Alberto Gerchunoff
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Noticias de Entre Rios
Menem consigue quórum para aprobar el Super RIGI y rechaza un nuevo intento para interpelar a Adorni
El oficialismo consolidó la estrategia destinada a blindar al jefe de Gabinete y la agenda de Milei en el Congreso. El PRO defendió su decisión de no dar quórum la sesión anterior y la oposición le respondió: "Nadie te pide tanto".
“Sentate Ravier”, le gritaron los diputados libertarios al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando faltaban apenas un par de minutos para que venciera el plazo para conseguir quórum en la sesión oficialista de la Cámara de Diputados. Ravier todavía era diputado nacional –renunciaría media hora después– y fue el último en ingresar al recinto. Los gobernadores se harían desear hasta último momento: en una maniobra de negociación con el Gobierno, los diputados que responden a Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal llegaron al filo del plazo. Como para que se notara.
Martín Menem logró consolidar la estrategia que había diseñado el lunes, cuando convenció a la UCR, el PRO y los gobernadores de no acompañar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni. La segunda parte del acuerdo era conseguir el apoyo para abrir el recinto el miércoles, cuando el Gobierno quería aprobar el Super RIGI y sancionar el pago a dos fondos buitre que vienen sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2001.
Fue la contracara del vaciamiento de la sesión del día martes: casi todos los diputados que se ausentaron para la avanzada contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista del miércoles. La UCR y el PRO, así como también los diputados que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos. También los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).
Los únicos que pegaron el faltazo fueron los misioneros que responden a Hugo Passalaqcua, que fueron los primeros en ingresar a la zona del recinto pero nunca se sentaron. Esperaron hasta último momento para ver si el Gobierno los necesitaba, pero Menem logró cerrar el número justo con 129 sin ellos.
Hasta Patricia Bullrich dio el presente desde uno de los apartados VIP del recinto. Bullrich, que estaba furiosa con Adorni por haberla desautorizado la noche anterior. El jefe de Gabinete había tuiteado que estaba dispuesto a presentar el informe de gestión el 2 de julio, apenas minutos después de que la senadora libertaria hubiera anunciado la suspensión de la sesión. ¿Por qué? Según sostienen en las filas del menemismo 2.0, el acuerdo con Karina Milei había sido que no se comentara nada, pero Bullrich “se fue de boca”. Una fractura expuesta de la interna libertaria que se expresó cuando un sector de LLA pidió un aplauso por la senadora y solo un puñado de legisladores correspondió.
El motivo de la presencia de Bullrich, sin embargo, era que el reemplazo de Ravier, que presentó su renuncia luego de dar quórum, era un dirigente propio: el pampeano Martín Matzkin. Bullrich quería estar presente durante su jura y celebrar, por lo bajo, que el bullrichismo sumaba un nuevo diputado a sus filas. No de LLA, no del PRO: de Bullrich. Con Matzkin, Bullrich reúne unas 12 voluntades en la Cámara de Diputados.
“Nadie te pide tanto”
Apenas comenzó el debate, la oposición apuntó los cañones contra los diputados que habían dado quórum para la sesión oficialista y, en cambio, habían vaciado la sesión del martes para interpelar al jefe de Gabinete.
“Son los mismos que ocuparon horas y horas hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio. Son unos caraduras. ¿Cuántos pendrive de diferencia hubo para dar quórum a una sesión y no a la otra? ¿Cuánto sale dar quórum a las 11.20 o a las 11.25?”, chicaneó Myriam Bregman (FIT), aludiendo a los diputados que bajaron a dar quórum a último momento.
La oposición no tenía expectativas de poder avanzar con la moción de censura porque necesitaba tres cuartos de los votos para poder incluirlo en el temario, por lo que su objetivo era otro: exponer a los diputados que ayudasen a blindar a Adorni. El mecanismo fue un apartamiento de reglamento, presentado por el lilito Maximiliano Ferraro, para obligar a dictaminar los pedidos de interpelación la semana próxima, cuando fue convocada la comisión de Asuntos Constitucionales.
Al momento de votar, sin embargo, el apartamiento del reglamento fue rechazado con 122 votos a favor y 108 en contra. El PRO acompañó la iniciativa con el objetivo de librarse de las culpas de no haber dado quórum la fecha anterior. “Queda demostrado que, aunque hubiéramos estado presentes, con los 90 diputados de LLA que no iban a acompañar, no había número. Que todo esto era show”, se atajó el jefe del PRO, Cristian Ritondo, cuando tomó la palabra.
En la bancada opositora le respondieron con risas y chiflidos. “Nadie te pide tanto”, le espetó, irónico, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez.
MCM
Bullrich suspende el informe de gestión de Adorni y deja sin herramientas a la oposición para poder interpelarlo
La senadora tuvo que echarse atrás en su estrategia, luego de haber intentado allanar el camino para la expulsión del jefe de Gabinete. No habrá informe de gestión el 2 de julio y, además, el oficialismo exigirá una nueva mayoría para avanzar con la moción de censura contra Adorni. En un movimiento de pinzas, Senado y Diputados logran blindar al ex vocero.
Tardó 48 horas, pero Karina Milei logró ordenar la tropa para blindar a Manuel Adorni en el Congreso. Primero en Diputados, con la ayuda de Martín Menem, y luego en el Senado, donde Patricia Bullrich había intentado liberar el terreno para que la oposición pudiera avanzar contra el jefe de Gabinete. La senadora tuvo que desdecirse: el martes, luego de una nueva reunión con los aliados, definió suspender el informe de gestión programado para el 2 de julio y dejó asentadas nuevas reglas de juego para la sesión del jueves.
“Suspendimos el informe porque los senadores no lo quieren recibir como jefe de Gabinete. Y no tiene sentido tenerlo 8 horas castigándolo en público”, explicó la jefa del bloque oficialista en el Senado, luego de abandonar el despacho del bloque radical, donde suele mantener las reuniones informales con los bloques aliados. El encuentro se realizó una hora antes de la nueva reunión de labor parlamentaria, que se iba a desarrollar en la oficina de Victoria Villarruel, con el objetivo de modificar los términos y condiciones de la sesión del jueves.
Ya entrada la noche, el jefe de Gabinete tuvo que salir a aclarar que nada de lo ocurrido tenía que ver con él y que si llaman está dispuesto a ir: “Estoy a disposición para presentarme”, escribió en X.
La jefa del bloque de senadores libertarios se enteró del tuit de Adorni cuando estaba saliendo del Senado, no estaba al tanto de su existencia. Después de horas de negociaciones, el jefe de Gabinete la desautorizaba. La interna continuaba.
Marcha atrás
Bullrich tuvo que echarse atrás. La semana pasada, luego de un acuerdo con los bloques de la oposición, la senadora libertaria había acordado postergar la sesión por la moción de censura contra Adorni para el jueves siguiente. El plan era que, si la resolución que planteaba la moción de censura conseguía los 37 votos, se avanzaría con la interpelación y el pedido de remoción exactamente siete días después. Es decir, el 2 de julio, la misma fecha que ya se había convocado a Adorni para dar el informe de gestión frente al Senado.
Esa noche, tal como relató elDiarioAR, Bullrich hizo una concesión más. Le regaló a la oposición el marco interpretativo de la Constitución que necesitaba para poder avanzar con la moción de censura con la mayoría de siempre –la mitad más uno de la cámara– sin necesidad de dictaminar antes. Esta interpretación de la Constitución era una manera de allanar el camino para que la oposición pudiera impulsar, sin trabas, la expulsión de Adorni en el Senado.
Al día siguiente, sin embargo, Karina Milei se enteró de la maniobra de Bullrich, y mandó a sus voceros a contradecirla. La estrategia tenía que ser la misma que había aplicado Menem en Diputados, es decir: si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que conseguir los dos tercios del recinto. Un número imposible de conseguir. Karina, a su manera, le recordó a los senadores que su objetivo tenía que ser proteger a Adorni, no mandarlo al patíbulo.
Bullrich, entonces, tuvo que cambiar la estrategia. Pese a haber declarado, en público, que el artículo 101 de la Constitución era “operativo” y, por lo tanto, para avanzar con la moción de censura no necesitaba dictamen, la senadora volvió a convocar una reunión de labor parlamentaria para borrar con el codo lo que había escrito con la mano. Ya no se necesitaban 37 senadores para avanzar contra Adorni, sino 48.
Operativo blindaje
El nuevo acuerdo se terminó de sellar en el despacho de Villarruel, quien, como Bullrich, había trabajado la semana anterior para facilitar el camino de la moción de censura. El peronismo no participó, argumentando que la única reunión que valía era la de la semana anterior. Pero su consentimiento no fue necesario: con el apoyo de la UCR y las fuerzas provinciales, entre los que hubo peronistas como Flavia Royón (Salta) y “Camau” Espínola (Corrientes), Bullrich se aseguró que tendría los votos para imponer ese nuevo acuerdo de labor el jueves en el recinto. Solo necesitaba tener una mayoría.
Bullrich justificó el giro de 180 grados con un conjunto de antecedentes que la secretaria parlamentaria del Senado encontró para ella: había 12 antecedentes de mociones de censura que habían pasado, antes de tratarse en el recinto, por la comisión de Asuntos Constitucionales. Con este respaldo, Bullrich aprovechó para desdecirse y replicar la estrategia que, el día anterior, Menem había impulsado en la Cámara de Diputados. Una estrategia dilatoria que tiene como objetivo dejar morir los pedidos de interpelación en el debate en comisiones, en donde el oficialismo y los aliados tienen el número para bloquear los expedientes.
Bullrich pudo hacerlo, sin embargo, con el apoyo de todos los bloques aliados. “En definitiva es una decisión del Presidente si quiere sostenerlo en el cargo”, deslizó un senador aliado que, la semana pasada, había presionado para echar a Adorni.
“Los cerraron con anticipos financieros, a todos los gobernadores”, mascullaban, irritados, en el peronismo. La acusación pesaba sobre los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, que habían recibido, esa misma semana, un anticipo de $400.000.000. Pero también sobre los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ese mismo día habían visitado a Diego Santilli en Casa Rosada.
La bancada peronista, que lidera José Mayans, buscará insistir con la mayoría original –la mitad más uno– el jueves en el recinto, pero no se muestra optimistas. Sino todo lo contrario.
MCM
El Gobierno logró voltear la sesión contra Adorni con la ayuda del PRO, la UCR y los gobernadores
Con solo 117 diputados presentes, fracasó la sesión en la Cámara de Diputados para avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Menem logró blindar al jefe de Gabinete con la ayuda de los mismos diputados que, la semana anterior, habían pedido su destitución.
Menem negoció con el PRO y la UCR para blindar a Adorni y aprobar el Super RIGI
“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso.
El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum.
Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado.
El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante.
Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete.
“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).
Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.
Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano.
La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas.
MCM
Organizaciones civiles aseguran que el Súper RIGI será "un cheque en blanco para las Big Tech"
Un documento elaborado entre distintas organizaciones como Amnistía, Greenpeace y el Cels cuestiona el régimen de incentivos que impulsa el Gobierno para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones. Señala que el proyecto profundiza los beneficios del RIGI sin demostrar que atraerá nuevas inversiones y pone el foco en los centros de datos para inteligencia artificial.
Surgió un opositor inesperado al Súper RIGI: la Fundación Mediterránea, que reúne a grandes empresarios
Mientras el Gobierno defiende el Super RIGI como una herramienta para atraer inversiones de frontera tecnológica, distintas organizaciones –desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace y el CELS– sumaron más cuestionamientos al alcance y los efectos del proyecto y denuncian que la iniciativa implica un “un cheque en blanco para las Big Tech”.
En un documento afirman que la iniciativa que permitirá beneficios extraordinarios para grandes empresas tendrá escasas exigencias en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo local, lo que implica “30 años de garantías, sin exigencias”.
Amnistía Internacional, el Cels, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son algunas de las 21 organizaciones de la sociedad civil que firman el documento.
Allí, sostienen que el Gobierno no presentó evidencia que permita demostrar la denominada “adicionalidad” de las inversiones, es decir, que los proyectos efectivamente dependan de estos incentivos para concretarse. Los autores citan datos de Fundar según los cuales, pese a que el Ejecutivo anunció inversiones por unos US$ 124.000 millones vinculadas al RIGI, hasta el momento sólo se habrían materializado desembolsos por US$ 762 millones.
Días atrás, la Fundación Mediterránea también había expresado sus críticas al proyecto. “Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, señalaba el texto.
El proyecto que hoy trata la Cámara de Diputados crea un régimen especial para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a “nuevas actividades económicas”. Como contó elDiarioAR, contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años.
Para sus impulsores, se trata de una herramienta destinada a captar inversiones que de otro modo no llegarían al país. Para sus críticos, en cambio, el proyecto amplifica los beneficios ya otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin resolver los problemas detectados en su implementación.
La discusión sobre el costo fiscal ocupa un lugar central entre las objeciones. Según estimaciones citadas en el informe, los beneficios otorgados bajo el RIGI podrían representar más de US$ 1.000 millones anuales de gasto tributario una vez que los proyectos entren en régimen. Para el Super RIGI, el costo potencial sería aún mayor debido a la reducción adicional de impuestos y cargas patronales.
Otro de los cuestionamientos apunta a la definición misma de las actividades alcanzadas. El texto establece que podrán acceder al régimen aquellas actividades que no existan en el país o cuyo desarrollo sea experimental o piloto, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los criterios concretos para determinar qué sectores califican.
Los autores sostienen que esa redacción otorga una discrecionalidad excesiva a la administración nacional. Durante las reuniones informativas en Diputados, legisladores de distintos bloques plantearon reparos similares y reclamaron que los parámetros queden definidos en la propia ley.
Las críticas también alcanzan al capítulo institucional. El proyecto prevé que las controversias entre el Estado y las empresas adheridas puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales, sin necesidad de pasar previamente por la Justicia argentina. Además, los beneficios otorgados quedarían protegidos durante tres décadas frente a eventuales cambios regulatorios.
Para los detractores del régimen, esa combinación implica una limitación significativa de la capacidad futura del Estado para modificar reglas tributarias, ambientales o laborales sin exponerse a litigios internacionales. “Ningún instrumento similar ofrece más de diez años de estabilidad irrevocable en sectores de alto dinamismo tecnológico”, señala el informe al comparar la iniciativa con experiencias internacionales.
La posibilidad de que el Super RIGI sea utilizado para atraer grandes centros de datos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial ocupa un capítulo especial del documento. La discusión cobró relevancia después de que trascendiera el interés de empresas tecnológicas internacionales por desarrollar proyectos de gran escala en la Patagonia.
Según los autores, los data centers plantean desafíos específicos vinculados al consumo de energía y agua, la concentración económica y la soberanía tecnológica. Como ejemplo mencionan las restricciones impuestas en los últimos años por Irlanda, Países Bajos y Dinamarca para limitar el impacto de estas instalaciones sobre sus redes energéticas.
El informe cuestiona además que el proyecto no incluya obligaciones concretas de transferencia tecnológica, inversión en investigación y desarrollo ni cesión de capacidad de cómputo para universidades y organismos científicos argentinos. En ese sentido, subraya una contradicción entre la búsqueda de inversiones en sectores de frontera tecnológica y el ajuste presupuestario aplicado sobre organismos como el CONICET, la Agencia I+D+i y otras instituciones del sistema científico.
Las organizaciones que firman el proyecto son:
Amnistía Internacional Argentina
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)
Asociación Gremial de Computación (AGC)
Asuntos del Sur
ATTAC Argentina
Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Biodiversidad
Géneras
Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC)
Greenpeace Argentina
Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL)
Iciudad
Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA)
Latam Lab
Salus Terrae
Taller Ecologista
The Common Initiative Argentina
Transnational Institute (TNI)
Equipo Transiciones
Milei volverá a España sin reunirse con Pedro Sánchez y en medio de la crisis política por Adorni
El Presidente partirá este miércoles hacia Madrid para mantener un encuentro con empresarios y brindar una conferencia en una universidad privada que lo distinguirá con una medalla de honor. Será su sexto viaje a España desde que asumió.
Este miércoles, Javier Milei partirá rumbo a España para realizar su sexta visita al país ibérico desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en una gira breve que incluirá un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina y una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, no está previsto que haya reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con ninguna otra autoridad del gobierno español.
El viaje se desarrollará en un contexto doméstico particularmente complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político provocado por la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni, el Presidente volverá a encontrar en el escenario internacional uno de sus ámbitos más cómodos de actuación. En el exterior, Milei suele presentarse como una de las figuras más visibles de la nueva derecha global y participa de actividades organizadas por instituciones y referentes ideológicos afines.
La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en Madrid, luego de una agenda previa en Panamá y Nueva York. El viernes 26, a las 10 de la mañana, Milei brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica donde además recibirá una medalla de honor. La actividad fue organizada junto al académico Javier Morillas Gómez, profesor de orientación liberal y consejero del Tribunal de Cuentas de España, una figura particularmente cercana al universo intelectual que rodea al mandatario argentino.
Morillas mantiene además un vínculo estrecho con Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y actual agregado para inversiones de la embajada argentina en España, quien suele definirse a sí mismo como “menemista, mileísta y anarcocapitalista”. En abril pasado, Nimo quedó envuelto en una disputa interna luego de denunciar públicamente que el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, le había quitado el despacho desde el cual, según afirmó, recibía a empresarios interesados en invertir en la Argentina.
Precisamente, será Bunge quien tendrá un papel central en la organización de la agenda empresarial. Según fuentes oficiales, el embajador se encuentra a cargo de la confección del listado de invitados al encuentro con inversores españoles. El intercambio comercial entre ambos países mantiene actualmente un saldo favorable para la Argentina: alrededor de 1.400 millones de dólares en exportaciones contra 1.000 millones en importaciones.
La visita volverá a desarrollarse bajo un clima diplomático de baja intensidad. Desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de manera indirecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como “la mujer corrupta” durante un acto organizado por Vox, la relación bilateral quedó atravesada por una crisis inédita que derivó en el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires y en un fuerte reclamo de disculpas por parte de Madrid.
Los ánimos se descomprimieron con el correr de los meses y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde. Sin embargo, el vínculo político nunca terminó de normalizarse. Las diferencias geopolíticas siguen intactas: Milei mantiene un alineamiento irrestricto con Donald Trump e Israel, mientras Sánchez se convirtió en uno de los principales defensores de la causa palestina dentro de Europa.
La última visita presidencial a España ocurrió en marzo pasado, cuando Milei fue el principal orador del Madrid Economic Forum y compartió actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí volvió a cargar contra Sánchez y respondió con entusiasmo a los cánticos del público. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, dijo ante un auditorio repleto de simpatizantes de la ultraderecha.
Cumbre del Mercosur y visita a los Estados Unidos
La escala española será apenas el primer tramo de una agenda internacional intensa. El 30 de junio, Milei participará en Asunción de una nueva cumbre del Mercosur y cuatro días más tarde volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, una fecha especialmente significativa este año, cuando se cumplen 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.
Los números muestran hasta qué punto la política exterior se convirtió en uno de los rasgos distintivos del gobierno libertario. Sin contar este nuevo viaje, Milei ya visitó Estados Unidos en diecisiete oportunidades, España e Italia en cinco ocasiones y Suiza en cuatro. Los países vecinos quedaron bastante más relegados: Brasil y Paraguay aparecen con tres visitas, Chile con dos y Uruguay y Bolivia apenas con una.
Hay, además, una constante que vuelve a repetirse. Cada vez que la situación doméstica se vuelve más compleja, el Presidente encuentra en el exterior un escenario más amable. Allí recibe distinciones y se mueve entre interlocutores ideológicamente afines. Esta vez no será diferente.
PL/CRM