La Estrella

Noticias de Corrientes

El PAMI de Milei sospechado de corrupción: purga interna, copamiento libertario y ajuste sobre los jubilados

En el edificio de Corrientes 655 ya no queda rastro del equilibrio precario que había sostenido Juntos por el Cambio. Ni técnicos con terminales en la UCR, ni armados híbridos con el peronismo moderado. En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei: una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica. Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo, pero con el pulso político del asesor todoterreno Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda. Sin grandes anuncios ni fotos, pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa a la Casa Rosada.

La transformación institucional fue profunda antes de que en los últimos días estallara un escándalo por denuncias de corrupciónm en el organismo, lo que avivó la grieta libertaria entre los bandos de Caputo y el armador bonaerense Sebatián Pareja. En los últimos meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias. Se desplazó a figuras como Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— y otros cuadros vinculados a Graciela Ocaña o Carlos Rojo. Algunos conservaron cargos intermedios, incluso sin reducción salarial, pero con menor peso político. La nueva arquitectura comenzó a responder a una Unidad Técnica Operativa subordinada al número 2 de Leguizamo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).

Entre las designaciones más llamativas estuvo la de María Antonella Racunti, libertaria de La Plata y militante activa de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que tras la reestructuración asumió como la única gerenta del PAMI, al frente del Área de Participación e Inclusión Social. La Plata es justamente el distrito donde estaba Viviana Aguirre, diputada libertaria suplente, quien denunció que fue echada del PAMI por denunciar hechos de corrupción.

En redes sociales, Racunti se muestra alineada con el sector más duro del oficialismo. Comparte asiduamente publicaciones de Lucas “Sagaz” Luna —referente libertario de Tres de Febrero, con llegada a la mesa chica de Caputo— y de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación con voceros como El Gordo Dan.

La militancia digital forma parte de su estilo, aunque no sin controversias. En octubre pasado, Racunti compartió —y luego borró— un mensaje en tono de burla sobre la última dictadura militar. “La última vez que se hicieron los picantes terminaron buscando hijos y nietos por 40 años. Sigan así”, decía el posteo original de la cuenta @oficinagtar, replicado por ella con una risa. El mensaje generó rechazo incluso dentro del propio PAMI, pero no tuvo consecuencias formales. En los pasillos de Corrientes 655, el episodio se interpretó como otro reflejo de la libertad de acción que manejan algunos cuadros del armado libertario.

Es que Racunti responde al ala platense que se referencia directamente en Caputo. El 1° de marzo fue vista en los balcones del Congreso junto a otros miembros de ese núcleo, como Isidro Bonicatto, referente universitario de ULLA, o Yamil Salerno, flamante jefe del área de Derecho y Ciudadanía. Psicólogo de formación, con apenas dos cursos relacionados al derecho —uno sobre niñez—, su designación fue otro caso en el que la cercanía política se impuso a la formación técnica. Racunti y Salerno hoy trabajan codo a codo, pero sin contacto alguno con los empleados. “Racunti se encierra en su oficina y Salerno, que por su cargo debería estar con el resto de los trabajadores, se queda con ella”, deslizó una fuente a elDiarioAR.

Otra figura visible del nuevo esquema es Lucas Catalín Malin, actual jefe de Gabinete del PAMI. Su nombre no figuraba en las estructuras anteriores, pero hoy es uno de los hombres fuertes del organismo previsional, al que aterrizó con una hoja de ruta clara: consolidar la línea Caputo y reordenar el tablero interno. Antes de ocupar su nuevo cargo, se desempeñó al frente de la Gerencia de Comunicación Institucional. Oriundo de San Nicolás, Malin tiene una trayectoria como consultor en comunicación política y ocupó roles técnicos en la ciudad de Buenos Aires, como coordinador del Observatorio del Ente de Turismo porteño.

Motosierra sin fin

En enero, el ajuste interno se volvió explícito en el PAMI: 230 despidos sin previo aviso, concentrados esta vez en el nivel central. A diferencia de 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país, ahora la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud. La intervención la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. “Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara”, dicen desde adentro. En ese esquema aparece también el nombre del ministro, Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y operador de peso, aunque sin funciones visibles en la gestión diaria.

En paralelo a esa dinámica, con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales: desde esta gestión, los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del Instituto, esto implicó una caída en su poder adquisitivo, antes diferenciado del resto del Estado.

Pero el recorte no se limita al personal. En diciembre, el PAMI eliminó la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. La medida se sumó al ajuste del vademécum realizado en agosto, que dejó afuera antibióticos, corticoides, antipsicóticos y tratamientos esenciales. Hoy, el listado completo de medicamentos cubiertos no es público. Además, quienes cobren más de un haber mínimo, posean un auto de menos de diez años o dos propiedades, perdieron el acceso al subsidio del 100%. Según cálculos internos realizados en ese entonces, eso representa un recorte promedio de 74.500 pesos mensuales por persona.

A eso se suma otra mala noticia: que el vencimiento de los convenios con la industria farmacéutica, que se renuevan cada año. Sin definiciones claras sobre su continuidad, tampoco había sobre el futuro del programa Pro-Bienestar, de entrega de alimentos, reconvertido en una transferencia monetaria impersonal, sin vínculo con los centros de jubilados, muchos de los cuales ya dejaron de recibir asistencia.

Esa motosierra vino acompañada de una reforma previsional de facto. Es que la fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación, lo que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso. Además, el bono de 70.000 pesos para jubilados con la mínima quedó congelado desde marzo de 2024 y no hay previsión de aumento. Si se hubiese actualizado con el mismo criterio que los haberes, hoy debería rondar los 135.000.

El final de la moratoria previsional, que venció en abril, añadió otro ítem crítico. 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria sin 30 años de aportes ahora solo pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga el 80% del haber mínimo, no es heredable y eleva la edad jubilatoria efectiva de las mujeres de 60 a 65 años. En el primer semestre de 2023, siempre según datos oficiales, el 1,6% de los mayores de 65 años eran indigentes. Un año después, esa cifra trepó al 4%. La pobreza en ese grupo etario pasó del 13,2% al 29,7%.

En la calle, ese deterioro encontró una forma de respuesta. Desde el año pasado, todos los miércoles se concentran jubilados autoconvocados frente al Congreso. Protestan por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de cobertura médica y la quita del bono. El 12 de marzo pasado tuvo lugar la jornada más álgida: carteles, cacerolas y bastones terminaron envueltos en los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.

Mientras tanto, la reestructuración del PAMI avanzó hasta que generó demasiado ruido público. Cambiaron los nombres, se reordenaron las áreas, se recortaron prestaciones y se achicó la planta. Ahora se sumaron las sospechas de corrpución. Los jubilados, mientras tanto, sienten el impacto en sus bolsillos y en la atención. Y muchos trabajadores caminan los pasillos sin saber cuánto tiempo más van a conservar su lugar. La transformación no es solo administrativa: también es política. Y no parece tener marcha atrás.

PL/JJD/MC

Diputados busca avanzar con el debate sobre la moratoria previsional y el bono jubilatorio

La Cámara de Diputados debatirá este martes en un plenario de comisiones los proyectos de ley para reinstaurar las moratorias y otras iniciativas que apuntan a incluir en el sistema previsional a las personas en edad jubilatoria que no cuentan con la cantidad mínima de aportes exigida.

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, se reunirá a las 13 en cumplimiento del emplazamiento que había resuelto el pleno, con impulso opositor, en la sesión del 8 de abril pasado.

La titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), refrescó la hoja de ruta: una última reunión informativa conjunta este martes y después se abrirá una última semana de conversaciones políticas para pasar a la firma de los dictámenes el 13 de mayo.

Además de discutirse nuevas moratorias y mecanismos alternativos de inclusión previsional, se debatirán iniciativas que giran en torno al aumento del bono complementario que cobran los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas $70.000.

Con la moratoria, personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Pero, con el vencimiento de la moratoria previsional el pasado 23 de marzo a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá jubilarse.

En adelante, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

Para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes, la PUAM representa un alargue de cinco años en la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solamente si acreditan una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

El proyecto de Moreau

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.

Asimismo figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

Esta iniciativa podría concitar el apoyo de la UCR y del PRO, que no están de acuerdo con las moratorias por considerarlas un “parche” que contribuye a agudizar el colapso de un sistema previsional que no es autosuficiente.

Estos bloques, junto a La Libertad Avanza (LLA), sostienen que no resulta justo subsidiar a las personas que no aportaron toda su vida, ya que para esos sectores las moratorias van en detrimento de aquellos que sí trabajaron los 30 años mínimos requeridos.

Una vez que se firmen los dictámenes, la oposición deberá negociar una fecha para introducir el tema previsional en el recinto: se especula con una sesión el 21 de mayo que podría incluir estos expedientes en el orden del día.

La agenda del debate, los expositores y todos los proyectos

Con información de agencias.

IG

Paro de colectivos: qué líneas se sumaron a la medida gremial de la UTA y cuáles andan

El paro de colectivos confirmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras la disidencia entre las partes (empresarios y choferes) por el reclamo salarial, comenzó a la medianoche con usuarios confundidos debido a que algunas empresas de transporte comunicaron recién en el inicio de la mañana su participación en la protesta gremial y otras empresas decidieron circular con normalidad.

La medida, que influye a nivel nacional, afecta a más de 300 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que también hay otros puntos clave del país que se ven complicados ante el paro.

Las líneas que actualmente no funcionan son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194, 195, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

Acerca de las empresas que no se sumaron a la medida gremial, la que cumple con el recorrido habitual es DOTA, la cual en los últimos meses no se incorporó a ninguno de los paros establecidos por la UTA.

En Ciudad de Buenos Aires las líneas que sí funcionan de DOTA son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

Mientras que en Provincia de Buenos Aires andan los colectivos 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.

Se espera que la línea 60, que funcionaría de forma normal, realice una marcha este martes en el Puente Saavedra.

Respecto a la situación de Metropol, después de varios conflictos por la falta de información oficial, se anunció que la empresa se adhiere de manera parcial al paro.

Se confirmó que las líneas 65, 90, 151, 194 y 195, que circulan por Capital Federal, no funcionan.

Caso contrario ocurre con las líneas 136, 163, 176, 182, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670 y 741A, las cuales completan su recorrido con normalidad. 

Paritarias complicadas

Desde el sector empresario aseguraron en la noche del lunes que se cayó la negociación paritaria y que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó todas las propuestas presentadas hasta el momento.

“La negociación está caída, no hay forma de acordar”, sostuvieron esta noche fuentes del sector, tras la fallida reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero.

La medida de fuerza por 24 horas fue ratificada por la conducción de la UTA luego de que fracasaran las instancias de conciliación y no se alcanzara un acuerdo salarial. El gremio reclama elevar el salario básico de $1.200.000 a $1.700.000, mientras que los empresarios ofrecieron un incremento del 6% y pagos no remunerativos, lo que fue calificado por la organización sindical como “una falta de respeto”.

En caso de concretarse, el paro afectará a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA, desde la medianoche del martes hasta el primer minuto del miércoles.

“Lo último que ofrecimos fue para mayo un sueldo remunerativo de 1.240.000 pesos y 50.000 no remunerativo; para junio un remunerativo de 1.270.000 y 50.000 no remunerativo y para julio un remunerativo de 1.310.000. Se cayó la negociación. La UTA no aceptó ninguna de las opciones que ofrecimos”, sostuvo a la prensa uno de los empresarios que participó de la reunión.

La UTA contra el Gobierno

Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaba este lunes que llevaría adelante un paro de colectivos de 24 horas este martes 6 de mayo, en todo el país, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional por el rumbo de la negociación salarial.

“Esta negociación paritaria se inició en febrero y hasta la fecha solo se nos han realizado ofrecimientos por debajo de la inflación”, señaló el gremio en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional y las juntas ejecutivas seccionales.

“Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%”, afirmó el sindicato y añadió: “La posición de UTA no es caprichosa ni extorsiva como nos pretenden calificar”, continuó el texto. “Queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente”.

Según el comunicado, durante semanas el gremio participó de reuniones sin recibir propuestas razonables por parte de las cámaras empresarias, y cuestionó que “si el Gobierno Nacional pretende tener la tarifa más baja del país, que sepa que no lo va a hacer con el sueldo de los trabajadores del transporte”.

En ese sentido, la UTA acusó al Ejecutivo de poner límites a las paritarias y ajustar con los sueldos. “No vamos a permitir que los trabajadores del transporte sean la variable del ajuste”, remarcó.

“Paramos para defender nuestro trabajo, por un sueldo digno y por el sustento de nuestras familias”, advirtió el sindicato, y denunció el achicamiento del sistema de transporte con menos unidades, menos frecuencias y menos trabajadores.

Además, cerró: “Una vez más, los trabajadores, todos juntos, sin distinciones, vamos a defender nuestros salarios”.

La palabra de los empresarios

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, afirmó este martes que el sector patronal no puede hacer frente a nuevos aumentos salariales para los choferes, porque tiene “congelados sus ingresos”.

Fusaro dijo que el reclamo de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) “es ajuste salarial por inflación, que parece justo y como empresarios nos gustaría darlo, pero el problema es que tenemos el boleto congelado desde hace nueve”.

El titular de Aaeta explicó de ese modo el planteo empresario frente a la medida de fuerza de 24 horas que cumple hoy la UTA, y que impacta en numerosas líneas de colectivos que no tienen actividad afectando a millones de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fusaro explicó que “si bien en marzo empezó a haber aumento de tarifas” en los colectivos, ese incremento “fue para bajar los subsidios” que paga el Estado, por lo cual “para las empresas la plata es la misma”.

“A diferencia de otras actividades nosotros no fijamos el precio de lo que hacemos, sino que lo fija el Estado, a partir de una cuenta de nuestros costos” y a partir de esas cifras desde el sector gubernamental “nos dicen esta es la plata que ustedes tienen para gastar”, detalló.

El empresario añadió que “en esa cuenta” que hace el Estado de los costos empresarios “no se incluyó una partida para ajustes paritarios”, por lo que el sector patronal no cuenta con margen para otorgar aumentos salariales.

“Estuvimos negociando y haciendo un enorme esfuerzo, hablando con (las secretarías de) Trabajo y Transporte hasta último momento, para lograr alguna oferta intermedia porque el momento es difícil para todos, pero no se llegó a un acuerdo y por eso el gremio llamó a esta medida de fuerza”.

El Gobierno habla de “extorsión”

El Gobierno Nacional calificó este lunes como “paro extorsivo” a la medida de fuerza decretada para este martes, por el término de 24 horas, de parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y señaló que la decisión gremial “toma de rehenes” a los pasajeros.

“Mañana martes 6 de mayo el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, sostuvo la Secretaría de Transporte mediante un comunicado difundido esta tarde.

Asimismo, agregó que “el gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo” y detalló que “el paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA, a las 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

Aclaró que “hay líneas de colectivo que no acatarán la medida del paro” y detalló: “Estas empresas son el grupo Metropol y Dota, a la vez que otras empresas lo están definiendo. Se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro”.

Todos los días circulan en el AMBA en colectivo más de 4,5 millones de personas, se hacen más de 9 millones de viajes en el área metropolitana de Buenos Aires y circulan por día alrededor de 15 mil unidades.

El Gobierno advirtió además que “se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial” y advirtió que “en caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas a que aseguren el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular”.

“Asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio”, cerró.

Con información de agencias.

IG

Paro de colectivos: DOTA denunció que apedrearon unidades de la línea 57

Este martes la Unión tranviarios automotor (UTA) lleva adelante un paro de colectivos de 24 horas en todo el país y en las primeras horas del día se registraron incidentes con unidades de la empresa DOTA, que no adhiere a la medida de fuerza.

Según las denuncias registradsas por redes sociales, al menos cinco unidades de la línea 57 fueron apedreadas esta mañana en General Rodríguez, a la altura del Acceso Oeste.

El director de la empresa de transporte DOTA, Marcelo Pasciuto, confirmó este lunes que las líneas operadas por la compañía circularán con normalidad este martes 6 de mayo, a pesar del paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

“DOTA como empresa no hace ningún paro”, afirmó Pasciuto en declaraciones a A24, al tiempo que explicó que no todos los choferes están afiliados al gremio, por lo que esperan brindar servicio con el personal disponible. “Nos manejaremos con diagrama regular, sin bajar la frecuencia”, aseguró.

El empresario explicó además que la compañía solicitó al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich medidas de resguardo para operar con normalidad durante la jornada de protesta sindical. “Acabo de hablar con el Ministerio para que podamos trabajar tranquilos”, expresó.

Respecto al conflicto salarial, Pasciuto respaldó la convocatoria al diálogo impulsada por el nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, y advirtió: “Tiene que hacerse una reestructuración del transporte. Ni el usuario, ni el Estado, ni el empleado, ni el empresario están conformes. Hay que cambiar y dar vuelta todo”.

Por su parte, desde la Secretaría de Transporte calificaron la decisión como una medida “extorsiva”, y acusaron al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” por exigir un aumento del 40%, considerado por el Gobierno como superior a las pautas salariales oficiales.

Asimismo, se informó que el paro alcanza a 103 líneas de jurisdicción nacional que operan en el AMBA, 31 dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 102 en el territorio bonaerense. En cambio, las empresas DOTA y Metropol no se adhirieron a la medida de la UTA.

Las explicaciones de DOTA

Desde DOTA comunicaron este martes que sus choferes se separaron de la UTA y “se conformó con la Unión de Colectivos de la República Argentina (URCA), y gran parte de nuestros empleados están afiliados a esa parte del sindicato”, aseguró Pasciuto, director de la empresa.

“Nosotros no paramos, o sea, estamos en la libertad de trabajo, hay líneas nuestras que están paradas, por ejemplo, la 60 Cabecera Maschwitz , o la línea 98 en Quilmes, después el resto de las empresas nuestras están todas trabajando con diagramas normales, incluso estoy en una terminal ahora donde se está funcionando normalmente”, detalló.

Además, Pasciuto aseveró coinidir con el gremio en que “el salario está bajo”, pero marcó diferencias con la UTA: “No coincido en que esto sea una paritaria, yo creo que el gobierno accedió muy bien a la paritaria, planteó el tema de la paritaria, lo puso en la mesa y lo dio”.

“Lo que está pidiendo el sindicato acá a la UTA es una recomposición salarial por no haber hecho los ajustes contra la inflación en los últimos ocho años, de estar de brazos cruzados. Escuché en algunos medios que la parte gremial reclamaba $1.700.000. Estamos hablando de un ciento diez por ciento, entonces no estamos hablando de una paritaria”, completó.

Qué dice la UTA

Gabriel Guzzo, secretario gremial de UTA, explicó que desde el gremio piden “cobrar $2.500.000 para poder cubrir la luz, el gas, el alquiler, el auto, la casa, el comercio”.

Además, detalló que en la actualidad, “estamos ganando $1.300.000 de pesos. Muy por abajo de lo que está ganando un legislador, que están ganando $5.000.000”.

“Ya no podemos estar con una promesa, las bases vinieron a las sedes de la UTA y la semana pasada vinieron un grupo de delegados y dejaron todo muy claro: si nos llegan a dar un 1% y se transforman en $40.000, $50.000, $70.000, a nosotros no nos queda otra que ejercer el derecho de ir a un paro y de mostrarle que la UTA tiene los elementos legales constitucionales para hacer valer su derecho”, advirtió Guzzo.

Y concluyó: “El que gana al menos $1.700.000 hoy es pobre. Y nosotros, siendo conductores profesionales, manejando colectivos, que no podemos tener un segundo trabajo porque se queda dormido la gente y mata gente con semejante masa, tanto de adentro como de afuera”.

Con información de agencias.

IG

La UTA contra el Gobierno: "Si pretenden tener la tarifa más baja del país, no va a ser con el sueldo de los trabajadores"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este lunes que llevará adelante un paro de colectivos de 24 horas este martes 6 de mayo, en todo el país, y lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional por el rumbo de la negociación salarial.

“Esta negociación paritaria se inició en febrero y hasta la fecha solo se nos han realizado ofrecimientos por debajo de la inflación”, señaló el gremio en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional y las juntas ejecutivas seccionales.

“Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%”, afirmó el sindicato y añadió: “La posición de UTA no es caprichosa ni extorsiva como nos pretenden calificar”, continuó el texto. “Queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente”.

Según el comunicado, durante semanas el gremio participó de reuniones sin recibir propuestas razonables por parte de las cámaras empresarias, y cuestionó que “si el Gobierno Nacional pretende tener la tarifa más baja del país, que sepa que no lo va a hacer con el sueldo de los trabajadores del transporte”.

En ese sentido, la UTA acusó al Ejecutivo de poner límites a las paritarias y ajustar con los sueldos. “No vamos a permitir que los trabajadores del transporte sean la variable del ajuste”, remarcó.

“Paramos para defender nuestro trabajo, por un sueldo digno y por el sustento de nuestras familias”, advirtió el sindicato, y denunció el achicamiento del sistema de transporte con menos unidades, menos frecuencias y menos trabajadores.

Además, cerró: “Una vez más, los trabajadores, todos juntos, sin distinciones, vamos a defender nuestros salarios”.

MM con información de la agencia NA.