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"Salimos a disputar la verdad": el Mapa de la Policía y cómo se reconstruye la represión que Bullrich quiere tapar

El 12 de marzo, Jonathan Navarro fue a la marcha de los jubilados después de ver a su padre angustiado por no poder pagar un medicamento de $70.000. Junto con un amigo viajó desde San Martín al Congreso en tren y subte para protestar contra el ajuste de Javier Milei. Fanático de Chacarita, se sumó así a los hinchas de su club y de otros equipos para acompañar a los jubilados. Nadie esperaba la feroz represión que desataron las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich: mientras un proyectil de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, casi al mismo tiempo en otro sector de la plaza Jonathan recibió un balazo de goma por parte de un miembro de la Prefectura. Con 33 años, perdió la visión completa del ojo izquierdo. Fue operado dos veces y espera una intervención más. Esta semana –cuatro meses después del ataque– un trabajo independiente logró identificar al prefecto que le disparó.

Aún no se conoce el nombre del efectivo que le disparó a Jonathan directamente en la cara, pero sí se difundió su rostro, su uniforme y su rol exacto en el operativo. La investigación no la realizó el Estado, sino un equipo civil que, desde hace años, registra, archiva y reconstruye episodios de violencia institucional: el Mapa de la Policía.

La reconstrucción del caso Jonathan que se presentó días atrás es la segunda de este tipo, después de la pieza forense sobre Pablo Grillo: a través del cruce de imágenes de testigos involuntarios y fotorreporteros, el trabajo del Mapa de la Policía permitió dar con el gendarme Héctor Guerrero, que ya fue convocado a declarar como imputado por la jueza federal María Servini para el próximo 7 de septiembre. La causa investiga el rol de las fuerzas durante la represión del 12 de marzo, donde hubo más de cien detenidos sin causa y más de 50 heridos.

La expectativa ahora es que la Justicia avance sobre la nueva revelación sobre Navarro, que nació junto con la de Grillo gracias al mismo método artesanal y colaborativo que el colectivo viene perfeccionando desde hace años. La novedad esta vez es que pudieron trabajar junto a la propia víctima.

“Eso fue clave. Laburamos con él, con su relato, con su testimonio. Eso no fue posible con Pablo porque estaba en terapia intensiva. En este caso, además de reconstruir, pudimos construir algo junto a Jonathan, que lo saca de la figura de víctima pasiva y lo pone en un lugar más activo, pudimos generar con él un elemento que vaya en la dirección contraria: el Gobierno tira contra Jonathan y Jonathan puede organizarse en la comunidad y devolverle algo a la agresión”, apunta Matías Castro, uno de los integrantes del Mapa, en diálogo con elDiarioAR.

Cocinar la verdad

El Mapa de la Policía se trata de un espacio de coordinación entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores que se organizan de forma horizontal. Puntualmente para Jonathan se hizo un trabajo conjunto entre la revista Crisis, el CELS, Argentina Humana, la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y el Instituto En Foco. También colaboró el Estudio CKZ Abogados, que representa legalmente a Jonathan.

En la plataforma del Mapa participan unas 25 personas de manera estable y con encuentros semanales, y hay un “segundo anillo” de colaboradores –reporteros sueltos, organizaciones aliadas, vecinos y testigos involuntarios– que se activan en coberturas de alto riesgo. Desde el 12 de marzo, están alertas a cada marcha de los jubilados de los miércoles.

A contramano del vértigo informativo, el método del Mapa se cuece lento. El insumo principal es la imagen, pero también lo son la paciencia y la precisión. Cada video o foto es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros y finalmente incorporado en una secuencia narrativa. Las reconstrucciones —inspiradas en técnicas de arquitectura forense— permiten establecer responsabilidades: desde la posición de las fuerzas, el sentido de los disparos, hasta la posible identificación de uniformados.

En el relevamiento sobre Jonathan fue clave la cámara de un domo de la policía ubicado en el Congreso a la que se accedió gracias al pedido de la Justicia como parte del expediente que investiga el ataque a Pablo Grillo. Desde esa perspectiva quedó registrado el movimiento de la línea de prefectos sobre el costado de la plaza del Congreso que da a Rivadavia. Lo que hizo el Mapa fue cruzar esa toma con imágenes capturadas desde la calle y que dieron otra perspectiva de la represión.

El prefecto que atacó a Navarro fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano. No debería tardar mucho tiempo en conocerse su nombre.

La represión contra el hincha de Chacarita además permite pensar en una denuncia más ambiciosa: que las fuerzas de Bullrich actuaron en coordinación para reprimir ferozmente la manifestación. Porque Navarro recibió su disparo sobre la Avenida Rivadavia casi a la altura de Rodríguez Peña apenas tres minutos después de que en el otro costado de la plaza del Congreso, sobre Yrigoyen y Solís, cayó gravemente herido Grillo. Desde el Mapa entienden que la orden de avanzar con toda la fuerza bajó por igual desde el comando central que tenía Bullrich en el ministerio.

“Podemos distinguir un método porque las fuerzas operan bajo un esquema repetido, con lógicas y patrones de actuación que se pueden leer de esa manera”, comentó esta semana en Gelatina Alejo Fraile, editor del Mapa. “Queremos decirle a las fuerzas de seguridad que los vamos a detectar, vamos a mostrar quién fue el efectivo y cuando Bullrich se vaya van a perder el trabajo y es muy posible que vayan en cana”, advirtió Mario Santucho, director de Crisis.

El insumo del Mapa

El archivo denominado A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina) es el corazón del Mapa, donde se documenta todo el material que se aporta sobre cada marcha. “Nos llega más material que antes, pero seguimos haciendo un trabajo artesanal. Tres o cuatro compañeros revisan las fotos y los videos, separan lo que sirve, lo clasifican”, dice Castro. Como cada aporte cuenta, ante cada cobertura reiteran el pedido: quien participa de una manifestación y sea testigos de la represión policial puede enviar sus materiales a [email protected].

Así, por ejemplo, están buscando desde junio dar con oficiales que en la marcha del 11 de ese mes le quebraron el tobillo a una mujer. Y se está ampliando la red, con un Mapa de la Policía La Plata y otro en Córdoba. La plataforma ya escaló por sí sola tras ser meramente un mapa con casos de la Policía de la Ciudad, ya que también cuenta con un podcast en Spotify con contenido sobre la temática. Otra reconstrucción reciente es sobre el abuso de efectivos a un joven en Mataderos: lograron identificar al oficial Mauro Prieto de la Comisaría 9A.

En el caso de Jonathan, el flujo de material se activó apenas se publicó la primera pieza visual. “Inmediatamente empezó a llegar más material. Y quienes ya tenían en mente lo que habíamos hecho con Grillo nos mandaron material nuevo para laburar sobre Jonathan”, relata Castro. Así, la circulación genera retroalimentación: la visibilización multiplica los insumos, que a su vez robustecen las piezas siguientes.

El Mapa no forma parte de ninguna estructura institucional, pero sus informes ya son utilizados en causas judiciales. En el caso Grillo y en el de Navarro, el material producido se puso a disposición de los juzgados que investigan los hechos. En paralelo, se está gestando una causa más amplia para analizar la totalidad del operativo del 12 de marzo. “Todo lo que recolectamos está también pensado para ponerlo a disposición de la justicia”, confirma Castro.

Aun así, el Estado parece operar en la dirección contraria: borrar, diluir, obstaculizar. La misma fuerza de seguridad que disparó es la que entrega los partes, y el ministerio de Bullrich nunca reconoció responsabilidad alguna. De hecho, la investigación dentro de la Gendarmería sobre el cabo Guerrero ya fue cerrada, sin encontrarlo culpable, pese a que disparó el gas lacrimógeno de manera indebida.

En este contexto, el Mapa funciona como contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, dice Castro. Frente al borramiento estatal, registra. Frente a la impunidad, nombra. Frente al discurso hegemónico, reconstruye.

MC

Milei firmó los vetos y bajó el pulgar al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad:

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes que otorgan un aumento a las jubilaciones y declara la emergencia en discapacidad, aprobadas en el Congreso el pasado 10 de julio. A partir de ahora, la oposición tendrá que conseguir dos tercios en el Congreso para insistir en las leyes.

Los vetos recién serán oficiales el próximo lunes 4 de agosto cuando se publiquen en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes del Gobierno a Noticias Argentinas. Es es el último día que tenía el Presidente para firmarlos.

A partir de que los vetos sean publicados, la oposición puede insistir en el Congreso pero para ello necesita que los decretos sean recahzados por ambas cámaras con una mayoría especial de dos tercios. Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.

A pesar de que el mismo día en que fueron aprobadas las leyes el Gobierno anunció que serían vetadas, el Ejecutivo estiró al máximo la firma del decreto por temor a que la oposición aprovechara el receso de invierno para conseguir los vots necesarios para insistir en las normas.

Para evitar otra derrota, el Gobierno arrancó una ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. Desde la Casa Rosada buscan blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El argumento del Ejecutivo es que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero.

Las leyes vetados

Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Con información de Noticias Argentinas

Nueva embestida contra Javier Milei: la oposición convoca una mega sesión en Diputados para aprobar la emergencia en el Garrahan

Mientras Javier Milei junta los votos para vetar el aumento a los jubilados, la oposición se prepara para asestarle una nueva derrota legislativa. Es una carrera contra el tiempo: el peronismo, así como sus socios en el pichettismo y el radicalismo de Democracia para Siempre, necesitan aprovechar la antipatía de los aliados con el Presidente antes de que comience la campaña electoral. El objetivo es sesionar el 6 de agosto y aprobar, días después de que Milei oficialice los vetos, dos nuevas leyes opositoras: la emergencia en el Hospital Garrahan y el aumento del presupuesto universitario.

Después de una semana de debate interno, los bloques de la oposición lograron acordar un temario y una fecha. No fue fácil. Hubo dos intentos previos, pero el receso invernal y las esquirlas internas del cierre de listas bonaerenses terminaron dilatando la convocatoria.

Será un temario extenso y cargado que tendrá varios ejes. El primero y más importante gira en torno a la declaración de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan: es la zanahoria que se utilizará para presionar a los gobernadores a que den quórum, así como el ariete social con el cual se buscará incomodar a los aliados del Gobierno que, por estas horas, analizan ayudar a blindar el veto a las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad.

La oposición sospecha que no tendrá el número para blindar los dos vetos, que Martín Menem y Guillermo Francos trabajan para tener blindados antes del lunes, y apuesta a hacérselo pagar caro al oficialismo y sus aliados. El radicalismo ansioso de pintarse de violeta, como Rodrigo de Loredo o los seis diputados de la Liga del Interior que pasaron a conformar un interbloque con La Libertad Avanza, son los principales apuntados. Así como también algunas fuerzas provinciales que no cerrarán acuerdo electorales con LLA y buscan vías para diferenciarse del oficialismo en sus provincias.

La otra pata de este ariete social será un proyecto que apunta a actualizar el presupuesto universitario. Una ley que Milei ya vetó el año pasado, así como el incremento a los jubilados, y que la oposición vuelve a poner en agenda.

Otro de los ejes del temario opositor lo constituyen los proyectos de los gobernadores, que tienen media sanción en el Senado y apuntan a fondear sus cuentas públicas. Son la iniciativa que propone coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y la que obliga al Ejecutivo a repartir, de manera automática, los Aportes del Tesoro Nacional (que todos los gobiernos nacionales han utilizado, históricamente, como un mecanismo de premios y castigos para con las provincias).

El objetivo de la oposición, en este caso, es emplazar a la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, para poder conseguir dictaminar los dos proyectos. El motivo no es solo que la oposición duda de si tendrá los dos tercios para tratar los proyectos “sobre tablas” –que es el mecanismo que se utiliza cuando los proyectos no tienen dictamen–, sino también pisar la sanción hasta cuando se busque insistir sobre las leyes que vetará Milei: el plan, en este caso, es convocar una sesión dos semanas después para tratar los vetos y los proyectos de los gobernadores.

El tercer eje del temario lo constituyen los proyectos de interés particular de cada bloque opositor. En el caso del bloque peronista, que preside Germán Martínez, se pujó para incluir el rechazo de tres decretos presidenciales que reestructuraron el Banco Nacional de Datos Genéticos, desmantelaron el Instituto Nacional del Teatro y desregularon la marina mercante. El radicalismo de la línea Facundo Manes, mientras tanto, incluyó un proyecto para promover la salud cerebral.

El cuarto eje, por último, pretende anotarse un triunfo inédito durante la gestión de Milei: la insistencia de una ley vetada por el presidente libertario. La oposición buscará conseguir los dos tercios para insistir en la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, luego del temporal que arrasó la ciudad bonaerense. El Senado ya dio el primer paso y ahora es turno de la Cámara de Diputados: si consigue los dos tercios será la primera vez que el Congreso le voltee un veto a Milei.

MC/MG

Preparan 365 raciones de comida por día pero no alcanza: la inseguridad alimentaria golpea en los barrios vulnerables

Empieza a caer la tarde del jueves en la Villa 31. Hay niños jugando en la calle, en una parrilla se cocinan chorizos y en un salón comunitario jóvenes aprenden a cortarse el pelo. Aunque la mayoría de las calles del barrio Carlos Mugica están tranquilas, frente a un pequeño edificio ya se forma fila: hay gente que espera en la puerta del comedor Gustavo Cortiñas, de La Poderosa, a que se abran sus puertas. “¡Tenemos hambre”, gritan algunos en la fila. El grito parece reflejar que la crisis social, lejos de la estabilización económica que promociona el Gobierno, está en aumento. “La alimentación es uno de los mayores problemas en las villas”, alerta Claudia Albornoz, referenta nacional de la organización.

Pese a los primeros indicios de baja de la inflación de Javier Milei, el acceso a una alimentación suficiente sigue siendo incierto para muchos argentinos. La suba del desempleo, el bajo consumo y el costo de la vida cada vez más apremiante amenaza especialmente la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos. Cuán grave es la situación lo revelan nuevos datos de la Encuesta de la Deuda Social realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA), en la cual se encuestaron alrededor de 3.000 hogares en 2024.

Según el relevamiento difundido recientemente, el año pasado el 28% de la población argentina padeció inseguridad alimentaria. Eso no significa necesariamente que hayan pasado hambre, pero sí que su acceso a alimentos estuvo restringido por razones económicas. “Desde 2018 observamos un aumento de la inseguridad alimentaria”, explica la politóloga Valentina González Sisto, integrante del Observatorio de la Deuda Social, que compiló los datos.

Como en años anteriores, la proporción es especialmente alta entre los niños: más de un tercio estuvo afectado por inseguridad alimentaria, según el estudio. “Cuando los niños no pueden alimentarse adecuadamente, esto impacta directamente en su educación: tienen más dificultades para asistir con regularidad a la escuela o terminar sus estudios a tiempo”, advierte González Sisto. Al mismo tiempo, aquellos niños que asistían regularmente a clases eran menos propensos a sufrir inseguridad alimentaria, ya que el programa estatal de alimentación escolar garantiza comidas a muchos chicos. Aun así, los autores estiman que alrededor de cuatro millones de niños en Argentina tuvieron algún grado de dificultad de acceso a la comida el año pasado, ya sea reduciendo porciones o pasando hambre. La tendencia es creciente, al igual que en los adultos.

Lo que los números revelan se ve en la vida cotidiana en las villas: “La demanda aumenta cada día”, dice Alicia Casemiro, quien dirige el comedor en la Villa 31. A menudo no alcanza la comida que provee el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento las cocineras –tanto profesionales como voluntarias– están cortando una gran horma de queso en trozos gruesos, mientras el arroz humea en una olla enorme. Todo debe estar listo para las 18, como cada día. Preparan 365 porciones diarias y cada jornada se forma una fila.

Además de los niños hay también personas de otras edades afectadas por la crisis. Desde hace algunos meses creció el número de jubiladas que esperan aquí una comida caliente. “Sobre todo desde Milei”, apunta Albornoz. En La Poderosa es clara la opinión sobre las políticas del libertario: les quitó subsidios poco después de su asunción y, hasta ahora, nadie en el barrio todavía se benefició de la estabilización económica. Aunque la metodología estadística registra actualmente menos personas pobres en el país, Albornoz subraya: “La mayoría vive por debajo de la línea de pobreza”.

En ese contexto, cada vez más las personas dependen de organizaciones sociales como La Poderosa. Para algunos, el problema no es solo la inseguridad alimentaria: en CABA también aumentó la necesidad de un techo. El número de personas en situación de calle aumentó un 122 % desde 2017 y un 55 % entre 2022 y 2024.

Quienes no se ven afectados por esa situación y tienen trabajo lo hacen generalmente fuera del barrio, en el sector informal. Para los autores del estudio de la UCA, esto es una de las razones por las que la inseguridad alimentaria continuó elevándose el año pasado. “La fuerte inflación que experimentamos en 2024 ya está reflejada en los datos actuales de inseguridad alimentaria”, explica González Sisto. La inflación subió fuertemente a principios de año y solo luego se estabilizó lentamente. Aunque los costos de vida aumentaron, apenas hubo ajustes salariales, relata la especialista. “En el mercado informal es mucho más difícil que los salarios se ajusten a los aumentos de precios”.

González Sisto y el resto de los autores del estudio exigen un mejor acceso al empleo formal. Señalan que el impacto negativo del trabajo precario supera el efecto positivo de las transferencias estatales. Y agregan: “Además de mejores oportunidades laborales, se necesita continua asistencia a través de la alimentación escolar y estrategias locales más cercanas a la realidad diaria de las personas, especialmente en materia alimentaria”, afirma la politóloga.

Eso también piden las mujeres del comedor en la Villa 31. Exigen más comunicación con las autoridades, pero también más alimentos y dinero. Lo suficiente para no tener que enviar a alguien a casa con el plato vacío.

En la fila del comedor sobraron personas a las 365 raciones de comida que se repartieron. Las mujeres en la cocina están frustradas por no haber podido, una vez más, alimentar a todos. Pero también sienten la satisfacción de haber logrado, hacer una pequeña diferencia en la alimentación de tantas personas. Cae la noche en la Villa 31 y el comedor Gustavo Cortiñas cierra sus puertas. Llenar un plato sigue siendo un desafío constante.

MH/MC

Bisabuelas, historiadores, mexicanos y gays

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.