Cerro De Oro

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Nueve bancos fueron habilitados para disputar las cuentas sueldo de los empleados estatales

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

Cada vez más jóvenes despedidos de sus empleos sueñan con el emprendimiento propio

Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.

El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?

Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.

Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.

En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.

Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.

En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.

Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.

“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.

En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.

El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.

Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.

“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.

AR/MC

Prepagas aumentan 70% la cuota a sus afiliados por demoras en los giros de las obras sociales

Ignacio es un afiliado a la prepaga CEMIC y el mes pasado, en vez de pagar la misma cuota de marzo, de $173.000, debió abonar $293.000, un 70% más. No le dieron mayores explicaciones. No se trata de un aumento habitual, como los que imponen mes a mes las empresas de medicina privada después de conocerse el índice de precios al consumidor (IPC), tal como les ordenó el Gobierno. Ignacio se enteró de que el salto tenía que ver con que los aportes de su empleador, que antes se triangulaban hacia la prepaga a través de una obra social, no habían llegado a destino. El tarifazo coincidió con el primer mes en que se abolió la intermediación de aportes a través de las organizaciones sindicales, tal como lo dispuso el ministro de Salud, Mario Lugones.

¿Qué sucedió exactamente? Un alto ejecutivo de una de las principales prepagas lo explica. Las obras sociales solían recibir las contribuciones de empleadores y empleados, pero demoraban de uno a tres meses en girarlas a las compañías de salud. Como el Gobierno cortó con la triangulación con el argumento de bajar costos de las prepagas, estas quedaron con aportes pendientes de recibir de las entidades gremiales.

Es decir, las compañías de medicina privada recibieron los aportes de abril de parte del Estado, pero tienen pendientes de percibir los que retienen las obras sociales de los meses anteriores. Se trata de un retraso que se iría normalizando entre mayo y julio, dependiendo de la solvencia de la organización sindical.

Grandes prepagas asumieron el bache financiero de los aportes y no les aplicaron un aumento extra a la cuota a los afiliados, más allá del alza mensual que en general camina un poco arriba o abajo del IPC por presión del Gobierno. En cambio, otras firmas de medicina privada como CEMIC no tienen tanta espalda en sus números y debieron aplicar el incremento adicional.

“Puede que haya alguna demora en algunos pasajes (de aportes de obras sociales a prepagas), pero es algo que se está corrigiendo”, admitieron en la Superintendencia de Salud. Eso sí, ninguna firma privada anunció rebaja de cuotas ahora que ya las obras sociales no se quedan con una parte por la intermediación.

Las prepagas anhelaban la desregulación que decretó Milei, pero a los pocos meses se enfrentaron con el ministro de Economía, Luis Caputo, que al estilo Guillermo Moreno -exsecretario de Comercio del kirchnerismo- las presionó para rebajar las cuotas que se dispararon apenas se liberalizaron. El modo de “apretarlas” fue una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuesta “cartelización”. Ahora los precios son libres en teoría, pero sólo puede anunciarlos tras la publicación de cada mes del IPC, como referencia. En el sector alegan que las cuotas deberían aumentar más para equilibrar sus costos, pero tampoco han planteado mayores quejas: ganan más que en el gobierno anterior, cuando incluso algunas perdían.

Después del salto de la inflación del 3,7% en marzo, el Gobierno volvió a presionar de manera informal para que los aumentos de las empresas de salud privada no fueran tan altos. Algunas grandes remarcaron alrededor del 2,5%. El argumento del Ejecutivo era que la inflación iba a empezar a bajar otra vez en abril.

Antes, en la segunda mitad del año pasado, las prepagas aumentaban de acuerdo con el IPC del mes anterior, pero como dicho indicador luego bajaba, las podían subir por encima de la inflación. Ya no. Excepto, en aquellas sin espalda para absorber el retraso de las obras sociales.

AR/MC

¿Nos volvimos más nostálgicos?

Las señales de la nostalgia están por todas partes, un Cris Morena day hecho para festejar producciones de los ‘90 o ferias retro con muñecos y discos de hace un buen par de décadas. Pero, ¿siempre fue así y estamos simplemente frente a un nuevo revival, o nos estamos volviendo más nostálgicos?

Traer cosas del pasado, como música, ropa, películas o comidas y mirarlas con cariño no es nada nuevo, hay ciclos constantes de apreciación de lo que pasó. “La industria cultural siempre fue nostálgica y se revisita a sí misma”, explica Ignacio Del Pizzo, investigador de la Universidad de Quilmes y autor del libro Cultura Pop. Pero hoy estamos rodeados de estéticas de otras épocas, y Pizzo señala que pareciera haber algo más detrás de esta tendencia en este momento “La nostalgia está de moda. En momentos en los que lo contemporáneo es una incógnita, nos aferramos más a cuestiones que nos remiten a momentos más confortables, más seguros, al pasado”. 

Un momento en que esto se vio muy claramente fue el inicio de la pandemia, momento incierto si los hay. Durante las primeras semanas, varios análisis que se hicieron sobre la música que escuchábamos en Spotify encontraron un claro aumento de canciones de otras épocas (la música de los años ‘50 en particular tuvo un peak). Un intento de volver a momentos más seguros a través de la música. 

Y no todo es siempre tan espontáneo. A nuestros revivals también los ayuda mucho que la nostalgia puede ser una gran herramienta de marketing. Una investigación que se hizo sobre esto encontró que cuando estamos en un modo nostálgico tendemos a desprendernos más fácilmente del dinero, nos importa menos. Uno de los experimentos que hicieron fue mostrarles a dos grupos de personas una publicidad para un producto de Kodak. En un caso la publicidad se enfocaba en recordar momentos del pasado, para generar nostalgia, en el otro en cómo crear recuerdos para el futuro. Cuando después le preguntaban cuánto estarían dispuestos a pagar, los que estaban en modo nostálgico tendían a dar números más altos. La nostalgia nos puede hacer gastar más, y las marcas, por supuesto, lo saben. 

“La nostalgia siempre ha sido una de las opciones de marketing”, explica Mariela Moculsky, CEO y fundadora de Trendsity, una consultora de investigación de mercado. Moculsky señala que, aunque no es nuevo, hoy se ve muy claramente el uso de la nostalgia por parte de las marcas. “En otros momentos quizás se apelaba a la ciencia ficción o a otras ideas del futuro. Por supuesto hoy también hay un poco de eso, pero ahora se ve mucho una idea de volver al pasado en todo tipo de cosas, como alimentos, juguetes y ropa. Hay una idea de volver a algo conocido que nos de un anclaje”. 

Otro factor que puede influir en que veamos más nostalgia alrededor es que los ciclos para que las cosas vuelvan parecen estarse acortando. Lo más común es que los ciclos duren alrededor de 20 o 30 años. En general, es el tiempo para que una generación crezca, empiece a extrañar cosas de su infancia o adolescencia y tenga poder adquisitivo para consumir las cosas que se la recuerden. Pero es posible que los cambios en la manera en la que consumimos contenidos a través de las redes sociales, más contenidos de manera más intensa y más rápida, esté impactando en esos ciclos. Lo que antes necesitaba 30 años para volver, hoy quizás lo hace en 5 o 10. Todo es más rápido. 

Esta forma de pensar la nostalgia, como un recuerdo idealizado transformado en consumo cultural, le sería muy ajena a las primeras manifestaciones de la nostalgia. La palabra fue creada por un médico suizo a fines del 1600, que observó que los soldados, cuando estaban en otro país lejos de su casa, a veces comenzaban a mostrar ciertos síntomas como palpitaciones, letargo y falta de apetito. Lo consideró una enfermedad y empezaron a buscar curas, que incluían usar sanguijuelas para sacarte la nostalgia. También prohibían que se cantaran canciones del país originario para que otros no se contagien. Y la idea de que era una enfermedad a tratar se mantuvo por un buen par de siglos. 

Hoy sabemos que la nostalgia no sólo no es una enfermedad, sino que puede tener muchos aspectos positivos. La emoción suele estar asociada a conexiones sociales, y justamente por eso puede reforzar nuestra sensación de pertenencia. Recordar momentos lindos nos puede hacer sentir muy bien, aunque la idealización del pasado trae sus contras, especialmente a nivel social. Los discursos que buscan revivir un pasado mejor, muchas veces omiten parte de la historia para idealizar momentos que estuvieron lejos de ser idílicos, y eso puede tener consecuencias. Tal como el marketing puede usar la nostalgia para manipularnos y hacernos comprar cosas, los discursos políticos pueden traer estas reversiones del pasado para tratar de convencernos. 

Buscar confort en el pasado, en tiempos que recordamos o imaginamos más simples o mejores, puede ser una buena manera de lidiar con momentos complicados. Conectar con una sensación agradable, traer cosas lindas del pasado. Estamos en medio de tiempos bastante inciertos en cuanto la tecnología, la política y las relaciones sociales, entre tantas otras cosas, y parece lógico que se vuelva más fuerte la mirada hacia atrás. Mientras sepamos que en el proceso estamos idealizando un poco y no creamos que todo realmente era perfecto, podemos relajarnos y disfrutar de cuidar a nuestro Tamagotchi.

OS 

Lo que Karina sabía: el caso $LIBRA y un escándalo que el Gobierno no logra encapsular

Guillermo Francos se sentó derecho, con el gesto adusto de quien sabe que va a recibir un golpe largo. Había memorizado el guion durante días, trabajado cada frase con sus asesores, repasado punto por punto las declaraciones que Javier Milei había dado semanas atrás en televisión. Pero nada de eso lo preparó para la escena que se desarrollaría en el Congreso: la primera interpelación a un jefe de Gabinete en más de tres décadas. Y no por una crisis económica o un escándalo institucional, sino por una moneda digital, una estafa incipiente y una sospecha que, sin decirlo, sobrevolaba cada pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de Karina Milei?

La sesión fue larga, desordenada, ruidosa. Francos aguantó con disciplina los primeros embates. Repitió que $LIBRA era “una relación entre privados”, que el Presidente “se hizo eco de información pública”, que el Estado “no tuvo participación”. Pero hubo una pregunta que rompió la defensa. El diputado Itai Hagman fue el primero en formularla, y luego la repetirían, con variantes, otros legisladores opositores. Si la web del proyecto Viva la Libertad y el número de contrato del token no estaban online en el momento en que Milei lo tuiteó, ¿cómo hizo para acceder a esa información? ¿Quién se la pasó? ¿Quién coordinó esa publicación? Francos no pudo responder. Cambió de tema, citó al propio Presidente, evitó dar nombres. Pero el vacío fue evidente.

Tal como ocurrió en otras discusiones incómodas para el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza adoptó una estrategia de baja exposición. Apenas unos pocos diputados tomaron la palabra para defender a Francos; el resto permaneció en silencio o directamente ausente. Ni Karina Milei ni el vocero presidencial, Manuel Adorni —dos de los nombres apuntados por la oposición— estuvieron presentes en el recinto, pese a que sus nombres fueron mencionados repetidamente. Tampoco asistieron los ministros Mariano Cúneo Libarona ni Luis Caputo, cuyas ausencias fueron señaladas como parte de una maniobra de contención. Para varios legisladores de Unión por la Patria, la sesión dejó una impresión clara: el Gobierno no solo subestima el caso, sino que decidió encapsularlo, resistir en silencio y dejar pasar la tormenta.

Mientras Francos sorteaba, con dificultades, las preguntas incómodas, la investigación judicial avanzaba en otra dirección. La jueza María Romilda Servini fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín como la responsable del expediente, desplazando así a Sandra Arroyo Salgado, quien argumentaba que el delito se había consumado en Olivos, desde donde se envió el tuit que dio origen al escándalo. Pero el tribunal consideró que la causa excedía un posteo: involucraba reuniones, firmas, visitas a Casa Rosada, contratos y supuestas maniobras de tráfico de influencias. Que todo eso había ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, por tanto, debía tramitarse en Comodoro Py.

Ese mismo día, el fiscal Eduardo Taiano pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. En su resolución citó los artículos correspondientes de la Ley Penal Tributaria, de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones de la exAFIP. Lo hizo con un objetivo claro: rastrear los fondos. Seguir el dinero. Verificar si, detrás del entusiasmo presidencial por una memecoin sin respaldo, hubo pagos concretos, retornos, promesas.

El nombre de Karina aparece en cada punto de la investigación. No solo por su rol como firmante de la carta de intención con Cube Exchange, el exchange cripto que sirvió de plataforma para la operación, sino también porque participó en las reuniones previas con los promotores del token. Davis, Novelli y Terrones Godoy no eran outsiders que se colaron por la ventana. Entraron a Casa Rosada al menos diez veces durante 2024. En varias oportunidades lo hicieron juntos, acompañados por Bartosz Lipinski, CEO de Cube. En otras, solos. Pero en todas esas visitas, Karina estaba.

El testimonio más explosivo, por ahora no judicializado pero sí filtrado en medios, es el de Hayden Davis, quien aseguró en un mensaje: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que quiero”. Es un indicio brutal, que todavía no ha sido desmentido formalmente ni por el Presidente ni por la Secretaría General. En el entorno de Milei se amparan en la presunción de inocencia. “Están investigados, no son culpables aún”, repiten. Pero cada nuevo dato erosiona el blindaje. El silencio presidencial —tan llamativo en un mandatario que suele insultar a cualquiera que lo critique— empieza a convertirse en una forma de sospecha.

En la Casa Rosada el tema no está en la agenda oficial, pero sí en todas las conversaciones privadas. Las oficinas del primer piso —donde se mezclan voceros, asesores y funcionarios con acceso directo al despacho presidencial— se transformaron en un hervidero discreto. Nadie habla en público, pero todos miran con inquietud lo que ocurre en Comodoro Py. Hay temor a que la causa escale rápido y empiece a implicar directamente a la hermana del Presidente. El verdadero pánico, en voz baja, es que la justicia encuentre pruebas materiales: transferencias, pagos, registros, capturas de pantalla.

En las últimas semanas, se activaron llamados a gobernadores, a legisladores aliados, a diputados del PRO y a socios circunstanciales del oficialismo. El objetivo es simple: evitar que la oposición consiga quórum cuando insista con debatir el tema en el recinto. Pero la fragilidad del operativo es evidente. El caso $LIBRA ya dejó de ser un tema judicial para convertirse en un problema político de fondo. Y, lo que es más delicado: un problema que el Presidente no puede desactivar sin exponer a su hermana.

Karina siempre fue el corazón del dispositivo. Milei lo dijo mil veces: “Sin ella no podría gobernar”. Controla la agenda, define nombramientos, filtra reuniones, reparte los turnos para hablar con el Presidente. Pero ahora ese poder, hasta ayer secreto, está expuesto. La figura que consolidó la verticalidad absoluta del Gobierno aparece como el eslabón débil. No solo por su protagonismo en el armado de $LIBRA, sino porque su posible citación judicial dejaría al presidente ante una escena inédita: tener que explicar, como hermano y como jefe de Estado, si alguien de su círculo más íntimo participó en una operación fraudulenta que afectó a cientos de inversores y terminó en el derrumbe de un token que nunca debió existir.

La querella presentada por Juan Grabois, que representa a damnificados por la estafa, logró a mediados de abril que Karina quedara formalmente imputada. Es una instancia preliminar, pero simbólicamente poderosa. Grabois lo celebró con sarcasmo: “La pareja de garcas va a viajar en patrullero de Olivos a Marcos Paz”. Más allá del tono, el mensaje fue claro: ya no se discute solo la legalidad de un tuit presidencial, sino el uso del poder para promover negocios privados desde el Estado.

Lo que está en juego ya no es una memecoin fallida. Es la credibilidad de un gobierno que se construyó sobre una promesa moral: terminar con la “casta”, con la política de retornos, con la corrupción de siempre. Y ahora aparece rodeado de los mismos elementos que criticaba. Reuniones secretas, entradas sin registro, contratos dudosos, favores pagados, plata en el medio. Lo que diferencia este caso de otros es el tamaño de la contradicción. No la magnitud del delito, sino el daño simbólico al filo del comienzo de la campaña electoral.

PL/DTC