El Durazno

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Nueve bancos fueron habilitados para disputar las cuentas sueldo de los empleados estatales

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

Cada vez más jóvenes despedidos sueñan con el emprendimiento propio: ¿tendrán las mismas consecuencias que en los 90?

Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.

El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?

Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.

Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.

En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.

Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.

En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.

Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.

“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.

En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.

El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.

Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.

“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.

AR/MC

Prepagas aumentan 70% la cuota a sus afiliados por demoras en los giros de las obras sociales

Ignacio es un afiliado a la prepaga CEMIC y el mes pasado, en vez de pagar la misma cuota de marzo, de $173.000, debió abonar $293.000, un 70% más. No le dieron mayores explicaciones. No se trata de un aumento habitual, como los que imponen mes a mes las empresas de medicina privada después de conocerse el índice de precios al consumidor (IPC), tal como les ordenó el Gobierno. Ignacio se enteró de que el salto tenía que ver con que los aportes de su empleador, que antes se triangulaban hacia la prepaga a través de una obra social, no habían llegado a destino. El tarifazo coincidió con el primer mes en que se abolió la intermediación de aportes a través de las organizaciones sindicales, tal como lo dispuso el ministro de Salud, Mario Lugones.

¿Qué sucedió exactamente? Un alto ejecutivo de una de las principales prepagas lo explica. Las obras sociales solían recibir las contribuciones de empleadores y empleados, pero demoraban de uno a tres meses en girarlas a las compañías de salud. Como el Gobierno cortó con la triangulación con el argumento de bajar costos de las prepagas, estas quedaron con aportes pendientes de recibir de las entidades gremiales.

Es decir, las compañías de medicina privada recibieron los aportes de abril de parte del Estado, pero tienen pendientes de percibir los que retienen las obras sociales de los meses anteriores. Se trata de un retraso que se iría normalizando entre mayo y julio, dependiendo de la solvencia de la organización sindical.

Grandes prepagas asumieron el bache financiero de los aportes y no les aplicaron un aumento extra a la cuota a los afiliados, más allá del alza mensual que en general camina un poco arriba o abajo del IPC por presión del Gobierno. En cambio, otras firmas de medicina privada como CEMIC no tienen tanta espalda en sus números y debieron aplicar el incremento adicional.

“Puede que haya alguna demora en algunos pasajes (de aportes de obras sociales a prepagas), pero es algo que se está corrigiendo”, admitieron en la Superintendencia de Salud. Eso sí, ninguna firma privada anunció rebaja de cuotas ahora que ya las obras sociales no se quedan con una parte por la intermediación.

Las prepagas anhelaban la desregulación que decretó Milei, pero a los pocos meses se enfrentaron con el ministro de Economía, Luis Caputo, que al estilo Guillermo Moreno -exsecretario de Comercio del kirchnerismo- las presionó para rebajar las cuotas que se dispararon apenas se liberalizaron. El modo de “apretarlas” fue una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuesta “cartelización”. Ahora los precios son libres en teoría, pero sólo puede anunciarlos tras la publicación de cada mes del IPC, como referencia. En el sector alegan que las cuotas deberían aumentar más para equilibrar sus costos, pero tampoco han planteado mayores quejas: ganan más que en el gobierno anterior, cuando incluso algunas perdían.

Después del salto de la inflación del 3,7% en marzo, el Gobierno volvió a presionar de manera informal para que los aumentos de las empresas de salud privada no fueran tan altos. Algunas grandes remarcaron alrededor del 2,5%. El argumento del Ejecutivo era que la inflación iba a empezar a bajar otra vez en abril.

Antes, en la segunda mitad del año pasado, las prepagas aumentaban de acuerdo con el IPC del mes anterior, pero como dicho indicador luego bajaba, las podían subir por encima de la inflación. Ya no. Excepto, en aquellas sin espalda para absorber el retraso de las obras sociales.

AR/MC

Los aumentos de mayo: colectivos, subtes, alquileres, luz, gas, agua, peajes y prepagas

El comienzo de mayo, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Con los incrementos en distintos sectores, la variación de precios en los últimos meses se viene acelerando (el IPC de marzo fue de 3,7%) y se posterga la expectativa gubernamental de que el proceso inflacionario retome la senda de la desaceleración y quiebre el 2% mensual.

A favor de la intención del Ejecutivo, este mes tendrá la particularidad de reflejar una baja en el precio de los combustibles por la caída del valor internacional y la decisión de no actualizar los impuestos respectivos.

Agua

Los servicios de agua potable y cloacas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense brindados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) se encarecen un 1% desde mayo. 

El aumento, de igual proporción al de abril, se debe a la aplicación de la indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación, dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

La boleta promedio para los usuarios del zonal bajo pasará de $19.756 en abril a $19.954 en mayo; para los de zonal medio la factura saltará de $24.586 a $24.832, mientras que los de zonal alto pasarán de abonar $27.073 a $27.344 de media.

Luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas tendrán un nuevo aumento durante mayo en todo el país, que rondará entre el 2,5% y 3%. Además, se fijó para junio la entrada en vigencia del esquema de subas propuesto por las distribuidoras y transportistas en las audiencias públicas llevadas a cabo en febrero.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 95,24% para mayo.

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En abril el aumento de los alquileres fue de 116,85%, en marzo había sido de 149,3%, en febrero de 174% y en enero de 190,69%. Asimismo, en diciembre de 2024 el incremento fue de 208,67%, en noviembre de 227,3%, en octubre de 238% y en septiembre de 243,16%.

En el caso de los contratos semestrales, la suba en el quinto mes del año estará en torno al 56,7%, mientras que los acuerdos trimestrales el aumento alcanzará el 11,51%.

Colectivos 

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en mayo, en un 5,9% y 5,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje pasará a costar entre $450 y $617, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Subte

El pasaje de subte se va a encarecer un 5,7% desde este jueves 1 de mayo y pasará a costar $919, mientras que la tarifa del premetro se elevará hasta $321,65 para los usuarios con SUBE nominalizada. Aquellos que no tengan la tarjeta registrada pagarán $1.461,21 y $511,42, respectivamente.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 5,7% en mayo. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $2.637,43 en hora no pico y de $3.729,84 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.093,66 en hora no pico y $1.550,63 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $833,50 en hora no pico y de $1.052,67 en hora pico.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,4% y el 2,7%, dependiendo de la empresa, habiendo reducido el porcentaje de incremento inicial tras el pedido del Gobierno nacional. 

Los combustibles, lo único que baja

Los precios de los combustibles, por su parte, irán a contramano del resto de los aumentos y bajarán hasta 4% en promedio, por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent y la no aplicación del ajuste mensual en los impuestos. La merma en los valores de la nafta y el gasoil fue anunciada por YPF pero se espera que el resto de las compañías adopten una decisión similar.

Con información de agencias.

IG

En pleno furor por "El Eternauta", reactivan la búsqueda de nietos desaparecidos de Héctor Germán Oesterheld

En medio del fervor generado por la exitosa serie “El Eternauta” en Netflix, la Red Nacional Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) lanzó una campaña para reactivar la búsqueda de los nietos o nietas de Héctor Germán Oesterheld.

Las cuatro hijas de Oesterheld, el creador de la obra original que inspiró la producción de Netflix, y Elsa Sánchez fueron víctimas de secuestro durante la dictadura cívico-militar, y dos de ellas estaban embarazadas al momento de su desaparición. 

En este marco, Diana y Marina Oesterheld permanecen desaparecidas, al igual que sus bebés. Con el objetivo de mantener viva esta búsqueda, la agrupación de derechos humanos ha aprovechado la popularidad de la serie para volver a poner el tema en la agenda pública.

A través de la red social X, H.I.J.O.S. difundió un mensaje dirigido a posibles nietos: “¿Estás mirando El Eternauta? Si es así y naciste en noviembre de 1976 o entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y tenés dudas sobre tu identidad o la de alguien que nació en esas fechas, contactate con Abuelas Difusión”.

La organización añadió: “Seguimos buscando a los nietos/nietas de Héctor Germán Oesterheld y Elsa Sánchez, y tal vez estén viendo esta serie basada en la obra de HGO y Francisco Solano López”.

Finalmente, H.I.J.O.S. detalló: “Diana y Marina Oesterheld fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado. Estaban embarazadas. Esas eran las fechas de parto previstas. Las dos siguen desaparecidas, al igual que sus hijos e hijas. Ayudanos a encontrarlos”.

Con información de agencias.

IG