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Kicillof, Frigerio y Pullaro protagonizaron una cumbre de gobernadores con reclamos y alertas al Gobierno

“Están borrados porque no quieren que la cosa vaya por el lado de los reclamos al Gobierno o lo que anunció Caputo sobre el IVA en las provincias”. Un vocero de un mandatario provincial justificó así la hermética cumbre de gobernadores de este martes en Entre Ríos, donde el anfitrión Rogelio Frigerio (del PRO) recibió a pares suyos de distintos colores políticos: desde el peronista Axel Kicillof (Buenos Aires) al radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El cónclave en lo formal fue una nueva reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que en otros tiempos supo ser espacio de rosca de caciques peronistas para batallar contra la Nación. Ahora es Javier Milei el que logra reunir a gobernadores de todo el abanico político, porque los une el reclamo por más fondos: principalmente la coparticipación, que la Casa Rosada retacea en su política de ajuste y motosierra. Ayer se sumó la novedad del ministro Luis Caputo, que confirmó que habrá una reforma del IVA para presionar a las provincias a que bajen impuestos.

Además de Frigerio, Kicillof y Pullaro, participaron otros gobernadores como Ignacio Torres (Chubut, del PRO) y los peronista Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Enlace en el CFI es su titular, Ignacio Lamothe. En lo formal, el lema fue “Una hoja de ruta hacia un futuro federal” y se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

En la reunión a puertas cerradas, según una fuente, la agenda fue “más de largo plazo y nada de coyuntura”. El color lo marcó Kicillof, que llegó tarde al cónclave y demoró su inicio. Luego los mandatarios expusieron en un panel público, donde hubo reclamos y alertas veladas al Gobierno.

Una de esa voces fue la de Nacho Torres, que pareció hablarle a Milei cuando pidió “tener la humildad suficiente para entender que no hay temas trascendentales ni temas secundarios”. Su equipo comunicó que cuestionó al Gobierno al decir que “cree que solo tiene que encargarse de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad interior”. “Si la Argentina necesita desesperadamente divisas, cómo vamos a exportar más si los puertos se caen a pedazos, si las rutas nacionales son un desastre”, advirtió el chubutense.

Sin miembros del Gobierno en la cumbre, Caputo ayer les había dejado a los gobernadores una polémica servida en bandeja: “Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincia. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA”, explicó el ministro de Economía ayer en un streaming. Eso anticipa una pelea, porque ahora las jurisdicciones competirán entre sí para hacerse más atractivas. De trasfondo hay una torta a repartir, porque lo recaudado por el IVA se coparticipa entre Nación (46%) y las provincias y CABA (54%).

En todo caso Caputo lanzó un globo de ensayo, porque cualquier reforma impositiva deberá pasar por el Congreso. Y con un oficialismo pobre en cantidad de bancas, depende exclusivamente del apoyo de los legisladores “con tierra” (aquellos que se referencias en gobernadores) para aprobarla. Justamente Frigerio suele ser un mandatario que aportó algunos porotos en momentos clave. Otro es el cordobés Martín Llaryora, que no estaba anotado en la cumbre de hoy.

Torres le hizo una alerta en ese sentido a la Casa Rosada: “Tenemos la posibilidad de dar esta discusión en el ámbito que hay que darla, que es en el Congreso, y por eso hablo por la gran mayoría de mis colegas al decir que estamos dispuestos a trabajar por una reforma fiscal que nos lleve hacia una Argentina más justa y que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, manifestó el gobernador que milita en el PRO de Mauricio Macri.

La coparticipación siempre es la discusión principal entre la Nación y las provincias. Ayer se supo, en base a información oficial, que el Gobierno repartió en los primeros cuatro meses del año, en Aportes del Tesoro, unos $10.000 millones más que en todo el 2024: pasó de $49.800 millones a $59.500 millones. Pero no fue a todas por igual: solo recibieron doce.

En base a la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, las provincias recibieron por coparticipación $4,6 billones en enero, pero ese ingreso se cayó en febrero y marzo: $4,3 billones y $3,9 billones, respectivamente, detalló Infobae. En abril la cifra volvió a subir a $4,2 billones.

La semana pasada los mandatarios ya hicieron escuchar su voz. En la III Reunión de Gobernadores del Litoral, Pullaro pidió que “los recursos que se van del interior al AMBA o a Capital Federal, vuelvan y generen un círculo virtuoso que” haga crecer al resto de las provincias. Los mandatarios de esas provincias analizaron otro tema crucial, como es la hidrovía Paraná-Paraguay.

La cumbre de los gobernadores de este martes está atravesada además por el mapa electoral, porque si bien son legislativas, la figura de Milei en las provincias (sigue en niveles altos) hace replantear a los mandatarios locales cómo posicionarse ante la Nación. Por caso, este domingo hay elecciones en cuatro distritos: Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. Y la semana que viene se define la Ciudad de Buenos Aires.

MC

El PAMI de Milei sospechado de corrupción: purga interna, copamiento libertario y ajuste sobre los jubilados

En el edificio de Corrientes 655 ya no queda rastro del equilibrio precario que había sostenido Juntos por el Cambio. Ni técnicos con terminales en la UCR, ni armados híbridos con el peronismo moderado. En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei: una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica. Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo, pero con el pulso político del asesor todoterreno Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda. Sin grandes anuncios ni fotos, pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa a la Casa Rosada.

La transformación institucional fue profunda antes de que en los últimos días estallara un escándalo por denuncias de corrupciónm en el organismo, lo que avivó la grieta libertaria entre los bandos de Caputo y el armador bonaerense Sebatián Pareja. En los últimos meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias. Se desplazó a figuras como Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— y otros cuadros vinculados a Graciela Ocaña o Carlos Rojo. Algunos conservaron cargos intermedios, incluso sin reducción salarial, pero con menor peso político. La nueva arquitectura comenzó a responder a una Unidad Técnica Operativa subordinada al número 2 de Leguizamo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).

Entre las designaciones más llamativas estuvo la de María Antonella Racunti, libertaria de La Plata y militante activa de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que tras la reestructuración asumió como la única gerenta del PAMI, al frente del Área de Participación e Inclusión Social. La Plata es justamente el distrito donde estaba Viviana Aguirre, diputada libertaria suplente, quien denunció que fue echada del PAMI por denunciar hechos de corrupción.

En redes sociales, Racunti se muestra alineada con el sector más duro del oficialismo. Comparte asiduamente publicaciones de Lucas “Sagaz” Luna —referente libertario de Tres de Febrero, con llegada a la mesa chica de Caputo— y de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación con voceros como El Gordo Dan.

La militancia digital forma parte de su estilo, aunque no sin controversias. En octubre pasado, Racunti compartió —y luego borró— un mensaje en tono de burla sobre la última dictadura militar. “La última vez que se hicieron los picantes terminaron buscando hijos y nietos por 40 años. Sigan así”, decía el posteo original de la cuenta @oficinagtar, replicado por ella con una risa. El mensaje generó rechazo incluso dentro del propio PAMI, pero no tuvo consecuencias formales. En los pasillos de Corrientes 655, el episodio se interpretó como otro reflejo de la libertad de acción que manejan algunos cuadros del armado libertario.

Es que Racunti responde al ala platense que se referencia directamente en Caputo. El 1° de marzo fue vista en los balcones del Congreso junto a otros miembros de ese núcleo, como Isidro Bonicatto, referente universitario de ULLA, o Yamil Salerno, flamante jefe del área de Derecho y Ciudadanía. Psicólogo de formación, con apenas dos cursos relacionados al derecho —uno sobre niñez—, su designación fue otro caso en el que la cercanía política se impuso a la formación técnica. Racunti y Salerno hoy trabajan codo a codo, pero sin contacto alguno con los empleados. “Racunti se encierra en su oficina y Salerno, que por su cargo debería estar con el resto de los trabajadores, se queda con ella”, deslizó una fuente a elDiarioAR.

Otra figura visible del nuevo esquema es Lucas Catalín Malin, actual jefe de Gabinete del PAMI. Su nombre no figuraba en las estructuras anteriores, pero hoy es uno de los hombres fuertes del organismo previsional, al que aterrizó con una hoja de ruta clara: consolidar la línea Caputo y reordenar el tablero interno. Antes de ocupar su nuevo cargo, se desempeñó al frente de la Gerencia de Comunicación Institucional. Oriundo de San Nicolás, Malin tiene una trayectoria como consultor en comunicación política y ocupó roles técnicos en la ciudad de Buenos Aires, como coordinador del Observatorio del Ente de Turismo porteño.

Motosierra sin fin

En enero, el ajuste interno se volvió explícito en el PAMI: 230 despidos sin previo aviso, concentrados esta vez en el nivel central. A diferencia de 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país, ahora la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud. La intervención la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. “Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara”, dicen desde adentro. En ese esquema aparece también el nombre del ministro, Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y operador de peso, aunque sin funciones visibles en la gestión diaria.

En paralelo a esa dinámica, con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales: desde esta gestión, los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del Instituto, esto implicó una caída en su poder adquisitivo, antes diferenciado del resto del Estado.

Pero el recorte no se limita al personal. En diciembre, el PAMI eliminó la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. La medida se sumó al ajuste del vademécum realizado en agosto, que dejó afuera antibióticos, corticoides, antipsicóticos y tratamientos esenciales. Hoy, el listado completo de medicamentos cubiertos no es público. Además, quienes cobren más de un haber mínimo, posean un auto de menos de diez años o dos propiedades, perdieron el acceso al subsidio del 100%. Según cálculos internos realizados en ese entonces, eso representa un recorte promedio de 74.500 pesos mensuales por persona.

A eso se suma otra mala noticia: que el vencimiento de los convenios con la industria farmacéutica, que se renuevan cada año. Sin definiciones claras sobre su continuidad, tampoco había sobre el futuro del programa Pro-Bienestar, de entrega de alimentos, reconvertido en una transferencia monetaria impersonal, sin vínculo con los centros de jubilados, muchos de los cuales ya dejaron de recibir asistencia.

Esa motosierra vino acompañada de una reforma previsional de facto. Es que la fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación, lo que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso. Además, el bono de 70.000 pesos para jubilados con la mínima quedó congelado desde marzo de 2024 y no hay previsión de aumento. Si se hubiese actualizado con el mismo criterio que los haberes, hoy debería rondar los 135.000.

El final de la moratoria previsional, que venció en abril, añadió otro ítem crítico. 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria sin 30 años de aportes ahora solo pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga el 80% del haber mínimo, no es heredable y eleva la edad jubilatoria efectiva de las mujeres de 60 a 65 años. En el primer semestre de 2023, siempre según datos oficiales, el 1,6% de los mayores de 65 años eran indigentes. Un año después, esa cifra trepó al 4%. La pobreza en ese grupo etario pasó del 13,2% al 29,7%.

En la calle, ese deterioro encontró una forma de respuesta. Desde el año pasado, todos los miércoles se concentran jubilados autoconvocados frente al Congreso. Protestan por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de cobertura médica y la quita del bono. El 12 de marzo pasado tuvo lugar la jornada más álgida: carteles, cacerolas y bastones terminaron envueltos en los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.

Mientras tanto, la reestructuración del PAMI avanzó hasta que generó demasiado ruido público. Cambiaron los nombres, se reordenaron las áreas, se recortaron prestaciones y se achicó la planta. Ahora se sumaron las sospechas de corrpución. Los jubilados, mientras tanto, sienten el impacto en sus bolsillos y en la atención. Y muchos trabajadores caminan los pasillos sin saber cuánto tiempo más van a conservar su lugar. La transformación no es solo administrativa: también es política. Y no parece tener marcha atrás.

PL/JJD/MC

Diputados busca avanzar con el debate sobre la moratoria previsional y el bono jubilatorio

La Cámara de Diputados debatirá este martes en un plenario de comisiones los proyectos de ley para reinstaurar las moratorias y otras iniciativas que apuntan a incluir en el sistema previsional a las personas en edad jubilatoria que no cuentan con la cantidad mínima de aportes exigida.

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, se reunirá a las 13 en cumplimiento del emplazamiento que había resuelto el pleno, con impulso opositor, en la sesión del 8 de abril pasado.

La titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), refrescó la hoja de ruta: una última reunión informativa conjunta este martes y después se abrirá una última semana de conversaciones políticas para pasar a la firma de los dictámenes el 13 de mayo.

Además de discutirse nuevas moratorias y mecanismos alternativos de inclusión previsional, se debatirán iniciativas que giran en torno al aumento del bono complementario que cobran los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas $70.000.

Con la moratoria, personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Pero, con el vencimiento de la moratoria previsional el pasado 23 de marzo a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá jubilarse.

En adelante, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

Para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes, la PUAM representa un alargue de cinco años en la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solamente si acreditan una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

El proyecto de Moreau

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.

Asimismo figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

Esta iniciativa podría concitar el apoyo de la UCR y del PRO, que no están de acuerdo con las moratorias por considerarlas un “parche” que contribuye a agudizar el colapso de un sistema previsional que no es autosuficiente.

Estos bloques, junto a La Libertad Avanza (LLA), sostienen que no resulta justo subsidiar a las personas que no aportaron toda su vida, ya que para esos sectores las moratorias van en detrimento de aquellos que sí trabajaron los 30 años mínimos requeridos.

Una vez que se firmen los dictámenes, la oposición deberá negociar una fecha para introducir el tema previsional en el recinto: se especula con una sesión el 21 de mayo que podría incluir estos expedientes en el orden del día.

La agenda del debate, los expositores y todos los proyectos

Con información de agencias.

IG

El Gobierno duda sobre acompañar la sanción de Ficha Limpia y aparece sin salida ante la definición

El Gobierno se encuentra prisionero de su propia estrategia. El miércoles próximo, el Senado sesionará para intentar sancionar la Ficha Limpia, una ley que, de aprobarse, impedirá una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el tiempo se agota para el oficialismo: ya intentó boicotear el proyecto impulsado en Diputados por la macrista Silvia Lospennato media docena de veces y observa que, después de medio año, las excusas comienzan a acabarse. Los aliados le soltaron la mano y están decididos a ir al recinto a como dé lugar, aunque signifique perder. Y la bancada de La Libertad Avanza, entrampada, tendrá que definir si desea ser cara de esa derrota.

Al parecer Javier Milei no tiene interés en sancionar la Ficha Limpia, un proyecto que es impulsado por el PRO desde 2016 y que los libertarios se reapropiaron para evitar el castigo de la opinión pública. No es un secreto y el propio jefe de la bancada en el Senado, Ezequiel Atauche, lo admitió en una reunión de labor parlamentaria con otros senadores hace una semana. “No queremos tratarla”, reconoció el senador, según recogió elDiarioAR de varios testigos, en un descuido que dejó a todos los senadores mudos. 

Desde que la ley llegó al Senado, a mitad de febrero, Atauche logró postergar con éxito todas las sesiones que iban a tratar la iniciativa. La primera vez fue a principios de abril, luego del rechazo del Senado a los pliegos de la Corte Suprema. El oficialismo, entonces, había convocado la sesión como venganza contra el peronismo por voltearle los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. 

Hasta entonces, la Ficha Limpia, que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas en segunda instancia por un delito de corrupción, había servido como prenda de negociación con el kirchnerismo. El Gobierno, incluso, lo había utilizado como moneda de cambio para aprobar los pliegos y, cuando el peronismo se los rechazó, quiso tomarse la revancha sancionando una ley que sacase de la cancha electoral nacional a CFK para siempre.

Pero al final, sin embargo, se echó atrás. Culpó al paro de la CGT, que había derivado en la suspensión de vuelos, y postergó la sesión con el argumento de que no estaban los votos. Ese mismo día, sin embargo, la Cámara de Diputados había aprobado la creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA. El Gobierno necesitaba munición para negociar con el peronismo, que estaba al frente de la avanzada opositora para investigar al Presidente y su hermana, Karina Milei. Necesitaba que la Ficha Limpia estuviera sobre la mesa, a modo de presión.

“A nosotros nos conviene que UxP esté entre las autoridades de la comisión. Más que los moderados, que quieren lugares en las listas. Con los peronistas podemos negociar con Ficha Limpia”, reconoce un dirigente karinista que, días después, encabezaría las negociaciones para empantanar la designación de la presidencia de la comisión y, así, paralizar la investigación.

La sesión se postergó, entonces, para dentro de unas semanas. Sin embargo, cuando llegó el día, el luto por la muerte del Papa Francisco había cambiado el escenario. Oficialismo y oposición decidieron deponer las armas y, en una señal de paz y concordia, se acordó volver a posponer el tratamiento de la Ficha Limpia. La decisión se tomó el mismo día que Atauche reconoció, frente al resto de los jefes de bloque de la oposición, que al Gobierno no le interesaba tratar el proyecto de Ficha Limpia.

La sesión, entonces, se cerró para el miércoles 7 de mayo. Dentro de unos días. “¿Quién tendrá que morir ahora para que no salga?”, ironiza un senador peronista, preocupado porque observa que, después de varias dilaciones, el tiempo comienza a agotarse.

En tiempo de descuento

El Gobierno está entrampado. “La presión mediática es muy grande”, explican desde los pasillos del Senado, en donde recuerdan que fue esa misma presión -mediática y de la opinión pública- la que terminó llevando a LLA a aprobar un proyecto propio de Ficha Limpia, luego de boicotear dos veces el de Lospennato. 

El problema es que Lospennato ahora encabeza la lista de candidatos del PRO para la elección porteña. La abanderada de la Ficha Limpia está en campaña contra Manuel Adorni en la lucha por la supervivencia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y algunos dirigentes libertarios temen que ella pueda capitalizar la sanción de la Ficha Limpia de cara a las elecciones del 18 de mayo. 

La Ficha Limpia, de hecho, ya forma parte de la campaña del PRO en CABA. Las paredes de las calles porteñas están empapeladas con el rostro de Lospennato y la consigna de “Ficha Limpia”. Y la misma diputada del PRO aprovecha cada entrevista televisiva para advertir que, quienes no estén sentados en sus bancas el día de la sesión “estarán a favor de la impunidad de Cristina”.

El peronismo aprovecha este contexto para provocar al oficialismo y convencerlo de que no avance con el tema. “¿Son boludos? ¿Le van a dar Ficha Limpia a Macri a una semana de la elección?”, pincha un dirigente peronista que dialoga con LLA.

Del otro lado, sin embargo, están los senadores del PRO y la UCR, así como las fuerzas provinciales y el cruzado exlibertario Francisco Paoltroni. Todos presionan para sancionar la ley. Los habituales aliados de LLA definieron, en la última reunión de labor parlamentaria, que estarían en la sesión del próximo miércoles 7. Quiera o no el oficialismo. 

“Hay que forzar la votación. Y que cada uno pague el costo”, señala un habitual aliado del Gobierno que, sin embargo, se encuentra furioso con Atauche. No es el único. El radicalismo también está decidido a sentarse el miércoles en la sesión y votar la ley a como dé lugar. Ya aceptó, incluso, postergar la modificación que le querían realizar al proyecto de Ficha Limpia, que pretendía incluir nuevos delitos a la prohibición para candidatearse, como abuso sexual. 

En el Senado hay número para sancionar la Ficha Limpia, ya que acompañan todos los bloques excepto el peronismo. Dado que UxP tiene 34 senadores, el resto de los bloques juntan, si no hay ausencias, 38 votos: uno más del mínimo que necesitan para aprobar una reforma electoral (que requiere una mayoría especial). El problema, sin embargo, es que cualquier ausencia sorpresiva podría torcer el escenario y derivar en un rechazo de la ley. 

Atauche, incluso, suspendió una vez la sesión con ese mismo argumento: la falta de número y el peligro de que la sesión se cayera. Esta vez, sin embargo, el radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales están dispuestas a asumir el riesgo. El objetivo es ir al recinto y votar. “El tema ya no da para más”, masculló, irritado, un senador radical.

MC/MC

Luque y Cosachov admitían que no podían tratar a Maradona en su casa pero igual optaron por la internación domiciliaria

A Diego Armando Maradona lo operaron el 3 de noviembre de 2020 por el hematoma subdural en la Clínica de Olivos. Al día siguiente, el 4, descansaba en su habitación, acostado y sedado. Entre el 5 y 6 de noviembre, el exfutbolista tuvo un episodio de excitación psicomotriz, se puso agresivo, se arrancó las vías y pedía alcohol: lo pedía de todas las maneras que habilita el cuadro de abstinencia. “Ahí [Leopoldo] Luque y [Agustina] Cosachov nos blanquean que esa dificultad era parte de un problema que ya tenian en el domicilio en el que vivía el paciente, que estaba agresivo y excitado. Entonces supimos que lo subyacente era mucho más complejo que lo del hematoma subdural”, dijo al Tribunal Pablo Dimitroff, director médico en ese entonces de la Clínica de Olivos.

Avanza el juicio en el que debaten las circunstancias de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, en un dispositivo de internación domiciliaria aprobado por la familia del exfutbolista y remendado por los médicos de cabecera. En la décimoquinta audiencia quedó claro que la enfermedad a tratar de Maradona era la adicción al alcohol y que el neurocirujano y amigo personal de Diego, Luque, y la psiquiatra Cosachov estaban a la deriva: no podían manejar a Maradona en la casa en la que vivía antes de la cirugía por el hematoma subdural y no sabían cómo seguir en el posoperatorio.

Por el episodio de abstinencia lo sedaron por 24 horas. “[Luque y Cosachov] nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo: 'Por favor, sedenló, hagan algo para que este tranquilo'. Lo sedamos. Ahora, una cosa es sedarlo como parte de un programa… No se puede sostener la sedación de manera permanente. ¿Cómo seguimos, cuál es el plan? Ahi no estaba claro del lado de ellos cómo continuaría el tratamiento”, amplió Dimitroff. Entre la evidencia, de un intercambio de chats entre Dimitroff y Cosachov surgió que Maradona no había pasado ni un día en la Clínica de Olivos cuando ya se hablaba de un dispositivo de internación domiciliaria.

En ese momento el cuadro conductual del exfutbolista era complejo. Autolesiones; comía y bebía sin programa nutricional; no se levantaba de la cama o dormía de día porque a la noche permanecía despierto. Puesto así el domicilio no era, para Dimitroff, el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento que se había iniciado en Clínica de Olivos.

Reforzó el testigo a los jueces: “Los médicos tratantes sabían que no funcionaba. El episodio psicomotriz nos puso en otro lugar, eso generó una inconveniencia. Nos parecía que en el domicilio al paciente no le iba a ir bien”. Al observar que los médicos tratantes no tenían un plan concreto para el posoperatorio, el equipo de la Clínica de Olivos decidió sacarlo de la sedación profunda. Para el 7 de noviembre, Maradona volvió a comer y beber por sus propios medios.

“(Maradona) --siguió el director médico de Olivos, Dimitroff-- siguió manifestando su deseo de irse a su casa, pero ya sin poner en riesgo su estado. Con sus Swiss Medical hicimos contactos con el doctor [Mario] Schiter (N. de la R.: Schiter acompañó a Maradona en Cuba), porque dirigía una institución psiquiátrica. La familia, además, lo conocía y confiaba en él. Armamos con Schiter un esquema y una estructura con profesionales vinculados al cuadro de adicción”, dijo Dimitroff. Para el día 9 de noviembre, a casi una semana de haber extraído el hematoma subdural, el equipo de Olivos tuvo una segunda reunión con Luque, Cosachov y las hijas de Maradona para plantearles esa “oferta como la única alternativa válida y razonable para continuar con el tratamiento”.

Concretamente, la propuesta era que Diego fuera internado en el neuropsiquiátrico de Schiter, donde iban a encargarse de su rehabilitacion motriz además de rehablitarlo del consumo regular de tóxicos y la abstinencia. Según Dimitroff, a la familia y médicos tratantes “les pareció buenísimo”. Hasta que Dimitroff planteó “una razón limitante”: “En los centros de rehabilitación de este tipo los pacientes no pueden estar en contra de su voluntad. Lo que necesitábamos era que el paciente aceptara la derivación. Luque dijo: 'Ah, entonces eso es imposible, porque lo que quiere Diego es irse a su casa'”.

El 10 de noviembre, Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, parte del equipo de la Clínica de Olivos, las hijas y las hermanas del Diez, Víctor Stinfale y Maximiliano Pomargo se reunieron en la confitería del sanatorio. Diego insistía en volver a su casa, o a una casa, pero quería irse de la clínica. Luque planteó tres opciones: internación domiciliaria, internación voluntaria, internación compulsiva. Según Dalma Maradona, que ya declaró en el juicio, Luque prometió un tipo de internación domiciliaria que no se cumplió.

En la Clínica de Olivos confeccionaron un acta de externación que lleva las firmas de Luque y Cosachov, Gianinna y Jana Maradona, y el mismo Dimitroff. La jueza Julieta Di Tomasso quiso saber por qué Maradona no firmó su acta de externación. “El paciente tenía un alta hospitalaia. El paciente no firma su alta. Las altas que firman los pacientes son las altas que desaconseja la clinica”, respondió Dimitroff. Insistió Di Tomasso: ¿Quien decidió que Maradona no firme su acta? El testigo se explayó: “Al momento de la firma del acta, no se habló de eso. No hubo un contrapunto. La voluntad del paciente se estaba respetando porque se quería ir a su casa y nosotros estabamos haciendo un documento sobre como continuaba el tratamiento una vez externado. Podríamos haber planteado que firme el paciente, pero no ocurrió”. Para el 11 de noviembre, Maradona salió de la Clínica de Olivos en una ambulancia rumbo a la casa del Tigre. Catorce días después, lo encontraron muerto en su habitación.

Maradona: qué se juzga

A más de cuatro años de su muerte, el TOC 3 de San Isidro debará resolver sobre la cadenas de mando y responsabilidades médicas en torno de la muerte de Maradona. Hay ocho imputados: Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicoanalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid, que pidió ser juzgada aparte, en un juicio por jurados; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación, homicido simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Para los fiscales todos participaron de un plan criminal para terminar con la vida de Maradona.

VDM/JJD