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"Somos una familia fantasma": denuncian que la reforma migratoria de Milei alienta la expulsión de extranjeros
El requisito de solvencia económica dejó afuera a una población que trabaja en la informalidad, las residencias permanentes cayeron a la mitad y los operativos biométricos se multiplican en ferias y galerías. La historia de Sofía, colombiana, tres hijos y cuatro documentos vencidos.
Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.
“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”
Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.
Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte.
El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”
Características de la reforma migratoria
El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.
El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.
La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.
Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”
El requisito imposible
Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.
Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.
En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice.
“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.
La otra cara: los operativos
Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.
En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.
Más dura que la Ley Videla
Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.
“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori.
Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.
“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.
“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye.
LN/MC
Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina
El fracking ha convertido al país en una potencia energética, pero las comunidades que viven cerca del yacimiento de gas de Vaca Muerta están pagando el precio.
La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandesdel mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.
La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente 6.000 millones de dólaresen el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay cinco vertederos y cinco plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.
El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable [a la contaminación] son principalmente los niños
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139.000 toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.
Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos 1.000 habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50.000 personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla dos de los cinco vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth
Marco Polo, Corea del Norte, el Indio Solari y Medianeras
En este episodio Tamara y Pablo Pryluka conversan sobre la época preferida de Pablo, las últimas novedades del régimen norcoreano, los Redondos y la película Medianeras.
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Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.
Un topo en el sistema educativo
Mientras la defensa de las universidades concentró la atención pública, el mayor recorte presupuestario recayó sobre la educación inicial, primaria y secundaria. El desfinanciamiento de la educación obligatoria revela que el objetivo del Gobierno no es solo el equilibrio fiscal, sino una transformación del sistema educativo basada en la lógica de mercado.
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei ha emprendido un ajuste presupuestario contra la educación, la ciencia y la tecnología de una magnitud sin precedentes en la historia argentina. El ataque que tuvo más repercusión pública y que ha despertado una mayor resistencia ha sido el que debió soportar la Universidad. En reiteradas ocasiones el Parlamento nacional ha rechazado las iniciativas del Ejecutivo que promovían la restricción de recursos y ha votado leyes para proteger la inversión en este sector. Fueron multitudinarias las convocatorias en defensa de un presupuesto que permitiera el normal funcionamiento de las universidades.
En cambio, ha tenido mucha menos difusión pública el enorme ajuste aplicado al sistema educativo nacional, a cuyos jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, concurren millones de niños y jóvenes, la mayoría de los cuales atraviesan situaciones de pobreza. La restricción presupuestaria hacia la educación obligatoria es mucho mayor que la aplicada a la Universidad (Gráfico 1). Quienes más necesitan, que son al mismo tiempo quienes están en condiciones más desventajosas para resistir el ajuste, fueron las principales víctimas del gobierno libertario.
Los recursos que financiaban el aporte nacional al pago de los salarios docentes (FONID) fueron eliminados en su totalidad y las becas estudiantiles se redujeron en un 80%. Prácticamente no existe presupuesto para infraestructura y equipamiento. Los fondos para la educación técnica, fundamental para la inserción laboral de los jóvenes, cayeron más del 70%. En el Presupuesto 2026 se derogaron anticonstitucionalmente los artículos de las leyes de financiamiento educativo, educación nacional y educación técnica que, habiéndose votado oportunamente por unanimidad o por la gran mayoría de los bloques parlamentarios, fijaban metas de inversión educativa a mediano plazo. Particularmente grave es el deterioro que han sufrido los salarios docentes en todo el país. Según un reciente trabajo de Alejandro Morduchowicz, en los últimos 3 años los sueldos han caído en 22 de las 24 provincias. En muchas de ellas el recorte ha sido entre el 20 y el 50%.
Este ataque al sistema de educación pública al que concurre la mayoría de la población quedo más aún en evidencia con motivo de la decisión administrativa 20/2026, provocativamente firmada el mismo día de la última marcha universitaria. Casi la totalidad (94%) de los fondos quitados a la educación fueron recortados del presupuesto de la educación básica obligatoria. La mayor parte de este ajuste, 35.000 millones de pesos, fueron sustraídos del Plan Nacional de Alfabetización, que es el programa destinado a que nuestros niños se inicien exitosamente en la lectoescritura en los primeros años de la escolaridad. Este había sido el principal (y único) objetivo que había enunciado el gobierno y al cual se había comprometido frente a los gobiernos provinciales y organizaciones sociales. El vaciamiento de los programas nacionales que atienden los aprendizajes de los alumnos y el mencionado deterioro de las condiciones de trabajo docente golpean fuertemente la calidad educativa de las escuelas y profundizan las desigualdades sociales y territoriales de los estudiantes.
La puesta en evidencia de estos datos tiene un doble objetivo. Por un lado, mostrar que el gobierno de Milei miente cuando pretende convencer a la ciudadanía de que el ajuste a la universidad está justificado por razones de transparencia, eficiencia o para dejar de atender vocaciones de los sectores más privilegiados de la sociedad. El golpe que ha recibido la educación obligatoria es mucho mayor. Por otro lado, que el ataque al sistema educativo, como también al científico tecnológico, va mucho más allá de la “necesidad de ahorrar recursos para sostener el equilibrio fiscal”. El modelo anarco-capitalista libertario que pretende imponer el gobierno sostiene doctrinariamente que el Estado no debe invertir en las escuelas. Para esta mirada, la educación debe quedar librada a las leyes del mercado y los que no tienen recursos para comprarla deben quedar al margen del conocimiento. Ello quedó plasmado en el texto original del capítulo educativo de la Ley Ómnibus que fue rechazado en el parlamento, y vuelve a estar presente en el borrador de proyecto de “Educación para la Libertad” que se ha puesto en circulación. En ambos casos se propone que, volviendo atrás los logros de la Ley 1420, deje de ser obligatorio que niños y jóvenes concurran a las escuelas. Quieren reemplazar el imprescindible espacio de aprendizaje y socialización que significa la escuela por la exposición de los niños a las redes y sustituir el conocimiento científico que transmiten los docentes por la información sesgada que llega a través de los algoritmos.
No hay que confundirse. Es necesario y urgente mejorar la calidad educativa. Pero en el caso del actual gobierno, las críticas a la educación tienen un solo objetivo: deslegitimar frente a la sociedad a los docentes y a las instituciones educativas. El “topo” que se propuso destruir el Estado desde adentro, lo quiere lograr también respecto del sistema educativo nacional. El modelo socio-económico que propone Milei, basado principalmente en la exportación de productos primarios, el extractivismo y la especulación financiera, no necesita de una población masivamente calificada, capaz de agregar valor a partir de su alta capacitación. Para este modelo no tiene ningún sentido invertir en universidades y escuelas.
No cabe duda de que la Universidad y el sistema educativo exigen profundas transformaciones que les permitan complementar su capacidad de incorporación de cada vez más niños y jóvenes a las escuelas e instituciones, con mayores niveles de calidad en la enseñanza. Es necesario volver a colocar al conocimiento, los aprendizajes y el esfuerzo como ejes del trabajo pedagógico en las aulas. Es un debate que debe ser plural, profundo y que no permite demoras. Pero tampoco cabe duda de que ningún cambio será posible ahogando presupuestariamente a la Universidad y al sistema educativo y sin generar condiciones dignas de trabajo a nuestros docentes y de aprendizaje a los estudiantes.
DF/MG
José Antonio Kast: el discreto encanto de un iliberal ¿nazi?
El presidente chileno es un regreso deliberado a los años de Pinochet y, si bien su narrativa es sosegada, no omite su ideario al considerar aquel periodo como la época más pacífica y estable de Chile
El libro Calle Londres 38 del escritor y abogado británico Philippe Sands, que bascula entre la trastienda del juicio histórico a Augusto Pinochet en Londres y el azaroso descubrimiento de la relación del oficial nazi Walther Rauff con el dictador chileno, presenta en la primera parte del ensayo, casi al pasar, al actual presidente chileno José Antonio Kast.
Sands cuenta que se interna en el barrio de Lo Curro de Santiago movido por los personajes de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, trasuntos de personas reales, para ver el lugar donde la DINA, la policía del régimen, quitó la vida al editor español Carmelo Soria. Narra Sands que un policía detuvo su paseo y el de sus dos acompañantes para que se identificaran. Después de negarse mantuvieron una conversación que incluyó una bisagra: “¿Son comunistas?”, preguntó el agente. “No”, respondió Sands y a partir de allí, el que acabó confesando fue el policía: dijo ser de izquierdas y que no pensaba votar a José Kast. Sands hace, entonces, una referencia de dos líneas para orientar al lector distraído: “Kast es el candidato presidencial de derechas, defensor de Pinochet, cuyo padre alemán se había afiliado al partido nazi”.
José Antonio Kast es el benjamín de los diez hijos que tuvo el matrimonio de emigrados alemanes formado por Michel Kast y Olga Rist. Su padre fue soldado de las Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi creadas por Hitler, y estuvo afiliado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
No tenemos por qué hacer silogismos y deducir sin más que de tal palo tal astilla, pero a los 22 años, Kast era partidario del régimen pinochetista (vinculado con las raíces del régimen nazi tal y como la investigación de Sands revela) y lo expresa en la campaña de apoyo a un plebiscito que promovía en 1988 la permanencia de Pinochet en el poder, un referéndum que la dictadura perdió.
Un joven Kast ocupa la pantalla de un video oficial con sus ojos azules, el pelo rubio sin la ceniza que luce hoy y una cabeza sostenida por un cuello fino, pidiendo con sinceridad a sus pares, los jóvenes, que voten con responsabilidad. Le falta lírica, es verdad, pero si la tuviera nos remitiría al joven oficial nazi, de su misma edad y un singular parecido físico, que en Cabaret de Bob Fosse canta Tomorrow belongs to me. Ahora el presente chileno pertenece a Kast.
Así como el chico de Cabaret es de modales suaves bajo la luz del romanticismo alemán, Kast también es cuidadoso en las formas, al extremo de parecer un planeta extraviado del universo libertario. Es posible que exaspere a sus pares y saque de quicio con su parsimonia y educación a Donald Trump o a Javier Milei del mismo modo que consiguió romper la efigie de Mario Vargas Llosa en la campaña presidencial de 2021.
Kast, entonces, desde Santiago saludó al Nobel que estaba en Madrid con tal respeto, admiración y gratitud por recibir su apoyo, que Vargas Llosa perdió la paciencia y en lugar de responder al saludo, rompió a gritar: “¡Hay que ganar las elecciones, hay que ganar, ¿eh?!”. Kast no perdió el paso, insistió, y poco le faltó para emular a José Luis López Vázquez en Atraco a las tres: “aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo...”
La conexión de aquel encuentro era promocionada por la Fundación Internacional para la Libertad que presidía entonces el peruano y que ya había matizado su condición liberal para apoyar a expresiones más radicales. En diciembre de 2018, en un encuentro en Madrid, la fundación recibió al recién designado ministro de Justicia brasileño Sergio Moro del Gobierno de Bolsonaro con una gran bienvenida por parte de Vargas Llosa. Hay que recordar que Moro llega a ese puesto por haber sido el juez del proceso que llevó a la cárcel al presidente Lula y que después devino en un caso de lawfare.
La fundación de Vargas Llosa junto con la estadounidense Heritage que apoya a Donald Trump, formaban parte de un grupo de organizaciones que promovieron la VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida” que se realizó en el Senado español coincidiendo con el anuncio del Gobierno de España de incorporar el aborto a la Constitución. El evento lo organizó otra fundación que las nuclea a todas: Political Network for Values, una suerte de internacional libertaria presidida entonces por José Antonio Kast.
“Hay algo en el aire”, dijo Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage en Santiago de Chile el día que asumió Kast: “Es muy emocionante”.
Así como Javier Milei en Argentina, después de más de cuatro décadas de democracia, es un retorno ideológico brutal a la dictadura de 1976, Kast es un regreso deliberado a los años de Pinochet y, si bien su narrativa es sosegada, no omite su ideario al considerar aquel periodo como la época más pacífica y estable de Chile. Es más, se considera el heredero de Augusto Pinochet. Es por esta razón que lo defiende y niega todas las atrocidades perpetradas en veintisiete años de dictadura.
Kast no ha denunciado ni mencionado jamás los mil doscientos campos de concentración y centros de tortura conocidos oficialmente en todo el país, las más de doscientos mil personas obligadas a un exilio forzado ni los treinta mil casos de violaciones de los derechos humanos.
Miguel Krassnoff, un brigadier chileno sobre el que pesan más de ochenta condenas por crímenes, incluidos dos asesinatos durante la dictadura de los que jamás se arrepintió, y penas por más mil años, recibió la visita de Kast en la cárcel de Punta Peuco donde está arrestado, quien, después de la visita pidió su indulto. ¿Recibirá esa gracia ahora?
La investigación de Philippe Sands revela que Pinochet conoció, posiblemente, en Ecuador a Walther Rauff, oficial de las SS alemanas y diseñador de las cámaras de gas móviles, quien se instaló en la Patagonia donde dirigió varias empresas pesqueras y colaboró activamente en la represión de los años de plomo chilenos. Con todas estas sombras y alguna que otra luz cegadora, la pregunta que cobra forma es cómo puede José Antonio Kast haber conseguido en las elecciones chilenas unos resultados tan altos y singulares en su composición.
El apoyo a Kast fue transversal y sin bien el 58% de los votos emitidos pertenece a los sectores acomodados, en las mesas electorales de las franjas sociales más bajas consiguió el 69% de los sufragios, fenómeno similar al de las elecciones que ganó Milei en Argentina.
Mark Fisher también se preguntaba en 2016, cuando Donald Trump alcanzó la presidencia por primera vez, cómo pudo un magnate inmobiliario ser un ventrílocuo de las preocupaciones y angustias, de la subjetividad de la clase trabajadora. Ese precariado, término que acuñó Bauman, que ha ido en aumento en las últimas dos décadas, se ha vuelto refractario a las narrativas progresistas que no resuelven sus problemas económicos y sociales. No es la corrupción aquello que mueve conciencias, es la exclusión y en esa fisura la precariedad neoliberal es capaz de encender luces que guían hacia un camino de emprendimiento y progreso individual. El descontento cambia de divisa y el nuevo destino es ser jefe aunque solo sea de uno mismo y creerse rico sin tener dinero. Así lo expresa un taxista o el dueño de un pequeño bar, pero también un becario o un rider que reparte comida 24 horas: hoy no hay respuestas para ninguno de ellos. ¿Mañana? Será otro día. Eso sí, más largo.
Kast puede ser amable, pero el diablo está en los detalles. Durante la dictadura se hizo popular en Chile el tema musical Candombe para José, también conocido como Negro José, de un autor argentino que lo compuso en homenaje a un uruguayo (el candombe es un ritmo de raíz negra originario de Uruguay) y se convirtió en Chile en un canto de resistencia contra Pinochet. El azar quiso que tres países bajo un régimen militar expresaran su resistencia en una canción. En el cierre de campaña de Kast sonó Candombe para José con toda su fuerza. Muchos bailaban; otros estaban atónitos. ¿Alguien se imagina a Paco Ibañez cantando A galopar en un acto de Vox?
Kevin Roberts de la Fundación Heritage no solo mostró optimismo por el cambio de aire en Chile. Recordó, sin mencionarlo, cuando Estados Unidos desplegó algunos buques de su armada frente a Valparaíso durante el golpe contra el gobierno de Salvador Allende. “Hay entusiasmo porque Estados Unidos está de nuevo en su patio trasero [´...in its backyard again’]”, dijo, “Anticipo que estaremos mucho por aquí”.