movimiento presupuestario acompañó una transformación más amplia de la SIDE bajo la conducción de Cristian Auguadra y el diseño político de Santiago Caputo. Una primera explicación pública sobre el destino de esos recursos apareció el 25 de agosto, cuando Auguadra se presentó por primera vez desde su llegada al organismo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja.
La reunión concentró durante varias horas a buena parte de la cúpula de la inteligencia argentina en el quinto piso del anexo del Senado. Junto a Auguadra estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, y el director de Operaciones, Diego Kravetz. Los legisladores preguntaron por el Plan de Inteligencia Nacional, el funcionamiento del nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y, especialmente, por el crecimiento de los fondos reservados.
Fue allí donde la conducción de la SIDE puso sobre la mesa una de las justificaciones para el incremento presupuestario. Según pudo reconstruir entonces elDiarioAR, los gastos secretos habían pasado de alrededor de $19.000 millones a $27.000 millones y Auguadra vinculó los aproximadamente $8.000 millones adicionales con las necesidades operativas y de seguridad previstas para una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Hasta ese momento, la SIDE había ejecutado unos $12.019 millones en gastos reservados y se comprometió a remitir a los legisladores información adicional sobre su utilización.
Pero la explicación sobre el Papa convivió con otra definición que anticipaba hacia dónde buscaba orientar la nueva conducción parte de las capacidades de inteligencia. Auguadra habló ante los legisladores de la necesidad de proteger recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre y mencionó expresamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la proyección sobre la Antártida como asuntos que requerían capacidad estatal para anticipar amenazas.
Apenas nueve días después de aquella presentación, Malvinas dejó de ser un ejemplo utilizado puertas adentro para convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda presidencial. El 3 de septiembre, Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión y anunció un paquete de medidas. La SIDE había participado directamente de la preparación de ese giro. Durante los meses anteriores, el organismo elaboró un informe de inteligencia sobre el proyecto petrolero Sea Lion, con información sobre movimientos de buques, puntos de extracción e imágenes satelitales.
Ese trabajo terminó funcionando como una de las bases informativas de la ofensiva que Milei hizo pública. Después de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con sanciones contra compañías vinculadas a actividades en las islas y comenzó a preparar una modificación legislativa para ampliar el alcance de las penalidades, incluso sobre proveedores y otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.
El episodio encajó además con el perfil que Caputo pretende imprimirle a la nueva SIDE, más orientada hacia la contrainteligencia, las amenazas externas y la protección de intereses estratégicos. Malvinas apareció así como una primera vidriera pública de esa doctrina. Un movimiento que tuvo esta semana otro capítulo con la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, presentado por la SIDE como una estructura profesional destinada a trascender las administraciones de turno y nutrirse de perfiles especializados.
El nuevo estatuto establece una carrera para los agentes con mecanismos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, capacitación y evaluaciones de desempeño, en lugar de tomar la antigüedad como criterio determinante. La reforma, que comenzará a implementarse plenamente desde el 1° de enero de 2027, forma parte del mismo proceso de reorganización iniciado con el polémico DNU de enero pasado y busca dotar a la central de cuadros propios para las nuevas funciones que el Gobierno pretende asignarle.
PL/MG
Pese al anuncio de Milei, la Base Naval Integrada de Ushuaia no tiene partidas específicas en el Presupuesto 2027
El ministro de Defensa, Carlos Presti, dijo esta mañana que la obra costará US$450 millones en cuatro años y que "está contemplada" en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso. Pero en la iniciativa oficial que llegó anoche al Congreso no hay ninguna referencia a la plataforma.
“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.
En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.
La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.
Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.
Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.
El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.
La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.
El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.
El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”
MC
Mientras se discute prorrogar la ley, el Gobierno busca derogar artículos clave de la Emergencia en Discapacidad
A través de los artículos 36 a 41 del proyecto de ley, el Gobierno deroga cuatro artículos de la Ley 27.793 y reescribe cómo se fijan los aranceles que cobran los prestadores. Lo hace la misma semana en que Diputados negocia, en paralelo, prorrogar esa misma ley antes de que venza a fin de año.
El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.
El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.
El mismo Presupuesto que deroga el artículo que había creado ese artículo 7° bis lo vuelve a escribir, con otro contenido, en su propio artículo 39. El texto nuevo establece que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento” entre las jurisdicciones, y que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales”: cada ente obligado —cada obra social, cada prepaga, cada provincia— fijará sus propios valores en su relación con los prestadores. Solo para las prestaciones a cargo del Estado Nacional el proyecto prevé que los aranceles los determine trimestralmente la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud desde que el Gobierno disolvió la ANDIS a fin de 2025.
El combo se completa con otros dos cambios. El artículo 36 fija la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Y el artículo 37 elimina la excepción que hoy permite conservar la pensión con un empleo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos: con la nueva redacción, cualquier vínculo laboral registrado hace perder el beneficio, sin excepciones.
Los números del propio proyecto de Presupuesto muestran además que el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral —el que paga las pensiones— sube 50,9% en pesos corrientes respecto de 2026, a $6,09 billones. Pero el programa de Atención Médica a esos mismos beneficiarios, que es el que en teoría cubriría las prestaciones de salud, casi no se mueve: sube apenas 2,1% nominal, a 1,17 billones. Con una inflación proyectada de entre 18% y 20% para 2027, eso equivale a una caída real. Sube la plata de la pensión en efectivo; se licúa la que debería pagar terapias, transporte y apoyo escolar.
El debate en comisiones
A la reunión conjunta de comisiones de este miércoles, convocada desde las 12, fueron convocados más de veinte oradores, con una representación que llega a casi todo el país: áreas de discapacidad de Misiones, La Rioja, San Juan, Catamarca, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego, organizaciones como CAPREDIS, FATRADIS y la Red Interuniversitaria de Discapacidad, cámaras de prestadores como APRESDI, y entidades como el Cotolengo Don Orione y la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Es, en los hechos, el mismo universo de organizaciones y provincias al que impacta de manera directa la maniobra incluida en el Presupuesto.
Santilli acelera con los gobernadores: tres reuniones clave por el Presupuesto 2027 y la agenda de Milei
El jefe de Gabinete recibe entre este miércoles y jueves a mandatarios de Catamarca, Corrientes, Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego. El Gobierno necesita apoyos para el proyecto de gastos, la reforma electoral y Malvinas.
Apenas unas horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el Presupuesto 2027, Diego Santilli pondrá en marcha la negociación política necesaria para intentar convertir las proyecciones de Luis Caputo en una ley. El jefe de Gabinete recibirá entre este miércoles y el jueves a siete gobernadores en tres reuniones en la Casa Rosada, con una agenda que no se agotará en las cuentas públicas: el oficialismo también buscará apoyos para la reforma electoral y el nuevo proyecto sobre Malvinas.
La primera cita será hoy a las 15, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Será el primer contacto formal con un grupo de mandatarios provinciales después de que el Ejecutivo girara el proyecto a Diputados y, sobre todo, el comienzo de una discusión en la que los gobernadores buscarán llevar la conversación desde las grandes variables macroeconómicas hacia un terreno bastante más concreto: cuánto dinero habrá para las provincias y qué margen existe para recuperar recursos y obras después de tres años de ajuste.
La ronda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli recibirá junto con Caputo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, una presencia que le dará a ese encuentro un carácter particularmente económico. Pasado el mediodía será el turno del chaqueño Leandro Zdero y, por la tarde, el jefe de Gabinete cerrará las conversaciones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Las reuniones representan el paso inmediatamente posterior a la mesa política que se realizó el martes en la Casa Rosada. Allí, Caputo presentó ante el núcleo político del Gobierno las variables con las que fue confeccionado el Presupuesto: 4% de crecimiento del PBI, una inflación promedio del 21,1%, salarios creciendo 25,4%, exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit comercial de más de US$15.000 millones. Para el dólar se calculó un promedio anual de $1.728.
El Gobierno también volvió a colocar el superávit fiscal como condición innegociable del programa. Ese punto será precisamente uno de los límites con los que Santilli deberá negociar con las provincias: cualquier concesión que implique mayores partidas deberá convivir con la decisión de Milei y Caputo de no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
La discusión comienza, además, sobre un Presupuesto que llega después de tres años de fuerte contracción del gasto. El proyecto establece $202,10 billones de gasto total para la Administración Nacional y, aunque contempla algunas recuperaciones respecto del presupuesto vigente, mantiene varias áreas muy por debajo de los niveles de 2023. Es allí donde puede aparecer una de las principales tensiones con los gobernadores, especialmente alrededor de la obra pública y la infraestructura, dos rubros que durante toda la gestión de Milei formaron parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.
La denominada “ley de leyes” comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados durante la primera semana de octubre. Hasta entonces, la Casa Rosada intentará detectar qué reclamos provinciales pueden ser atendidos sin alterar el corazón del programa fiscal y, sobre todo, qué gobernadores están dispuestos a traducir el diálogo con Santilli en votos de sus diputados y senadores.
Una negociación que va más allá del Presupuesto
El oficialismo pretende aprovechar las reuniones para avanzar también sobre otras prioridades. Una es la reforma electoral, cuyo debate comenzó a moverse en el Congreso y para la cual La Libertad Avanza todavía necesita ampliar su base de apoyos. La modificación de las PASO y del sistema electoral exige una mayoría especialmente difícil de construir, por lo que la posición de los gobernadores vuelve a ser determinante.
El asunto fue discutido el martes en la mesa política. Patricia Bullrich repasó allí el comienzo del tratamiento en comisiones y el estado de las conversaciones parlamentarias. La estrategia oficial pasa por evitar una votación hasta contar con los números necesarios, mientras Santilli trabaja sobre los mandatarios provinciales que pueden inclinar a sus legisladores. Jalil y Zdero se encuentran entre los gobernadores que expresaron respaldo a la reforma.
El tercer tema será Malvinas. El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, preparado durante las últimas semanas por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que contempla endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva política que Milei puso en marcha alrededor del reclamo de soberanía y que ahora pretende trasladar al Congreso. Las tres discusiones tienen calendarios y dificultades diferentes, pero comparten una misma necesidad: votos que La Libertad Avanza no puede garantizar por sí sola.
PL
El Presupuesto 2027 consolida la motosierra en obra pública, educación, ciencia, seguridad y discapacidad
El proyecto que Milei envió al Congreso consolida los recortes en áreas clave. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el proyecto de ley actual, dichas partidas están por debajo de los niveles de 2023, el último presupuesto ejecutado antes de la asunción del libertario.
El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.
Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.
Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce de elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.
- Obra pública. La función Infraestructura y Vivienda cae 72,4% real contra 2023 y queda directamente congelada frente a 2026: 0,0% de variación. Es la única de las cinco áreas que ni siquiera empieza a recomponerse.
- Educación. Cae 44% contra 2023 y sube apenas 2,9% contra el presupuesto vigente de este año. Adentro de esa función está el conflicto universitario: el artículo 12 del proyecto fija en 7,35 billones de pesos el crédito para el funcionamiento de las universidades nacionales, un tercio menos de los 11 billones que había reclamado como necesarios el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores.
- Ciencia y tecnología. Retrocede 37,9% contra 2023 y sube 13,1% contra 2026. El CONICET, puntualmente, todavía está 43,7% por debajo de hace cuatro años en las partidas que financian becas y carrera de investigador.
- Seguridad. Baja 28,3% contra 2023 y mejora 7% contra el presupuesto vigente. Sumando el Ministerio de Seguridad con las fuerzas que dependen de él —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario— y la caja de retiros de la Policía Federal, que se financia aparte, la cifra total para 2027 asciende a casi 9,96 billones de pesos, un 33,7% más en pesos corrientes que lo asignado en 2026.
- Discapacidad. Dicha función se arma sumando distintos programas, principalmente las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que hoy dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de que el Gobierno disolviera la ANDIS a fin de 2025 y transfiriera sus funciones al Ministerio de Salud. Esa canasta cae 24,4% contra 2023 y sube 5,4% contra 2026; el programa de pensiones por invalidez específicamente retrocede 25,3% contra 2023. El propio proyecto de ley, en sus artículos 36 a 41, profundiza además los requisitos de acceso a esas pensiones, en particular la incompatibilidad con tener un empleo formal.
Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.
El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.