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La oposición le mete presión al Gobierno por la morosidad y podría darle un golpe a Milei en Diputados
Ocho bloques opositores buscan reunir los 129 votos necesarios para llevar al recinto más de treinta proyectos que atienden la mora de las familias, mientras el Gobierno insiste en que no hay crisis y descarta cambiar de rumbo económico. Sesión clave este miércoles.
La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles 26 de agosto con la convocatoria del oficialismo, pero la oposición prepara una maniobra paralela: solicitar un apartamiento del reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que tienen cajoneados los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El mecanismo, que requiere el respaldo de 129 diputados, obligaría a esos cuerpos a dictaminar en un plazo determinado y habilitaría así el tratamiento en el recinto de una agenda que el bloque libertario evita discutir desde hace meses.
La iniciativa es impulsada por ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis— que además buscan sumar a ese temario la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por diputados de La Libertad Avanza, son las que mantienen sin dictamen a más de treinta proyectos sobre morosidad familiar.
Los números que sostienen el reclamo opositor describen un cuadro de deterioro sostenido. Según datos del Banco Central correspondientes a mayo de este año, la mora de las familias en el sistema bancario llegó al 12,8%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad trepa al 28,7%, con picos de 34,1 por ciento en préstamos personales y 19,4 por ciento en tarjetas de crédito. A esas cifras se suman las del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que calculó en casi seis millones la cantidad de personas en situación de mora o atraso grave, con el 92,3 por ciento de los hogares argentinos sosteniendo algún tipo de deuda y un 44 por ciento que destina más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones.
El Gobierno, sin embargo, mantiene su lectura de que el fenómeno no constituye una crisis. En la reunión de gabinete del lunes, Javier Milei sostuvo que los indicadores de morosidad comenzaron a revertirse y volvió a descartar cualquier corrección en la política económica: “Al populismo no se le gana con más populismo”, repitió, al tiempo que argumentó que un cambio de rumbo pondría en riesgo la credibilidad construida hasta ahora. El mandatario había minimizado semanas atrás el fenómeno atribuyéndolo al consumo asociado al Mundial, al señalar que “se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, una frase que la oposición recuperó como sinónimo de la distancia oficial respecto del problema.
Desde el arco opositor, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó que el Estado debería obligar a una reestructuración de las deudas sin comprometer recursos públicos, y cuestionó tasas de financiamiento que, dijo, llegan a un rango de entre 300 y 500 por ciento anual frente a una inflación que ronda el 30 por ciento. La propuesta resume el eje que la oposición intentará instalar en el recinto: que la discusión no pase por un rescate estatal sino por límites regulatorios a las condiciones de crédito que hoy pagan los hogares endeudados.
El resultado de la maniobra es incierto. Los bloques que impulsan el emplazamiento reconocían estar “más cerca del número” necesario, pero todavía sin confirmarlo, en un Congreso donde la disputa por el temario de cada sesión se volvió un ejercicio recurrente entre el oficialismo, que prioriza los proyectos del Ejecutivo, y una oposición que intenta capitalizar un malestar social que empieza a proyectarse sobre la campaña legislativa de 2027.
Con información de agencia NA
Un buque petrolero británico amarró en Ushuaia y el gobierno fueguino apuntó a Milei: "Es inadmisible"
El gobierno de Gustavo Melella anunció que presentará una denuncia formal a la Justicia: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, remarca el comunicado.
El buque VS Promise, dedicado al transporte de crudo y registrado bajo bandera británica, amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia tras realizar operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. La embarcación tiene 228 metros de eslora y capacidad para más de 500.000 barriles de petróleo.
La presencia del buque no es un hecho menor: la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, prohíbe desde 2011 la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
En este contexto, el gobierno de Gustavo Melella rechazó “enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia”. Además, anunció que presentará una denuncia formal y apuntó el Gobierno nacional: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, remarca el comunicado de la administración fueguina.
El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero, una medida que el Gobierno nacional justificó por su carácter “estratégico” y la necesidad de resguardar la soberanía en el Atlántico Sur. La provincia cuestionó la legalidad de esa intervención y la judicializó.
El episodio ocurre en un contexto donde Tierra del Fuego busca reforzar su rol estratégico en el Atlántico Sur y en la disputa por la soberanía de las Malvinas. La provincia advirtió que no permanecerá “indiferente” ante decisiones del Gobierno nacional que comprometan sus competencias y recursos, y convocó a fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto.
Además, funcionarios provinciales investigan qué empresa contrató al petrolero para operar en la zona, dado que el buque realizó maniobras de carga de crudo en instalaciones utilizadas por el consorcio encabezado por TotalEnergies.
La presencia del VS Promise reactivó una tensión histórica: la convivencia entre la política nacional hacia el Atlántico Sur y las normas provinciales que buscan marcar una posición firme frente a la ocupación británica. El amarre del buque británico en Ushuaia, a metros del memorial a los caídos en la guerra de 1982, expuso una grieta entre Nación y la provincia fueguina en torno a la soberanía, el control portuario, el petróleo y el poder político.
El comunicado completo del gobierno de Tierra del Fuego
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
Auguadra va por primera vez a la Bicameral de Inteligencia con 121 preguntas sobre la mesa
El jefe de la SIDE deberá explicar el Plan de Inteligencia Nacional y las facultades incorporadas por el último DNU de Milei. La reunión será conducida por Sebastián Pareja, alfil de Karina, mientras Santiago Caputo conserva el control político del organismo.
Por primera vez desde que desde que asumió al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra deberá atravesar este martes una instancia de control parlamentario. El funcionario se presentará a las 15 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para responder preguntas sobre el funcionamiento del organismo, el nuevo esquema diseñado por el Gobierno y, especialmente, los alcances del decreto con el que Javier Milei volvió a reformular el sistema de inteligencia a fines del año pasado. La reunión será reservada, como establece la dinámica habitual de la comisión.
La visita tiene, sin embargo, una dimensión política que excede el contenido de las explicaciones que pueda brindar Auguadra. Será también el primer examen importante de la Bicameral desde que Sebastián Pareja, uno de los principales dirigentes del esquema político de Karina Milei, asumió formalmente su conducción hace poco más de un mes. Del otro lado de la mesa estará un funcionario que responde a Santiago Caputo, quien conserva el control político de la SIDE pese a los sucesivos movimientos dentro del Gobierno que durante los últimos meses redujeron su influencia sobre otras áreas.
La escena ofrece así una fotografía poco habitual de la interna oficialista: un hombre de Karina Milei estará al frente del organismo encargado de controlar al área más sensible que todavía permanece bajo la influencia directa de Caputo. Pareja ya hizo llegar a la SIDE las preguntas preparadas por los integrantes de la comisión y la expectativa en el Congreso es que el encuentro permita empezar a ordenar una agenda de trabajo que hasta ahora acumuló más interrogantes que respuestas.
La citación había sido acordada el 14 de julio, durante la primera reunión de la comisión encabezada por Pareja. Entonces, los legisladores resolvieron convocar al denominado “Señor 5” para fines de agosto. Auguadra nunca había concurrido al Congreso desde que reemplazó a Sergio Neiffert en diciembre de 2025 —aunque recientemente se lo vio en una reunión de la Fundación Faro, el think tank libertario—, pese a que durante esos meses la SIDE atravesó una nueva reforma normativa, modificaciones internas y un incremento sustancial de sus recursos.
Uno de los principales capítulos de la reunión será el DNU 941/2025, firmado por Milei el 31 de diciembre y publicado los primeros días de enero. La norma modificó nuevamente la Ley de Inteligencia Nacional y reorganizó el sistema creado después de la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre sus puntos más controvertidos incorporó la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas ante situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, una atribución cuestionada por sectores de la oposición y especialistas por considerar que desdibuja la frontera entre las tareas de inteligencia y las funciones propias de las fuerzas de seguridad.
Auguadra deberá explicar además cómo se articula la SIDE con las estructuras de inteligencia dependientes de Seguridad y Defensa, otro de los puntos sensibles abiertos por la reforma. La cuestión había aparecido ya durante la reunión de julio, cuando el diputado del PRO Cristian Ritondo planteó conocer más acerca del traspado del la inteligencia militar a la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
PIN
Pero buena parte de la presión opositora estará concentrada en otro documento: el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Los diputados de Unión por la Patria remitieron 121 preguntas a Auguadra, muchas de ellas relacionadas con ese programa y con las facultades incorporadas por el DNU de enero. El tema arrastra, además, una discusión que comenzó durante la composición anterior de la Bicameral y que obligó a la propia SIDE a revisar parte de su planificación.
El primer PIN había sido elaborado durante la gestión de Neiffert y provocó fuertes cuestionamientos después de que se conocieran algunos de sus objetivos. El documento contemplaba la posibilidad de “producir información” sobre “actores estratégicos” que buscaran “erosionar el sistema financiero” o provocar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. También incluía entre sus objetivos a quienes difundieran deliberadamente información falsa para “influir o manipular” la opinión pública y a aquellos actores o circunstancias capaces de obstaculizar el relacionamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos.
La amplitud de esas definiciones encendió las alarmas dentro de la oposición y entre organizaciones especializadas en derechos humanos. El principal interrogante era quién podía quedar comprendido bajo la categoría de “actor estratégico”: con una formulación tan abierta, advertían entonces integrantes de la Bicameral, un periodista, un economista crítico, un dirigente opositor o un referente social podía terminar convertido en objetivo de tareas de inteligencia por cuestionar la política económica o intervenir en la discusión pública, pese a que la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente el espionaje basado en opiniones políticas, actividad lícita o pertenencia partidaria.
La Bicameral, que entonces presidía el radical Martín Lousteau, plasmó esas objeciones en un dictamen crítico y reclamó modificaciones. La advertencia tuvo consecuencias: dos meses después, según pudo saber elDiarioAR, Neiffert presentó una nueva versión del PIN que eliminó algunos de los puntos que habían generado mayor controversia.
La nueva redacción buscó desplazar el foco desde personas o grupos determinados hacia conductas, procesos y campañas originadas fuera del territorio nacional, una modificación que dentro de la comisión fue interpretada como un intento por cerrar la puerta que la primera versión había dejado abierta al espionaje político. Sin embargo, el cambio no terminó de clausurar la discusión. La oposición quiere saber ahora qué versión del PIN se encuentra efectivamente en ejecución, cómo fueron traducidos sus objetivos generales en directivas operativas y qué ocurrió con las observaciones formuladas por la anterior Bicameral.
Pedidos de informe
Pareja deberá administrar esas discusiones desde una posición parlamentariamente favorable al Gobierno. De los 14 integrantes que debería tener la comisión, La Libertad Avanza controla cinco lugares, tres correspondientes a Diputados y dos al Senado. A ellos se suman cuatro legisladores que habitualmente funcionan como aliados: Ritondo y Martín Goerling, del PRO; Maximiliano Abad, de la UCR; y Edith Terenzi, de Provincias Unidas.
El peronismo tiene como representantes en Diputados a Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, además de la senadora jujeña Carolina Moisés. Una silla permanece vacante por la decisión de un sector del kirchnerismo de no integrar las comisiones del Senado como protesta por el reparto de lugares acordado entre el oficialismo que conduce Patricia Bullrich y sus aliados.
Esa relación de fuerzas le garantiza a Pareja un margen considerable para conducir la comisión, aunque no necesariamente para evitar los cuestionamientos. De hecho, en su primera reunión al frente de la Bicameral se aprobaron pedidos de información impulsados desde diferentes sectores políticos, una señal de que el nuevo control oficialista del cuerpo no supone que la SIDE vaya a quedar completamente aislada de las preguntas de la oposición.
Tailhade presentó entonces dos pedidos de informes. Uno apunta al equipamiento de inteligencia secuestrado judicialmente en la investigación contra Facundo Leal, expresidente de ARSAT durante las administraciones de Alberto Fernández y Milei, acusado por presuntas irregularidades vinculadas con contrataciones del organismo. El diputado busca determinar el origen y destino de esos equipos y si pudieron haber sido utilizados para tareas de espionaje.
El segundo está relacionado con la situación de Miguel Gómez Goldin, designado como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad. La oposición reclama precisiones sobre una designación que todavía no fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, según publicó elDiarioAR.
El interrogatorio a Auguadra se producirá, además, pocas semanas después de que la SIDE recibiera otra fuerte ampliación de recursos. El DNU 594/2026 incorporó $49.261 millones adicionales al organismo, sobre los $97.135 millones contemplados originalmente para 2026. Con la modificación, el presupuesto de Inteligencia quedó por encima de los $146.000 millones, además de una ampliación de partidas destinadas a gastos reservados.
El aumento volvió a colocar el manejo de los fondos de inteligencia en el centro de la discusión política, después de la controversia que había generado en 2024 el otorgamiento de $100.000 millones en gastos reservados mediante el DNU 656. Aquella norma terminó rechazada por el Congreso y obligó posteriormente a la SIDE a devolver buena parte de los recursos que no habían sido utilizados.
PL/CRM
En EE.UU. hacen publicidad del evento al que va Milei en octubre con un video donde aparece Cerimedo
El libertario es "invitado de honor" a la gala del Hispanic Heritage. En un video promocional se lo enfoca al exasesor ahora detenido en Bolivia. Sus vínculos con el trumpismo.
“NUEVAYoL” de Bad Bunny es la música que eligieron en un video para promocionarse los organizadores de la Gala Hispanic Heritage, un evento en Washigton el próximo 14 de octubre donde Javier Milei aparece como “invitado de honor”. Pero un detalle de la pieza audiovisual puede resultar incómodo para el Presidente, cuya participación sigue aún confirmada, según supo elDiarioAR por estas horas de parte de uno de los organizadores: aparece Fernando Cerimedo, el ahora exasesor mileísta detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su pareja Nadia Beller.
Cerimedo aparece en un video que registra la edición del evento del 10 de febrero pasado en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump, donde fue galardonado como “consultor del año”. Allí Milei estaba invitado pero no fue. Imágenes de esa noche lo muestran junto a Javier Negre, su socio hasta días atrás de La Derecha Diario y parte organizador del evento que busca hacer campaña por el trumpismo en la comunidad hispánica norteamericana. El Presidente aparece junto al republicano en carteles pintados de colores dentro del salón.
En la misma web donde está el video y aparece la cara de Milei como “invitado de honor”, cualquier persona puede reservar su asiento a la gala. En la edición anterior, los asientos VIP costaban unos US$10.000. La Gala Hispanic Heritage está organizada por Latino Wall Street, la plataforma financiera que fundaron Gabriela Berrospi —conocida en redes como GabyWallStreet— y su esposo Tony Delgado, la misma dupla que montó la gala de Mar-a-Lago en febrero.
El sitio hispanicheritagegala.org presenta el encuentro del 14 de octubre como “The Official Hispanic Heritage Gala”: en el marco del Mes de la Herencia Hispana, promete reunir en Washington DC a “líderes distinguidos de gobierno, diplomacia, negocios, filantropía y sociedad civil” para una “celebración formal del logro y el servicio hispano a Estados Unidos”. El acceso es solo por invitación, al que accedió este medio, y exige código de etiqueta formal (“black tie”). La misma página exhibe la foto de Milei saludando, escoltado por seguridad, bajo el título “Guest of Honor” (“invitado de honor”), y usa una batería de cifras para justificar el interés político y comercial del evento: calcula a la comunidad hispana en más de 68 millones de personas en Estados Unidos, con más de 4 billones de dólares de producción económica, responsable —dice— de más de la mitad del crecimiento poblacional del país, con negocios que crecen “al doble” del promedio nacional.
En la sección de “eventos anteriores” (“Our Past Events”), la misma web exhibe fotos de la Hispanic Prosperity Gala de Mar-a-Lago del 10 de febrero, con Berrospi, Delgado y su equipo posando frente a un cartel repleto de logos de auspiciantes —entre ellos, el propio Latino Wall Street— y otra imagen de la ceremonia de premiación de esa noche. Es en ese material de archivo, reciclado ahora para promocionar la cita de octubre, donde reaparece la figura de Cerimedo.
Las conexiones norteamericanas de Cerimedo
El armado detrás de esa gala no es un hecho aislado: forma parte de una red de vínculos que Cerimedo tejió en Estados Unidos en los últimos años, en paralelo a su trabajo como asesor de Milei, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Nasry Asfura.
El nodo corporativo de esa red está en Miami. El 24 de mayo de 2023, en pleno desarrollo de la campaña presidencial argentina, Cerimedo constituyó en Florida la firma Numen Advisors LLC, con domicilio en North Miami. Tres meses después, el 4 de septiembre de ese año, firmó como CEO de Numen un memorando con Damián Merlo, socio gerente de la consultora miamense Latin America Advisory Group (LAAG), registrado bajo la ley FARA. El contrato comprometía a LAAG a gestionar prensa, contactar legisladores del sur de Florida y abrir puertas en think tanks como Heritage Foundation, CSIS, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council, según reveló en detalles el diario La Jornada de México. Los expedientes documentan contactos con el hoy secretario de Estado Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar —incluido un encuentro en Mar-a-Lago facilitado por Brad Parscale—, con el congresista Mario Díaz-Balart, con el subsecretario de Estado Christopher Landau, con la funcionaria Ana Quintana, con Joseph Humire del Departamento de Defensa y con Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina.
El propio Parscale, exjefe de campaña digital de Trump, es otro socio de peso: dirige Campaign Nucleus, la herramienta de microsegmentación electoral de la que Cerimedo fue nombrado representante para América Latina en 2025, y Clock Tower X LLC, registrada como agente extranjero de Israel. Cerimedo ofició además de nexo entre Parscale y el consultor Darío Epstein para un proyecto de centros de datos de IA en Argentina que terminó cayéndose.
A esa lista se suman Dick Morris, el histórico estratega republicano que formó a Cerimedo en su academia de consultores y facilitó el mensaje de apoyo de Trump al candidato hondureño Nasry Asfura en 2025, y Roger Stone, el operador trumpista indultado por Trump que trabajó junto a Cerimedo en esa misma campaña.
Negre, hasta ahora socio de Cerimedo en La Derecha Diario, tiene acceso reportado a la Casa Blanca y aparece vinculado con distinto grado de cercanía a figuras como Steve Bannon, el periodista Jack Posobiec, la secretaria de prensa Karoline Leavitt y la exprimera ministra británica Liz Truss.
Fuera de Estados Unidos pero dentro del mismo entramado aparece el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, señalado como socio o financista de La Derecha Diario en México y vinculado públicamente con Cerimedo por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un último dato ayuda a entender el patrón de fabulación que rodea al personaje: Cerimedo afirmó alguna vez haber trabajado en la campaña de Barack Obama y en la Casa Blanca, tener un posgrado de Harvard y un doctorado de la Universidad de Phoenix, y haber entrenado con los Navy SEALs. Ninguna de esas afirmaciones pudo ser confirmada por medios especializados en chequeo de información como la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Aeroparque estará cerrado hasta el jueves: qué pasa con los vuelos y dónde operarán
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado desde las 9 de este martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27 por trabajos de mantenimiento en su pista principal. Durante ese período, todos los vuelos serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que absorberá cerca de 940 movimientos entre despegues y aterrizajes.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante más de dos días para realizar tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal. La intervención forma parte de un programa integral de obras destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria y acompañar el fuerte crecimiento registrado en los últimos años tanto en cantidad de pasajeros como de operaciones.
El cierre comenzará a las 9 del martes 25 de agosto y se extenderá hasta las 16 del jueves 27 de agosto. Durante ese período, las operaciones que habitualmente se realizan en Aeroparque serán trasladadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La medida fue coordinada previamente con las compañías aéreas y los organismos públicos involucrados. El anuncio oficial se realizó el pasado 5 de junio, con el objetivo de que las aerolíneas pudieran reorganizar sus itinerarios, adaptar los slots y redistribuir al personal necesario para operar durante el cierre temporal.
Todos los vuelos de Aeroparque pasarán a Ezeiza
Durante las horas en las que Aeroparque permanezca cerrado, Ezeiza concentrará la totalidad de los vuelos que normalmente operan desde la terminal porteña, tanto de cabotaje como regionales.
El traslado representa un desafío operativo importante. En condiciones habituales, Ezeiza registra alrededor de 530 movimientos diarios entre aterrizajes y despegues durante un período similar. Con el cierre de Aeroparque, ese número ascenderá a aproximadamente 940 movimientos, lo que representa un incremento cercano al 80% respecto de la actividad habitual del aeropuerto internacional.
Para poder absorber ese volumen adicional, se trabajó previamente con las aerolíneas, los organismos aeroportuarios, los prestadores de servicios terrestres y las empresas de handling. El objetivo es garantizar que Ezeiza cuente con capacidad suficiente tanto en los mostradores de atención como en las posiciones destinadas al estacionamiento de aeronaves.
Qué pasará con Aeroparque durante el cierre
Aunque la pista permanecerá cerrada durante la mayor parte del período previsto para las obras, Aeroparque tendrá actividad antes del inicio de los trabajos y después de su finalización.
El martes 25 de agosto, se prevén aproximadamente 180 movimientos entre la medianoche y las 9, momento en el que comenzará el cierre. La actividad se retomará progresivamente el jueves 27 de agosto a partir de las 16, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento.
Por eso, quienes tengan vuelos programados durante estos días deberán prestar especial atención a la información proporcionada por cada compañía aérea, ya que los cambios de aeropuerto pueden implicar modificaciones en los horarios y en la logística del viaje.
Por qué eligieron estas fechas
La elección de la ventana para realizar los trabajos respondió a diferentes factores operativos.
Según explicaron fuentes vinculadas al concesionario Aeropuertos Argentina, se optó por este período porque permite afectar una menor cantidad de operaciones en comparación con otros días de la semana.
También se tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, con el objetivo de reducir el riesgo de que las obras coincidan con fenómenos climáticos que puedan generar nuevas cancelaciones o demoras.
La planificación anticipada permitió además coordinar el movimiento adicional que tendrá Ezeiza durante las horas de cierre.
Un plan de obras de más de US$ 85 millones
El mantenimiento de la pista no constituye una obra aislada. La intervención forma parte de un plan estratégico de infraestructura que supera los US$ 85 millones, destinado a modernizar Aeroparque y mejorar la experiencia de quienes utilizan la terminal.
El programa contempla distintas etapas y obras vinculadas tanto con la capacidad operativa como con los servicios destinados a los pasajeros.
La primera etapa incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, que permitió incrementar la capacidad para las aeronaves. También se realizaron trabajos en el Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y en el hall de check-in, con el objetivo de ampliar los espacios disponibles y agilizar los procesos previos al embarque.
A estas obras se sumaron mejoras en las vialidades correspondientes a los arribos internacionales, destinadas a facilitar el acceso y mejorar el confort de los pasajeros.
Más tecnología y menos tiempo de espera
La segunda etapa del proyecto apunta principalmente a ampliar las zonas de preembarque nacional y sumar tecnología para agilizar los procesos dentro de la terminal.
De acuerdo con las proyecciones del programa de obras, los nuevos sistemas permitirán reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y hasta un 33% el correspondiente al PIR.
La incorporación de sistemas más flexibles y automatizados busca que los pasajeros puedan completar diferentes trámites de manera más rápida y eficiente, independientemente de sus características y necesidades.
El proyecto también contempla la construcción de una nueva sala VIP, una ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.
Qué deben tener en cuenta los pasajeros
El principal punto a considerar durante estos dos días es que los vuelos que tenían como origen o destino Aeroparque serán operados desde Ezeiza durante el período de cierre, de acuerdo con la programación de cada compañía.
Por eso, antes de trasladarse al aeropuerto, se recomienda verificar la información actualizada del vuelo con la aerolínea correspondiente y revisar especialmente el aeropuerto de salida, el horario y cualquier eventual modificación del itinerario.
El cierre temporal de Aeroparque representa una operación logística de gran escala: mientras una de las principales terminales aéreas de Buenos Aires permanece fuera de servicio, Ezeiza deberá absorber un volumen de actividad aproximadamente 80% superior al habitual.
Una vez finalizados los trabajos, Aeroparque comenzará a recuperar progresivamente sus operaciones desde las 16 del jueves 27 de agosto, mientras continúa el programa de obras que busca ampliar su capacidad y modernizar los servicios para los pasajeros.
NB