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El jefe de Gabinete asistió al cóctel en Palermo y compartió espacio con los mandatarios críticos del ajuste a las provincias. La reunión fue más simbólica que política, en un contexto marcado por el veto anunciado y la falta de diálogo institucional. El lunes, Francos encabezará otra reunión del Consejo de Mayo.
Lo que en otro momento podría haber sido una postal de distensión federal terminó envuelto en un clima gélido, entre saludos protocolares, gestos medidos y reproches no del todo silenciados. A las 19 de este jueves, en el Restaurante Central de La Rural, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y al menos media docena de gobernadores compartieron copa y canapé en el tradicional cóctel organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria. Fue el primer cruce presencial entre ambos bandos desde que el Senado le dio media sanción a los dos proyectos que desvelan a la Casa Rosada: la modificación del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.
No hubo reunión formal ni foto buscada, más allá de la difundida institucionalmente junto al anfitrión, el titular de la SRA, Nicolás Pino. Tampoco diálogo político con pretensiones de acuerdo. Lo que sí hubo fue una coincidencia: la relación entre Nación y provincias atraviesa su peor momento desde que Javier Milei asumió al frente de la Presidencia.
Hasta último momento, no estaba claro si Francos volvería a Palermo por la tarde. Ya había estado temprano por la mañana, en el tradicional corte de cinta inaugural, donde se mostró dispuesto a “acercar posiciones” con los gobernadores, aunque enseguida los chicaneó: “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”. Finalmente decidió asistir, acompañado por su vice Lisandro Catalán. Mientras que del lado de los mandatarios estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.
Según argumentan cerca de los gobernadores, cualquier negociación real requiere una convocatoria formal en la Casa Rosada y la presencia de funcionarios con poder de decisión. De hecho, el Gobierno había decidido enfriar cualquier expectativa. “Nos saludaremos con cordialidad”, se limitó a anticipar Francos. El jefe de Gabinete sigue siendo el último resorte de interlocución entre el Gobierno y los mandatarios. Pero su margen de acción se achicó en las últimas semanas, después de que fracasaran las negociaciones por los dos proyectos que impulsan las provincias para blindarse frente al ajuste.
Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y esperan su turno en Diputados. Una busca ampliar y distribuir de forma más automática los fondos de ATN. La otra pretende que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se coparticipe directamente. El Gobierno ve en ambas una amenaza a su mantra: el equilibrio fiscal. Y ya avisó que vetará cualquier ley que altere ese objetivo. “Una vez que tengamos en nuestro poder esas leyes, las vamos a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, se veta”, dijo Francos.
Los gobernadores, por su parte, mantuvieron ese mismo jueves por la mañana una reunión reservada para coordinar su estrategia parlamentaria. La molestia no es solo por el veto anunciado, sino por la falta de una propuesta alternativa. “Para que el diálogo sea serio, deberían dejar de mandarnos funcionarios de segunda línea”, reprochan. La última contrapropuesta fue en manos de Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Ningún punto de consenso.
El deterioro del vínculo con las provincias tuvo además un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.
En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en blindar los vetos en la Cámara baja. En Balcarce 50 creen que necesitan sostener tres patas: el PRO, una parte de la UCR (especialmente Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que controlan a sus legisladores. Están quienes sostienen que Caputo mantiene chats con varios mandatarios, incluso con aquellos que impulsan los proyectos a vetar.
Pero esa misma articulación abre, dentro del oficialismo, una pulseada estratégica de fondo. Caputo es partidario de priorizar la relación con los gobernadores como una vía de gobernabilidad, incluso si eso implica conceder margen a los oficialismos provinciales. Los Menem, en cambio, quieren acelerar el proceso de construcción del partido La Libertad Avanza en las provincias, aun a costa de desafiar a los mandatarios en sus propios territorios. La tensión entre ambas miradas recorre subterráneamente cada movimiento del Ejecutivo en el Congreso, en los armados y en la gestión.
Lo cierto es que, a la falta de una convocatoria institucional a los gobernadores, se suma el vacío de otras figuras gravitantes del oficialismo. Ni Francos ni Santiago Caputo aparecen, al menos por ahora, como interlocutores visibles con ellos, más allá de los mensajes intercambiados. El jefe de Gabinete quedó solo en el puente, mientras el resto del gabinete político se concentra en el cierre de listas.
Así y todo, Francos buscará ensayar un acercamiento el lunes próximo, cuando presida la segunda reunión del Consejo de Mayo. Allí, junto a representantes de los gremios, empresarios, legisladores y las provincias (el mendocino Alfredo Cornejo estará presente en nombre de los gobernadores), intentará reinstalar el relato del diálogo multisectorial como vía para construir consensos. Pero después de lo que dejó el brindis en La Rural, el Gobierno sabe que deberá ofrecer algo más que cordialidad si quiere recuperar un puente político con las provincias.
PL/MG
La firma Tech Security SRL, en la que Martín Menem tuvo participación hasta fines de 2023, fue preadjudicada por el Banco Nación para custodiar edificios estratégicos.
Tech Security SRL, una firma vinculada a la familia del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue preadjudicada por el Banco Nación para prestar servicios de vigilancia en sus principales edificios. El contrato alcanza un monto de $3.933 millones y se extenderá inicialmente por dos años, con posibilidad de renovarse por dos períodos adicionales de un año cada uno.
La licitación contempla la seguridad en sedes clave de la entidad bancaria, como la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el edificio de Funcionarios y el Aeroparque Jorge Newbery.
Según surge de la documentación oficial, otra empresa, Briefing Security, también fue preseleccionada pero con un presupuesto sensiblemente menor: $237 millones.
Aunque Martín Menem ya no figura como socio en Tech Security, hasta diciembre de 2023 integraba la sociedad. Tras asumir la presidencia de la Cámara Baja, transfirió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás y Eduardo Adrián Menem, para evitar potenciales conflictos de interés. La operación quedó registrada formalmente pocos días después de su llegada al Congreso.
MM
Lo anunció el vocero Manuel Adorni después de que una jueza hiciera lugar parcialmente a una cautelar de no innovar presentada por el gremio Sevina.
El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este jueves que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”. El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.
El propio Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública”.
En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.
A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Martina Forns suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del decreto que dispuso el cierre de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de “ejecutar cualquier acto administrativo, que derive” del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El gobierno de Javier Milei no podrá disponer “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó la sentencia.
La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
Forns no se pronunció sobre el planteo para declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 461 porque para ello es necesario un “estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba, que en modo alguno podrían resolverse con los elementos hasta ahora incorporados”.
Con información de la agencia NA
Es artista visual, escritora y licenciada en Comunicación Social por la UBA. Escribió la novela "Poco frecuente" (finalista de la Bienal de Arte Joven) y el libro de cuentos "Meditación madre". Su último libro es "La Flamenca", publicado por Seix Barral.
En “La Flamenca” (Seix Barral) Ana Montes establece un hilo entre la vida de la protagonista tras la muerte de su padre y la de Emilia Gutiérrez, una artista olvidada y misteriosa dentro del panorama del arte argentino. A lo largo de la novela, Montes logra mezclar ficción con la propia investigación para descubrir a Gutiérrez.
La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.
Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.
La Ventana Indiscreta
Conduce Ana Correa
La producción es de Pablo Waimann
Redes sociales: Miranda Correa Perkins
Con 44 votos a favor y 6 abstenciones, el proyecto logró la adhesión mayoritaria de los bloques con excepción de La Libertad Avanza.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de ley que establece el pasaje gratuito de subte para usuarios jubilados que perciban hasta dos jubilaciones y media del valor mínimo, que abarca al 65 % de los jubilados.
Con 44 votos a favor y 6 abstenciones, el proyecto logró la adhesión mayoritaria de los bloques con excepción de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el legislador del Partido Obrero, fracción que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Gabriel Solano, manifestó que esta ley “subsana muy parcialmente” el ajuste “brutal” que la gestión del presidente Javier Milei realiza sobre las jubilaciones.
“Hoy los jubilados, son el sector más golpeado por la motosierra de Milei y los haberes que perciben son una miseria. Vamos a reclamarle a Jorge Macri que reglamente de inmediato la ley para que no suceda lo que ocurrió con el boleto estudiantil, que fue aprobado en diciembre del año pasado y, al no ser reglamentada en todo este tiempo, aún sigue sin implementarse”, indicó.
Por su parte, el bloque de legisladores de Unión por la Patria (UxP) manifestó que “este es un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las políticas del Gobierno Nacional, y que fue conseguido por medio del trabajo “de todo el arco opositor”.
Asimismo, destacaron que este beneficio para jubilados y pensionados “será irrestricto, funcionará todos los días de la semana y deberá renovarse cada cinco años”.
“Votamos este proyecto porque es una mejora, aunque pequeña, para los miles de jubilados que ven como gobierno tras gobierno vienen siendo deteriorados sus ingresos”, concluyó Solano.
Referentes de la oposición aseguraron que le pedirán al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la rápida implementación de la norma, además de la entrada en vigencia de la ley de Boleto Educativo votada en 2024.
Con información de la agencia NA