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El Presidente se convierte en candidato virtual de la contienda en la Ciudad y salió a carga contra Santoro. En Jujuy y Salta envió a figuras del círculo de Santiago Caputo. En Chaco se muestra Bullrich. Y en San Luis hay desconcierto por la división libertaria.
Javier Milei pone a prueba el alcance de su discurso libertario en las cinco elecciones legislativas que habrá en los próximos 15 días en distintos puntos del país. El domingo que viene se vota en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, y para el 18 de este mes están agendados los comicios de la Ciudad de Buenos Aires, que podrían ser un hito para el futuro político tanto de La Libertad Avanza como del PRO de Mauricio Macri.
Con la definición porteña a la vuelta de la esquina, el Presidente aceleró este lunes su incursión en el debate público para sostener al oficialista Manuel Adorni como primer candidato a la Legislatura. Ese juego explícito del mandatario revela una enorme diferencia con respecto a su estrategia para los distritos provinciales.
Del otro lado de la avenida General Paz, Milei delegó en diferentes espadas de su ecosistema la campaña libertaria. Por caso, en Salta y Jujuy el control lo lleva el asesor presidencial Santiago Caputo; en Chaco está como referencia la ministra Patricia Bullrich, y en San Luis el armado oficialista vive una situación de acefalía que podría ser sintomática de la manera en que teje el poder territorial la Casa Rosada.
Si los afiches del vocero Adorni buscan emparentar a Adorni con Milei, el propio Presidente es el candidato virtual de las elecciones porteñas. Mientras se prepara para encabezar el cierre de campaña días antes del 18, en las últimas horas aceleró el control del jostick de campaña, buscando atacar directamente al peronista Leandro Santoro, que ante la división del espectro de derecha entre LLA y el PRO de Macri asoma como potencial ganador de la contienda.
“LIBERTAD vs. SANTONGO”, tuiteó este lunes Milei para cuestionar el spot del actual diputado de Unión por la Patria en el que se muestra desarmando una motosierra, símbolo del ajuste libertario. “La motosierra es un símbolo de la era dorada que comienza en Argentina de la mano de las ideas de la libertad”, retrucó el mandatario, y apuntaló su discurso anticasta: “Santongo odia la motosierra porque le recorta los privilegios a la casta política inmunda de CUIL virgen que él y tantos otros integran, cuyo más que evidente resultado ha sido una Argentina empobrecida”.
En ningún momento del posteo Milei mencionó a Adorni. De alguna manera, el domingo 18 el jefe de Estado plesbicitará su imagen en el distrito que lo hizo diputado. Ese riesgo lo explició Macri, que pese a que sus alfiles están tejiendo un acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires, teme también por el retroceso de su fuerza amarill. Macri lanzó anoche en TN que la división del voto entre PRO y LLA puede “debilitar muchísimo al Gobierno”. “Si el mundo y el mercado ven que llegan segundos o terceros en los dos lugares (por Capital y Provincia) es una catástrofe”, afirmó Macri.
Si CABA es un ejemplo de la tensión entre LLA y PRO, Chaco es el único distrito donde el oficialismo nacional acordó con lo que en su momento fue Juntos por el Cambio. Por eso este lunes la ministra Bullrich planeaba visitar al gobernador radical, Leandro Zdero. El domingo se renueva la mitad de la Legislatura: se eligen 16 diputados.
La excusa formal era participar de un evento sobre narcotráfico, pero la postal buscaba cerrar filas de cara a la contienda del domingo para evitar el regreso de Jorge Capitanich como figura peronista. El sello del Presidente lo tiene Alfredo “Capi” Rodríguez, que acordó la fórmula con la UCR de Zdero para buscar ganar las legislativas provinciales.
Este lunes “Capi” Rodríguez quedó en el centro de la polémica porque el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, abrió un expediente por presuntas maniobras de financiamiento irregular en las oficinas chaqueñas del PAMI y la Anses.
En el NOA Milei delegó en Santiago Caputo el armado libertario, en una nueva señal de la interna que atraviesa el asesor con su hermana Karina, que es la titular del partido a nivel nacional y tiene como referente territorial a Lule Menem.
El asesor envió a su principal “brazo armado digital” para cerrar la campaña en Salta y Jujuy. El Gordo Dan (Daniel Parisini) mostró el fin de semana del feriado en los dos distritos la bandera de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” para marcar la cancha interna y apuntalar a los candidatos libertarios locales. Lo acompañó Agustín Romo, diputado bonaerense.
En Salta los libertarios cerraron un frente de ultraderecha con el espacio de Alfredo Olmedo (el Frente Liberal Salteño) y evitaron acordar con el gobernador Gustavo Sáenz, pese a que es uno de los mandatarios más alineados con la Casa Rosada. Se eligen 12 senadores y 30 diputados.
En Jujuy, donde renuevan 24 diputados y gobierna el radical Carlos Sadir, LLA tiene estructura propia encabezada por el senador nacional y jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche.
San Luis es una incógnita para el oficialismo porque allí la fuerza libertaria llega muy accidentado y dividido. El referente del Gobierno es el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pero no logró que la Justicia electoral provincial le permita usar el sello LLA.
Así, su candidato Carlos D’Alessandro irá a los comicios con la imagen de un león en la lista “Tercera Posición”. Las siglas de LLA quedaron para el empresario Rodolfo Negri, que competirá por su cuenta. Este domingo se renuevan 4 senadores locales y 23 diputados.
MC
El 18 de mayo se eligen 30 legisladores en CABA. Tienen asesores sin tope legal —en promedio, 5,4 por despacho— y sus sueldos están atados por ley a la máxima categoría del personal legislativo.
El 18 de mayo se desarrollarán las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Se renovarán 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña. El sistema de votación será la Boleta Única Electrónica.
La Legislatura porteña es el órgano que ejerce el poder legislativo local y sus miembros son elegidos mediante un sistema de representación proporcional por un mandato de 4 años.
¿Cuánto cobran los legisladores? ¿Qué cantidad de asesores tienen a su disposición y cuál es su rol? Te lo contamos en esta nota.
El salario de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires “se fija en un 20% adicional de la remuneración bruta de un agente de la máxima categoría de la planta permanente con título universitario, 25 años de antigüedad, dedicación funcional, la máxima asignación por permanencia en el cargo, con conducción, más los ítems no remunerativos y remunerativos que se acordaran”. Así lo establece la Ley Nº 2 porteña.
Esto implica que lo que cobra un legislador está atado al sueldo de los trabajadores de la Legislatura porteña, y debe ser un 20% superior a quienes más cobran.
Ante la consulta de Chequeado, desde el área de Comunicación de la Legislatura indicaron: “Cabe aclarar que todos los diputados cobran el mismo sueldo, no hay diferencia entre ellos, ni hay ningún plus salarial por ocupar una presidencia de una comisión, ni por desempeños de roles institucionales como por ejemplo vicepresidentes primeros, segundos o terceros”.
Este mecanismo, según explicaron, tiene como objetivo “vincular directamente la evolución de los salarios legislativos con la de los trabajadores de la casa parlamentaria, evitando así la fijación arbitraria de los haberes de los representantes”.
El salario neto de los legisladores de la Ciudad es de $ 5,6 millones, “porque no se retiene ganancias debido a una disposición judicial, sino sería de $ 4,2 aproximadamente”, explicaron.
En agosto de 2024, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó a la Legislatura porteña y a todos los organismos del sector público de la Ciudad que se abstengan de efectuar retenciones a los trabajadores en concepto del impuesto a las Ganancias.
“Esta situación, de carácter transitorio y sujeta a la evolución del proceso judicial mencionado, se enmarca en un debate más amplio sobre la aplicación del impuesto a las Ganancias en el ámbito del empleo público, y está siendo monitoreada por los distintos actores institucionales involucrados. Dicha retención equivale, en el caso del sueldo de los legisladores, a un 25% promedio (aproximadamente $ 1,4 millones)”, indicaron.
La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece que los legisladores pueden contar con asesores para colaborar en sus funciones. El Decreto N° 87/2004 de la Legislatura asigna a los legisladores la posibilidad de designar personal de gabinete que “cesará automáticamente en sus funciones al finalizar el mandato o la función del legislador que lo designó”.
Si bien no fija un número máximo de asesores ni detalla funciones específicas, en la práctica el personal de gabinete cumple tareas de “asistencia técnica, jurídica, administrativa y de comunicación” para apoyar el trabajo legislativo, según explicaron a este medio desde la Legislatura porteña.
El órgano publica un listado de colaboradores por despacho en función de la información cargada por cada legislador. Según la última información disponible, a septiembre de 2024 los legisladores cuentan en promedio con 5,4 asesores. Sin embargo, hay legisladores que cuentan con un número de asesores que duplica el promedio.
Según un relevamiento realizado por Chequeado en base a datos oficiales, el legislador con más asesores asignados es Gustavo Mola, de UCR-Evolución, con 11 personas en su equipo.
Le siguen, con 9 asesores cada uno, Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), Silvia Imas (La Libertad Avanza) y Patricia Glize (Vamos por Más). Un escalón más abajo, con 8 asesores, se ubican Delfina Velázquez (Unión por la Patria), Ignacio Parera (Vamos por Más), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Victoria Montenegro (Unión por la Patria).
Existen otros legisladores que cuentan con una dotación de asesores por debajo del promedio general. Entre los que tienen menos personal asignado se encuentra Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), con 2 asesores. Le siguen legisladores con 3 asesores, como Jessica Barreto (La Libertad Avanza), Juan Facundo Del Gaiso (Vamos por Más) y Berenice Iañez (Unión por la Patria), entre otros.
Este artículo fue publicado originalmente en el sitio Chequeado.
El ministro de Economía anticipó nuevas medidas para desreguar la utilización de la moneda norteamericana. En futuras operaciones el Banco Central y ARCA no preguntarían sobre el origen de los fondos. Dijo que la inflación de abril será menor a la de marzo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno trabaja en una serie de desregulaciones para “facilitar” el uso de dólares para todo tipo de gastos domésticos sin que se deban darse explicaciones sobre el origen de los fondos. “Para lo que sea”, se jactó el funcionario sobre la medida que aún tiene su letra chica en estudio.
“Lo que vamos a hacer es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que necesario que la economía se remonetice y “lo más lógico es que se realice en dólares”. Dio una nueva señal fuerte hacia la dolarización que pregonó Javier Milei en su campaña electoral.
“No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, explicó Caputo en un canal de streaming. “Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, agregó.
El ministro anticipó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA en los próximos días y semanas. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, indicó Caputo.
El ministro apuntó: “La idea es no dar explicaciones sobre lo que se gaste. Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”. Hay estimaciones que calculan unos U$S200.000 millones guardados “bajo el colchón” de los argentinos.
Consultado sobre la posibilidad de que la baja de las retenciones al agro quede firme, Caputo insistió en que “si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, pero evitó dar certeza. Hasta ahora el Presidente anticipó a los exportadores que en junio volverán a subir las retencioines.
Caputo explicó que la baja temporal otorgada fue porque se temía una sequía, que finalmente no ocurrió y hubo una baja de precios que luego se recuperó. Desde esa posición señaló que en consecuencia, el problema de Argentina “no son los dólares” sino “la recaudación y, en consecuencia, ”no hay margen para errar“ en la secuencia de la baja impositiva”.
En su aparición de esta mañana el ministro confirmó además que el Gobierno trabaja en una reforma tributaria que llevará a la competencia entre las provincias por la alícuota de IVA a cobrar. “Vamos a dividir el IVA entre nación y provincia. Cobraríamos 9% sobre el 21% que es el IVA y las provincias pondrán el suyo”, afirmó el funcionario.
No obstante, advirtió que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional cuando lo decidan “los tiempos políticos”, porque toda reforma impositiva debe ser a través de una ley. Actualmente el oficialismo solo cuenta con el apoyo ciego del PRO y de algunos radicales díscolos para avanzar en cualquier iniciativa.
Caputo también se animó a adelantar que la inflación de abril se ubicó por debajo de la de marzo y la situó en torno al 3%. La del mes pasado fue de 3,7%. El registro que dará a conocer el Indec no contemplaría un impacto directop de la devaluación de cerca del 10% del dólar luego de que se haya abierto parcialmente el cepo.
“Por lo que vemos, el proceso de desinflación continúa. A nosotros nos da más bajo que marzo”, dijo Caputo. Para responder las críticas, planteó: “No nos focalizamos en el corto plazo. La inflación va a colapsar; es un proceso que va a pasar inexorablemente. Está en nosotros explicar y que se entienda que estamos en otra Argentina”.
Y sobre los cuestionamientos por el valor del dólar, el ministro afirmó que “Argentina está más cara en dólares con relación a la Argentina que nos dejaron”. “Un país caro en dólares es un país al que le va muy mal. Buscamos que un asalariado cobre un buen salario en dólares. Si me comparás los precios con lo que era hace un año, estamos caros”, añadió.
No obstante, reconoció que hay sectores como la indumentaria y el calzado que aún mantienen altos precios porque “la gente los convalida y aún la competencia no llegó a entrar porque es un proceso que tarda”.
Con información de agencia NA
MC
Las entidades avanzan en la competencia por administrar el pago de más de medio millón de cuentas de empleados públicos nacionales tras el fin del monopolio del Banco Nación. Representa alrededor de U$S9.000 millones anuales. En la práctica, los empleados seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar.
Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN).
La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024.
La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación.
Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.
El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción.
Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.
Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones.
Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.
Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.
Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.
En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.
El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales.
Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.
En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.
Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech.
Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras.
Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes.
“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco.
Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.
NR/DTC
En las fábricas y los sindicatos identifican cada vez más casos de empleados echados que se retiran ilusionados con que su indemnización pondrán su negocio propio, aunque terminen de choferes de aplicación. Entre la moda emprendedora en tiempos de Milei y los salarios con poder de compra deteriorado.
Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.
El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?
Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.
Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.
En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.
Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.
En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.
Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.
“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.
En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.
El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.
Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.
“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.
AR/MC