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Noticias de Santa Cruz

Milei volverá a España sin reunirse con Pedro Sánchez y en medio de la crisis política por Adorni

Este miércoles, Javier Milei partirá rumbo a España para realizar su sexta visita al país ibérico desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en una gira breve que incluirá un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina y una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, no está previsto que haya reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con ninguna otra autoridad del gobierno español.

El viaje se desarrollará en un contexto doméstico particularmente complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político provocado por la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni, el Presidente volverá a encontrar en el escenario internacional uno de sus ámbitos más cómodos de actuación. En el exterior, Milei suele presentarse como una de las figuras más visibles de la nueva derecha global y participa de actividades organizadas por instituciones y referentes ideológicos afines.

La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en Madrid, luego de una agenda previa en Panamá y Nueva York. El viernes 26, a las 10 de la mañana, Milei brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica donde además recibirá una medalla de honor. La actividad fue organizada junto al académico Javier Morillas Gómez, profesor de orientación liberal y consejero del Tribunal de Cuentas de España, una figura particularmente cercana al universo intelectual que rodea al mandatario argentino.

Morillas mantiene además un vínculo estrecho con Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y actual agregado para inversiones de la embajada argentina en España, quien suele definirse a sí mismo como “menemista, mileísta y anarcocapitalista”. En abril pasado, Nimo quedó envuelto en una disputa interna luego de denunciar públicamente que el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, le había quitado el despacho desde el cual, según afirmó, recibía a empresarios interesados en invertir en la Argentina.

Precisamente, será Bunge quien tendrá un papel central en la organización de la agenda empresarial. Según fuentes oficiales, el embajador se encuentra a cargo de la confección del listado de invitados al encuentro con inversores españoles. El intercambio comercial entre ambos países mantiene actualmente un saldo favorable para la Argentina: alrededor de 1.400 millones de dólares en exportaciones contra 1.000 millones en importaciones.

La visita volverá a desarrollarse bajo un clima diplomático de baja intensidad. Desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de manera indirecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como “la mujer corrupta” durante un acto organizado por Vox, la relación bilateral quedó atravesada por una crisis inédita que derivó en el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires y en un fuerte reclamo de disculpas por parte de Madrid.

Los ánimos se descomprimieron con el correr de los meses y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde. Sin embargo, el vínculo político nunca terminó de normalizarse. Las diferencias geopolíticas siguen intactas: Milei mantiene un alineamiento irrestricto con Donald Trump e Israel, mientras Sánchez se convirtió en uno de los principales defensores de la causa palestina dentro de Europa.

La última visita presidencial a España ocurrió en marzo pasado, cuando Milei fue el principal orador del Madrid Economic Forum y compartió actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí volvió a cargar contra Sánchez y respondió con entusiasmo a los cánticos del público. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, dijo ante un auditorio repleto de simpatizantes de la ultraderecha.

Cumbre del Mercosur y visita a los Estados Unidos

La escala española será apenas el primer tramo de una agenda internacional intensa. El 30 de junio, Milei participará en Asunción de una nueva cumbre del Mercosur y cuatro días más tarde volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, una fecha especialmente significativa este año, cuando se cumplen 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

Los números muestran hasta qué punto la política exterior se convirtió en uno de los rasgos distintivos del gobierno libertario. Sin contar este nuevo viaje, Milei ya visitó Estados Unidos en diecisiete oportunidades, España e Italia en cinco ocasiones y Suiza en cuatro. Los países vecinos quedaron bastante más relegados: Brasil y Paraguay aparecen con tres visitas, Chile con dos y Uruguay y Bolivia apenas con una.

Hay, además, una constante que vuelve a repetirse. Cada vez que la situación doméstica se vuelve más compleja, el Presidente encuentra en el exterior un escenario más amable. Allí recibe distinciones y se mueve entre interlocutores ideológicamente afines. Esta vez no será diferente.

PL/CRM

Bullrich suspende el informe de gestión de Adorni y deja sin herramientas a la oposición para poder interpelarlo

Tardó 48 horas, pero Karina Milei logró ordenar la tropa para blindar a Manuel Adorni en el Congreso. Primero en Diputados, con la ayuda de Martín Menem, y luego en el Senado, donde Patricia Bullrich había intentado liberar el terreno para que la oposición pudiera avanzar contra el jefe de Gabinete. La senadora tuvo que desdecirse: el martes, luego de una nueva reunión con los aliados, definió suspender el informe de gestión programado para el 2 de julio y dejó asentadas nuevas reglas de juego para la sesión del jueves.

“Suspendimos el informe porque los senadores no lo quieren recibir como jefe de Gabinete. Y no tiene sentido tenerlo 8 horas castigándolo en público”, explicó la jefa del bloque oficialista en el Senado, luego de abandonar el despacho del bloque radical, donde suele mantener las reuniones informales con los bloques aliados. El encuentro se realizó una hora antes de la nueva reunión de labor parlamentaria, que se iba a desarrollar en la oficina de Victoria Villarruel, con el objetivo de modificar los términos y condiciones de la sesión del jueves.

Ya entrada la noche, el jefe de Gabinete tuvo que salir a aclarar que nada de lo ocurrido tenía que ver con él y que si llaman está dispuesto a ir:  “Estoy a disposición para presentarme”, escribió en X.

La jefa del bloque de senadores libertarios se enteró del tuit de Adorni cuando estaba saliendo del Senado, no estaba al tanto de su existencia. Después de horas de negociaciones, el jefe de Gabinete la desautorizaba. La interna continuaba.

Marcha atrás

Bullrich tuvo que echarse atrás. La semana pasada, luego de un acuerdo con los bloques de la oposición, la senadora libertaria había acordado postergar la sesión por la moción de censura contra Adorni para el jueves siguiente. El plan era que, si la resolución que planteaba la moción de censura conseguía los 37 votos, se avanzaría con la interpelación y el pedido de remoción exactamente siete días después. Es decir, el 2 de julio, la misma fecha que ya se había convocado a Adorni para dar el informe de gestión frente al Senado. 

Esa noche, tal como relató elDiarioAR, Bullrich hizo una concesión más. Le regaló a la oposición el marco interpretativo de la Constitución que necesitaba para poder avanzar con la moción de censura con la mayoría de siempre –la mitad más uno de la cámara– sin necesidad de dictaminar antes. Esta interpretación de la Constitución era una manera de allanar el camino para que la oposición pudiera impulsar, sin trabas, la expulsión de Adorni en el Senado.

Al día siguiente, sin embargo, Karina Milei se enteró de la maniobra de Bullrich, y mandó a sus voceros a contradecirla. La estrategia tenía que ser la misma que había aplicado Menem en Diputados, es decir: si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que conseguir los dos tercios del recinto. Un número imposible de conseguir. Karina, a su manera, le recordó a los senadores que su objetivo tenía que ser proteger a Adorni, no mandarlo al patíbulo. 

Bullrich, entonces, tuvo que cambiar la estrategia. Pese a haber declarado, en público, que el artículo 101 de la Constitución era “operativo” y, por lo tanto, para avanzar con la moción de censura no necesitaba dictamen, la senadora volvió a convocar una reunión de labor parlamentaria para borrar con el codo lo que había escrito con la mano. Ya no se necesitaban 37 senadores para avanzar contra Adorni, sino 48.

Operativo blindaje

El nuevo acuerdo se terminó de sellar en el despacho de Villarruel, quien, como Bullrich, había trabajado la semana anterior para facilitar el camino de la moción de censura. El peronismo no participó, argumentando que la única reunión que valía era la de la semana anterior. Pero su consentimiento no fue necesario: con el apoyo de la UCR y las fuerzas provinciales, entre los que hubo peronistas como Flavia Royón (Salta) y “Camau” Espínola (Corrientes), Bullrich se aseguró que tendría los votos para imponer ese nuevo acuerdo de labor el jueves en el recinto. Solo necesitaba tener una mayoría.

Bullrich justificó el giro de 180 grados con un conjunto de antecedentes que la secretaria parlamentaria del Senado encontró para ella: había 12 antecedentes de mociones de censura que habían pasado, antes de tratarse en el recinto, por la comisión de Asuntos Constitucionales. Con este respaldo, Bullrich aprovechó para desdecirse y replicar la estrategia que, el día anterior, Menem había impulsado en la Cámara de Diputados. Una estrategia dilatoria que tiene como objetivo dejar morir los pedidos de interpelación en el debate en comisiones, en donde el oficialismo y los aliados tienen el número para bloquear los expedientes. 

Bullrich pudo hacerlo, sin embargo, con el apoyo de todos los bloques aliados. “En definitiva es una decisión del Presidente si quiere sostenerlo en el cargo”, deslizó un senador aliado que, la semana pasada, había presionado para echar a Adorni.

“Los cerraron con anticipos financieros, a todos los gobernadores”, mascullaban, irritados, en el peronismo. La acusación pesaba sobre los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, que habían recibido, esa misma semana, un anticipo de $400.000.000. Pero también sobre los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ese mismo día habían visitado a Diego Santilli en Casa Rosada. 

La bancada peronista, que lidera José Mayans, buscará insistir con la mayoría original –la mitad más uno– el jueves en el recinto, pero no se muestra optimistas. Sino todo lo contrario.  

MCM

El Gobierno logró voltear la sesión contra Adorni con la ayuda del PRO, la UCR y los gobernadores

“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso. 

El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum. 

Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado. 

El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante. 

Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete. 

“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).

Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.

Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano. 

La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas. 

MCM

Super RIGI: más beneficios para inversiones que no llegan

A casi dos años de la aprobación del RIGI, un régimen de beneficios fiscales, regulatorios y aduaneros impulsado por el Gobierno nacional para atraer una supuesta lluvia de inversiones, los resultados distan de las expectativas generadas. Lejos de revisar una estrategia que no logró materializar las promesas realizadas, hoy la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de ley conocido como “Super RIGI”, una iniciativa que busca profundizar ese mismo esquema.

En lugar de debatir qué inversiones necesita el país y bajo qué condiciones deben desarrollarse, el proyecto apuesta a una lógica donde los incentivos son cada vez mayores y las obligaciones cada vez menores, relegando la planificación territorial, la participación ciudadana y las garantías ambientales a un lugar secundario.

Ante la falta de inversiones, más beneficios

Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Argentina recibió apenas US$ 3.134 millones de inversión extranjera directa durante 2025, ubicándose en el último lugar entre las principales economías de América Latina. En el mismo período, Brasil recibió US$ 76.877 millones y México US$ 40.871 millones. 

Frente a esto, la respuesta del Gobierno consiste en profundizar la misma receta con beneficios aún mayores bajo el supuesto de que la falta de inversiones se debe a que los incentivos fiscales existentes todavía resultan insuficientes.

El Super RIGi exige inversiones superiores a los US$ 1.000 millones y un compromiso de ejecución de al menos el 20% de la inversión durante los dos primeros años desde la adhesión. En esta oportunidad, además, el plazo para adherirse resulta más extenso que el previsto originalmente para el RIGI, alcanzando los cinco años con posibilidad de prórroga por un año adicional.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el conjunto de garantías extraordinarias que se otorgan a los proyectos beneficiarios. El régimen garantiza estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social durante treinta años. Además, considera a los beneficios otorgados como derechos adquiridos asimilables al derecho de propiedad privada y habilita la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolver controversias con el Estado argentino.

Por su lado, los incentivos tributarios se profundizan aún más, lo que significa que se limita notablemente la capacidad recaudatoria del Estado. El proyecto reduce la alícuota del impuesto a las ganancias al 15% y habilita mecanismos de amortización acelerada para inversiones en bienes y obras de infraestructura. Permite la deducción de quebrantos sin límite temporal, reduce la tributación sobre dividendos y utilidades al 3,5% luego de cuatro años de adhesión y otorga certificados de crédito fiscal que, en la práctica, implican la devolución o exención del IVA asociado a las inversiones. 

En cuanto a incentivos aduaneros, se suma la eliminación total de los derechos de importación y exportación. Mientras que, en materia cambiaria, el régimen establece una libre disponibilidad progresiva de los cobros por exportaciones, pasando del 20% al 40% y finalmente al 100% en apenas tres años desde la primera exportación. Asimismo, elimina la obligación de ingresar y liquidar divisas vinculadas a aportes de capital, financiamiento y servicios asociados al proyecto.

También se suma una reducción significativa de las contribuciones patronales. Mientras que la mayoría de las actividades económicas tributan alícuotas cercanas al 18% o al 20,4%, los proyectos adheridos al Super RIGI abonarán únicamente un 10% para las nuevas relaciones laborales incorporadas al régimen.

Estas disposiciones limitan significativamente la capacidad futura de los distintos gobiernos para modificar regulaciones o adaptar políticas públicas frente a nuevos desafíos económicos, sociales y/o ambientales. En la práctica, se busca congelar durante tres décadas una parte importante de las herramientas de política pública vinculadas a las actividades promovidas.

¿Y la perspectiva ambiental? 

La magnitud de los beneficios otorgados y la escala de las inversiones que se busca promover vuelven particularmente relevante preguntarse bajo qué condiciones serán evaluados y autorizados estos proyectos.

En materia ambiental, las omisiones resultan significativas. A diferencia de los requisitos económicos que deben cumplir las empresas para acceder al régimen, el proyecto no exige la realización de estudios de impacto ambiental ni evaluaciones ambientales estratégicas como condición para la adhesión al Super RIGI. 

Tampoco incorpora criterios ambientales mínimos para la aprobación de los proyectos ni contempla la existencia de pasivos ambientales o incumplimientos normativos como causales automáticas de exclusión del régimen. 

Esta ausencia no parece ser una omisión casual, el proyecto expresa una visión en la que los objetivos económicos vinculados a la atracción de capitales, el incremento de exportaciones y el crecimiento económico prevalecen sobre la necesidad de evaluar preventivamente sus potenciales impactos ambientales, sociales y territoriales.

A ello se suma otro aspecto preocupante, las provincias y municipios que adhieran al régimen asumen el compromiso de no dictar normas que, según la interpretación del proyecto, puedan limitar, restringir u obstaculizar los derechos e incentivos otorgados a las empresas beneficiarias. Además, establece un tope del 0,5% sobre el impuesto de Ingresos Brutos a cobrar a dichos proyectos. Esto podría generar tensiones con las competencias provinciales en materia de bienes comunes y protección ambiental, así como con la autonomía municipal para regular actividades dentro de sus territorios.

En estos dos últimos años, la limitada capacidad del RIGI para atraer las inversiones sugiere que la competitividad de una economía no depende exclusivamente de la reducción de impuestos o de la flexibilización regulatoria, sino también de factores como la calidad institucional, la disponibilidad de infraestructura, la capacidad de innovación y la previsibilidad de las reglas de juego.

El debate de fondo no pasa únicamente por cuántas inversiones ingresan al país, sino por qué tipo de inversiones se promueven, bajo qué condiciones y en beneficio de quiénes. El Super RIGI profundiza un esquema que amplía beneficios para grandes capitales, restringe márgenes de decisión de futuras administraciones y desplaza a un segundo plano dimensiones centrales para evaluar la calidad de las inversiones, como sus impactos socioambientales y la participación en la toma de decisiones de las comunidades afectadas. 

El autor es economista del área de Investigación de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)

Sobre la venta de Telefónica a Telecom: ni suave, ni duro, irreal

A 16 meses del anuncio de la operación por la cual Telecom adquirió a Telefónica en Argentina, el Tribunal de Defensa de la Competencia dio su veredicto. Aprobó la fusión, pero con una condición central: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes de celulares —un tercio de los que tenía Movistar— a un nuevo competidor. El problema es que ese competidor, tal como está planteado el esquema, probablemente no exista.

Empecemos por lo más sensible: el negocio móvil. A diferencia de Internet fija, los celulares dependen del espectro radioeléctrico, un recurso limitado que no permite que compita cualquiera. Por eso la condición es estricta: quien se quede con esos 6 millones de clientes no podrá ser Claro (el otro gran jugador) sino que tiene que ser un actor nuevo. La intención del Gobierno es que el mercado mantenga tres operadores compitiendo a nivel nacional, cada uno con su propia red. El problema es que nada en el mercado actual sugiere que eso sea viable.

Hagamos números. Esos 6 millones de clientes equivalen a apenas el 10% de un mercado de poco más de 60 millones de líneas. Es muy poco frente al 50% que va a tener Telecom (Personal) tras la fusión con Movistar, y el 40% que tendrá Claro. Un operador que arranca con el 10% restante la tiene complicada: sólo puede crecer robándole clientes a los otros dos, lo que lo obligaría a entrar en una guerra de precios que difícilmente pueda sostener en sus primeros años. Y en celulares es muy fácil cambiarse de compañía sin perder el número, así que muchos de esos clientes “transferidos” podrían terminar yéndose si el nuevo dueño no inspira confianza o no ofrece algo mejor.

A eso hay que sumarle la inversión. El nuevo operador tiene que desplegar una red nacional en sólo tres años. Comprar la cartera de clientes ya le costaría un piso de US$ 300 millones. Pero después viene lo grande: miles de antenas conectadas entre sí, los sistemas para gestionar las comunicaciones y el espectro necesario para que todo funcione. Ahí ya no hablamos de cientos de millones, sino de miles de millones de dólares. La pregunta que queda en el aire es si existe alguien dispuesto a poner esa plata para entrar a pelear el 10% de un mercado que crece poco. Parece difícil que aparezca.

En Internet, la situación es distinta. Ahí puede haber más de un comprador. La empresa fusionada tendrá que ceder clientes en las localidades donde, tras la fusión, su participación supere el 50%: son 28 localidades de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires, con más de 200.000 abonados en total. En esos casos, los clientes a ceder serán los que hoy son de Movistar. Si el comprador ya tiene red propia, alcanza con transferirle la cartera de clientes; si no, también hay que darle la infraestructura de “última milla” (el tramo final que llega a cada casa). La excepción es CABA, donde la fibra óptica de Movistar se cede sí o sí, junto con sus clientes.

En todos los casos —fija y móvil— Telecom tiene 60 días para proponer compradores, y el Tribunal los aprobará o no según criterios técnicos y financieros. El plazo total para completar las desinversiones es de 18 meses, prorrogable a 24.

¿Por qué se llegó a esta situación tan tarde, 16 meses después del anuncio? Porque en Argentina todavía rige un sistema de control “ex post”: las autoridades revisan las fusiones después de que ya ocurrieron, no antes. La idea original era no trabar las operaciones con demoras burocráticas. Pero el resultado es que termina siendo más difícil ordenar algo que ya está hecho. Esto, igual, está por cambiar: en noviembre entra en vigencia un sistema “ex ante”, que obliga a las empresas a cumplir las condiciones antes de cerrar una operación. La fusión Telecom-Telefónica llegó antes de ese cambio, y eso explica buena parte de la complejidad actual.

Las reacciones a la decisión fueron dispares: para algunos fue blanda, para otros excesiva. Pero lo que importa de verdad es otra cosa: justamente en el segmento donde la competencia es estructuralmente más limitada —los celulares— la solución elegida tiene buenas chances de fracasar en el mediano plazo.

EC

El autor es analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios.