La Buena Suerte
Código Postal 5300
Noticias de La Rioja
Kicillof, Frigerio y Pullaro protagonizan una cumbre de gobernadores atravesada por los reclamos al Gobierno
Un grupo de mandatarios provinciales se encuentran en el marco del CFI. Los fondos de la coparticipación y la avanzada para reformar el IVA, los puntos que más generan tensión con Milei.
“Están borrados porque no quieren que la cosa vaya por el lado de los reclamos al Gobierno o lo que anunció Caputo sobre el IVA en las provincias”. Un vocero de un mandatario provincial justificó así la hermética cumbre de gobernadores de este martes en Entre Ríos, donde el anfitrión Rogelio Frigerio (del PRO) recibió a pares suyos de distintos colores políticos: desde el peronista Axel Kicillof al radical Maximiliano Pullaro.
El cónclave en lo formal es una nueva reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que en otros tiempos supo ser espacio de rosca de caciques peronistas para batallar contra la Nación. Ahora es Javier Milei el que logra reunir a gobernadores de todo el abanico político, porque los une el reclamo por más fondos: principalmente la coparticipación, que la Casa Rosada retacea en su política de ajuste y motosierra. Ayer se sumó la novedad del ministro Luis Caputo, que confirmó que habrá una reforma del IVA para presionar a las provincias a que bajen impuestos.
Además de Frigerio, Kicillof y Pullaro, participan otros gobernadores como Ignacio Torres (Chubut, del PRO) y los peronista Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Enlace en el CFI es su titular, Ignacio Lamothe. En lo formal, el lema es “Una hoja de ruta hacia un futuro federal” y se desarrollaba este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
Sin miembros del Gobierno en la cumbre, Caputo les dejó a los gobernadores una polémica servida en bandeja: “Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincia. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA”, explicó el ministro de Economía ayer en un streaming. Eso anticipa una pelea, porque ahora las jurisdicciones competirán entre sí para hacerse más atractivas. De trasfondo hay una torta a repartir, porque lo recaudado por el IVA se coparticipa entre Nación (46%) y las provincias y CABA (54%).
En todo caso Caputo lanzó un globo de ensayo, porque cualquier reforma impositiva deberá pasar por el Congreso. Y con un oficialismo pobre en cantidad de bancas, depende exclusivamente del apoyo de los legisladores “con tierra” (aquellos que se referencias en gobernadores) para aprobarla. Justamente Frigerio suele ser un mandatario que aportó algunos porotos en momentos clave. Otro es el cordobés Martín Llaryora, que no estaba anotado en la cumbre de hoy.
La coparticipación siempre es la discusión principal entre la Nación y las provincias. Ayer se supo, en base a información oficial, que el Gobierno repartió en los primeros cuatro meses del año, en Aportes del Tesoro, unos $10.000 millones más que en todo el 2024: pasó de $49.800 millones a $59.500 millones. Pero no fue a todas por igual: solo recibieron doce.
En base a la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, las provincias recibieron por coparticipación $4,6 billones en enero, pero ese ingreso se cayó en febrero y marzo: $4,3 billones y $3,9 billones, respectivamente, detalló Infobae. En abril la cifra volvió a subir a $4,2 billones.
La semana pasada los mandatarios ya hicieron escuchar su voz. En la III Reunión de Gobernadores del Litoral, Pullaro pidió que “los recursos que se van del interior al AMBA o a Capital Federal, vuelvan y generen un círculo virtuoso que” haga crecer al resto de las provincias. Los mandatarios de esas provincias analizaron otro tema crucial, como es la hidrovía Paraná-Paraguay.
La cumbre de los gobernadores de este martes está atravesada además por el mapa electoral, porque si bien son legislativas, la figura de Milei en las provincias (sigue en niveles altos) hace replantear a los mandatarios locales cómo posicionarse ante la Nación. Por caso, este domingo hay elecciones en cuatro distritos: Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. Y la semana que viene se define la Ciudad de Buenos Aires.
MC
El PAMI de Milei sospechado de corrupción: purga interna, copamiento libertario y ajuste sobre los jubilados
Antes de que estallaran las denuncias cruzadas por supuesta corrupción, el organismo fue reestructurado bajo el mando político de Santiago Caputo: despidos masivos, recortes en medicamentos y designación de funcionarios sin trayectoria técnica, pero con afinidad ideológica.
Diputada libertaria denuncia corrupción en PAMI y apunta contra Sebastián Pareja
En el edificio de Corrientes 655 ya no queda rastro del equilibrio precario que había sostenido Juntos por el Cambio. Ni técnicos con terminales en la UCR, ni armados híbridos con el peronismo moderado. En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei: una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica. Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo, pero con el pulso político del asesor todoterreno Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda. Sin grandes anuncios ni fotos, pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa a la Casa Rosada.
La transformación institucional fue profunda antes de que en los últimos días estallara un escándalo por denuncias de corrupciónm en el organismo, lo que avivó la grieta libertaria entre los bandos de Caputo y el armador bonaerense Sebatián Pareja. En los últimos meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias. Se desplazó a figuras como Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— y otros cuadros vinculados a Graciela Ocaña o Carlos Rojo. Algunos conservaron cargos intermedios, incluso sin reducción salarial, pero con menor peso político. La nueva arquitectura comenzó a responder a una Unidad Técnica Operativa subordinada al número 2 de Leguizamo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).
Entre las designaciones más llamativas estuvo la de María Antonella Racunti, libertaria de La Plata y militante activa de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que tras la reestructuración asumió como la única gerenta del PAMI, al frente del Área de Participación e Inclusión Social. La Plata es justamente el distrito donde estaba Viviana Aguirre, diputada libertaria suplente, quien denunció que fue echada del PAMI por denunciar hechos de corrupción.
En redes sociales, Racunti se muestra alineada con el sector más duro del oficialismo. Comparte asiduamente publicaciones de Lucas “Sagaz” Luna —referente libertario de Tres de Febrero, con llegada a la mesa chica de Caputo— y de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación con voceros como El Gordo Dan.
La militancia digital forma parte de su estilo, aunque no sin controversias. En octubre pasado, Racunti compartió —y luego borró— un mensaje en tono de burla sobre la última dictadura militar. “La última vez que se hicieron los picantes terminaron buscando hijos y nietos por 40 años. Sigan así”, decía el posteo original de la cuenta @oficinagtar, replicado por ella con una risa. El mensaje generó rechazo incluso dentro del propio PAMI, pero no tuvo consecuencias formales. En los pasillos de Corrientes 655, el episodio se interpretó como otro reflejo de la libertad de acción que manejan algunos cuadros del armado libertario.
Es que Racunti responde al ala platense que se referencia directamente en Caputo. El 1° de marzo fue vista en los balcones del Congreso junto a otros miembros de ese núcleo, como Isidro Bonicatto, referente universitario de ULLA, o Yamil Salerno, flamante jefe del área de Derecho y Ciudadanía. Psicólogo de formación, con apenas dos cursos relacionados al derecho —uno sobre niñez—, su designación fue otro caso en el que la cercanía política se impuso a la formación técnica. Racunti y Salerno hoy trabajan codo a codo, pero sin contacto alguno con los empleados. “Racunti se encierra en su oficina y Salerno, que por su cargo debería estar con el resto de los trabajadores, se queda con ella”, deslizó una fuente a elDiarioAR.
Otra figura visible del nuevo esquema es Lucas Catalín Malin, actual jefe de Gabinete del PAMI. Su nombre no figuraba en las estructuras anteriores, pero hoy es uno de los hombres fuertes del organismo previsional, al que aterrizó con una hoja de ruta clara: consolidar la línea Caputo y reordenar el tablero interno. Antes de ocupar su nuevo cargo, se desempeñó al frente de la Gerencia de Comunicación Institucional. Oriundo de San Nicolás, Malin tiene una trayectoria como consultor en comunicación política y ocupó roles técnicos en la ciudad de Buenos Aires, como coordinador del Observatorio del Ente de Turismo porteño.
Motosierra sin fin
En enero, el ajuste interno se volvió explícito en el PAMI: 230 despidos sin previo aviso, concentrados esta vez en el nivel central. A diferencia de 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país, ahora la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud. La intervención la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. “Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara”, dicen desde adentro. En ese esquema aparece también el nombre del ministro, Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y operador de peso, aunque sin funciones visibles en la gestión diaria.
En paralelo a esa dinámica, con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales: desde esta gestión, los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del Instituto, esto implicó una caída en su poder adquisitivo, antes diferenciado del resto del Estado.
Pero el recorte no se limita al personal. En diciembre, el PAMI eliminó la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. La medida se sumó al ajuste del vademécum realizado en agosto, que dejó afuera antibióticos, corticoides, antipsicóticos y tratamientos esenciales. Hoy, el listado completo de medicamentos cubiertos no es público. Además, quienes cobren más de un haber mínimo, posean un auto de menos de diez años o dos propiedades, perdieron el acceso al subsidio del 100%. Según cálculos internos realizados en ese entonces, eso representa un recorte promedio de 74.500 pesos mensuales por persona.
A eso se suma otra mala noticia: que el vencimiento de los convenios con la industria farmacéutica, que se renuevan cada año. Sin definiciones claras sobre su continuidad, tampoco había sobre el futuro del programa Pro-Bienestar, de entrega de alimentos, reconvertido en una transferencia monetaria impersonal, sin vínculo con los centros de jubilados, muchos de los cuales ya dejaron de recibir asistencia.
Esa motosierra vino acompañada de una reforma previsional de facto. Es que la fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación, lo que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso. Además, el bono de 70.000 pesos para jubilados con la mínima quedó congelado desde marzo de 2024 y no hay previsión de aumento. Si se hubiese actualizado con el mismo criterio que los haberes, hoy debería rondar los 135.000.
El final de la moratoria previsional, que venció en abril, añadió otro ítem crítico. 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria sin 30 años de aportes ahora solo pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga el 80% del haber mínimo, no es heredable y eleva la edad jubilatoria efectiva de las mujeres de 60 a 65 años. En el primer semestre de 2023, siempre según datos oficiales, el 1,6% de los mayores de 65 años eran indigentes. Un año después, esa cifra trepó al 4%. La pobreza en ese grupo etario pasó del 13,2% al 29,7%.
En la calle, ese deterioro encontró una forma de respuesta. Desde el año pasado, todos los miércoles se concentran jubilados autoconvocados frente al Congreso. Protestan por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de cobertura médica y la quita del bono. El 12 de marzo pasado tuvo lugar la jornada más álgida: carteles, cacerolas y bastones terminaron envueltos en los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
Mientras tanto, la reestructuración del PAMI avanzó hasta que generó demasiado ruido público. Cambiaron los nombres, se reordenaron las áreas, se recortaron prestaciones y se achicó la planta. Ahora se sumaron las sospechas de corrpución. Los jubilados, mientras tanto, sienten el impacto en sus bolsillos y en la atención. Y muchos trabajadores caminan los pasillos sin saber cuánto tiempo más van a conservar su lugar. La transformación no es solo administrativa: también es política. Y no parece tener marcha atrás.
PL/JJD/MC
Diputados busca avanzar con el debate sobre la moratoria previsional y el bono jubilatorio
Además de discutirse nuevas moratorias y mecanismos alternativos de inclusión previsional, se debatirán iniciativas que giran en torno al aumento del bono complementario que cobran los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas $70.000.
La Cámara de Diputados debatirá este martes en un plenario de comisiones los proyectos de ley para reinstaurar las moratorias y otras iniciativas que apuntan a incluir en el sistema previsional a las personas en edad jubilatoria que no cuentan con la cantidad mínima de aportes exigida.
El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, se reunirá a las 13 en cumplimiento del emplazamiento que había resuelto el pleno, con impulso opositor, en la sesión del 8 de abril pasado.
La titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), refrescó la hoja de ruta: una última reunión informativa conjunta este martes y después se abrirá una última semana de conversaciones políticas para pasar a la firma de los dictámenes el 13 de mayo.
Además de discutirse nuevas moratorias y mecanismos alternativos de inclusión previsional, se debatirán iniciativas que giran en torno al aumento del bono complementario que cobran los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas $70.000.
Con la moratoria, personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.
Pero, con el vencimiento de la moratoria previsional el pasado 23 de marzo a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá jubilarse.
En adelante, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.
Para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes, la PUAM representa un alargue de cinco años en la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solamente si acreditan una situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.
El proyecto de Moreau
También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.
Asimismo figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.
Esta iniciativa podría concitar el apoyo de la UCR y del PRO, que no están de acuerdo con las moratorias por considerarlas un “parche” que contribuye a agudizar el colapso de un sistema previsional que no es autosuficiente.
Estos bloques, junto a La Libertad Avanza (LLA), sostienen que no resulta justo subsidiar a las personas que no aportaron toda su vida, ya que para esos sectores las moratorias van en detrimento de aquellos que sí trabajaron los 30 años mínimos requeridos.
Una vez que se firmen los dictámenes, la oposición deberá negociar una fecha para introducir el tema previsional en el recinto: se especula con una sesión el 21 de mayo que podría incluir estos expedientes en el orden del día.
La agenda del debate, los expositores y todos los proyectos
Reunión Conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda
Con información de agencias.
IG
El Gobierno duda sobre acompañar la sanción de Ficha Limpia y aparece sin salida ante la definición
Después de postergar dos veces el debate, LLA se encuentra sin margen de maniobra. Los aliados del PRO y la UCR irán a la sesión, estén o no los votos. El peligro de perder una prenda de negociación con el kirchnerismo. El rol de la elección porteña.
El Gobierno se encuentra prisionero de su propia estrategia. El miércoles próximo, el Senado sesionará para intentar sancionar la Ficha Limpia, una ley que, de aprobarse, impedirá una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el tiempo se agota para el oficialismo: ya intentó boicotear el proyecto impulsado en Diputados por la macrista Silvia Lospennato media docena de veces y observa que, después de medio año, las excusas comienzan a acabarse. Los aliados le soltaron la mano y están decididos a ir al recinto a como dé lugar, aunque signifique perder. Y la bancada de La Libertad Avanza, entrampada, tendrá que definir si desea ser cara de esa derrota.
Al parecer Javier Milei no tiene interés en sancionar la Ficha Limpia, un proyecto que es impulsado por el PRO desde 2016 y que los libertarios se reapropiaron para evitar el castigo de la opinión pública. No es un secreto y el propio jefe de la bancada en el Senado, Ezequiel Atauche, lo admitió en una reunión de labor parlamentaria con otros senadores hace una semana. “No queremos tratarla”, reconoció el senador, según recogió elDiarioAR de varios testigos, en un descuido que dejó a todos los senadores mudos.
Desde que la ley llegó al Senado, a mitad de febrero, Atauche logró postergar con éxito todas las sesiones que iban a tratar la iniciativa. La primera vez fue a principios de abril, luego del rechazo del Senado a los pliegos de la Corte Suprema. El oficialismo, entonces, había convocado la sesión como venganza contra el peronismo por voltearle los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Hasta entonces, la Ficha Limpia, que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas en segunda instancia por un delito de corrupción, había servido como prenda de negociación con el kirchnerismo. El Gobierno, incluso, lo había utilizado como moneda de cambio para aprobar los pliegos y, cuando el peronismo se los rechazó, quiso tomarse la revancha sancionando una ley que sacase de la cancha electoral nacional a CFK para siempre.
Pero al final, sin embargo, se echó atrás. Culpó al paro de la CGT, que había derivado en la suspensión de vuelos, y postergó la sesión con el argumento de que no estaban los votos. Ese mismo día, sin embargo, la Cámara de Diputados había aprobado la creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA. El Gobierno necesitaba munición para negociar con el peronismo, que estaba al frente de la avanzada opositora para investigar al Presidente y su hermana, Karina Milei. Necesitaba que la Ficha Limpia estuviera sobre la mesa, a modo de presión.
“A nosotros nos conviene que UxP esté entre las autoridades de la comisión. Más que los moderados, que quieren lugares en las listas. Con los peronistas podemos negociar con Ficha Limpia”, reconoce un dirigente karinista que, días después, encabezaría las negociaciones para empantanar la designación de la presidencia de la comisión y, así, paralizar la investigación.
La sesión se postergó, entonces, para dentro de unas semanas. Sin embargo, cuando llegó el día, el luto por la muerte del Papa Francisco había cambiado el escenario. Oficialismo y oposición decidieron deponer las armas y, en una señal de paz y concordia, se acordó volver a posponer el tratamiento de la Ficha Limpia. La decisión se tomó el mismo día que Atauche reconoció, frente al resto de los jefes de bloque de la oposición, que al Gobierno no le interesaba tratar el proyecto de Ficha Limpia.
La sesión, entonces, se cerró para el miércoles 7 de mayo. Dentro de unos días. “¿Quién tendrá que morir ahora para que no salga?”, ironiza un senador peronista, preocupado porque observa que, después de varias dilaciones, el tiempo comienza a agotarse.
En tiempo de descuento
El Gobierno está entrampado. “La presión mediática es muy grande”, explican desde los pasillos del Senado, en donde recuerdan que fue esa misma presión -mediática y de la opinión pública- la que terminó llevando a LLA a aprobar un proyecto propio de Ficha Limpia, luego de boicotear dos veces el de Lospennato.
El problema es que Lospennato ahora encabeza la lista de candidatos del PRO para la elección porteña. La abanderada de la Ficha Limpia está en campaña contra Manuel Adorni en la lucha por la supervivencia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y algunos dirigentes libertarios temen que ella pueda capitalizar la sanción de la Ficha Limpia de cara a las elecciones del 18 de mayo.
La Ficha Limpia, de hecho, ya forma parte de la campaña del PRO en CABA. Las paredes de las calles porteñas están empapeladas con el rostro de Lospennato y la consigna de “Ficha Limpia”. Y la misma diputada del PRO aprovecha cada entrevista televisiva para advertir que, quienes no estén sentados en sus bancas el día de la sesión “estarán a favor de la impunidad de Cristina”.
El peronismo aprovecha este contexto para provocar al oficialismo y convencerlo de que no avance con el tema. “¿Son boludos? ¿Le van a dar Ficha Limpia a Macri a una semana de la elección?”, pincha un dirigente peronista que dialoga con LLA.
Del otro lado, sin embargo, están los senadores del PRO y la UCR, así como las fuerzas provinciales y el cruzado exlibertario Francisco Paoltroni. Todos presionan para sancionar la ley. Los habituales aliados de LLA definieron, en la última reunión de labor parlamentaria, que estarían en la sesión del próximo miércoles 7. Quiera o no el oficialismo.
“Hay que forzar la votación. Y que cada uno pague el costo”, señala un habitual aliado del Gobierno que, sin embargo, se encuentra furioso con Atauche. No es el único. El radicalismo también está decidido a sentarse el miércoles en la sesión y votar la ley a como dé lugar. Ya aceptó, incluso, postergar la modificación que le querían realizar al proyecto de Ficha Limpia, que pretendía incluir nuevos delitos a la prohibición para candidatearse, como abuso sexual.
En el Senado hay número para sancionar la Ficha Limpia, ya que acompañan todos los bloques excepto el peronismo. Dado que UxP tiene 34 senadores, el resto de los bloques juntan, si no hay ausencias, 38 votos: uno más del mínimo que necesitan para aprobar una reforma electoral (que requiere una mayoría especial). El problema, sin embargo, es que cualquier ausencia sorpresiva podría torcer el escenario y derivar en un rechazo de la ley.
Atauche, incluso, suspendió una vez la sesión con ese mismo argumento: la falta de número y el peligro de que la sesión se cayera. Esta vez, sin embargo, el radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales están dispuestas a asumir el riesgo. El objetivo es ir al recinto y votar. “El tema ya no da para más”, masculló, irritado, un senador radical.
MC/MC
Cómo es el plan Caputo para mover los dólares de los colchones a la calle
El ministro de Economía busca liberar restricciones para que los billetes verdes que están fuera del sistema se vuelquen al consumo. El gobierno de La Libertad Avanza pretende validar prácticas sin registrar y promover una economía bimonetaria sin declarar la dolarización en términos formales.
Según el diccionario argentino de modismos, el canuto es “algo muy único que se tiene escondido para el momento adecuado, muchas veces para no compartirlo y disfrutarlo solo”. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió salir a buscarlos: “Queremos que la gente esté más proclive a sacar y gastar los dólares que tiene en el colchón y en cajas de seguridad. Hoy no lo hacen porque les rompen los cocos”, dijo este lunes durante una entrevista en La Casa streaming.
Detrás de esa frase, se esconde mucho más que una humorada. Caputo anticipó que el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) trabajan en un paquete de medidas para eliminar controles que permitan a la gente mover esos dólares sin dar explicaciones. En términos más técnicos, alcanzar lo que en el Palacio de Hacienda definen como “dolarización endógena”, un proceso en el cual, sin una decisión formal de reemplazar la moneda nacional, el uso del dólar se generaliza en distintas transacciones de la economía —ahorro, precios, contratos y pagos—.
Y no es un asunto menor: en la Argentina, hay U$S271.247 millones que los ahorristas mantienen fuera del sistema formal de acuerdo con el informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” del último trimestre de 2024.
En carpeta
Dentro de las alternativas que el Gobierno tiene a mano para tentar a los dueños de esos dólares que duermen en cajas fuertes, colchones y cuentas en el exterior, tiene que ver con flexibilizar el uso de los fondos blanqueados en la etapa 1 del último sinceramiento fiscal. Sin necesidad de pasar por el Congreso, el Ejecutivo podría permitir que esos dólares en efectivo se utilicen antes del 31 de diciembre —hoy se pueden retirar pagando el 5% de penalidad— y para un uso más amplio: desde la compra de inmuebles usados y autos, hasta electrodomésticos o cualquier bien de consumo personal.
Una de las peleas que vienen dando las fintech en Economía es la creación de CVU en dólares para billeteras virtuales. Eso les permitiría ofrecer cuentas remuneradas, y a los clientes poder pagar directamente en esa divisa en los comercios. Sin embargo, esta medida tiene un antecedente poco feliz. El Gobierno habilitó a principios de año la posibilidad de pagar con tarjeta de débito o con QR en dólares en cualquier local, e incluso dispuso que los comercios puedan exhibir los precios en dólares. Pero la medida no funcionó, y desde el sector bancario aseguran que es muy poca la demanda de este servicio.
Otra de las opciones para incentivar el uso de dólares es habilitar y dar beneficios para el pago anticipado de impuestos en esa moneda, e incluso ofrecer planes de regularización de deudas tributarias más blandos si se cancelan en dólares.
Estas medidas podrían encender alarmas en organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a 200 países de acuerdo a estándares internacionales en materia de transparencia financiera.
Perú, Uruguay y la “convivencia de monedas”
En la narrativa oficial, Caputo suele señalar a Perú como modelo de éxito de este modelo. En América Latina hay varios casos donde las autoridades decidieron implementar esquemas de tolerancia al uso de dólares para determinadas operaciones, formalizando prácticas que ya ocurrían en la informalidad. Así lo detallan Jorge Carrera, Micaela Fernández Erlauer, Emiliano Libman y Tomás Canosa en un documento sobre el tema del think tank Fundar, que describe las experiencias de Perú y Uruguay como ejemplos de convivencia exitosa de monedas.
El informe explica que en los años 80 y 90, en contextos de altísima inflación o hiperinflación, muchos países de la región permitieron el uso de dólares para algunas transacciones, principalmente financieras, mientras defendían la moneda nacional. Perú logró estabilizar su economía sin dolarizar formalmente como hizo Ecuador en el año 2000.
En cambio, optó por permitir cierto uso del dólar, pero siempre con incentivos claros para que la moneda nacional siguiera ocupando un lugar central. Mantuvo encajes diferenciados, obligó a listar precios en moneda local y limitó el pago de impuestos exclusivamente en soles. Uruguay siguió una lógica similar. En ambos casos, la competencia de monedas se utilizó para fortalecer el peso o el sol, no para desplazarlo.
Lo que intenta Caputo se mueve en otra dirección. Así lo advierte el director de economía de Fundar Guido Zack: “Acá el Gobierno está yendo más allá de lo deseable en este esquema, incentivando el uso de dólares en cualquier tipo de operación, incluso aquellas que no suelen dolarizarse —como el pago en verdulerías o comercios minoristas—.
Impactos
Zack plantea los riesgos de este esquema: “Esto implica que entren dólares a la economía, pero sin haber pagado impuestos, provenientes de actividades que pueden ir desde un freelance informal hasta narcotráfico”. Además, alerta que en un contexto donde se debería remonetizar en pesos, dolarizar informalmente reduce la eficacia de la política monetaria. “Si la mitad de las transacciones se hacen en dólares, el Banco Central solo puede manejar la tasa en pesos, y pierde poder de intervención”, remarca.
El plan Caputo no apunta a dolarizar la economía por ley sino más bien por costumbre. Si el experimento prospera, los dólares del colchón podrían salir a pasear por la calle sin pasar nunca por el banco: una bimonetariedad de hecho, sin ley que la respalde y sin pesos que la disputen.
NR/JJD